· El órgano regulador, derechos digitales y operadores públicos y privados, entre los temas abordados en la segunda ronda
En la segunda ronda del primer conversatorio sobre la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, especialistas del sector abordaron temas como la creación de un órgano regulador, derechos digitales, espectro radioeléctrico y geopolítica.
Bajo el tema “Análisis de las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión”, las y los participantes en este ejercicio, impulsado por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, también expusieron en torno a la infraestructura de las telecomunicaciones y operadores públicos y privados.
Ana Gaitán Uribe, de R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, afirmó que condicionar los servicios de telefonía móvil al requerimiento de datos personales vulnera el principio de consentimiento, y atenta contra el derecho constitucional de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, afectando a comunidades marginadas.
Señaló que la creación de un registro de usuarios no ayudará a reducir la actividad criminal, pues el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, RENAUT, constituido en 2008, demostró todo lo contrario, ya que en el lapso que operó aumentó en 40 por ciento el delito de extorsión y ocho por ciento el delito de secuestro; además de que existen muchos mecanismos para la suplantación de líneas telefónicas.
Ismael Carvallo Robledo, director general del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), llamó a considerar que la discusión tiene una implicación geopolítica en el sentido de la “lucha a muerte por el espacio y el poder en el ámbito mundial”.
Sugirió añadir a la legislación el concepto de “geopolítica”, al considerar que la información y la comunicación tienen una alta implicación de poder, así como de injerencia externa y alianzas regionales en el ámbito.
Alfredo Pacheco Vázquez, director general de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, CANIETI, informó que se ha entregado un posicionamiento al Senado de la República en el que propone una revisión al proyecto de ley y discusión de los alcances en el tema de infraestructura pasiva de telecomunicaciones.
La propuesta para otorgar concesiones comerciales al Ejecutivo Federal, a fin de que ofrezca servicios con fines comerciales al usuario final, no genera una competencia justa en el mercado, asentó, ya que éstas pueden darse sin licitación pública alguna, “por ende, recordemos que cuando el Ejecutivo Federal tiene concesiones, queda exento al marco regulatorio aplicable a operadores del sector privado”.
El consultor de Access Partnership, Luis Fernando Borjón Figueroa, consideró que la Agencia de Transformación Digital y de Telecomunicaciones es una idea estupenda de la actual administración, porque tiene el nivel de una secretaría de Estado, lo que la posibilita para establecer proyectos en el ramo.
No obstante, dijo, en materia de telecomunicaciones y radiodifusión se necesita un órgano regulador colegiado, profesional, imparcial y con independencia técnica. Dicho órgano, agregó, podría ser un desconcentrado de la propia Agencia de Transformación Digital.
A su vez, la directora Regional para México, Centroamérica y el Caribe, Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, Cindy Rayo Zapata, se refirió a la asignación del espectro radioeléctrico, y señaló que aprobar una disposición en los términos planteados podría alterar sustancialmente las condiciones de neutralidad entre operadores públicos y privados.
“Estamos convencidos de que un marco regulatorio moderno, balanceado y tecnológicamente neutral puede detonar la inversión, cerrar brechas digitales y asegurar la cobertura universal. El objetivo es construir una ley que fortalezca el ecosistema digital en beneficio de las y los mexicanos”, añadió.
En su turno, la senadora Beatriz Mojica Morga, de Morena, pidió a las ponentes realizar propuestas para garantizar los derechos de los mexicanos dentro de un modelo de telecomunicaciones que garantice internet gratuito en las comunidades más pobres del país.
Otros temas, indicó, son el garantizar el acceso a las telecomunicaciones y los límites entre la libertad de expresión y la discriminación, el racismo sistémico o el evitar que los niños sean “enganchados” a través de las plataformas.
Gustavo Sánchez Vázquez, senador del PAN, cuestionó el riesgo que corre la autonomía en la conducción de las telecomunicaciones en México, al concentrase en una dirección, contra lo que se tenía hace 10 años.
También se sumó a la propuesta de contar con un órgano desconcentrado que tenga a su cargo el manejo de las telecomunicaciones y “no como ahora se plantea: un centralismo que recuerda a los gobiernos totalitarios”.
Claudia Edith Anaya Mota, del PRI, cuestionó el deseo del Estado por contar con concesiones para uso comercial, sin pagar una contra aportación, ya que genera una distorsión en el mercado.
Lo anterior, porque “al Estado se le pasan ya facultades de legislador, que efectivamente ya tenía el IFT, pero este tenía una figura pública autónoma”, y ahora la agencia reguladora es parte del Ejecutivo que es dueño y quiere usar el espectro.
Por el PT, la senadora Lizeth Sánchez García señaló que vivimos una etapa en la que las telecomunicaciones son la base para el desarrollo educativo, económico, cultural y social, por lo que la legislación que se discute no se limita a redefinir el marco jurídico, sino que responde a retos como la conectividad universal y la soberanía tecnológica.
Luis Armando Melgar Bravo, senador del PVEM, celebró la realización de los conversatorios, aunque lamentó “que no se haya llevado a cabo un parlamento abierto cuando recibimos la propuesta de ley”. Además, inquirió cómo garantizar la objetividad con este nuevo arreglo institucional que concentra todo en una sola persona que depende del Ejecutivo Federal.
En su turno, la senadora de MC, Alejandra Barrales Magdaleno, cuestionó si el Estado mexicano busca pasar de un Estado regulador a un Estado controlador; además, preguntó sobre los riesgos que existen para que la ley siga adelante sin ningún cambio, a pesar del ejercicio de diálogo que se realiza.
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