Carlos Lomelí Bolaños, un narcomorenista a la gubernatura de Jalisco

 El Movimiento de Regeneración Nacional (mejor conocido como Morena) que impulsa Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia del país por tercera ocasión, no tardará en abismarse de seguir reclutando para su proyecto político no sólo a los tránsfugas de los partidos adversarios (priistas, perredistas o panistas que no han conseguido posiciones políticas para las próximas elecciones), tampoco a los que ya trajo consigo la derecha más recalcitrante con el Partido Encuentro Social (PES), ni mucho menos con todo los negativos que le representa la unión con un partido satélite del propio PRI (como lo es el PT), sino que se abismará más bien por ese afán de llegar al poder al precio que sea y tal parece que con el lema (cada vez más visible) de: el fin justifica los medios, lo que ha llevado a López Obrador a incorporar, sobre todo en los Estados, a políticos que, por la sola información que ha aparecido públicamente, cuentan con una reputación absolutamente reprobable. Para no ir muy lejos, el pasado 10 de febrero fue confirmado de manera oficial como candidato a la gubernatura de Jalisco el empresario farmacéutico y actual diputado federal con licencia (aliado desde marzo de 2017 a Morena) Carlos Lomelí Bolaños, quien ha sido acusado ya en dos ocasiones ni más ni menos que por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de tener peligrosos vínculos con el narcotráfico.  En 2008, la institución norteamericana publicó la “lista negra” de las empresas mexicanas que lavaban dinero para el narcotráfico y en esa misma lista negra apareció su empresa Lomedic S.A de C.V, misma que fue ligada al cártel de los Amezcua Contreras, denunciándose que hacía funciones de lavado de dinero para esta organización criminal.  No siendo suficiente lo anterior, el pasado 2017 volvió a aparecer otra empresa de Lomelí Bolaños (esta vez la llamada Asociación de Servicios Educativos y de Negocios S.A. de C.V) pero ahora ligada a Raúl Flores Hernández, alias “El Tío”, acusado de crear y comprar empresas para lavar dinero de diversos narcotraficantes y con presuntos vínculos con Julión Álvarez y Rafa Márquez, envueltos por ese motivo en un reciente escándalo. Pese a lo señalado por la inteligencia estadounidense, las autoridades mexicanas continúan manteniendo en la impunidad a un político-empresario que, de ser ciertas todas las acusaciones que se le imputan, representaría sin duda un verdadero peligro para nuestro país y, en especial, para Jalisco, uno de los estados que aportan más a la economía nacional y que representan, por tanto, un bastión para su progreso y desarrollo. Lo todavía más reprochable es que esta misma impunidad e indiferencia haya sido solapada por el propio López Obrador, quien paradójicamente se ha jactado siempre de tener un movimiento integrado por puros militantes y candidatos honestos, moralmente pulcros y con un compromiso irrebatible de amor por México. Sin embargo, que Morena haya postulado como su candidato a la gubernatura de Jalisco a un personaje al que se le liga no sólo con el narco sino también al que públicamente se le ha acusado de corrupción, de tráfico de influencias y de enriquecimiento ilícito (ha declarado sin pudor un patrimonio de 200 millones de pesos) lo pinta tal como es y no hace sino convertir su discurso morenista en una mera engañifa. ¿Qué podrían esperar los jaliscienses de Lomelí Bolaños en el lejano supuesto de que llegara a la gubernatura? Visto lo anterior, lo consabido: un narcoestado que sólo generará más muerte, más miseria, más desempleo, más desigualdad para todos, y más riqueza, más excesos, más impunidad para unos cuantos, principalmente para Lomelí Bolaños y sus cómplices. La sociedad jalisciense no puede permitir, por ningún motivo, que la corrupción política y la impunidad legal generen expectativas para un político-empresario cuyo destino, debería ser, en todo caso, la cárcel.