Se cumplen 15 años de impunidad en caso ABC.

By  Carlos Garcia de Balzac

Este 5 de junio de 2024, se cumplen 15 años del incendio de la guardería ABC, donde murieron 49 infantes y más de 100 resultaron heridos; sin embargo  ninguna de las personas imputadas se encuentra en la cárcel a pesar de las sentencias condenatorias emitidas por la SCJN entre 2021 y 2022 a decir del  asesor legal de la agrupación Manos Unidas por Nuestros Hijos, Gabriel Alvarado Serrano, este miércoles.

A la par detallo, en un comunicado  que  tras el incendio, iniciaron demandas contra 22 funcionarios del gobierno estatal y municipal, así como personal y propietarios de la guardería subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y empleados del mismo Instituto; sin embargo, la SCJN redujo el número de imputados a 13, quienes fueron acusados de homicidio y lesiones culposas u omisión. Asi mismo declaró que hay tres empleadas del área de guarderías de la delegación Sonora del IMSS sentenciadas por el “ejercicio indebido del servicio público”, quienes recibieron el beneficio de la libertad bajo caución. Para las otras 10 personas, la SCJN denegó estos beneficios y deberían cumplir sus sentencias en prisión con penas que van desde los 19 hasta los 28 años, sin embargo, no se han materializado. Además de la prisión, las condenas incluyen el pago de la reparación de daños por homicidio y lesiones culposas, pero la impunidad persiste, manifestó a 15 años del siniestro y aseguró que las familias de las víctimas, agrupadas en organizaciones como Manos Unidas por Nuestros Hijos y el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio, mantendrán su lucha hasta hacer justicia a sus seres amados; por lo que exigen a las autoridades que cumplan con las sentencias y detengan a los responsables del incendio que marcó sus vidas. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Juez adscrito de Justicia Penal Federal en Funciones de Ejecución en Hermosillo emitir las órdenes de aprehensión e instruir a la Fiscalía General de la República (FGR) para ejecutar las detenciones de los condenados que no tienen derecho a la libertad bajo fianza.