El Costo Institucional de No Proteger los Datos

 by Gonzalo Rojon

La digitalización del Estado es, además de un proyecto tecnológico, un proyecto de confianza. Esta depende en buena medida de cómo se administran y resguardan los datos personales, los registros y las plataformas digitales del sector público.

Las recientes filtraciones de información en distintas dependencias federales no pueden leerse como incidentes aislados ni como simples fallas operativas. También evidencian áreas críticas de mejora en la arquitectura digital del sector público. Instituciones estratégicas han sido vulneradas, exponiendo datos personales de millones de personas, en un contexto en el que el propio Estado impulsa esquemas de registro, identificación y trazabilidad cada vez más amplios.

El problema no es únicamente la magnitud de las filtraciones, sino el mensaje que transmiten. Cuando la información personal se ve comprometida, el incentivo a participar en plataformas digitales gubernamentales se debilita. Entregar datos deja de percibirse como un acto de cooperación cívica y empieza a verse como una apuesta de alto riesgo. Este cambio de percepción tiene efectos directos sobre cualquier estrategia de eGobierno.

La lógica es sencilla. Ningún sistema digital funciona si los usuarios desconfían de la forma en que se almacenan, procesan y protegen sus datos. En el sector privado, esta desconfianza se traduce en pérdida de clientes y valor de marca. En el sector público, se traduce en baja adopción, información incompleta y una brecha creciente entre los objetivos de política pública y su implementación real.

Aquí emerge una contradicción central. El Estado mexicano avanza hacia una mayor digitalización a través del resguardo de datos y la creación de distintos registros, pero lo hace sin una inversión proporcional en ciberseguridad, gobernanza digital y capacidades técnicas. La concentración de información, sin protección adecuada, amplifica el riesgo sistémico. Un solo punto de falla puede tener consecuencias masivas.

Invertir en ciberseguridad debería entenderse como un gasto defensivo y como de inversión habilitadora. Implica infraestructura tecnológica robusta, monitoreo permanente, protocolos de respuesta bien probados, auditorías independientes y capital humano especializado. También implica definir responsabilidades claras y mecanismos de rendición de cuentas cuando los sistemas fallan.

Si el gobierno quiere que la población entregue sus datos, debe demostrar que es capaz de protegerlos. Y si quiere que la ciudadanía participe activamente en esquemas de eGobierno, debe ofrecer certidumbre, no solo eficiencia operativa. Sin confianza, la digitalización se convierte en un ejercicio de simulación.

México avanza hacia esquemas de eGobierno cada vez más complejos, pero enfrenta el reto de fortalecer su credibilidad institucional en el entorno digital. Resolverlo exige asumir que la ciberseguridad no es un componente accesorio de la transformación del Estado, sino su condición mínima de viabilidad.