Mostrando las entradas con la etiqueta Impunidad. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Impunidad. Mostrar todas las entradas

jueves, 4 de julio de 2024

 

  • Las y los legisladores fijan posturas y propuestas respecto a dicho proyecto
 
En la sesión de este miércoles, las y los legisladores, que forman parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, debatieron sobre los alcances que debería tener la reforma al Poder Judicial.
 
Por Morena, el senador Gabriel García Hernández, indicó que, la reforma respetará la carrera judicial, con filtros específicos y con el requisito fundamental de que los candidatos tengan buenos hábitos, buena conducta, formación y “que le tengan amor al pueblo”. Además, destacó que es un mito que se va a eliminar su autonomía.
 
De Acción Nacional, el senador Julen Rementería del Puerto expresó que, sí es necesario llevar a cabo una reforma al Poder Judicial, pero “queda claro que la propuesta que se tiene en la mesa no es la correcta”. Con dicho proyecto, agregó, “no se va a conseguir más autonomía, tampoco se acabaría con la corrupción y la impunidad”.
 
A su vez, la senadora del PRI, Beatriz Paredes Rangel, señaló que, los foros sobre la reforma al Poder Judicial permiten entablar un diálogo libre de los problemas que enfrenta la justicia en el país; pero lo más importante, es hablar de las posibles soluciones que se deben plantear, como prevenir la injerencia del crimen organizado o del Gobierno federal en la elección de los ministros. 
 
Por el PVEM, la senadora María Graciela Gaitán Díaz dijo que, la reforma al Poder Judicial impulsa un cambio de paradigma y una revolución a uno de los Poderes más importantes de la nación, por lo que desde su bancada están convencidos en la necesidad de cambiar la estructura, porque no se puede permitir un gobierno en opulencia mientras hay carencias sociales.
 
Sasil de León Villard, senadora del PES, expuso que, la reforma plantea que los recursos públicos otorgados al Poder Judicial de la Federación sean administrados bajo criterios de austeridad, rendición de cuentas, transparencia y responsabilidad financiera. “La encomienda que nos dio el pueblo de México es clara y contundente: avanzar hacia una justicia que garantice los derechos de todos sin distinción, que la impartición de justicia sea en favor de las exigencias del pueblo y no de algunos grupos de poder”.
 
Del PRD, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria consideró que, en los foros sobre la reforma al Poder Judicial, a la titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se le ha dado el trato que merece la representante de un Poder, además expresó su respaldo a la ministra Norma Piña, ya que consideró que hay “un golpe de Estado dentro del Poder Judicial en marcha”.
 
El diputado de Morena, Juan Ramiro Robledo Ruiz, señaló que, la decisión de un juez de amparo de recibir una demanda para ordenarle al Tribunal Electoral que tome o no una decisión, es una intromisión a un órgano que tiene otra competencia. Por lo que en la reforma que se analiza en los foros de consulta, se deben delinear los alcances y competencias del Poder Judicial.
 
Del PAN, el diputado Miguel Humberto Rodarte de Lara, dijo que, la reforma también debe encaminarse a modernizar los poderes judiciales locales y rediseñar las fiscalías. Es necesario ponerse de acuerdo en la construcción de una verdadera defensoría pública que defienda a todos los que no puedan pagar un abogado.
 
Del PRI, la diputada Sue Ellen Bernal Bolnik destacó que, en la construcción de la reforma al Poder Judicial es necesario eliminar la corrupción dentro de este organismo, garantizar que sean los mejores perfiles en la elección de los ministros y, sobre todo, que el pueblo sea el que los elija y no la delincuencia organizada; “si no se puede especificar esto en el proyecto de reforma, va a ser imposible transitar a un modelo de reforma Judicial”.
 
El diputado Carlos Alberto León García, de Movimiento Ciudadano, expresó que, en la reforma al Poder Judicial se debe considerar a este Poder como autónomo e imparcial y que no se someta a los intereses del gobierno. Además, debe representar a todos los servidores públicos mediante la capacitación constante y ejercer el gasto público responsablemente. Así como eliminar actos de corrupción e implementar mecanismos de rendición de cuentas efectivos.
 
Benjamín Robles Montoya, diputado del PT, dijo que el pueblo votó para “echar abajo” las instituciones neoliberales que el PRI y el PAN impusieron; además, consideró necesario reformar al Poder Judicial, porque las y los mexicanos no ven la impartición de justicia.

Debaten en Comisión Permanente sobre alcances de la reforma al Poder Judicial

Read More

jueves, 6 de junio de 2024


By  Carlos Garcia de Balzac


Este 5 de junio de 2024, se cumplen 15 años del incendio de la guardería ABC, donde murieron 49 infantes y más de 100 resultaron heridos; sin embargo  ninguna de las personas imputadas se encuentra en la cárcel a pesar de las sentencias condenatorias emitidas por la SCJN entre 2021 y 2022 a decir del  asesor legal de la agrupación Manos Unidas por Nuestros Hijos, Gabriel Alvarado Serrano, este miércoles.
A la par detallo, en un comunicado  que  tras el incendio, iniciaron demandas contra 22 funcionarios del gobierno estatal y municipal, así como personal y propietarios de la guardería subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y empleados del mismo Instituto; sin embargo, la SCJN redujo el número de imputados a 13, quienes fueron acusados de homicidio y lesiones culposas u omisión. Asi mismo declaró que hay tres empleadas del área de guarderías de la delegación Sonora del IMSS sentenciadas por el “ejercicio indebido del servicio público”, quienes recibieron el beneficio de la libertad bajo caución. Para las otras 10 personas, la SCJN denegó estos beneficios y deberían cumplir sus sentencias en prisión con penas que van desde los 19 hasta los 28 años, sin embargo, no se han materializado. Además de la prisión, las condenas incluyen el pago de la reparación de daños por homicidio y lesiones culposas, pero la impunidad persiste, manifestó a 15 años del siniestro y aseguró que las familias de las víctimas, agrupadas en organizaciones como Manos Unidas por Nuestros Hijos y el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, mantendrán su lucha hasta hacer justicia a sus seres amados; por lo que exigen a las autoridades que cumplan con las sentencias y detengan a los responsables del incendio que marcó sus vidas. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Juez adscrito de Justicia Penal Federal en Funciones de Ejecución en Hermosillo emitir las órdenes de aprehensión e instruir a la Fiscalía General de la República (FGR) para ejecutar las detenciones de los condenados que no tienen derecho a la libertad bajo fianza. 

Se cumplen 15 años de impunidad en caso ABC.

Read More

martes, 13 de febrero de 2024

 

  •  El olvido en estos casos “constituye una agresión más” en contra de quienes padecen este delito, pues se traduce en impunidad, consideran senadores

 

Por unanimidad, la Cámara de Senadores aprobó un dictamen para reconocer en el marco jurídico el derecho a la memoria para las víctimas de desaparición forzada de personas y de desaparición cometida por particulares.

 

En el documento se destaca que el olvido en estos casos “constituye una agresión más en contra de las víctimas”, pues se traduce en impunidad y esto “no debe ser tolerado ni aceptado”.

 

En la desaparición forzada de personas y de desaparición cometida por particulares, la memoria resulta necesaria para que el Estado mexicano ponga en marcha acciones para evitar la repetición de los hechos, garantizar el acceso a la justicia y la reparación del daño, consideraron las y los senadores.

 

Con 86 votos, la Cámara de Senadores dio su respaldo a la minuta que envió la Cámara de Diputados para reformar los artículos 5 y 137 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, por lo que envió el proyecto al Ejecutivo Federal.

 

Al respecto, el senador presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, dijo que aún hace falta construir políticas públicas eficientes sobre el tema, por lo que reconocer el derecho a la memoria en la Ley en esta materia ayudará a garantizar el acceso a la reparación del daño a las víctimas del ilícito.

 

El derecho a la memoria -detalló-, obligará al Estado a implementar mecanismos para que la sociedad reconozca las vulneraciones a los derechos humanos, además de poner en marcha instrumentos que ayuden a esclarecer las violaciones a las garantías, que dignifiquen a las víctimas y coadyuven a la recuperación de la memoria histórica.

El senador Alfredo Botello Montes, del Grupo Parlamentario del PAN, explicó que la memoria es una de las maneras en que las personas y los pueblos revindican a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, y hoy este órgano parlamentario, con su voto a favor, estaría reconociéndola como un derecho humano.

 

Por Morena, la senadora Nestora Salgado García manifestó que estas reformas contribuyen a reconocer de manera expresa el derecho de las víctimas, a su memoria y a la verdad. Es necesario, agregó, iniciar la construcción de una ley general que permita preservar la memoria colectiva de nuestro país.

 

La senadora del PAN, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, dijo que sólo a través de la reconciliación y del reencuentro se logrará la reconstrucción de la paz, porque “mandando al infierno” a las instituciones únicamente se contribuye a la polarización y al odio.

 

A nombre del PT, la senadora Martha Márquez Alvarado señaló que es necesario que las autoridades en Aguascalientes atiendan el problema de la desaparición forzada, pues “el Estado mexicano no puede ser ajeno a la realidad de su pueblo”.

 

Con el proyecto, la fracción del artículo 5 de la Ley establece que “todas las autoridades deben utilizar los medios necesarios para realizar con prontitud aquellas actuaciones esenciales y oportunas dentro de un plazo razonable para lograr el objeto de esta Ley, en especial la búsqueda de la persona desaparecida o no localizada; así como la ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, memoria, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como titular de derechos”.

 

Y el artículo 137 dispone que “las víctimas directas de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares tendrán, además de los derechos a la verdad, memoria, el acceso a la justicia, la reparación del daño y las garantías de no repetición y aquellos contenidos en otros ordenamientos legales”.

Senado aprueba derecho a la memoria para víctimas de desaparición forzada

Read More

lunes, 12 de febrero de 2024

 

La International Chamber of Commerce México (ICC México) considera que el paquete de reformas presentado el pasado 5 de febrero por el presidente de la República, atenta directamente contra el combate a la corrupción y desvanece el modelo democrático del país, por lo que hace un llamado al Congreso de la Unión a priorizar las instituciones y reflexionar seriamente los riesgos que envuelven estas reformas.


En 2018, el presidente prometió combatir la corrupción y la impunidad como su prioridad número uno. Transparencia Internacional reporta a inicios de 2024 que México sigue estancado en el lugar 126 de 180 entre los países más corruptos del mundo y con una calificación de 31/100, en dónde 100 es altamente íntegro y 0 es altamente corrupto. La propuesta de reformas del presidente socava las instituciones que debieran combatir la corrupción que el presidente prometió erradicar.

Así también, la ICC México sugiere que en estos momentos del país no debemos desviar la atención de los temas más urgentes como son el combate a la impunidad y la inseguridad que priva a lo largo y ancho del territorio nacional.

Las 20 iniciativas de reforma incluyen 18 reformas constitucionales y 2 reformas legales. Para la Comisión Anticorrupción de ICC México destacan tres propuestas estructurales: la reforma al Poder Judicial de la Federación, la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la desaparición de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.

1. La reforma al Poder Judicial propone reducir la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9 ministros, disminuir la mayoría calificada de 8 a 6 votos, modificar la forma de selección de los ministros y magistrados en un modelo aparente de “votación popular”, así como la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal y el establecimiento de un Tribunal de Disciplina Judicial. Lo más relevante de esta reforma es que el transitorio prevé la eliminación de la actual integración de la Suprema Corte y la designación de nuevos ministros.

Esta propuesta implica, de facto, el desmantelamiento de uno de los Poderes de la Unión al erosionar por completo los pesos y contrapesos internos que subsisten en la integración actual de la Suprema Corte. Eliminar a la Suprema Corte actual y sustituirla por una integración completamente nueva implica un riesgo del equilibrio de poderes, especialmente en el poder que se encarga de determinar los límites de las autoridades frente a los derechos constitucionales de los ciudadanos.

Respecto al mecanismo de voto popular para la selección de ministros y magistrados, es altamente dudoso que esa propuesta sume a garantizar la imparcialidad o la capacidad técnica y legal de los magistrados y ministros. Todo lo contrario, el voto popular solo permitirá la selección respecto de aquellos que hayan sido previamente preseleccionados por el Poder Ejecutivo y el Legislativo, por lo que la fórmula está lejos de ser en realidad un modelo de representación directa.

Por su parte, la reforma propuesta busca eliminar el Consejo de la Judicatura y asegura el desmantelamiento de una de las instituciones administrativo-legales más sólidas del país que se encargan de garantizar el servicio de carrera judicial, la capacitación, así como la selección y adscripción de jueces y magistrados de acuerdo con estándares imparciales. Nuevamente, socava el balance de pesos y contrapesos republicano y busca concentrar el poder.

2. La desaparición del INAI propone en su lugar dejar en manos de los sujetos obligados el cumplimiento de los deberes de transparencia y protección de datos. Esto los hace juez y parte, y volverá eufemística, para efectos prácticos, la transparencia y el acceso a la información pública. Para combatir la corrupción, es necesario saber dónde se encuentra. Sin transparencia e información respecto al uso de recursos públicos, combatir la corrupción se reduce a una buena intención.

El INAI se ha consolidado como un organismo constitucional imparcial que ha impuesto a los sujetos obligados del país a hacer pública información crucial para develar los grandes desfalcos y redes de corrupción que operan en este y otros sexenios tal como la Estafa Maestra, el caso Odebrecht, Segalmex, irregularidades en el AIFA o el Tren Maya. Fortalecer y preservar al INAI es un presupuesto fundacional de cualquier combate a la corrupción potencialmente efectivo.

3. El presidente propone eliminar de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (“SESNA”) e integrarla a la Secretaría de la Función Pública. La integración y eficacia del SNA es un factor clave en una verdadera estrategia que busca detectar y erradicar la corrupción en nuestro país, lo cual se logra a través de una coordinación entre las entidades que lo integran, así como el establecimiento de bases de datos de información tal como la Plataforma Nacional Digital, aspectos que hoy están en manos de la Secretaría Ejecutiva. Por ende, eliminar la SESNA lejos de abonar a esta consolidación implica la antesala de su desmantelamiento e implícitamente una visión de permitir y proteger los casos de corrupción.

La Comisión Anticorrupción de la ICC México identifica estos aspectos estructurales que ponen en riesgo el modelo democrático y establecen el desmantelamiento de instituciones clave para el combate a la corrupción. Estos aspectos son neurálgicos tanto para el desarrollo económico y social interno del país, así como sus relaciones comerciales y políticas en todo el mundo. Exhortamos al Congreso y a la sociedad en general a valorar estos riesgos y a adoptar un diálogo constructivo que busque fortalecer la democracia y una agenda anticorrupción que se traduzca en acciones tangibles y no se quede en discursos.

ICC MÉXICO ADVIERTE QUE REFORMAS PROPUESTAS POR EL PRESIDENTE VULNERAN INSTITUCIONES CLAVE PARA EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Read More

martes, 12 de septiembre de 2023


  • El proyecto, que fue aprobado con 87 votos, se remitió a la Cámara de Diputado 

 

El Pleno del Senado aprobó, con 87 votos, un dictamen que reforma el artículo 102 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para establecer que el juez o tribunal que haya causado ejecutoria una sentencia, la remita de manera inmediata al órgano jurisdiccional de ejecución y a la autoridad penitenciaria, a fin de evitar que un sentenciado se sustraiga de la acción de la justicia. 

 

Lo anterior, debido a que dicho ordenamiento legal establece un plazo de tres días para que el sentenciado quede a disposición de la autoridad penitenciaria, y cuando el sentenciado se encuentre en libertad sin otorgamiento de algún sustitutivo penal, el juez de ejecución lo requerirá para que en el plazo de cinco días se interne de manera voluntaria y en caso de no hacerlo, ordenará su reaprehensión inmediata. 

 

Por ello, el dictamen enviado a la Cámara de Diputados, plantea que se elimine el plazo para que el juez o tribunal de enjuiciamiento remita la sentencia al Juez de Ejecución o la Autoridad Penitenciaria, para que dicha sentencia se haga efectiva de manera inmediata. 

 

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, explicó que dicha disposición ha sido poco efectiva, porque el porcentaje de personas imputadas, no detenidas, es muy alto, “razón por la que es urgente eliminar el supuesto de que internarse sea voluntad del sentenciado”. 

 

En ese sentido, precisó que es necesario evitar que las personas se sustraigan de la acción de la justicia y se ordene de inmediato la reaprehensión, es decir, que ya no se le dé libertad al sentenciado. 

 

Con ello, agregó, se evitará la impunidad en la aplicación de sanciones, sin afectar el principio de presunción de inocencia, porque la etapa procesal que se busca perfeccionar es posterior a la sentencia. 

 

“Hay que recordar que la justicia representa un conjunto de criterios y actitudes necesarias para que las relaciones entre las personas, las instituciones y los grupos humanos, sean adecuadas y equilibradas”, manifestó. 

 

En tanto, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, expresó que esta legislación tiene como propósito lograr un sistema jurídico uniforme, sobre las bases constitucionales que eviten la impunidad y el descrédito de las instituciones.  

 

Cámara de Senadores avala dictamen para combatir impunidad en aplicación de sanciones

Read More

sábado, 24 de junio de 2023

 

 

  • Se busca que nunca más un agresor llegue al poder público: Blanca Piña  

 


La senadora Mónica Fernández Balboa aseguró que es necesario que las reformas a los artículos 38 y 102 de la Constitución Política, sobre suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, se homologuen con las leyes de todas las entidades federativas del país, a fin de evitar cualquier tipo de impunidad. 

 

“No basta con que se hayan aprobado en los congresos estatales, necesitamos su homologación en todas las leyes”, expresó la legisladora durante el foro “3 de 3 contra la violencia, en el marco de la reforma constitucional”, que se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral. 

 

La presidenta de la Comisión de Gobernación dijo que el INE tiene el gran reto de adecuar sus lineamientos a dicha legislación, para armonizar y conciliar todas las lagunas que pueden darse sobre las reformas. 

 

Señaló que las modificaciones constitucionales también deben incorporarse en los códigos de ética de la Administración Pública Federal, de las administraciones estatales y municipales, y de todas las instancias correspondientes, así como de los estatutos de los partidos políticos. 

 

Las reformas constitucionales tienen el objetivo de lanzar un mensaje muy claro: “cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, las niñas y los niños; cero impunidad para aquellas personas que agredan y que dejen de cumplir con sus obligaciones y que pretendan ocupar un cargo, empleo o puesto en el servicio público”, apuntó. 

 

Se busca, dijo, la protección de los derechos humanos de las mujeres, de las niñas y de los niños, y que las instituciones del Estado mexicano sean las observadoras del cumplimiento de esa protección, a través de la suspensión de los derechos de las personas que incumplan su responsabilidad. 

 

“Queremos mejores gobernantes, mujeres y hombres capaces y preparados al frente de los poderes ejecutivos de todos los niveles, así como mejores legisladoras y legisladores, funcionarios públicos congruentes y con ética”, indicó. 

 

Agregó que, para evitar la impunidad, también es fundamental crear el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias; así como insistir que los tribunales locales y las entidades procuradoras de justicia apliquen las sentencias. 

 

“Necesitamos que estos tribunales alimenten a este padrón que va a construir el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y tener la información de quiénes son los que están inscritos o los que no cumplirían con este requisito para poder ser elegibles”, puntualizó. 

 

En su oportunidad, la senadora de Morena, Blanca Estela Piña Gudiño, aseguró que la reforma “3 de 3” tiene el claro objetivo de romper el pacto patriarcal, pues con su aprobación se dio un gran paso hacia la construcción de un entramado jurídico que permite erigir una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia para todas y todos. 

 

“Consideramos que estamos estableciendo límites legales para que nunca más un agresor llegue al poder público, anteponiendo la dignidad de la vida, libertad e integridad física, mental, emocional de las personas víctimas de violencia sobre cualquier otro interés”, manifestó. 

 

El poder público, consideró, debe ser un espacio seguro y accesible para las mujeres, por lo que no se debe perder de vista que las decisiones que se toman tienen un impacto directo en la vida de todas las mexicanas, de tal forma que cada persona integrante del servicio público debe de actuar en todos los espacios de su vida de forma íntegra. 

 

Destacó que la entrada en vigor de dicho ordenamiento, coincidirá con el próximo proceso electoral de 2024, por lo que es necesario revisar en qué forma se realizarán las contrataciones, a quiénes se les otorgan las candidaturas y a partir de ello, ver las determinaciones y posturas que toman las personas juzgadoras. 

Necesario, que legislaturas estatales homologuen ya “Ley 3 de 3”, afirma Mónica Fernández

Read More

jueves, 8 de junio de 2023

 


by Javier Harvard 

* Los guacales de CDMX captados borrachos y besándose en restaurant de
La ciudad de México ya ha sido acaparada por la delincuencia. Miles de asaltantes, vende drogas, asesinos en motocicletas actúan con impunidad ante la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, tranquila y sin preocupación, inactiva y mejor está dedicada a organizar conciertos musicales en el Zócalo de la ciudad de México. 
Asaltos en transporte público, a cuenta habientes de bancos, a personas a plena luz del día. ¿Esto por qué ocurre?  Los asaltantes saben que nadie los detendrá. 
Los delincuentes andan por todas partes en motocicletas y taxis robando, secuestrando, mientas el presidente de México no exige a su secretaria de Seguridad que trabaje y se llama Rosa Isela una policía sin capacidad como se puede apreciar. Porque hay más crímenes que en la guerra Rusia- Ucrania.  y ni se inmuta. Y cuando informa hasta es increíble lo que afirma con cifras ' alegres". 
El secretario de Seguridad García Harfuch hace su trabajo, es cierto, pero no detiene ni previene el actuar de malandros en motocicletas. Es un caos. 
La delincuencia extranjera también agrede a los mexicanos. Asaltantes y asesinos sin papeles están delinquiendo en México ante ese gran chance que se les da para cobrar Derecho de Piso, vender drogas o matar a la gente que se niega. Esto ya es imposible de aguantar. Gracias a la a incapacidad de funcionarios como los fiscales que por televisión se transmitió en Canal 6 como festeja su coordinador De fiscales su cumpleaños y se besa con otro fiscal varias veces. Todos los fiscales de las alcaldías están borrachos en horario de trabajo.  y en vez de resolver Feminicidios y otros delitos mejor se abrazan y besan entre ellos y toman alcohol. Carlos Jiménez fue el periodista que mostró esas imágenes de líos vividores fiscales de CDMX y Claudia Sheinbaum no hace nada al respecto. Ojalá lo haga porque quiere ser presidente. 


Secuestra delincuencia a la ciudad de México y Claudia Sheinbaum organiza conciertos en vez de trabajar en resolver

Read More

domingo, 21 de noviembre de 2021

 


En el tercer informe de gobierno del presidente de México Andrés Manuel López Obrador no se consideró si el problema más letal que existe en México, la corrupción, si esta y sigue realmente igual, si se ha disminuido, o de plano, SI ha aumentado estando peor, pero sin embargo, esto será motivo de otra publicación.

Para darle una idea clara de cómo se maneja la corrupción todavía en México si se sigue fomentando o si se trabaja en disminuir la corrupción en las dependencias públicas federales, mejor ponemos a su consideración una de cientos y/o quizá miles de quejas y/o denuncias de ciudadanos en México que son y/o siguen siendo víctimas de la corrupción y de los esquemas de impunidad quienes son agredidos, afectados directa o indirectamente por diversos servidores públicos federales y/o funcionarios, causándoles daños y perjuicios, esta es una queja de la paciente Dora Alicia Espinosa Alejandres quien es derechohabiente del servicio médico institucional de Nacional Financiera (NAFIN), que difundimos porque ya tiene más de un año que de forma recurrente ha solicitado la intervención del Presidente de México, del Secretario de la Función Pública y del Director General de Nacional Financiera NAFIN, pero sin obtener ninguna respuesta de alguna autoridad pública federal que atienda su caso, su problema médico oftalmológico, aun cuando se trata de un asunto delicado de salud.

En esta historia ponemos a consideración del tribunal de la opinión pública los hechos que han sucedido con los nombres de los servidores públicos que participan o han participado e influido directa o indirectamente en este problema que está dañando gradualmente la salud de los ojos de la Sra. Espinosa y poniendo en riesgo que la Sra. Pudiera perder la vista debido a que por una mala práctica médica sufrida en el año 2018 cuando se le coloco un dispositivo medico a sus ojos, el cual a la fecha le esta originado un riesgo sanitario y una enfermedad parecida a un cáncer. Desde luego, habrá funcionaros públicos que están involucrados en el proceso se molestaran por identificarlos, pero esta historia esta descrita con base a evidencias registradas en los antecedentes de diversos documentos e informes médicos de diversos especialistas que aporto la paciente para probar con evidencias sólidas y para comprobar si existe o no una o la responsabilidad directa y/o indirecta de los servidores públicos que han participado en el proceso de atención y de la recepción de quejas y/o denuncias que ha hecho conforme a la ley, por esto, dejamos a su criterio amable lector, que se juzgue o se considere para información de las autoridades públicas federales; ¿Quién está actuando con impunidad y corrupción, quien está actuando con indiferencia aprovechando lagunas jurídicas de la ley, quien es y está siendo omiso de forma intencional en sus funciones y atribuciones escudándose en lagunas jurídicas, quien es cómplice de corrupción o de omisiones “y tal vez”, quien está actuando de forma organizada bajo un esquema de impunidad en un acto ilegal y encubierto para encubrir un delito y para violar los derechos humanos de una mujer que es persona de la tercera edad enferma y vulnerable, y porque no, también identificar al funcionario (s) que esta (n) cumpliendo con su trabajo.

Cuando un ciudadano en México tiene un problema personal con alguna dependencia pública federal y él ya ha agotado todos los trámites legales y administrativos en las instituciones públicas federales, como una última esperanza acude el ciudadano a solicitar la intervención directa del Presidente de México, del Lic. Andrés Manuel López Obrador a través de la Dirección General de Atención Ciudadana de Presidencia de la Republica a cargo de la Sra. Leticia Ramírez Anaya, pero sin embargo, aquí el ciudadano es engañado, porque lo único que hacen utilizando un formato prellenado (un machote) en la DGAC de Presidencia de la Republica, es enviarle el comunicado que usted dirige al C. Presidente de México al titular de la dependencia publica federal contra quien usted se está quejando, y ni siquiera hacen un análisis mínimo del problema en cuestión en la DGAC, así mismo tampoco consideran cuando se trata de un problema de salud y cuando se pone en riesgo la vida o la salud de una persona, en conclusión; lo único que hacen como operación y funcionamiento de la DGAC de Presidencia de la Republica y como función principal, es la simple tarea de una Oficialía de Partes, es decir, porque sólo envían su documento y únicamente solicitan una respuesta para el ciudadano de la dependencia pública federal ,no importando que esta respuesta no resuelva el problema, la queja y/o la denuncia que el ciudadano le planteó al Presidente de México para solicitarle su intervención y su ayuda ante actos de corrupción, agresiones, abusos, irregularidades, etc. de funcionarios públicos o de alguna autoridad pública federal.

Es importante precisar que en diversas entrevistas que realizamos entre ciudadanos que tramitaban quejas y denuncias ante la DGAC, nos percatamos que la mayoría de los ciudadanos regresan a la DGAC muy molestos e irritados por el mismo problema muchas veces, una y otra vez para denunciar principalmente actos de corrupción e impunidad y la respuesta de la DGAC de Presidencia de la Republica es casi siempre la misma, porque le responden casi siempre al ciudadano lo siguiente; ¡Pues nosotros, no podemos hacer nada, porque solo podemos canalizar su queja y/o denuncia a la dependencia publica federal correspondiente y si usted no esta de acuerdo, pues usted demande judicialmente al o a los funcionarios públicos federales que no lo quieren atender!

Aquí el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es claro que está siendo engañado y traicionado por sus colaboradores, porque es lógico que él no puede estar supervisando personalmente a todos los funcionarios públicos federales para que cumplan con su trabajo, pero es claro entonces que es falso que sus subordinados sigan la famosa frase política; no traicionar, no mentir, no robar y no engañar a la ciudadanía en México. Porque en las conferencias mañaneras el presidente López Obrador ha informado que esta siendo atendida debidamente la ciudadanía en Presidencia de la Republica sin embargo, es un engaño y una simulación, porque en el caso de la Sra. Espinosa por ejemplo, ha entregado alrededor de dos docenas de cartas al presidente de México y ella no ha obtenido ninguna respuesta que solucione su problema de salud de sus ojos y que sea protegida de represalias de funcionarios públicos.

El presidente de México también ha presumido reiteradamente que para combatir la corrupción en México está la Secretaria de la Función Pública SFP hoy a cargo del Lic. Roberto Salcedo Aquino desde hace unos 6 meses, recordemos que Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, la ex Secretaria de la Función Pública fue obligada a renunciar por enriquecimiento inexplicable, que por cierto, no fue investigado en la SFP, aquí es importante aclarar que esta dependencia tiene nombres publicitarios y mercadológicos de combate a la corrupción en sus áreas principales

 como subsecretarias y direcciones generales muy publicitarios, sin embargo, la realidad es que en su operación y funcionamiento para combatir la corrupción en una mera simulación, fantasías y engaños a la población en México, porque únicamente utiliza como herramienta jurídica una “ley patito llamada ley federal de responsabilidades administrativas para los servidores públicos”, que lo único que hace cuando mucho, es solo darle una pequeña nalgadita y/o llamada de atención al servidor público que comete algún delito federal, actos de corrupción, desvió de recursos económicos federales , etc. Y para ello, únicamente simula realizar investigaciones de los hechos por quejas y denuncias ciudadanas a través de sus Órganos Internos de Control (que son deficientes contralorías internas en todas las dependencias del gobierno federal).

Pero seguimos con el ejemplo de la Sra. Espinosa quien nos llamó la atención, porque ella y sus familiares ya llevan más de un año presentado quejas y denuncias a la SFP sin obtener ninguna respuesta que la proteja de agresiones morales y psicológicas por parte de funcionarios públicos de Nafin, porque de forma encubierta en Nafin se le está quitando la atención médica de trasplante de córnea como represalias y como consecuencia por haber presentado quejas contra funcionarios públicos de Nafin, según evidencias que presento en diversos escritos, porque el servicio médico Institucional de Nafin desde hace un año mediante trampas y utilizando de forma facciosa a sus proveedores médicos particulares, les instruye para que se le atienda a la Sra. Espinosa a una o dos consultas médicas para generar documentación probatoria de que fue y está siendo atendida por ser una derechohabiente de Nafin, pero posteriormente después se les instruye a sus proveedores médicos particulares para que le nieguen el servicio, la atención medica subsecuente y de esta forma tramposa y engañosa, Nafin puede comprobar a la SFP y otras autoridades federales de que la Sra. Espinosa si esta siendo atendida en su enfermedad oftalmológica de córnea, lo cual es un engaño a las autoridades federales, porque de acuerdo a varios documentos e informes médicos de sus proveedores médicos se puede probar y verificar con claridad que se le está saboteando de forma encubierta la atención médica a la Sra. Espinosa como una evidente represalia por haber presentado quejas y/o denuncias a la SFP.

Pero para ejemplificar la operación y funcionamiento de la SFP y para demostrar que solo se simula el combate a la corrupción en México, esto ha pasado con la Sra. Espinosa durante más de una año, lo cual representa un esquema total de impunidad; Cuando usted dirige una queja y/o una denuncia al Secretario de la Función Pública y solicita una audiencia ciudadana con él mediante un comunicado o por internet en una aplicación llamada SISEC, esta jamás le llega al Sr. Secretario de la Función Pública y jamás se le da respuesta a la petición de audiencia ciudadana, porque en automático le llega o se canaliza a la Dirección General de Denuncias a cargo ahora desde septiembre del 2021 de la Dra. en derecho Rocío Rangel Vera, quien tiene como única función la de ser y hacer de su puesto de trabajo una simple tarea de ser una Oficialía de Partes, porque ni siquiera hacen un análisis mínimo del problema en cuestión, porque en la DGD de la SFP lo único que hacen al igual que en DGAC de Presidencia de la Republica es utilizar un formato prellenado (un machote) y reenviarle el comunicado que usted dirige al Secretario de la Función Pública, al titular del Órgano Interno de Control de Nafin OIC al Lic. Máximo Chavando Ruiz (quien por cierto a la fecha no ha hecho nada para atender el problema de la Sra. Espinosa, a pesar de las evidencias comentadas, es importante precisar que los sueldos y prestaciones del personal del OIC los recibe de Nafin, por lo tanto están inmersos en un conflicto de interés). Normalmente un OIC no realiza ningún tipo de investigación de campo, mucho menos profesional para investigar hechos y evidencias de quejas y denuncias por actos de corrupción, por lo regular, solo se revisa superficialmente documentación que recibe de los servidores públicos que son sujetos de investigaciones por quejas y/o diversas irregularidades. Pero sin embargo una esperanza es ahora que en la SFP recientemente se creó la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas a la Corrupción a cargo de las Mtras. en derecho Dalida Acosta Pimentel (titular) y de Claudia Arriaga Suarez (Coordinadora de Atención a Victimas de la Corrupción y ex directora de denuncias de la SFP) ellas actualmente todavía están revisando con base en el “Protocolo de Protección para Personas Alertadoras de la Corrupción” desde hace algunos meses el caso de la Sra. Espinosa y su familia, es decir, sobre el saboteo encubierto de la atención medica de la Sra. Espinosa, así como las agresiones morales y psicológicas donde ha sido victima la Sra. Espinosa, sin embargo, debido a que se ha dado el saboteo médico de forma encubierta, todavía no han podido implementar ninguna medida de protección para la Sra. Espinosa y para que se blinde un protocolo y un blindaje para evitar que se le siga quitando la atención médica de córnea a la Sra. Espinosa.

El Lic. Juan Pablo de Botton Valdez, Director General de Nacional Financiera desde marzo del 2021 ha recibido de la Sra. Espinosa reiteradamente numerosos escritos con la queja de la Sra. Espinosa y de sus familiares solicitando una audiencia con él, pero con la justificación de la pandemia no ha sido atendida su queja, no ha habido respuesta del Lic. Botton. En septiembre del 2021 con el gobierno de la 4ta. Transformación también llego la Lic. Paulina Moreno García como Directora General de Administración y Finanzas de Nafin, ella también ya ha recibidos varios escritos con la queja de la Sra. Espinosa y sus familiares solicitando una audiencia con ella, pero la única respuesta que ha dado ha sido; ¡que le informaron sus subordinados, el Ing. Antonio Gayosso Toscano, Director de Recursos Humanos y el jefe del Servicio Médico de Nafin, Dr. Efraín Alvarado Alcocer ( los dos funcionarios que tienen la responsabilidad de la operación y funcionamiento del Servicio Médico de Nafin) que la Sra. Espinosa está siendo atendida en la salud de sus ojos conforme a los lineamientos establecidos en el servicio médico de Nafin!


En la red de proveedores médicos de Nafin existen seis especialistas en cornea, de los cuales ya se le saboteo a la Sra. Espinosa la atención medica con cuatro especialistas, por este motivo la Sra. Espinosa ya no puede acudir a ninguno de los otros dos especialistas porque se le puede o podría volver a sabotear la atención médica con el procedimiento ya denunciado y que ha utilizado el Servicio Médico de Nacional Financiera para causarle perjuicios médicos y otros, es importante considerar que en este momento ella esta y se encuentra sin atención médica de córnea, por lo cual esta ella solicitando a la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas a la Corrupción de la Secretaria de la Función Pública que se blinde, que establezca, que se aplique y que se cumpla con el “Protocolo de Protección para Personas Alertadoras de la Corrupción” para garantizar que no seguirá siendo agredida y como consecuencia violentada por aquellos funcionarios públicos federales que estén ordenando e instruyendo de forma encubierta a los proveedores médicos de Nafin particulares para que le causen daños y perjuicios a la salud por una persona vulnerable de la tercera edad.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador puede tener las mejores intenciones de combatir la corrupción y la impunidad en las dependencias públicas federales y a hacerle un bien común a México y a los mexicanos, pero si es traicionado por servidores públicos desleales que aprovechando su intrínseco anonimato se esconden entre los miles de nombres de funcionarios que existen en la Administración Pública Federal para realizar actos muy reprobables como el que se señaló, entonces el destino de las instituciones públicas seguirá caminando al fracaso y al perjuicio de la población en México.

LA TRAICION DE LOS HOMBRES DEL PRESIDENTE DE MEXICO, ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

Read More

martes, 9 de marzo de 2021


Al iniciar el nuevo gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador en el año 2019 se topó y se ha topado con uno de los poderes facticos económicamente más poderosos del país que funcionan y se nutren con el presupuesto público federal, es decir, con el dinero de los mexicanos y a cambio de esto, son y representan un abismo de deficiencia funcional, financiero, económico y fiscal parecido a un cáncer que vulnera a los mexicanos, porque es muy común que predomine la corrupción provocada principalmente por el nepotismo y la impunidad dentro de su operación y funcionamiento institucional, donde en términos generales, el nepotismo arraigado e institucionalizado desde hace muchas décadas en el Poder Judicial Federal, es lo que ha causado el declive y el colapso del sistema  judicial en México.

La cultura del nepotismo arraigado como una cultura negativa en el Poder Judicial Federal, en casi toda la estructura orgánica del Poder Judicial federal, es lo que principalmente ha generado una cultura de la corrupción y las enormes deficiencias en la impartición de la justicia, incubando además esquemas de impunidad institucional en el PJF, incluso desde la creación del propio órgano de supervisión y vigilancia el Poder Judicial Federal llamado “Consejo de la Judicatura Federal”, que es y ha sido solo una especie de simulación de supervisión y vigilancia para combatir la corrupción al interior del Poder Judicial Federal en términos generales.

Incluso amable lector, recordamos que el propio ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia en México y al mismo tiempo también del Consejo de la Judicatura Federal, el ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea desde el inicio de su gestión como presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal en 2019, de forma muy valiente e institucional, y de forma gradual ha emprendido y ha tratado de establecer algunos cambios funcionales encaminados a ser en lo futuro cambios estructurales significativos para lograr o más bien, “tratar de lograr una Reforma en el Poder Judicial federal para tratar de frenar y/o eliminar el nepotismo que ha generado por años enormes daños estructurales operacionales en el funcionamiento y las actividades institucionales del PJF , porque con las décadas de nepotismo, se crearon verdaderos cotos de poder y poderes facticos en cada una de las áreas operativas del poder judicial federal con poderosos intereses particulares y de grupos de poder en el interior del Poder Judicial Federal.

Ha sido tal el impacto de los cambios estructurales que ha querido emprender, o más bien que quiere o pretende generar para lograr una Reforma al Poder Judicial federal el ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea, que hasta públicamente una y otra vez, en sus informes anuales de actividades del año 2019 y 2020 el mismo ministro Saldívar “por primera vez en la historia del Poder Judicial Federal”, ha denunciado reiteradamente los esquemas de deficiencias operaciones y funcionales, la corrupción, el nepotismo y la impunidad al interior del poder judicial federal, incluso, también él reiteradamente lo ha hecho de forma valiente ante el tribunal de la opinión pública, es decir, a la prensa y medios de comunicación de México y extranjeros de forma transparente; pero el hecho de que el ministro Saldívar haya denunciado esta corrupción y el nepotismo (las estructuras de poder familiares de diferentes grados y además de todo tipo de compadres y ahijados que integran y controlan toda la operación y funcionamiento del poder judicial federal), la impunidad y las consecuencias de todo esto, se ha vuelto un problema al interior del poder judicial federal “porque es claro que el ministro Arturo Saldívar con estas denuncias está afectando los intereses particulares de los cotos de poder del nepotismo en el interior del poder judicial federal”, el ministro Saldívar en los dos años de gestión reiteramos, está y ha estado afectando intereses particulares del nepotismo y poniendo “tal vez”, en riesgo, incluso su integridad personal, porque es claro que sus acciones anticorrupción, si se midieran estructuralmente, tal vez se podrían convertir en una bola de nieve que va o podría ir creciendo, si contara con el apoyo y la ayuda de la mayoría o de todos los miembros y/o Consejeros del Consejo de la Judicatura Federal “quienes si apoyaran al ministro Arturo Saldívar Lelo de Larrea en su lucha contra la corrupción y el nepotismo, harían de México, un enorme país de instituciones públicas y un poder judicial federal congruente y eficiente en su funcionamiento .

Las acciones institucionales del ministro Arturo Saldívar, sin duda alguna ponen y han puesto en riesgo su integridad personal y esto lo deben de entender el pleno de miembros del Consejo de la Judicatura Federal, porque reiteramos, él está afectando los intereses particulares del nepotismo, porque si llegara lograr una Reforma al Poder Judicial federal el ministro Arturo Saldívar, automáticamente les quitaría el control del dinero, del multimillonario presupuesto federal que goza el poder judicial federal que disfrutan a cambio de un trabajo deficiente que por decenas de años ha vulnerado el sistema de justicia en México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consciente del problema del nepotismo que ha dañado por décadas al poder judicial federal, actualmente y de forma discrecional ha emprendido también un intenso apoyo político a través del Congreso hacia el ministro Arturo Saldívar con la esperanza de que le logre una real y verdadera reforma al Poder Judicial federal, porque es muy claro la intención de mejorar la operación del PJF del Ministro Saldívar, pero no se sabe con certeza, si realmente le alcanzara el tiempo en los dos años más que le quedan de gestión al ministro Arturo Saldívar para poder realizar verdaderos cambios estructurales en el poder judicial si no cuenta con el apoyo del pleno de ministros del Consejo de la Judicatura Federal para establecer un verdadero sistema de impartición de justicia en México para sanear de corrupción y nepotismo a un poder judicial federal que garantice un sistema judicial transparente, imparcial, eficiente y honesto, porque es casi público en el radio pasillo de todas las áreas del poder judicial federal que de forma agresiva; el nepotismo familiar integrado por poderosos cotos de poder familiares, está muy visible en la funcionalidad diaria del PJF porque se está saboteando y pateando “por debajo de la mesa” la Reforma al Poder Judicial federal del Ministro Saldívar porque si afectaría los intereses particulares de los cotos de poder del PJF y la evidencia, pues está a la vista de los mexicanos, usted simplemente puede emprender cualquier asunto jurídico y/o administrativo en los tribunales familiares o en cualquier instancia administrativa del poder judicial federal y todos los mexicanos vemos que no avanza, y que no se resuelve, y que no hay justicia en México, y que prevalece la impunidad institucional ocasionando perjuicios a la impartición de justicia que siempre han anhelado los ciudadanos.

Un ejemplo que etiqueta y etiquetara en la historia negativamente del Poder Judicial Federal y al Consejo de la Judicatura Federal es el caso de la deficiente funcionamiento y operación del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP) a cargo del Lic. Netzai Sandoval Ballesteros desde inicios del año 2019 con el gobierno de la cuarta transformación en el PJF, recordemos que es el joven abogado que acompaño en marzo del 2017 al entonces candidato Andrés Manuel López Obrador a presentar una denuncia de política por violar derechos humanos de migrantes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos https://lopezobrador.org.mx/2017/03/15/actividades-amlo-en-washington-d-c/ , a este joven abogado, quien participó activamente en el partido político Morena, sin una experiencia jurídica suficiente y sin una carrera en el poder judicial federal (esto es una información pública confirmada dentro del PJF) se le premio con un puesto de trabajo directivo de tipo ejecutivo, con sueldo millonario y con múltiples privilegios económicos, entre los que se encuentran autos de lujo utilitarios con el servicio de un grupo de escoltas que no se justifican considerando las funciones que realiza en la Defensoría Pública como director general, porque es un puesto de trabajo sin riesgos.

Existen desde hace años muchos casos de usuarios del Instituto Federal de la Defensoría Pública que están integrados en un proyecto colectivo institucional que tiene a su cargo el IFDP y que además afecta a miles de mexicanos, y son todos los casos de la “Portabilidad de Semanas de Trabajo Cotizadas para Efectos de Jubilación que se tienen que reconocer legalmente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al o hacia el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE) y viceversa”, esto sucede a pesar que desde hace más de 15 años existe ya un Convenio de Portabilidad entre ambos institutos públicos federales para reconocer legalmente estos derechos laborales de la población más vulnerable de México, es decir, la de la tercera edad, porque no se respetan estos derechos laborales del trabajador que está próximo a jubilarse o para poder jubilarse, es decir, no se quieren reconocer derechos laborales para que una persona de la tercera edad pueda jubilarse juntando todas las semanas de trabajo que cotizo y por muchos años al IMSS y al ISSSTE. Reiteramos, el Instituto Federal de la Defensoría Pública tiene desde hace muchos años muchos casos de usuarios que están solicitando la “Portabilidad de Semanas de Trabajo Cotizadas para Efectos de Jubilación del ISSSTE y el IMSS” y no ha habido por años resultados positivos y favorables por parte del Instituto Federal de la Defensoría Pública para responder institucionalmente a la población más vulnerable de México, esto, porque “mientras que el área de Asesoría Jurídica de la Defensoría Publica a tratado de hacer jurídicamente un esfuerzo, no ha tenido el apoyo institucional del IFDP ni del Director General del IFDP, pues resulta que la Unidad de Litio Estratégico del IFDP, creada con el gobierno de la cuarta transformación para atender asuntos colectivos relevantes del IFDP, “pues resulta esta Unidad de Litio Estratégico abandono el proyecto de Portabilidad IMSS-ISSSTE” a finales del año 2019 por falta de interés y además de capacidad jurídica y así mismo también, porque el propio Lic. Netzai Sandoval Ballesteros, siendo el titular del IFDP no ha querido gestionar, realizar o buscar un simple convenio de colaboración institucional con el IMSS y el ISSSTE para lograr las portabilidades de derechos de jubilaciones, se presume que el Lic. Netzai Sandoval no ha querido participar en un proyecto nacional colectivo que afecta a millones de mexicanos, es decir, la “Portabilidad de Semanas de Trabajo Cotizadas para Efectos de Jubilación del ISSSTE y el IMSS”, porque desde el inicio de su gestión en 2019 como titular del IFDP, se ha observado públicamente una intensa participación en todo tipo de eventos políticos, sociales en medios de comunicación y en las redes sociales donde se ve públicamente que el Lic. Netzai Sandoval privilegia más su tiempo laboral en proyectos personales de promoción y publicidad personal promocionando intensamente al IFDP utilizando y/o aprovechando la imagen y la marca comercial de la Defensoría Pública del Poder Judicial Federal, esto, a pesar de que reiteradamente los usuarios del IFDP han presentado muchas quejas y protestas al Consejo de la Judicatura Federal por falta de resultados del IFDP en los cientos y/o miles de casos rezagados que no atiende ni ha atendido eficientemente el IFDP, incluyendo desde luego, la falta de atención y resultados del proyecto colectivo de la “Portabilidad de Semanas de Trabajo Cotizadas para Efectos de Jubilación del ISSSTE y el IMSS” y lamentablemente, la respuesta del Consejo de la Judicatura Federal hacia los ciudadanos y cientos de usuarios del IFDP ha sido simplemente; la indiferencia institucional, la falta de interés para atender quejas de la ciudadanía y la impunidad de funcionarios públicos del IFDP que no quieren trabajar eficientemente para dar resultados eficientes a la población de México.

Recordemos, que los dos principales problemas, más graves y que más padece Mexico y los mexicanos, son la corrupción y la impunidad, mas no la inseguridad, porque la inseguridad es un problema que se creó por la corrupción, algo que se fundó e institucionalizo como una mala cultura en los gobiernos del partido revolucionario institucional (PRI), porque para combatir la corrupción y la impunidad, tanto los gobiernos del PRI y los dos del PAN solo simularon combatir la corrupción. Pero también lo mismo paso con el Poder Judicial Federal con la creación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), creando un órgano supervisor para vigilar la operación y la funcionalidad eficiente de los procedimientos jurídicos-administrativos y la supuesta ética profesional de conformidad con las normas jurídicas derivadas de la Constitución Política, sin embargo, en el Consejo de la Judicatura Federal hasta la actualidad es y solo ha sido, una pantalla de humo la supervisión y vigilancia del PJF para simular que si existe incluso una supuesta Contraloría Interna en funciones constituida como una especie de órgano colegiado de contraloria que nunca ha funcionado eficientemente.

Recordemos que una situación que ha repudiado la mayoría de la población en Mexico, ha sido la actitud negativa que han tenido expresidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también otros ministros de la corte, los jueces y ministros del PJF y el resto de la estructura de la burocracia dorada del poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), donde la mayoría de ellos ha defendiendo a toda costa sus ingresos millonarios más otras prestaciones económicas que se ocultan en el PJF y que no saltan a la vista de la opinión pública tales como gastos de representación, viáticos de jeques árabes, asistentes ejecutivos, choferes, equipos escoltas para funcionarios no justificadas, autos utilitarios de lujo y además, de las pensiones multimillonarias que también reciben por años del poder judicial federal como prestación laboral, en conclusión; sueldos millonarios, prestaciones económicas y pensiones millonarias y en especie que son y representan sin duda una verdadera extorsión e injusticia al erario público del país y al bolsillo de más de 60 millones de mexicanos en la pobreza extrema.

Es inaudito, que desde la toma de posesión del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y hasta la fecha, el tema prioritario y la agenda principal que ha prevalecido con los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial Federal y con toda la burocracia dorada del Poder judicial de la Federación ha sido el defender principalmente sus ingresos millonarios con el absurdo argumento de que son un poder autónomo y de que la constitución (que ellos están obligados a respetar más que nadie) no permite que les bajen los sueldos, esto, principalmente para evitar supuestamente actos de corrupción, es decir, que al estar bien pagados con sueldos millonarios , con esto se evitaría que sean o fueran corrompidos, y de que no fueran deficientes en su trabajo ¿pero pues usted que piensa estimado lector?.

La opinión pública y la justificación de más de 60 millones de mexicanos en la pobreza han protestado por lo anterior, es y ha sido una reiterativa la petición al PJF por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador de que ya se terminen con todos los privilegios de sueldos millonarios, prestaciones económicas, privilegios económicos y los abusos del PJF.

Las opiniones que ha dado en general la ciudadanía en México han sido además, por las enormes deficiencias en la operación y funcionamiento con que siempre ha operado el Poder Judicial Federal en México, recuerde usted estimado lector, que en las Dependencias Públicas Federales de todo el país se ha logrado disminuir o eliminar este tipo de abusos al erario público, al bolsillo y a la enorme pobreza de los mexicanos y del país, pero falta la participación del PJF y para esto reiteramos; se necesita del apoyo de los ministros del Consejo de la Judicatura Federal, por si el apoyo de pleno de ministros del CJF, difícilmente el ministro Arturo Saldívar podrá lograr la reforma al poder judicial federal pendiente.

Lo que es muy curioso y verdaderamente incongruente por parte de la burocracia dorada del Poder judicial de la Federación, es que si bien han hecho mucha publicidad engañosa prometiendo de que si van a mejorar su trabajo, la triste realidad para los mexicanos que piden y exigen justicia, es que el personal del Poder Judicial Federal nunca ha hecho un compromiso público en la práctica diaria de su trabajo para mejorar sus labores como servidores públicos, porque con el trabajo institucional diario que realizan que es tan deficiente en prácticamente en todas las estructuras orgánicas del Poder judicial de la Federación, incluyendo sus horarios de trabajo light de pocas horas de trabajo y las enormes, extensas y puntuales vacaciones de trabajo, esto, a pesar de que existen cerros de expedientes de trabajo pendiente rezagados de muchos años y que se acumulan por toneladas por el trabajo ineficiente al que están acostumbrados a realizar por una cultura negativa y sin compromiso institucional al trabajo, por ser los burócratas aristócratas más representativos de la burocracia nacional.

En conclusión, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia Arturo Saldívar Lelo de Larrea se merece todo el respeto de los mexicanos por su reiterado intento de querer lograr una reforma al Poder Judicial Federal pendiente hasta hoy con el apoyo indirecto y discreto del presidente de México Andrés Manuel López Obrador , pero insistimos y reiteramos, el ministro Arturo Saldívar está afectando seriamente intereses poderosos al interior del Poder Judicial Federal, y para lograr un esquema de mejora continua permanente para la operación y funcionamiento del Poder Judicial Federal, solo lo lograra si el ministro Arturo Saldívar recibe el apoyo incondicional y comprometido del pleno de ministros y Consejeros del Consejo de la Judicatura Federal.

CARLOS MUNGUIA RODRÍGUEZ

pluma_dorada50@hotmail.com

LA CULTURA DEL NEPOTISMO, LA CORRUPCION E IMPUNIDAD DEL PODER JUDICIAL FEDERAL Y LA AUSENCIA DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL EN MEXICO

Read More

Copyright © News Informanet | Designed With By Blogger Templates
Scroll To Top