El
Movimiento de Regeneración Nacional (mejor conocido como Morena) que
impulsa Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia del país
por tercera ocasión, no tardará en abismarse de seguir reclutando para
su proyecto político no sólo a los tránsfugas de los partidos
adversarios (priistas, perredistas o panistas que no han conseguido
posiciones políticas para las próximas elecciones), tampoco a los que ya
trajo consigo la derecha más recalcitrante con el Partido Encuentro
Social (PES), ni mucho menos con todo los negativos que le representa la
unión con un partido satélite del propio PRI (como lo es el PT), sino
que se abismará más bien por ese afán de llegar al poder al precio que
sea y tal parece que con el lema (cada vez más visible) de: el fin
justifica los medios, lo que ha llevado a López Obrador a incorporar,
sobre todo en los Estados, a políticos que, por la sola información que
ha aparecido públicamente, cuentan con una reputación absolutamente
reprobable. Para no ir muy lejos, el pasado 10 de febrero fue confirmado
de manera oficial como candidato a la gubernatura de Jalisco el
empresario farmacéutico y actual diputado federal con licencia (aliado
desde marzo de 2017 a Morena) Carlos Lomelí Bolaños, quien ha sido
acusado ya en dos ocasiones ni más ni menos que por el Departamento del
Tesoro de Estados Unidos de tener peligrosos vínculos con el
narcotráfico. En 2008, la
institución norteamericana publicó la “lista negra” de las empresas
mexicanas que lavaban dinero para el narcotráfico y en esa misma lista
negra apareció su empresa Lomedic S.A de C.V, misma que fue ligada al
cártel de los Amezcua Contreras, denunciándose que hacía funciones de
lavado de dinero para esta organización criminal. No
siendo suficiente lo anterior, el pasado 2017 volvió a aparecer otra
empresa de Lomelí Bolaños (esta vez la llamada Asociación de Servicios
Educativos y de Negocios S.A. de C.V) pero ahora ligada a Raúl Flores
Hernández, alias “El Tío”, acusado de crear y comprar empresas para
lavar dinero de diversos narcotraficantes y con presuntos vínculos con
Julión Álvarez y Rafa Márquez, envueltos por ese motivo en un reciente
escándalo. Pese a lo señalado por la inteligencia estadounidense, las
autoridades mexicanas continúan manteniendo en la impunidad a un
político-empresario que, de ser ciertas todas las acusaciones que se le
imputan, representaría sin duda un verdadero peligro para nuestro país
y, en especial, para Jalisco, uno de los estados que aportan más a la
economía nacional y que representan, por tanto, un bastión para su
progreso y desarrollo. Lo todavía más reprochable es que esta misma
impunidad e indiferencia haya sido solapada por el propio López Obrador,
quien paradójicamente se ha jactado siempre de tener un movimiento
integrado por puros militantes y candidatos honestos, moralmente pulcros
y con un compromiso irrebatible de amor por México. Sin embargo, que
Morena haya postulado como su candidato a la gubernatura de Jalisco a un
personaje al que se le liga no sólo con el narco sino también al que
públicamente se le ha acusado de corrupción, de tráfico de influencias y
de enriquecimiento ilícito (ha declarado sin pudor un patrimonio de 200
millones de pesos) lo pinta tal como es y no hace sino convertir su
discurso morenista en una mera engañifa. ¿Qué podrían esperar los
jaliscienses de Lomelí Bolaños en el lejano supuesto de que llegara a la
gubernatura? Visto lo anterior, lo consabido: un narcoestado que sólo
generará más muerte, más miseria, más desempleo, más desigualdad para
todos, y más riqueza, más excesos, más impunidad para unos cuantos,
principalmente para Lomelí Bolaños y sus cómplices. La sociedad
jalisciense no puede permitir, por ningún motivo, que la corrupción
política y la impunidad legal generen expectativas para un
político-empresario cuyo destino, debería ser, en todo caso, la cárcel.
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