Colaboración política entre el Monreal de MORENA y José Murat del PRI en elecciones de 2016.
OAXACA, VERACRUZ y ZACATECAS.
Fue una denuncia anónima. La recibió la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la turnó por oficio a la Unidad Científica de la Policía Federal. Y ésta abrió un pozo lleno de alacranes.
La investigación, que requirió la ayuda de un juez federal para intervenir teléfonos y correos electrónicos, dio con una red que, apoyada en un empleado de Televisa, monta ataques contra medios, periodistas y políticos de varios partidos, incluso del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Uno de los principales involucrados es Adrián Rubalcava Suárez, ex Delegado de Cuajimalpa y próximo Diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), quien se considera a sí mismo ahijado político del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari. Pero no es el único.
La Unidad Científica identificó a Juan Carlos Zaragoza Ríos, empleado de la televisora. Desde hace años recibe instrucciones y dinero para coordinar campañas de difamación, desprestigio y, eventualmente, para realizar extorsiones. Usa las redes sociales y otros recursos de Internet. Opera con trabajadores propios (varias mujeres), familiares y al menos un menor de edad, y recurre, como fachada, a un negocio de su madre en el Mercado Río Blanco (“Barbacoa Rufo ‘El Güero’”) en el DF. Se hace llamar “El Lobo de Wall Street” y falsifica la identidad jurídica de Google. Tiene al menos un alias de abogado, que usa para acosar a periodistas y medios.
Danna Vázquez, una representante de artistas que fue involucrada en el uso de cuentas de sus clientes para promover al Verde Ecologista de México (PVEM) –también partido de Rubalcava–, está relacionada a la red. También Alejandro Emiliano Zapata Sánchez, ex director de Comunicación Social de Cuajimalpa. Es un operador directo de las campañas de acoso contra periodistas y políticos y está grabado en conversaciones con Zaragoza.
El equipo de Zaragoza atacó recientemente a Aristegui Noticias, a SinEmbargo, a un periodista de Grupo Imagen, a Cuna de Grillos y a otros medios y comunicadores de la capital y del interior del país. Se cree que ataques similares fueron recibidos al menos por el periódico Reforma, aunque el periodo de las escuchas no alcanzó a documentarlo.
No se sabe a cuántos medios y periodistas atacó la red criminal. Tampoco a cuántos políticos. Se tiene el dato de que opera, al menos, desde 2011. Un registro de INDAUTOR (Instituto Nacional del Derecho de Autor) otorgó esta última información porque, aunque Zaragoza fue “borrando” huellas, cometió muchos errores. La PF no ofrece evidencia de que el empleado haya operado con anuencia o conocimiento de algún superior en la empresa en la que labora.
La investigación realizada por la Unidad Científica consta en el expediente 074/2015, fincado en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE). SinEmbargo tuvo acceso al expediente por la denuncia interpuesta debido a los ataques que recibieron varios directivos a finales de 2014.
La Policía Federal contribuyó con más de 30 intervenciones telefónicas que dan cuenta de la relación del ex Delegado de Cuajimalpa con el trabajador de Televisa.
La investigación federal está en manos de la Fiscalía que, en teoría, defiende a periodistas. Pero el expediente no se ha integrado y tampoco se ha turnado a un juez. La primera agente del Ministerio Público que llevó el caso fue relacionada, en grabaciones, con presuntos actos de corrupción. Una grabación indica que habría recibido dinero de los agresores de periodistas. Fue relevada por petición de parte, pero sigue en su oficina. Ella lleva, hoy, otros casos de periodistas como el de Moisés Sánchez, asesinado en Veracruz.
Un compañero de la MP, designado para el caso, se fue “de vacaciones” justo antes de que Rubalcava obtenga inmunidad procesal (el viejo fuero) y aún cuando la Fiscalía fue alertada sobre la urgencia de consignar porque uno de los involucrados, Rubalcava, podrá legalmente esconderse en la ALDF.
Rubalcava ha ordenado ataques a políticos de su partido. Ha involucrado, en las campañas de difamación, a Miguel Ángel Osorio Chong, a Manlio Fabio Beltrones, a Miguel Ángel Mancera, a César Camacho, a Héctor Serrano y a muchos más.
Ordenó –y quedó en las grabaciones– “putear a Mauricio López”, líder del PRI en el DF. Esta y otras historias serán presentadas en los siguientes días.
En México, cada 26 horas hay una agresión contra un periodista. El año pasado ocurrieron 326 casos, entre ataques físicos, psicológicos, intimidantes y cibernéticos, según la organización internacional Artículo 19 en su “Estado de Censura. Informe sobre violencia contra periodistas 2014”.
En 43 por ciento de los casos, el ataque provino de un funcionario público.
Juan Carlos Zaragoza Ríos, un empleado de medio nivel de Televisa, marcó desde su teléfono celular para dar una orden. Era la tarde del 24 de junio de 2015.
–Oye, necesito que me hagas un paro, güey –dijo.
Del otro lado, el que lo escuchaba (se identificó por la voz a un menor de edad) acató.
Esa tarde, Zaragoza Ríos cumplía una orden, como muchas otras veces, a las mismas horas en que las que trabaja dentro de la televisora. Se hace llamar “Jefe de Operaciones Estratégicas en Medios Digitales de Televisa” pero, en realidad, es “Jefe de Análisis de Contenido”. Ese es su cargo formal, según pudo verificar SinEmbargo.
Desde ese puesto, con tecnología a su disposición –la Policía Federal (PF) tiene una foto de él dentro de Televisa con equipo instalado–, realiza campañas contra rivales políticos, periodistas o medios de comunicación. Y ese día, Zaragoza Ríos iba a cumplir uno de esos encargos.
Por celular –consta en la grabación ordenada por el juez– pidió a su interlocutor que se grabara “con el perfil volteado”, es decir, donde no se le notaran los rasgos. Le instruyó a que dijera que el ex coordinador de Equidad de Género y Diversidad Sexual del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz, Pedro Zarrabal Rodríguez, lo había contactado en el café La Parroquia para ofrecerle un trabajo. Que luego lo había drogado y después, lo había violado y contagiado con VIH.
El interlocutor era un menor de edad.
El político veracruzano renunció a su partido y lanzó fuertes críticas al Gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Esta era la respuesta.
El empleado de Televisa dictó al menor el parlamento que usaría en el video difamatorio:
“[Di a cámara que] después de la entrevista, ‘pus él amablemente me dijo que pasaba cerca de mi casa y bueno, pus la verdad es que cuando nos subimos, me invitó una bebida y desperté en una habitación de un hotel y pus ya sin mis pertenencias, este… Adolorido, sin dinero, nada. Y al parecer creo que tengo VIH’”.
Zaragoza Ríos soltó una carcajada.
Juan Carlos Zaragoza Ríos es la misma persona que a petición de funcionarios públicos, entre ellos Adrián Rubalcava Suárez –ex Delegado de Cuajimalpa y a punto de tomar posesión como Diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)–, realiza campañas de acoso en contra de políticos y periodistas de varios medios de comunicación.
Para ello usa las redes sociales: Twitter, Facebook y Youtube, así como falsos artilugios legales (como registros en el Instituto de Derechos de Autor, INDAUTOR). Asume falsamente la personalidad jurídica de Google para enviar correos a su nombre y utiliza un seudónimo como “abogado” para presionar y amenazar.
De acuerdo con la evidencia recolectada hasta hoy por la Unidad Científica de la Policía Federal, entre los amenazados por orden de políticos están un periodista de Grupo Imagen, los sitios digitales Aristegui Noticias, Cuna de Grillos y SinEmbargo. El ataque alcanzó a varios medios del interior del país.
Un juez federal autorizó distintos periodos para que los agentes de la policía realizaran escuchas. No es posible saber, a ciencia cierta, cuántos medios más o cuántos políticos están o estuvieron bajo ataque, debido a que la investigación tenía un alcance y un plazo de tiempo.
Hasta donde se conoce, no es posible aún determinar el origen de los recursos utilizados para financiar los trabajos encabezados por el empleado de Televisa.
Es posible verificar, en los audios, que Rubalcava encargó campañas contra distintos políticos de varios partidos. Uno de esos ataques fue contra el actual presidente del PRI en el Distrito Federal quien, en distintos eventos públicos, defendió su gestión al frente de Cuajimalpa y también ante las acusaciones de que es un hombre violento.
De las grabaciones se desprende que otro de los políticos que usaron los “servicios” de Zaragoza Ríos es Fidel Herrera Beltrán, ex Gobernador priista de Veracruz. Él, o gente de él, pagaron al empleado de Televisa para acosar a Aristegui Noticias.
Via: Sin Embargo
Un conflicto de tierras ocurrido en 2010 en el municipio de García Nuevo León dejó una secuela de hechos violentos que, con un profesionista acribillado por militares, casi 300 familias despojadas y la implicación de funcionarios municipales bajo la administración de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, revivió hace un par de semanas, en plena campaña electoral.
Apenas el año pasado, Rodríguez Calderón dejó el PRI y consiguió ser candidato independiente a la gubernatura de Nuevo León. Hoy, varias encuestas lo ubican como puntero, lo que pone en aprietos a sus contrincantes del PRI y del PAN, históricos detentadores del poder en alternancia regional.
La semana pasada algunos medios de la entidad, en particular Reporte Índigo, difundieron la historia de El Palmital, municipio de García, que El Bronco suele evadir con el pretexto de que es parte de la “guerra sucia” contra su candidatura.
Se trata de un caso de injusticia e impunidad que desde 2011 documentó la agencia Apro y se remonta al 28 de octubre de 2010, cuando los habitantes de ese predio, que ocupaban 18 años atrás, veneraban a San Judas Tadeo en una pequeña capilla.
Aquel día, el arquitecto Fernando Osorio Álvarez, de 33 años, empleado de la empresa Construcciones y Servicios del Noreste (Cosene), fue acribillado por militares en la carretera García-Icamole, en las inmediaciones de El Palmital.
Osorio encabezó el desalojo ilegal del predio la mañana de aquel 28 de octubre, acompañado por civiles y policías armados, y apoyado por trascabos que arremetieron contra las viviendas y acabaron con todo, incluidos los animales. Las 280 casas asentadas en el terreno, junto con la capilla, quedaron reducidas a escombros y 17 personas fueron detenidas.
Al día siguiente, en un comunicado, la Procuraduría General de la República (PGR) destacó que Osorio Álvarez murió en un enfrentamiento entre sicarios y militares. Al término de la supuesta refriega, según el documento, fueron detenidos 12 policías municipales que dispararon contra un convoy militar.
A su vez, el entonces alcalde Rodríguez Calderón informó de la muerte de Osorio, la detención de los trabajadores Hilario Carrizales e Isaías Romero, y justificó la presencia de los uniformados que, según el munícipe, custodiaban el predio para evitar una invasión.
Los despojados documentaron a Apro que el desalojo de la constructora se perpetró con el aval del alcalde Rodríguez Calderón. Incluso se programó una diligencia para el 3 de noviembre, cinco días después del desalojo, para que, según el expediente del juicio administrativo civil 710/2008, radicado en el Juzgado Segundo Civil de la entidad, los colonos demostraran que tenían viviendo en El Palmital18 años.
El ayuntamiento de García les había entregado el permiso en 1992. Años después, el 26 de julio de 2004, el gobierno estatal publicó en el Periódico Oficial información sobre la soberanía del terreno, por lo que, si el ayuntamiento deseaba desincorporarlo o enajenarlo, tendría que negociar con los colonos. Pese a ello, El Bronco decidió vender.
Con el desalojo y la muerte de Osorio Vázquez, la diligencia se volvió inservible. El propio Rodríguez Calderón, quien ante la versión difundida por la PGR de que los policías y los civiles tenían un retén de sicarios, confirmó que ellos estaban custodiando el desalojo ordenado por él.
El apoyo al personal de la constructora también fue documentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su Recomendación 05/2012, dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). No obstante, el ómbudsman nacional dio por bueno el desalojo, basado en la declaración del velador de la Cosene, una empresa contratista gubernamental, principalmente de la Comisión Nacional del Agua.
Antecedentes oscuros
Ubicados al norponiente de Monterrey, los municipios de Escobedo y, de manera paulatina, García, El Carmen y Salinas Victoria se asimilan a la zona metropolitana. Sus antaño desolados parajes semidesérticos hoy son zonas de alto impacto demográfico con cientos de fraccionamientos.
En García, el 4 de noviembre de 2009 fue asesinado el general Juan Arturo Esparza García cuando acudía a un llamado de auxilio a la casa del Bronco, quien era el alcalde. Tenía sólo tres días como secretario de Seguridad Pública en el municipio.
Rodríguez se encontraba enfrascado en un conflicto por tierras, en el que un grupo delictivo tomó partido. Un comando llegó a su domicilio para amenazarlo, por lo que el militar retirado fue en su auxilio, pero antes de llegar un comando lo acribilló.
En el otro extremo del área metropolitana de Monterrey, en Santiago Nuevo León, el alcalde Edelmiro Cavazos Leal fue secuestrado en su domicilio el 16 de agosto de 2010. Su cadáver fue encontrado dos días después con huellas de tortura. Aunque el caso apuntaba a una desavenencia con los grupos delictivos que se disputan la zona, una línea de investigación se enfocó en los conflictos de tierras en las que tenía interés su familia.
En ese contexto se realizó el desalojo del Palmital y la posterior muerte del arquitecto Osorio Álvarez en el municipio de García. De manera oficial, se informó que los militares recibieron el reporte de un retén de Los Zetas, por lo que acudieron al sitio.
Ya en el lugar, según documentó la CNDH en su recomendación 05/2012, los militares observaron varias camionetas de civiles y policías municipales, quienes dispararon contra los soldados, quienes respondieron al ataque.
Otra versión indicó que Osorio Álvarez desatendió la orden de los militares de parar su vehículo, por lo que le dispararon. De acuerdo con la mencionada recomendación, Osorio, quien huía del lugar, llevaba su revolver Colt .38 Súper, aunque no hay pruebas de que hubiera disparado.
Los mandos militares consultados por Apro en esos días explicaron que los soldados se pusieron nerviosos y abrieron fuego a un convoy de camionetas civiles que huían del lugar. Eran los días de mayor violencia en la entidad; la colusión de policías municipales con narcos estaba más que documentada.
El caso de Osorio resurgió en estos días en plena recta final de la campaña del Bronco debido a la irregularidad de la presencia policiaca en el predio el Palmital aquel 28 de octubre de 2010, así como a la indebida enajenación del predio que hizo el entonces alcalde de García.
Sin incidente alguno culminó el dispositivo de seguridad y movilidad vial, que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF), implementó esta mañana y tarde de domingo 31 de mayo, por el cierre de campaña del Partido de la Revolución Democrática, en la Plaza de la Constitución, con un aforo aproximado de 120 mil participantes.
Desde temprana hora de hoy, más 400 elementos de la SSP-DF, adscritos a la Policía de Proximidad, Subsecretaría de Control de Tránsito, Inspección Policía, Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas ERUM, fueron movilizados para garantizar la integridad personal y patrimonial de los asistentes, organizadores y participantes del evento denominado “Cierre de Campaña del Partido de la Revolución Democrática”.
Los uniformados fueron desplegados en las inmediaciones de la Plaza de la Constitución, calles y avenidas que convergen al Zócalo capitalino como son 20 de Noviembre, Pino Suarez, 16 de Septiembre, Francisco I. Madero, 5 de Febrero entre otras, para evitar alteración al orden público y la comisión de ilícitos. El personal de la SSP-DF, fue apoyado con 56 vehículos y un helicóptero de esta dependencia.
Así mismo durante la “Marcha por la Paz en México”, que se realizó hoy del Ángel de la Independencia al Campo Militar Marte con la asistencia de representantes de la sociedad civil y familiares del ejército mexicano caídos en combate, se reportó saldo blanco.
Con la finalidad de salvaguardar la integridad física y patrimonial de los asistentes a dicho evento, la Policía de la Ciudad de México, implementó un dispositivo de vigilancia y movilidad vial en las calles contiguas al Monumento de la Independencia y a lo largo del recorrido hasta el Campo Militar Marte.
Para ello ubicó a más de 705 uniformados adscritos a la Policía de Proximidad, Policía Metropolitana, Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), Policía Auxiliar, Agrupamiento Femenil, entre otros, quienes tenían la instrucción de apoyar y orientar a la población.
Esta mañana, en la Glorieta del Ángel de la Independencia comenzó el arribo de diversas organizaciones civiles, para llevar a cabo una marcha denominada “Por la paz en México” con dirección al Monumento a los caídos en la Plaza al servicio de la patria del Campo Militar Marte, iniciando a las 10:40 horas.
Dichas acciones, se derivan de la supervisión que realizó el Jefe de la Policía capitalina Hiram Almeida Estrada, quien, horas antes del evento efectuó un recorrido en las inmediaciones de la Columna de la Independencia.
Con estas acciones la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, refrenda el compromiso con los habitantes de la Ciudad de México de brindar una policía en defensa de la sociedad.
Por Carlos Garcia de Balzac-
Integrantes de diversas organizaciones de comerciantes pequeños aglutinados en la Coordinadora Nacional Para la Defensa de la Economia Social ( CONDES ) urgieron a los legisladores de la Comision de Hacienda en San Lazaro, cumplir acuerdos fiscales con las diversas bancadas del PRI, PAN, PÁN, PRD antes del primero de septiembre dia del informe presidencial, esta mañana.
En rueda de medios,encabezada por la dirigente de comerciantes informales Hijos de la Coalicion de la calle de Argentina en el barrio de Tepito, Maria Rosete, detallaron del dialogo cameral a traves de la presidenta de la comision de hacienda y credito publico Aurora de la Luz Aguilar Rodriguez se tomaron los siguientes acuerdos en favor de los pequeños contribuyentes que no se han incorporado al RIF entre los que figuran : en primer termino restituir el regimen de pequeños contribuyentes, segundo, que se ordene un tabla progamatica, tercero, una exencion fiscal de 40 salarios minimos a lo existente para el sector primario, tomando como base la tabulacion del año 2004 de cerca de 2 millones de pesos, cuarto que se retomen las facilidades exisentes hasta el año 2013, es decir, en el regimne de pequeños contribuyentes, asi como la facilidad de facturacion sin que esto sea motivo para salir del pequeño regimen. Enseguida que no seamos sujetos al impuesto ni a la tenecion del impuesto al valpr agregado, y del impuesto especial sobre la produccion y servicios con base a la juridisprudencia SCJN 2005 emitida en la novena epoca, pleno SIF y gaceta tomo XX1 de marzo 2005, pagina 8. A la par que las autoridades de la SHCP a traves del servicio de administracion tributaria emita las reglas de carceter general para que los contribuyentes que se incluyan en este apartado puedancumplir de manera sencilla con sus obligaciones fiscales para el ejercicio 2014-2015 y que no sean sujetos de alguna amonestacion o multa por los años fiscales enunciados. Asi mismo enfatizaron que la reforma fiscal es lesiva para los comerciantes establecidos en pequeños locales, por lo que han tenido que cerrar cerca de 40 mil ante los nuevos requerimientos fiscales, sin embargo precisaron que aunque algunos partidos politicos como el PAN, PT, PANAL, mientras que el PRI se niega a firmar acuerdos hasta el primero de septiembre, en tanto los chuchos, aducen que les importa mas el Pacto con Mexico en el cual avalaron la polemica reforma fiscal, mientras que el PAN aduce que de ganar la mayoria en San Lazaro la podrian echar atras. Lo cierto, dicen, es que con el cambio de legislatura y de bancadas, no habria dichos acuerdos, por lo que no descartan que luegeeo de los comicios del 7 de junio del 2015 se inicie una epoca de terrorismo fiscal para los comerciantes en pequeños que no se han registrado en el RIF por considerar dicho regime fiscal inadecuado para ellos, ya que insistieron si como provedores ya pagaraon el IVA no tiene porque volver a hacerlo, en todo caso este impuesto lo absorve como ya es costumbre al final, el propio consumidor.