En 2018, el presidente prometió combatir la corrupción y la impunidad como su prioridad número uno. Transparencia Internacional reporta a inicios de 2024 que México sigue estancado en el lugar 126 de 180 entre los países más corruptos del mundo y con una calificación de 31/100, en dónde 100 es altamente íntegro y 0 es altamente corrupto. La propuesta de reformas del presidente socava las instituciones que debieran combatir la corrupción que el presidente prometió erradicar.
Así también, la ICC México sugiere que en estos momentos del país no debemos desviar la atención de los temas más urgentes como son el combate a la impunidad y la inseguridad que priva a lo largo y ancho del territorio nacional.
Las 20 iniciativas de reforma incluyen 18 reformas constitucionales y 2 reformas legales. Para la Comisión Anticorrupción de ICC México destacan tres propuestas estructurales: la reforma al Poder Judicial de la Federación, la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la desaparición de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.
1. La reforma al Poder Judicial propone reducir la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9 ministros, disminuir la mayoría calificada de 8 a 6 votos, modificar la forma de selección de los ministros y magistrados en un modelo aparente de “votación popular”, así como la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal y el establecimiento de un Tribunal de Disciplina Judicial. Lo más relevante de esta reforma es que el transitorio prevé la eliminación de la actual integración de la Suprema Corte y la designación de nuevos ministros.
Esta propuesta implica, de facto, el desmantelamiento de uno de los Poderes de la Unión al erosionar por completo los pesos y contrapesos internos que subsisten en la integración actual de la Suprema Corte. Eliminar a la Suprema Corte actual y sustituirla por una integración completamente nueva implica un riesgo del equilibrio de poderes, especialmente en el poder que se encarga de determinar los límites de las autoridades frente a los derechos constitucionales de los ciudadanos.
Respecto al mecanismo de voto popular para la selección de ministros y magistrados, es altamente dudoso que esa propuesta sume a garantizar la imparcialidad o la capacidad técnica y legal de los magistrados y ministros. Todo lo contrario, el voto popular solo permitirá la selección respecto de aquellos que hayan sido previamente preseleccionados por el Poder Ejecutivo y el Legislativo, por lo que la fórmula está lejos de ser en realidad un modelo de representación directa.
Por su parte, la reforma propuesta busca eliminar el Consejo de la Judicatura y asegura el desmantelamiento de una de las instituciones administrativo-legales más sólidas del país que se encargan de garantizar el servicio de carrera judicial, la capacitación, así como la selección y adscripción de jueces y magistrados de acuerdo con estándares imparciales. Nuevamente, socava el balance de pesos y contrapesos republicano y busca concentrar el poder.
2. La desaparición del INAI propone en su lugar dejar en manos de los sujetos obligados el cumplimiento de los deberes de transparencia y protección de datos. Esto los hace juez y parte, y volverá eufemística, para efectos prácticos, la transparencia y el acceso a la información pública. Para combatir la corrupción, es necesario saber dónde se encuentra. Sin transparencia e información respecto al uso de recursos públicos, combatir la corrupción se reduce a una buena intención.
El INAI se ha consolidado como un organismo constitucional imparcial que ha impuesto a los sujetos obligados del país a hacer pública información crucial para develar los grandes desfalcos y redes de corrupción que operan en este y otros sexenios tal como la Estafa Maestra, el caso Odebrecht, Segalmex, irregularidades en el AIFA o el Tren Maya. Fortalecer y preservar al INAI es un presupuesto fundacional de cualquier combate a la corrupción potencialmente efectivo.
3. El presidente propone eliminar de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (“SESNA”) e integrarla a la Secretaría de la Función Pública. La integración y eficacia del SNA es un factor clave en una verdadera estrategia que busca detectar y erradicar la corrupción en nuestro país, lo cual se logra a través de una coordinación entre las entidades que lo integran, así como el establecimiento de bases de datos de información tal como la Plataforma Nacional Digital, aspectos que hoy están en manos de la Secretaría Ejecutiva. Por ende, eliminar la SESNA lejos de abonar a esta consolidación implica la antesala de su desmantelamiento e implícitamente una visión de permitir y proteger los casos de corrupción.
La Comisión Anticorrupción de la ICC México identifica estos aspectos estructurales que ponen en riesgo el modelo democrático y establecen el desmantelamiento de instituciones clave para el combate a la corrupción. Estos aspectos son neurálgicos tanto para el desarrollo económico y social interno del país, así como sus relaciones comerciales y políticas en todo el mundo. Exhortamos al Congreso y a la sociedad en general a valorar estos riesgos y a adoptar un diálogo constructivo que busque fortalecer la democracia y una agenda anticorrupción que se traduzca en acciones tangibles y no se quede en discursos.
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