| * Efraín Morales Ayón, CEO de Netcity, expresó que este sistema de taxi seguro y servicio de entregas a domicilio de alta competencia, impulsará la recuperación económica de los compradores, los negocios y los trabajadores del gremio del transporte; Bersaín Miranda, dirigente del Movimiento Nacional Taxista dijo que esta alianza les posibilita la reactivación económica ya que tuvieron una baja en sus ingresos de hasta el 90% durante los recientes 6 meses | ||
La empresa mexicana Netcity y taxistas del país dieron a conocer esta mañana su alianza nacional para operar Nexi y Nexivoy, aplicaciones de taxi seguro y entregas a domicilio, como parte de un sistema de alta tecnología que permitirá a las personas, trabajadores del servicio público individual de pasajeros y a los negocios impulsar la recuperación económica del país frente a la crisis provocada por la pandemia Covid-19.  “Ante la falta de gente en las calles, la gran mayoría de los negocios han sufrido una ya insostenible baja en sus ventas, mientras que quienes han logrado sobrevivir y ganar en esta pandemia son las empresas preparadas tecnológicamente para poder hacer llegar sus productos al cliente, de una manera oportuna; esta es una forma de ventas que llegó para quedarse y nosotros ya estamos ahí”, expresó el empresario. Bersaín Miranda, expresó a nombre de sus agremiados en 28 estados de la República que la firma de esta alianza posibilita la reactivación económica de los taxistas del país, quienes tuvieron una baja en sus ingresos de hasta el 90% durante los recientes 6 meses por el confinamiento obligado por la pandemia Covid-19, acumulados a la baja que ya traían de 40% por la competencia ilegal de las aplicaciones extranjeras. La firma del convenio de colaboración entre Netcity, propietaria de las aplicaciones Nexi y Nexvioy y el Movimiento Nacional Taxista se realizó esta mañana, para que el servicio dado a conocer hoy inicie desde ahora en la ciudad de Chihuahua, la próxima semana en la Ciudad de México y su zona metropolitana, y poco a poco se irá extendiendo por todo el país hasta una cobertura de 400 mil taxis en 28 estados de la república. “Somos una empresa mexicana, 100 por ciento chihuahuense que nos identificamos con los taxistas, un gremio importante en la vida de miles de familias; son familias que deben ser reconocidas ya que se han visto afectados por la pandemia”, expresó Morales Ayón, quien agregó que es “una coordinación no solo con taxistas sino con otros sectores para poder transportar, además de pasajeros, cualquier producto y lo puedan recibir el mismo día, con un servicio confiable”. Por tal motivo, Netcity desarrolló el servicio de entregas a domicilio Nexivoy, que conecta a compradores, empresas y comercios, además de los taxistas, donde cualquier negocio que se integre a la plataforma podrá a hacer los envíos de sus clientes a través de los taxis afiliados. Además, expresó Morales Ayón, estas aplicaciones ayudarán a la recuperación económica porque tienen las comisiones más competitivas del mercado, sin tarifa dinámica ni costos ocultos. Para lograr el objetivo también se creó conjuntamente la aplicación Nexi de taxi seguro, la cual permitirá a los taxistas recuperar su nivel de competitividad, los integrará de lleno a la tecnología y les brindará, además de capacitación, mejores condiciones de comunicación y seguridad porque, quienes se integren a la plataforma, contarán con cámaras de seguridad enlazadas directamente con los C5 (Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano) de sus lugares de trabajo en todo el país. Bersaín Miranda Borrás dijo reconoció que “nos tardamos en tomar conciencia que era una necesidad, pero también una oportunidad para nuestros transportistas y para la sociedad. Brindar un servicio transparente, económico y seguro es el resultado de este convenio”. Y agregó que esta “no es una simple aplicación, es una plataforma funcional respaldada por el C4 y C5 de las diferentes autoridades locales, que sirve no solo para el usuario sino también para la ciudadanía en general. Los taxis se estarán convirtiendo en una patrulla las 24 horas sin costo para las autoridades. Para atestiguar la firma del convenio estuvieron presentes representantes de 13 entidades como Michoacán, Nuevo León, Baja California, San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Chihuahua, Tabasco, Estado de México, Zacatecas, Jalisco, Chiapas y la Ciudad de México, además de los representantes de los taxistas de Chihuahua, encabezados por Enrique Ortiz Durán. Finalmente, Ignacio Rodríguez, vocero del Movimiento Nacional Taxista destacó que la era digital se impone en todos los servicios y el transporte no es la excepción. La actividad del transporte es exclusiva de los mexicanos en el país, por eso es que el MNT apuesta por esta plataforma; es una buena solución a los requerimientos que los tiempos nos exigen, una herramienta que responde a los deseos y aspiraciones del sector para que las empresas extranjeras no nos vengan a rentear”. |
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jueves, 24 de septiembre de 2020
viernes, 21 de agosto de 2020
(CODICS).- La Coordinadora Nacional Movimiento Plan de Ayala- Movimiento Nacional, consideró insuficiente la detención de los asesinos intelectuales de líderes sociales en Chiapas pues alertó que en el estado se puede generar más violencia y muerte de indígenas y campesinos con el amparo que tienen los paramilitares por parte del Partido Morena y del gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas.
Denunciaron que son constantes las amenazas que existen hacia representantes de las comunidades que hasta el momento siguen organizando al pueblo de Amatán, Chiapas donde en 2019 fueron asesinados dos líderes sociales.
Señalado que bajo el cobijo del partido político MORENA, han amenazado con volver a secuestrar y debido a ello cabe la posibilidad de la desaparición o el homicidio de algún compañero más a manos de un grupo que ya ha demostrado su capacidad armada y de ejercer violencia.
Por otra parte, la CNPA-MN recodó que queda pendiente aún la agenda social, pues las promesas de acabar con el rezago no solo han sido del propio Presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, que se comprometió a la habilitación del hospital que dejó en el abandono el ex gobernador, Manuel Velasco Coello y la pavimentación de los caminos rurales siguen siendo una necesidad, el agua; la energía eléctrica; los servicios sanitarios; los puentes; el mantenimiento de los caminos entre muchas necesidades que requieren la atención de este municipio que por más de 15 años estuvo en manos de los procesados hermanos Carpio Mayorga.
De tal suerte que, aseguró, la justicia tiene que pasar no solo por la detención de todos los responsables de la muerte de los líderes sociales sino también atender la desarticulación del grupo paramilitar heredado por Manuel Velasco Coello y Eduardo Ramírez Aguilar.
Así es que las detenciones de los caciques Carpio Mayorga, Manuel de Jesús y Wilber, son solo unos pasos pues habrá que esperar una sentencia condenatoria.
Sin embargo, la tardanza que se ha dado en todo este proceso, ha permitido que se manifieste la impunidad no solo para los ahora detenidos, sino para todo un grupo de corte paramilitar que ha venido reactivando sus acciones y recuperando presencia en el municipio de Amatán.
El clima permanente en la cabecera, en los caminos y en las mismas comunidades es de permanente inseguridad pues es recurrente observar la presencia de pequeños grupos armados.
Sumando a ello están las amenazas hacia representantes de las comunidades bajo el cobijo del partido político MORENA.
Es por ello que calificó la detención de Wilber Carpio Mayorga, por la fiscalía del estado de Chiapas, por el homicidio de Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez, como una acción tardía que requiere más acciones.
Durante más de 19 meses, tras el ataque armado policiaco- paramilitar a los miembros del Movimiento por la paz, la justicia y el bien común de Amatan, la demanda de justicia es una constante por lo que en este caso no habrá descanso hasta lograr dicho objetivo.
jueves, 2 de julio de 2020
(CODICS).- La Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (CNPA MN) se manifiesta en contra de la iniciativa de reforma a la Ley Federal de Variedades Vegetales (LFVV) planteada por el Diputado de Morena, Eraclio Rodríguez Gómez, presidente de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, pues va en contra de nuestra soberanía nacional y específicamente la alimentaria.
“Hacemos un llamado a las y los integrantes de la Cámara de Diputados a no aprobar la reforma a la LFVV, preservar la soberanía alimentaria nacional”, expuso Wlfrido Hernández Jarquín, vocero de la CNPA-MN.
Esta iniciativa de Ley pretende sentar el marco legal para la introducción de semillas transgénicas en beneficio de las grandes empresas trasnacionales como: Bayer-Monsanto, Pioneer, Syngenta y Dow, argumentó.
Aunado a lo anterior, agregó, de aprobarse la citada Ley se criminalizará a los campesinos e indígenas de nuestro país que intercambien libremente las semillas ya que contempla “costosas multas, penas de cárcel e incluso la quema de las cosechas” como lo ha denunciado Sin Maíz, No hay País.
En ese sentido, señaló que el nuevo tratado comercial (T-MEC) exige a México una nueva modificación legal para adherirse a las disposiciones del Acta UPOV 91 (Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales).
Ello conllevaría a patentar semillas nativas y por lo tanto a su privatización perdiendo la soberanía sobre los recursos genéticos y variedades biológicas, imponiendo patentes sobre genes y variedades vegetales; limitando el uso e intercambio de semillas entre agricultores y prohibiendo la derivación de las variedades o la generación natural de nuevas variedades a través de la agricultura campesina como ha sucedido por miles de años, advirtió.
Además ha manifestado que este es "el marco jurídico de la semilla", que obligaría a México a reconocer el sistema de patentes norteamericano, además de adherirse a UPOV 91, el capítulo 18 obliga a nuestro país a incorporarse al tratado de Budapest que se refiere a virus, enzimas y hongos. El combinado de estas disposiciones "termina por controlar completamente la vida” la cual estaría en manos de empresas oligopólicas”.
Cabe recordar que esta ley fue aprobada por primera vez el 25 de octubre de 1996 como parte de las condiciones que México aceptó con la firma del Tratado de Libre comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994 y que llevó a que el país se adhiriera al acta UPOV78 como marco de legislación para su semilla.
A pesar de ello, la actual LFVV reconoce la diversidad biocultural, la soberanía alimentaria y el libre intercambio de semillas.
Esta reforma "afecta directamente la diversidad genética y extiende los derechos de las semillas patentadas incluso a los productos que genera la variedad patentada", ha señalado el doctor Alejandro Espinosa, experto en genética y fitomejorador de maíz, quien catalogó como un “Caballo de Troya” a esta obligación para México contenida en el nuevo tratado comercial.
viernes, 5 de junio de 2020
(CODICS).- Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (CNPA- MN) en respaldo de 250 recolectores de desechos sólidos de la Central de Abasto, denunció que el Director de la CEDA, Héctor Ulises García Nieto, se disputa el control de la recolección de desechos sólidos al imponer un nuevo grupo de recolectores y avalar a una empresa para desplazar a quienes tienen antigüedad de 30 años en la recolección de cartón, PET, madera y fierro pues la utilidad en el manejo y comercializaron es cuantiosa.
Jesús Gutiérrez Valencia y Wilfrido Hernández Jarquín, miembros de Comité Ejecutivo Nacional de la CNPA MN junto con el Consejo Político de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto (UCFCP), representado por León Enrique, aseguraron que se busca imponer liderazgos de recolectores para manipular a este sector a fin de violentar derechos adquiridos por los decanos del ramo.
Recordaron que el martes pasado, un grupo aproximado de 6 personas encabezado por Joel Ávila de la Dirección General de concertación política del Gobierno de la CDMX, hizo presencia en el plantón que sostiene CNPA-MN junto con el Consejo Político de la UCFCP para avisar que se había agendado una reunión de trabajo este viernes a las 10:30 horas con el titular de la Sedeco a fin de desahogar las demandas de los inconformes.
Sin embargo ese mismo día, recolectores de desechos sólidos en la CEDA reportaron que las autoridades de esa Central de Abasto habían acordado con otro grupo de recolectores la construcción de casas improvisadas dentro del complejo pero imponen a la señora Edelmira “N”, quien no es recolectora, como su representante ya que tiene el respaldo del Subsecretario Gobierno de la CDMX, Arturo Medina.
Por lo anterior, reiteraron que no levantarán el plantón, en tanto no se resuelvan sus peticiones tras el desalojado con violencia después el incendio.
Reiteraron que una empresa recolectora de cartón, PET, fierro y madera desplazó a más de 300 pepenadores, con credenciales activas de la CEDA, que trabajaban desde hace 30 años al interior del mercado más grande de América Latina y quienes en su conjunto obtenían por su trabajo diario, de 2am a 12am, 46 mil 500 pesos por concepto de venta de estos desechos sólidos, recursos usados para su sobrevivencia.
Desde el 2019 que ingresó esta empresa han sido desplazados los recolectores de desechos sólidos y el pasado domingo fueron desalojados de sus casas de cartón y madera ubicadas entre calle Cazuelas y Calle sobre Av. Principal, a 30 metros de donde originalmente vivían antes del incendio el pasado 7 de abril en el que perdieron la vida 14 personas entre ellas dos menores de edad.
Denunciaron que el desalojo de sus viviendas del pasado 31 de mayo se registra tras el incendio “sospechoso” del 7 de abril pasado y luego de que en 2019 iniciara operaciones una empresa recicladora de cartón, PET, madera y fierro, misma que ha contratado personal ajeno a los afectados y quienes cuentan con credenciales oficiales de la Central de Abasto de la Ciudad de México para realizar sus actividades legalmente.
Sostuvieron que la llegada de dicha empresa no está clara pues nunca les informaron si habría licitación alguna por lo que se sospecha que fue adjudicación directa a un empresario ligado a el Director General de la CEDA, Héctor Ulises García Nieto; o de Fadlala Akabani Hneide, Secretario de Desarrollo Económico de la CDMX.
Los recolectores de desechos sólidos aseguraron que con estas acciones violan sus derechos laborales y humanos al retirarles sus fuentes de trabajo de manera arbitraria así como al destruirles, con trascabos, sus viviendas por lo que reclamaron una solución a Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
Expusieron que antes de que llegara la empresa recicladora, cada recolector lograba captar en diez horas (de las 2 de la mañana a medio día) 100 kilogramos de cartón, 40 kilogramos de plástico, fierro y madera. Ahora, la captación por cada recolector es de 50 kilogramos de cartón, 20 kilogramos de PET y lo que salga de fierro y madera, resultado de la competencia desleal de los empleados de la nueva industria instalada en la Central de Abasto de la Ciudad de México.
miércoles, 3 de junio de 2020
(CODICS).- Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (CNPA- MN), denunció que una empresa recolectora de cartón, PET, fierro y madera desplazó a más de 300 pepenadores, con credenciales activas de la CEDA, que trabajaban desde hace 30 años al interior del mercado más grande de América Latina y quienes en su conjunto obtenían por su trabajo diario, de 2am a 12am, 46 mil 500 pesos ($155.00 cada uno) por concepto de venta de estos desechos sólidos, recursos usados para su sobrevivencia.
En conferencia de prensa, Jesús Gutiérrez Valencia y Wilfrido Hernández Jarquín, miembros de la Comisión Ejecutiva Nacional de la CNPA MN junto con el Consejo Político de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto (UCFCP), representado por León Enrique, sostuvieron que desde el 2019 que ingresó esta empresa han sido desplazados los recolectores de desechos sólidos y el pasado domingo fueron desalojados de sus casas de cartón y madera ubicadas entre calle Cazuelas y Calle sobre Av. Principal, a 30 metros de donde originalmente vivían antes del incendio el pasado 7 de abril en el que perdieron la vida 14 personas entre ellas dos menores de edad.
Denunciaron que el desalojo de sus viviendas del pasado 31 de mayo se registra tras el incendio “sospechoso” del 7 de abril pasado y luego de que en 2019 iniciara operaciones una empresa recicladora de cartón, PET, madera y fierro, misma que ha contratado personal ajeno a los afectados y quienes cuentan con credenciales oficiales de la Central de Abasto de la Ciudad de México para realizar sus actividades legalmente.
Sostuvieron que la llegada de dicha empresa no está clara pues nunca les informaron si habría licitación alguna por lo que se sospecha que fue adjudicación directa a un empresario ligado al Director General de la CEDA, Héctor Ulises García Nieto; o de Fadlala Akabani Hneide, Secretario de Desarrollo Económico de la CDMX.
Los recolectores de desechos sólidos aseguraron que con estas acciones violan sus derechos laborales y humanos al retirarles sus fuentes de trabajo de manera arbitraria así como al destruirles, con trascabos, sus viviendas por lo que reclamaron una solución a Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
En la conferencia de prensa, expusieron que antes de que llegara la empresa recicladora, cada recolector lograba captar en diez horas (de las 2 de la mañana a medio día) 100 kilogramos de cartón, 40 kilogramos de plástico, fierro y madera. Ahora, la captación por cada recolector es de 50 kilogramos de cartón, 20 kilogramos de PET y lo que salga de fierro y madera, resultado de la competencia desleal de los empleados de la nueva industria instalada en la Central de Abasto de la Ciudad de México.
Aunado a lo anterior, recordaron que en la madrugada del 7 de abril del presente año, inexplicablemente a las dos de la mañana aproximadamente se incendiaron sus hogares, autos, camionetas y triciclos que utilizaban para su trabajo hasta quedar en cenizas, lo que obligó a los compañeros a instalarse provisionalmente entre calle Cazuelas y Calle sobre Av. Principal, a 30 metros de sus anteriores hogares y a un costado de donde se dio el incendio.
Sin argumento legal alguno, un día antes, quien dijo llamarse Pedro Bello, “nos pidió retirarnos del lugar o seríamos desalojados como una medida sanitaría ya que no éramos nada ni teníamos derecho alguno para reclamar vivienda en la Central de Abasto”.
Fue hasta el domingo 31 de mayo, que se presentó Pedro Bello con 30 empleados de la CEDA, 15 policías y maquinaria pesada, trascabo, arrasando con lo poco que tenían los compañeros para resguardarse de la intemperie.
Pedro Bello se negó a dar su cargo y funciones pero sí desalojó cerca de 300 personas ubicadas en 5 campamentos improvisados.
Cabe aclarar que tras el incendio y la pérdida de vida de 14 personas, entre ellas dos niños que fueron reclamados por sus padres, con fecha 18 de abril de 2020 se ingresó un escrito denunciando estos hechos a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX mediante el folio de recibido N° 7746, sin respuesta alguna al día de hoy para saber si lograron identificar a los 11 cuerpos que quedaron irreconocibles y no han sido reclamados pues algunos eran indigentes y otros eran recolectores procedentes del interior de la República.
Aunado a lo anterior, aseguraron ser víctimas de fraude por parte de Fadlala Akabani Hneide, Secretario de Desarrollo Económico de la CDMX quien al iniciar la fase 3 de la pandemia del COVID 19 ofreció 2,012 Despensas de las que 150 se prometieron para los recolectores de desechos sólidos y el resto para trabajadores por cuenta propia, pero éstas nunca llegaron.
También, explicaron, en reunión de trabajo el 11 de abril de 2020, prometió 900 créditos de $6,000.00, $10,000.00 y $25,000,00 pesos de acuerdo a la normatividad para paliar la pandemia y a pesar de que los recolectores cumplieron con el expediente para el crédito mínimo, no recibieron nada pero sí se quedaron con copia de sus documentos oficiales como son INE, CURP y actas de nacimiento, entre otros.
Por todo lo anterior, exigieron a la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, tomar acciones ejemplares ante esta denuncia pública porque se violentan “por lo menos de dos, de los tres mandamientos de AMLO, Presidente de la República: el de No Mentir y No traicionar así como cero a la corrupción la cual prevalece en la Central de Abasto de la CDMX”.
jueves, 28 de mayo de 2020
(CODICS).- La Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional hizo un llamado a la Fiscalía General de la República, a la CNDH, gobernadores, presidentes municipales, legislatura federal y locales a que interpongan una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a efecto de que sea invalidado el decreto emitido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, por el que dispone de las Fuerzas Armadas de manera permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública pues ello no evita que la violencia disminuya en nuestro país; lo urgente es evitar que la violencia se agrave más.
A un año de que fuera publicada, en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de la Guardia Nacional y a 18 días de decretar que el Ejército haga funciones de seguridad pública en el país, dijo el vocero de la CNPA-MN, Jesús Gutiérrez Valencia, el número de homicidios no bajan pues en el Gobierno de AMLO, en su primer año de gestión, se reportaron 34 mil 579 homicidios dolosos, de acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
“A un año de la aprobación legal de la formación de la Guardia Nacional, la violencia, desapariciones forzadas, asesinato de luchadores sociales, de defensores de derechos humanos y periodistas aumentaron. Involucrar a las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, no es la solución, como ha quedado demostrado desde el 2006 a la fecha”, enfatizó Jesús Gutiérrez Valencia.
Mientras que en el primer trimestre del 2020 se registraron 7 mil 313 víctimas de homicidio. El resultado de los dos sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, hubo 288 mil 502 asesinatos y 43 mil 714 desapariciones, pero no redujo el narcotráfico, el crimen y la delincuencia organizada.
Por lo tanto, reiteró que la solución a la inseguridad no está en involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública pero de insistir en esta decisión tomada solo se erogarán miles de millones de pesos en mover recursos humanos, materiales e institucionales para realizar las actividades que les asignen pero sin resultados positivos.
En lugar de gastar miles de millones de pesos en el despliegue de las Fuerzas Armadas, el Gobierno Federal debe invertir en infraestructura básica, educación y salud en las comunidades y colonias marginadas; implementar una política de sustitución de cultivos con programas productivos, impulsar el desarrollo del campo, apoyar a la micro, pequeña y mediana empresa, así como la infraestructura y planta productiva nacional para la generación de empleos.
Por otro lado, el Presidente de la República debe terminar con la complicidad existente entre el Estado (instituciones de gobierno, funcionarios, políticos, fuerzas armadas, fuerzas policiacas, gobernadores, presidentes municipales, etc) con los carteles del narcotráfico y el crimen organizado como quedó evidenciado con el “fallido operativo” de la detención de Ovidio Guzmán, hijo de famoso narcotraficante Joaquín Guzmán mejor conocido como El Chapo.
En concreto, señaló el vocero de la CNPA-MN, “el acuerdo emitido por el Presidente en el que se dispone de la Fuerza Armada para llevar a cabo tareas de seguridad pública es contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los estándares internacionales en materia de derechos humanos”.
Esto se sustenta, dijo, porque la declaración de “la guerra contra el narcotráfico” efectuada por el expresidente Felipe Calderón el 10 de diciembre de 2006 donde involucró a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y cuya medida uso el expresidente Enrique Peña Nieto sólo sirvió para reprimir al movimiento social siendo los casos más emblemáticos los siguientes:
La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO); Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en Atenco, México; Movimiento Magisterial y Social en Nochixtlán, Oaxaca; Estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero. A lo anterior, hay que agregar las miles de fosas clandestinas localizadas por familiares y organizaciones en la búsqueda de sus familiares.
Esto generó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibiera más de 10 mil quejas por violaciones a los derechos humanos cometidos por el ejército y emitió 148 recomendaciones dirigidas a las fuerzas armadas por violaciones graves a los derechos humanos, incluidos casos documentados de tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y uso ilegal de la fuerza.
No obstante lo anterior, el 21 de diciembre de 2017, Enrique Peña Nieto, en el Diario Oficial de la Federación, promulgó la “Ley de Seguridad Interior” con la cual validaba la militarización del país.
Sin embargo, la CNDH y diversas instancias promovieron acciones de inconstitucionalidad que trajo como consecuencia que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara la Ley de Seguridad Interior, por ser inconstitucional al contener disposiciones que pretendían normalizar la utilización de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad pública, lo que es contrario al orden constitucional y convencional.
Andrés Manuel López Obrador, durante los 18 años que fue candidato a la Presidencia de la República, se manifestó en contra de utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas de Seguridad Pública, ofreció regresar a los militares a sus cuarteles; sin embargo, el 14 de noviembre de 2018, propuso crear una Guardia Nacional para promover la seguridad pública con elementos de la Policía Militar, Naval y Federal, pero estarían bajo mando de oficiales de las Fuerzas Armadas.
Por lo anterior, manifestamos que el Acuerdo emitido por el Presidente es contrario a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Estas acciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, criminaliza la lucha de las comunidades campesinas e indígenas en defensa de su territorio, tierra, recursos y bienes naturales así como de las organizaciones sociales que defiendan sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, al igual que los derechos civiles y políticos.
sábado, 18 de abril de 2020
(CODICS).- Luego de 13 días de que el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, concediera Amparo de Plano a indígenas chiapanecos para conocer medidas y acciones sanitarias efectivas de contención, prevención y combate de la pandemia denominada coronavirus COVID-19 en las lenguas maternas de los pueblos Tsotzil, Tseltal, Zoque y Tojolabal, el Gobierno Federal está en desacato con la disposición, mientras que el gobernador de la entidad, Rutilio Escandón Cadenas, acató lo dispuesto en el amparo número 329/2020, de manera limitada.
El vocero de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional, Jesús Gutiérrez Valencia, dijo que el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador y el Consejo de Salubridad General, aún no han rendido su informe al respecto mientras que el gobierno del estado de Chiapas ha realizado diversas acciones, las cuales consideramos insuficientes ya que la difusión no ha sido masiva, sino limitada y esporádica.
Debemos tener presente que el gobierno estatal, es propietario de una radiodifusora y un canal de televisión y que para cumplir cabalmente con el mandato judicial, además de utilizar esos dos medios de comunicación puede contratar los servicios de radiodifusoras y televisoras que tengan la capacidad de cubrir toda la entidad federativa.
En cuanto a la dilación de las acciones (difusión de medidas en las lenguas Tsotzil, Tseltal, Zoque y Chol) por parte del Presidente de la República, el Secretario de Salud y el Consejo de Salubridad General, externamos nuestra preocupación y condena ante esta grave omisión.
Advirtió el vocero de la CNPA-MN que de continuar las autoridades federales con su conducta contumaz, solicitaremos a la juzgadora federal, Julissa González Rojas, inicie el incidente de exceso y/o defecto en el cumplimiento de la suspensión con la finalidad de que, en su momento, se determine la responsabilidad penal y/o administrativa de los funcionarios que incurrieron en el desacato.
Con la actitud asumida por el Jefe del Ejecutivo con su slogan multicitado “Por el Bien de Todos, primero los pobres” en este caso ha quedado solo en el discurso, lo cual se agrava ante la falta de suministro de agua pues 44 millones de mexicanos no tienen en sus hogares dotación diaria de agua, además de que uno de cada diez mexicanos no cuenta con agua potable, dichas personas padecen problemas de salud y de higiene ligados a la falta del vital líquido.
Precisó Jesús Gutiérrez Valencia que después de 7 días el gobierno del estado de Chiapas, informó a la Jueza de Distrito que a través de diversas dependencias ha efectuado tres acciones para dar a conocer medidas y acciones sanitarias efectivas de contención, prevención y combate al coronavirus en las lenguas maternas de los pueblos Tsotzil, Tseltal, Zoque y Tojolabal.
a) Secretaría de Salud del Estado, ha producido videos, infografías y carteles, sobre medidas y acciones sanitarias efectivas de contención para mitigar los efectos de la pandemia.
b) Dirección General del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, ha realizado entrevistas, secciones y material audiovisual en la barra programática de radio y televisión dirigidos a los pueblos y comunidades indígenas, mismas que son difundidas a través de las estaciones de Radio Chiapas y Canal 10 (Televisión) en lenguas, Tsotsil, Tseltal, Zoque y Chol
c) Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, ha emprendido acciones de difusión y promoción de la “Jornada Nacional de Sana Distancia en Lenguas Maternas”.
Informó que el 14 de abril de 2020, el representante legal de la Secretaría de Salud, informó a la juzgadora federal que se había instruido al Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, para que instrumentara las medidas pertinentes para dar cumplimiento a la suspensión decretada.
Sin embargo, hasta el momento el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador y el Consejo de Salubridad General, aún no han rendido su informe al respecto sobre las medidas para cumplimentar la disposición del Amparo 329/2020 emitido por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
lunes, 23 de diciembre de 2019
(CODICS).- La Comisión Ejecutiva Nacional de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional, cuestionó la consulta celebrada los días 14 y 15 de diciembre del año en curso, para recabar la aprobación de los pueblos indígenas sobre el proyecto del tren maya, pues aseguró que la Convocatoria y demás información al respecto no fueron emitidos en las lenguas originales de las comunidades indígenas consultadas por lo que no cumplió los estándares internacionales de Derechos Humanos en la materia.
El Vocero de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional, Jesús Gutiérrez Valencia, dijo que bajo este argumento exigimos al Gobierno Federal a que deje a un lado la demagogia y simulación para que proceda a reconocer plenamente los derechos de los pueblos indígenas lo que implicaría una Consulta Legals.
Advirtió que no hacerlo es perpetuar la deuda histórica que tiene el Estado mexicano con este sector importante de nuestro país.
En mensaje a medios, el vocero de la CNPA-MN, recordó que recientemente la oficina en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha señalado que dicha consulta –Proyecto Tren Maya- no ha cumplido con los estándares internacionales de Derechos Humanos en la materia.
Informó que recientemente obtuvieron un fallo favorable sobre un amparo promovido impugnando el Proceso de Consulta Para la Reforma Constitucional y Legal Sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, implementado en los meses de junio y julio de 2019 por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, por considerar que las autoridades vulneraron el derecho a la Consulta, previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada que se encuentra plasmada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
En la resolución del 13 de diciembre del año en curso, el Juez Séptimo de Distrito, al conceder el amparo a la comunidad indígena consideró que “…la Consulta no se realizó de acuerdo con las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas, a través de procedimientos culturalmente adecuados y teniendo en cuenta sus métodos tradicionales para la toma de decisiones…”
Si bien los efectos protectores del amparo se circunscriben exclusivamente a la comunidad indígena náhuatl de Yahuajca, municipio de Coyomeapan, Puebla, dijo Jesús Gutiérrez Valencia que todo el proceso de consulta queda cuestionado ya que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la Subsecretaría de desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, no tradujeron a las lenguas de los 51 pueblos indígenas que fueron consultados.
Esta resolución es importante porque en la consulta celebrada los días 14 y 15 de diciembre del año en curso, para recabar la aprobación de los pueblos indígenas sobre el proyecto del tren maya, la Convocatoria y demás documentos tampoco fueron emitidos en las lenguas de las comunidades consultadas, por lo tanto, si éstas la impugnan, el proceso quedaría sin efecto por no ajustarse a lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
miércoles, 11 de diciembre de 2019
* Dirigentes del MNT acusan que la mesa de trabajo en la Secretaría de Gobernación ha sido sólo un distractor para que en los estados avancen las reformas para hacer trajes a la medida a las Empresas de Redes de Transporte
Los integrantes del Movimiento Nacional Taxista a nivel nacional y en la Ciudad de México anunciaron que volverán a movilizarse ante el fracaso de la mesa de diálogo y trabajo instalada en la Secretaría de Gobernación el pasado 7 de octubre, la que, acusaron, se ha convertido en un distractor con sus continuos aplazamientos mientras en los congresos de los estados avanzan los trajes a la medida para las empresas de redes de transporte que dan servicio con autos particulares a través de aplicaciones.
Y pusieron como ejemplo el caso del estado de Zacatecas donde el pasado 28 de noviembre el diputado José Guadalupe Correa Valdez presentó una iniciativa donde se trata de privilegiar la competencia y la libre concurrencia, evitando restricciones como autorizar o registrar los vehículos para prestar el servicio o limitar su número, imponiendo requisitos especiales y/o cromáticas.
Es decir, que como aquí en la Ciudad de México, quieren que las empresas de transporte por aplicaciones puedan hacer lo que quieran, como quieran, sin que el Estado mexicano las sancione, mientras que, nuevamente como aquí sucede, los taxistas tradicionales estarán obligados a cumplir con normas que cada día nos alejan más de nuestras fuentes de trabajo porque nos están obligando a dejar este oficio por la incapacidad para poder completar una ganancia honrosa al final de cada jornada de trabajo, destacó el vocero nacional del Movimiento, Ignacio Rodríguez.
Por esto mismo, “venimos nuevamente a este lugar a solicitar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que como lo prometió, primero sean los pobres, cada uno de los concesionarios individuales que trabajamos el taxi en toda la república, por sobre las grandes empresas extranjeras”, expresó esta mañana en el Zócalo de la Ciudad de México el dirigente.
Solicitamos al presidente que exija a sus funcionarios cumplir y hacer cumplir la ley, que realicen todas las gestiones necesarias para blindar el trabajo de quienes por muchos años hemos movilizado a cada una de las ciudades y al país en general y que realmente haya un piso parejo donde quienes prestan sus servicios a través de las aplicaciones, cumplan con reglas mínimas que los pongan a la par de las exigencias que nos piden a nosotros.
Si el presidente Andrés Manuel López Obrador no interviene, taxistas anunciaron una Asamblea Nacional antes de que finalice 2019 para determinar cuándo y cómo realizarán las siguientes movilizaciones en enero de 2020, dijo el presidente nacional del movimiento, Bersaín Miranda Borrás, quien expresó que hoy se canceló una en Zacatecas, porque se solicitó a los taxistas de aquel estado no afectar a la ciudadanía de la capital del estado.
lunes, 18 de noviembre de 2019
(CODICS).- La Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional, expuso su preocupación a unas horas de que la Cámara de Diputados discuta el Presupuesto al campo pues reduce en prácticamente el 40.6% el monto de recursos al agro nacional y propiciará la pérdida de la capacidad productiva del campo mexicano además de obligar la importación de maíz para el año 2020 a casi 24 millones de toneladas provenientes de Estados Unidos.
Esto significa un retroceso en el sector primario pues en la misma Comisión de seguimiento a las acciones apoyadas por el Programa Especial Concurrente (COSAPEC) del Consejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustentable, en días pasados en sesión de trabajo, se presentó un estudio en el que se señala que para el año 2020 se tiene contemplado importar hasta 7 millones de toneladas de maíz, señaló el Vocero de la CNPA-MN, Jesús Gutiérrez Valencia.
Esta cifra de importaciones se da ya que en 2019 se dejaron de producir 5.5 millones de maíz por la sequía en el país. En 2019 las importaciones de maíz de México sumarán 15 millones 541 mil toneladas, estimó
.
Igualmente de acuerdo al pronóstico estadounidense para el consumo total de maíz en México para 2019/20 es de 44.7 millones de toneladas, un incremento de 2.3% en comparación con el año anterior, dijo.
Si a ello le agregamos que en el presente año hubo un subejercicio de más de 145 mil millones de pesos en diversos programas sociales incluido el apoyo al campo, estamos ante la profundización del neoliberalismo puesto que ello implica que el Estado abandona su responsabilidad de implementar políticas públicas orientadas a generar autosuficiencia alimentaria como base para nuestra soberanía nacional.
Desde febrero de este año, advertimos que de continuar con una política principalmente asistencialista se condenaría al campo mexicano al abandono y a que nuestro país pierda su capacidad productiva a mediano plazo.
Si este dato no le preocupa al Presidente Andrés Manuel López Obrador, porque es “terco” y prefiere gastar el recurso público en su ejército electoral mal llamado “Servidores de la Nación” y en políticas clientelares, esperamos que al menos en los diputados haya cordura y hagan valer que son uno de los poderes del Estado mexicano y no aprueben a raja tabla y “sin mover ni una coma” el Presupuesto propuesto por el Ejecutivo Federal.
Hemos platicado, comentó, con diversas fracciones parlamentarias (excepto de Morena, Panal y PVEM) y reconocen lo erróneo de la propuesta del Presidente pero han sido sinceros al decirnos que han recibido la instrucción o sea “línea” de votar por la propuesta del Presidente sin cambiar nada.
Les recordó a la actual legislatura en la Cámara de Diputados que la actual coalición gobernante, cuando estaba en la oposición señalaba sin chistar a los representantes en el congreso federal de los sexenios pasados de ser “borregos”, “levanta dedos” a quienes eran afines al gobierno en turno. ¿Cómo se asumen ahora?
El Presidente López Obrador puede seguir descalificando a las organizaciones indígenas y campesinas que nos hemos movilizado en días recientes, cuántas veces quiera, eso lo pinta como un hipócrita porque viene afianzando su alianza con grupos caciquiles corruptos y con “la mafia del poder” que tanto dijo querer combatir, pero ahora camina de la mano con ellos para profundizar el modelo neoliberal generador de la desigualdad social en nuestro país.
Finalmente, a diputadas y diputados, les hizo un llamado a que reflexionen seriamente y sean verdaderos representantes populares o simples comparsas del gobierno en turno convertidos en súbditos.
jueves, 14 de noviembre de 2019
(CODICS).- A unos días de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla un año en la Primer Magistratura del país, ha quedado a deber en atención a conflictos sociales, protección a defensores de derechos humanos y esclarecimiento a desapariciones forzadas y asesinatos, aseguró Jesús Gutiérrez Valencia, vocero de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional.
En ese sentido, señaló que Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, se ha negado a atender las solicitudes de atención a diversos casos planteados por la CNPA MN incluso el funcionario nos envió un mensaje “...me siento agraviado por el plantón instalado afuera de Gobernación”, por tal motivo se negó a dialogar.
Dicho Mensaje fue enviado por Alejandro Encinas a través de Sonia Salazar, enlace que puso el subsecretario Ricardo Peralta para dar seguimiento a la agenda política y social de la coordinadora, aseguró Jesús Gutiérrez Valencia.
Esto deja en claro que los Funcionarios del gobierno federal no cumplen con acuerdos plasmados en minutas de trabajo, ignoran solicitudes de reuniones de trabajo hechas vía oficio y evidencian su falta de capacidad de oficio político.
Además aquí aplica el dicho de AMLO: “vamos a barrer la corrupción de arriba hacia abajo”, pero resulta que no precisó que iban a imponer la soberbia, la negligencia y el autoritarismo de arriba para abajo, sostuvo el vocero de CNPA MN.
Ante ello, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional informó que debido a la cerrazón y negativa del Subsecretario para establecer una reunión de trabajo sobre las graves violaciones a los Derechos Humanos en algunos estados del país, “mantendrán el plantón pacífico en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación”.
Reiteraron que la Comisión Nacional de Búsqueda de la Segob ni la Fiscalía General de la República han implementado los protocolos de búsqueda de nuestros compañeros en el estado de Oaxaca donde el gobierno no ha coadyuvado porque tiene intereses específicos en la región, “pero eso no debe ser motivo de falta de seguimiento y solución a esta petición por parte de las autoridades federales”.
Entre otros casos, planteamos la actuación deliberada del grupo paramilitar encabezado por la familia Carpio Mayorga en Amatán, Chiapas ya que la omisión del Gobierno Federal trajo consigo el ataque policiaco - paramilitar el 17 de enero de 2019 donde detuvieron, desaparecieron y torturaron hasta la muerte a nuestros Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez.
A pesar de que Noé Jiménez Pablo estaba bajo la tutela del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos, nada hicieron para implementar medidas de protección.
Esa falta de medidas de protección lo padecen ahora Adán López Calvo y Humberto Huerta Verdín con sus respectivas familias estando en riesgo sus vidas.
Aunado a lo anterior, en abril pasado, expusimos a Karla Irasema Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Segob, la importancia de aplicar protocolos de búsqueda para localizar y presentar con vida a Federico Cruz Morales y Álvaro Bernardo Reyes Cruz, desaparecidos el 27 de diciembre del 2017 en San Miguel Cajonos, Villa Alta, Oaxaca pero a la fecha no hay nada.
Asimismo, exigimos la presentación con vida de Arnulfo Cerón Soriano, dirigente del Frente Popular de Teapa (FPT) así como generar las condiciones de libertad de los presos políticos del colectivo “Zapata vive”.
Debido a la importancia de los temas, reiteró el vocero de la CNPA-MN a Alejandro Encinas, la petición de una reunión de trabajo.
lunes, 14 de octubre de 2019
(CODICS).- La Coordinadora Nacional Plan de Ayala - Movimiento Nacional (CNPA MN) y la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto (UCFCP) denunciaron extorsión por parte de funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, desplazamiento de lugares de venta y pérdida de ventas en agravio de cientos de ambulantes, en las delegaciones de Cuauhtémoc y Azcapotzalco por lo que exigieron a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, retomar el cobro de derecho de piso legal y la reinstalación de las fuentes de trabajo de los comerciantes.
Lo anterior debido a que la mandataria local dice que ya no hay cobro por la venta en la vía pública pero si envía a sus funcionarios menores a extorsionar cada semana y ese dinero no se va a las arcas de la administración pública.
Además, detallaron que derivado de la realización de obras de pavimentación en banquetas son retirados con la fuerza pública comerciantes ambulantes en las demarcaciones antes citadas.
Daniel Zúñiga Maldonado, vocero de la Coordinadora Plan de Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional, dio a conocer que las pérdidas diarias por la no venta de los más de 340 ambulantes es de 680 mil pesos.
En tanto que la extorsión o cobro de derecho de piso no registrado en el erario del GCDMX es de mil pesos cada ocho días por local instalado en dichas demarcaciones y cuyo número supera los 500 por lo que se desvían poco más de 2 millones al mes.
Por lo anterior, Daniel Zúñiga Maldonado, vocero de la CNPA MN y Roberto Nieves, de la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto (UCFCP) exigieron diálogo inmediato con la jefa del Gobierno de la Ciudad de Mexico, Claudia Sheimbaum Pardo.
Asimismo pidieron atención a las demandas políticas y sociales de la UCFCP-CNPA MN en la ciudad de México.
Recordaron que en la constitución de la Ciudad de México se ha reconocido el derecho al trabajo por cuenta propia en el espacio público,
Así que los trabajadores no asalariados organizados en la Coordinadora Nacional Plan de Ayala – Movimiento Nacional CNPA -MN que luchan cada día por generar ingresos y sostenimiento a sus familias están establecidos en diferentes puntos de la Ciudad de México, nos ha caracterizado el dialogo con las autoridades y muchas veces hemos coadyuvado a encontrar una salida ante distintas problemáticas que se presentan en las áreas de espacio público donde nuestros compañeros realizan comercio.
Los gobiernos recientes en aras de la remodelación y rehabilitación de espacios públicos establecían mesas de trabajo para dar alternativas a los compañeros que se encontraban laborando en esas áreas, muchas de esas remodelaciones han terminado beneficiando a empresarios y desplazado al pequeño comerciante, aun cuando los pagos a la recaudación local han sido en tiempo y forma, muchas veces soportando los atropellos de autoridades y delincuencia organizada.
Con el Gobierno de la ciudad de México que encabeza Claudia Sheimbaum Pardo, nos hemos encontrado con una cerrazón absoluta e innecesaria, con la indolencia e indiferencia ante la solicitud de dialogo para atender diversas problemáticas de nuestros compañeros, dos ejemplos de esta política de oídos sordos son las siguientes:
En la Av. Hidalgo en el tramo de Valerio Trujano hasta el Eje Central Lázaro Cárdenas y sus inmediaciones, sin previo aviso por autoridad alguna del Gobierno de en la Ciudad de México, llegó el día 13 por la madrugada con maquinaria pesada para levantar las banquetas afectando a 40 de 200 compañeros comerciantes que se han venido instalando sobre esta avenida, desde hace 30 años, integrados a la Alianza de Comerciantes No Asalariados del Valle de Anáhuac A.C., Organización adherida a la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto UCFCP- CNPA-MN, representada por él compañero Roberto Martínez Nieves.
En la Alcaldía de Azcapotzalco, bajo el supuesto de la mejora de espacios públicos, la instalación de plantas de ornato y ordenamiento contradice con el despilfarro de recursos ya que ha pasado apenas un año de haberse renovado las banquetas del centro de esta Alcaldía, ahora tratando de hacer cambio de vialidades y reducir los carriles de esta vialidad primaria Avenida Azcapotzalco, en la que se encontraban decenas de compañeros, llegando hasta el absurdo desalojo por elementos del cuerpo de granaderos por considerar a ésta Avenida patrimonio Cultural del centro de Azcapotzalco, nuevamente llegan buscando de manera perversa el reordenamiento a los trabajadores por cuenta propia en el espacio público tratando de consumar el desalojo de los compañeros instalados en las bocacalles de la Calle Aztecas y Tepanecos.
Por denunciar esta oposición han sido amenazados nuestros compañeros con no incorporarlos al Sistema de Comercio en Vía Pública y dejarlos sin otro espacio para sus ventas, por parte de los servidores públicos de la alcaldía.
Sin dejar de mencionar que sin ningún motivo y a pesar de pedirles a todos y cada una de las Autoridades los planos o maquetas, así como estudios de estas obras, se han negado a mostrar todo lo orquestado por el Dir. Gral. Jurídico y Gobierno en Azcapotzalco, Irak López Dávila.
En ese sentido quienes integramos la Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto (UCFCP) integrados a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala - Movimiento Nacional (CNPA MN) solicitamos también que la voluntad política que en su momento manifestó la actual Jefa de Gobierno Claudia Sheimbaum Pardo se traduzca en atención y solución inmediata a estos y otros temas.
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