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jueves, 3 de marzo de 2022

  • El decreto 848 que reforma diversos artículos del Código Penal del estado, crea delitos declarados inconstitucionales por la SCJN, afirma el senador Miguel Ángel Mancera  

 

El senador del PRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, presentó ante el Pleno del Senado un punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, presente una iniciativa de ley para derogar el delito de ultrajes a la autoridad contenido en el artículo 331 Bis del Código Penal de esa entidad. 

 

En el proyecto, turnado a la Comisión de Gobernación, el legislador explicó que el pasado 11 de marzo de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial del gobierno veracruzano, el decreto número 848 que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal del estado, en materia de extorsión, robo, despojo y ultrajes a la autoridad, contra las instituciones de seguridad pública y contra la seguridad de la comunidad. 

 

Con la entrada en vigor de dichas reformas, destacó el senador, se tiene registro que al 28 de enero de 2022 se han realizado 1,033 detenciones por el delito de ultrajes a la autoridad, con motivo de ello se presentaron 590 quejas ante la Contraloría Interna de la Fiscalía General de Justicia del estado y 31 quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos local. 

 

El senador consideró que el decreto 848 reforma diversos artículos, para crear dos delitos sumamente cuestionados, e incluso, declarados como inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el primero de ellos el contenido en el Capítulo VIl, específicamente en el artículo 331 denominado “Ultrajes a la autoridad” dentro del Título XVII. 

 

Mancera Espinosa agregó que otro artículo reformado es el 371 Quinquies, dentro del Título XXII, Delitos contra la Seguridad Pública, Capítulo 1, Delitos Contra las Instituciones de Seguridad Pública. 

 

Éste articulo castiga “a quien amenace o agreda a un integrante o elemento de alguna institución de Seguridad Pública municipal o estatal en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”. 

 

Sin embargo, acotó el senador, ante una eventual derogación del artículo 331, “hace falta también la expulsión del artículo 371 Quinquies, ambos del Código Penal de Veracruz, pues de la simple comparación de ambos artículos se desprende la existencia de una conducta similar, la única diferencia es que en el 331 se refiere: “a quien amenace o agreda a un servidor público en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”.  

Presentan exhorto al Poder Ejecutivo de Veracruz, para derogar delito de ultrajes a la autoridad.

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La coordinadora de la bancada del PT, Geovanna Bañuelos de la Torre, exhortó al Ejecutivo del estado de Zacatecas y a los presidentes municipales de la entidad, a que se coordinen con el objetivo de brindar la asistencia necesaria a las familias que han sido obligadas a dejar sus hogares a causa de la violencia sistemática de grupos criminales. 

 

Mediante un punto de acuerdo turnado a la Comisión de Seguridad Pública, la legisladora detalló que derivado de un constante enfrentamiento entre integrantes de grupos del crimen organizado, los pobladores de rancherías de los municipios de Jerez, Valparaíso y Fresnillo abandonaron sus casas. 

 

El desplazamiento interno forzado es una triste realidad que afrontan miles de personas en el estado de Zacatecas, ya que estas personas se ven obligadas, de un instante a otro, a abandonar sus hogares, sus centros laborales o escolares, sus muchas o pocas pertenencias, así como “sus sueños, su historia, su memoria y su tierra”. 

 

El pasado viernes 11 de febrero, recordó, un grupo de habitantes de Palmas Altas solicitó a las autoridades del municipio de Jerez el apoyo de militares, Guardia Nacional y policía municipal para acudir a sus domicilios para sacar documentos y algunos bienes materiales. 

 

De acuerdo con el secretario de Gobierno de Jerez, Marco Antonio Vargas, suman 18 comunidades desplazadas, en cada una viven en promedio entre 500 a 800 familias, lo que en promedio arroja 10 mil personas que huyeron, puntualizó la legisladora. 

 

“No podemos permitir que la tranquilidad y seguridad de las personas esté condicionada a decisiones y arbitrariedades de grupos del crimen organizado. El Estado tiene que actuar y velar por el pleno desarrollo de todos sus habitantes”, sostuvo la senadora. 

 

Bañuelos de la Torre afirmó que su bancada alzará la voz por todas las personas que sufren las consecuencias de la inseguridad. Hay que ser contundentes, subrayó, no podemos ignorar la problemática del desplazamiento interno forzado en el estado de Zacatecas. 

 

Por ello, solicitó al gobierno estatal y a los municipales brindar la asistencia necesaria a las familias que dejaron sus hogares; que realicen un diagnóstico para conocer el número total de personas desplazadas; e implementar programas encaminados a reducir los delitos de desaparición forzada y atender en todo momento a los familiares de este lamentable delito. 

Desde el Senado demandan al gobierno de Zacatecas atender a familias desplazadas.

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También fueron aprobadas reformas para el fomento de mecanismos para el manejo y protección de los ecosistemas y en materia de ordenamiento ecológico territorial.


Por unanimidad, con 108 votos, el Pleno del Senado aprobó en sus términos una minuta por la que se establece que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor), serán las encargadas de realizar los trámites para el otorgamiento de la documentación que acredite la procedencia legal, la transportación de los productos forestales y las materias primas obtenidos de éstos. 

  

Con las modificaciones a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se prevé que el informe anual que debe presentar el titular del aviso de plantación forestal, sobre los volúmenes de materias primas, deberá entregarse a la Secretaría, a la cual también se prevé transferir la facultad de autorización del funcionamiento de centros de almacenamiento y transformación de materias primas forestales y de centros no integrados.  

 

La minuta turnada al Ejecutivo Federal, plantea que los propietarios de estos centros presenten un informe, durante los primeros diez días hábiles de julio y enero, sobre los movimientos registrados durante el semestre anterior a la presentación del informe, y en caso de no hacerlo o de presentar información falsa, la Semarnat revocará la autorización de funcionamiento. 

 

Además, se aprobó el aumento de sanciones, a fin de imponer multas acordes con los daños ocasionados en ecosistemas y para desincentivar la práctica de conductas ilícitas.   

 

Por ello, se sancionará con el equivalente de 40 a tres mil veces la Unidad de Medida y Actualización, a quien incumpla lo establecido en las autorizaciones de aprovechamiento forestal y de cambio de uso de suelo en terrenos forestales; o evitar prevenir, combatir o controlar, estando legalmente obligado para ello, las plagas, enfermedades o incendios forestales.    

  

Además, a quien establezca plantaciones forestales comerciales en terrenos forestales; omitir realizar el manejo de combustibles en los terrenos forestales, de acuerdo con lo previsto en esta Ley; y transportar, almacenar, transformar o poseer materias primas forestales, sin contar con la documentación o los sistemas de control establecidos para acreditar su legal procedencia, entre otros supuestos, se le sancionará con el equivalente de 100 a 30 mil veces la Unidad de Medida y Actualización.  

 

En la sesión, también se aprobó con 107 votos, la minuta con proyecto decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en materia de ordenamiento ecológico del territorio nacional. 

 

Este proyecto, turnado al Ejecutivo federal, se establece que las bases para los mecanismos de coordinación, inducción y concertación entre autoridades, incluyan a las instituciones académicas y de investigación, además de los sectores social y privado, así como a personas y grupos sociales, en materia ambiental.  

 

Además, prevé que los programas de ordenamiento ecológico regional y ordenamiento ecológico local contarán con Comités de ordenamiento ecológico territorial, como órganos de participación social, y espacios de concertación, colaboración, transparencia y rendición de cuentas.  

 

En una tercera minuta, aprobada con 106 votos a favor y también turnada al Ejecutivo Federal, se pretende actualizar diversos mecanismos en materia de desarrollo forestal sustentable. 

 

Los cambios avalados por el Pleno, precisan que la Conafor operará los Centros de Educación y Capacitación Forestal para brindar educación técnica media superior alineada a los objetivos de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y con los contenidos necesarios para que los egresados participen en la prestación de servicios técnicos forestales de calidad. 

 

El presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, Raúl Bolaños-Cacho Cué, dijo que el dictamen es resultado de un trabajo intenso, de cooperación y consulta de más de nueve meses. Las reformas, agregó, son de alto impacto y buscan atender las necesidades actuales que demanda el sector forestal. 

 

Por su parte, la senadora Gloria Elizabeth Núñez Sánchez, titular de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, puntualizó que los dictámenes establecen beneficios directos al medio ambiente para las siguientes generaciones.  

 

La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, del PAN, destacó que el país vive una intensa sequía por lo que se debe apresurar la recarga de los mantos acuíferos para retener agua tanto en Nuevo León como en la Ciudad de México.  

 

Alejandra del Carmen León Gastélum, senadora del Grupo Plural, dijo que las modificaciones buscan mejorar la gestión de los recursos forestales y hacer más amplia y democrática la participación de la sociedad en los programas de ordenamiento ecológico. 

Senado aprueba reforma para fortalecer transporte de productos forestales.

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sábado, 19 de febrero de 2022

La Alcaldía Cuauhtémoc denuncia públicamente al Concejal de MORENA, Saúl Doroteo Neri de golpear a Maricarmen “N”, de 28 años de edad, con cinco meses de embarazo y quien trabaja para la Alcaldía, en las inmediaciones del Jardín del Arte ubicado en la Avenida Sullivan, colonia San Rafael de esta demarcación.

Asimismo reporta que aun cuando se le denunció en plena flagrancia y había sido detenido por personal uniformado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Concejal Saúl Doroteo Neri fue puesto en libertad inmediatamente tras una llamada telefónica que realizó en el lugar de los hechos, Dolores Padierna Luna, Delegada del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

 

Los hechos de violencia por parte de concejales y militantes de MORENA quienes realizaban un mitin proselitista en el Jardín del Arte junto con Dolores Padierna Luna, se registraron aproximadamente a las 19:15 horas de este viernes en agravio de personal de la Territorial Atlampa que laboraba, en dicho parque, en actividades de limpieza.

 

Derivado de las agresiones, el personal de la Territorial se replegó sin embargo el Concejal Saúl Doroteo Neri golpeó a Maricarmen “N” y la insultó con palabras altisonantes diciéndole que era “una culera al igual que su Alcaldesa”, una “borrega” una “acarreada”.

 

Resultado de lo anterior, se pidió la intervención de la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sin embargo entre la multitud se encontraba Dolores Padierna Luna, quien tras realizar una llamada telefónica logró la liberación del Concejal a quien protegían los morenistas.

 

Por los actos de violencia suscitados, Maricarmen “N”, con cinco meses de embarazo fue trasladada a un hospital privado para valoración de urgencia.

 

La afectada procederá por la vía legal en contra de la violencia de género de que fue víctima y responsabiliza de lo que le suceda a ella y a su bebe, en las próximas horas, al Concejal Saúl Doroteo Neri, a MORENA y Dolores Padierna Luna.

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC DENUNCIA PÚBLICAMENTE QUE EL CONCEJAL SAÚL DOROTEO NERI GOLPEÓ A UNA MUJER DE CINCO MESES DE EMBARAZO QUE TRABAJA EN LA ALCALDÍA.

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miércoles, 16 de febrero de 2022

Por Carlos de Balzac


A 16 años de la tragedia en la mina Pasta de Conchos, y de acuerdo a un informe de la secretaria del trabajo, en  marzo, inician los trabajos del rescate de cuerpos de mineros en ese histórico lugar  a decir de la titular Luisa María Alcalde, esto en una  reunión con las familias de los 65 mineros víctimas de la explosión , la víspera
Ahí dio a conocer los ejes principales del plan de reparación que consiste en el rescate de cuerpos, indemnización, construcción de un Memorial y dignificación urbana y de vivienda. 
En el encuentro, se preciso que el rescate de cuerpos se iniciará en marzo próximo y se calcula que los trabajos “concluyan en poco más de un año”. 
Por su parte Vicente Arévalo, gerente de estudios de ingeniería civil de Comisión Federal de Electricidad (CFE) explicó que el proceso de rescate se dividió en tres etapas que incluyen la construcción de dos lumbreras que servirán como respiraderos para la obra principal del rescate, cuya profundidad será de aproximadamente 150 metros. 
A la par subrayó que la etapa dos se concentra en la búsqueda y rescate de los restos de los 63 mineros que permanecen atrapados, cuya obra principal consiste en la construcción de rampas y túneles nuevos para acceder a todos los puntos en donde se presume se encuentran los cuerpos. En tanto Jorge Cabrera, coordinador técnico en la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), informó que los trabajos para la construcción del memorial iniciarán en junio, para concluir en agosto de 2022. “El terreno para el memorial lo entregará directamente CFE a Sedatu y el proyecto se encuentra acordado con los deudos”. 
Así las cosas, las  labores de mejoramiento urbano iniciarán en el primer semestre de 2022 y se espera concluirlas este mismo año, pues ya se cuenta con 4 proyectos ejecutivos, consistentes en: 

- Renovación integral de la Plaza Central y entorno urbano en el Centro Histórico de Nueva Rosita , - Renovación del Módulo Deportivo (campo de béisbol), - Renovación del parque lineal a un costado de la estación del ferrocarril ,- Renovación y ampliación del Polideportivo Palaú y construcción del campo de béisbol infantil entre otros compromisos con los familiares de los deudos.

Rescate de caídos de Conchos en Marzo, STPS.

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  • Llama a trazar una ruta, en coordinación con diversas autoridades, para reconocer la autonomía plena de los pueblos originarios 

 

En el foro para conmemorar los 26 años de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, la presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, Xóchitl Gálvez Ruiz, consideró que ya es tiempo de concretar una reforma constitucional que consolide los derechos de los pueblos originarios.   

 

Gálvez Ruiz asentó que es necesario trazar una ruta, para que el Senado de la República deje un legado y se reconozca de manera plena la autonomía de las comunidades indígenas. 

 

“Ojalá pudiéramos sentarnos con el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y trazar un camino para revisar los artículos más importantes como el derecho a la autonomía, a la consulta, el reconocimiento de las lenguas a nivel constitucional; así como la representación política de las comunidades”, expresó. 

 

Al participar en el foro “Los derechos de los Pueblos Indígenas en México. A 26 años de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar”, organizado por las comisiones Bicamaral de Concordia y Pacificación, y para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, la legisladora afirmó que está segura de que todos los Grupos Parlamentarios están listos para votar una reforma constitucional y reconocer plenamente los derechos de los pueblos originarios.  

 

“Actualmente, están los votos para hacer realidad este anhelo, debido a que ya han pasado 21 años de la última reforma constitucional en la materia”, reiteró. 

 

Los tiempos han cambiado, acotó Gálvez Ruiz, y muchos legisladores nos dimos cuenta de que hablar de autonomía y la libre determinación no significa balcanizar al país; “eso quedó en el pasado y lo que debemos hacer es saldar la enorme deuda que tenemos con el reconocimiento de los pueblos indígenas”. 

 

La senadora Sasil de León Villard, del PES, aseveró que, a través de los años, los acuerdos firmados para lograr la igualdad y el reconocimiento de nuestros pueblos originarios, han sido para silenciar los fusiles, las armas y para materializar los anhelos en un mejor país, sin discriminación y con igualdad de oportunidades para todos. 

 

Mencionó que, a 26 años de los Acuerdos de San Andrés, debemos de retomarlos con gran responsabilidad, porque aún tenemos muchas deudas con dichas comunidades, pues a pesar de que hay reformas y se han materializado en papel, en los hechos falta mucho por hacer. 

 

Josefina Bravo Rangel, comisionada para el Diálogo con los Pueblos Indígenas en México, indicó que para dar cumplimiento a los Acuerdos de San Andrés, la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión, integrada por senadores y diputados, elaboró una iniciativa de reforma constitucional, cuyo punto medular fue el derecho a la libre determinación y la autonomía indígena. 

 

Por lo que después de un proceso largo de debates y movilizaciones, en el 2001 se realizó una reforma al artículo segundo constitucional que, si bien reconoció un conjunto de derechos individuales y colectivos, no incorporó las principales demandas y reivindicaciones históricas de las comunidades. 

 

Al evento, realizado en la antigua sede del Senado, en Xicoténcatl 9, asistieron, entre otros, el presidente de la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación del Congreso de la Unión, diputado Alfredo Vázquez Vázquez, la diputada Aleida Álvarez Ruíz, así como académicos, presidentes municipales de Chiapas y Oaxaca, especialistas y representantes de organizaciones civiles. 

El Senado, listo para votar reforma que consolide derechos de comunidades indígenas: Xóchitl Gálvez.

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  • Inician en la Cámara mesas de trabajo para analizar las políticas públicas en la materia 

     

Senadoras y senadores de la República coincidieron en la necesidad de trabajar juntos y dejar de politizar la crisis de seguridad que enfrenta el Estado mexicano para combatir esta problemática, así como revisar la estrategia del Gobierno Federal en la materia para brindar los resultados que la ciudadanía reclama. 

 

Durante la inauguración de las “Jornadas de Reflexión sobre Seguridad”, evento organizado por el Instituto Belisario Domínguez, representantes de las diversas fuerzas políticas que integran la Cámara de Senadores se posicionaron sobre el tema y presentaron propuestas para fortalecer a las instituciones en la materia. 

 

Por Morena, la senadora Imelda Castro Castro aseveró que una de las principales deudas del Estado mexicano con las y los ciudadanos es la de garantizar plenamente la paz y la tranquilidad. En ese sentido, destacó las “acciones contundentes” del Ejecutivo Federal para hacer frente a este reto mediante políticas sociales que buscan erradicar la desigualdad. 

 

Es necesario encontrar entre todos, sin ningún tinte partidista, las soluciones que permitan avanzar en la cruzada por la pacificación del país, así como salvaguardar la integridad y el patrimonio de las y los mexicanos en el clima de violencia generado por el crimen organizado. 

El coordinador de la bancada del PAN, senador Julen Rementería del Puerto, lamentó que este problema se partidice, pues se tendría que aceptar que se trata de un problema de todos, “no de ahora ni de unos. Deberíamos dejar fuera la parte partidista y buscar lo mejor para México”, reiteró. 

 

A juicio de su partido, sostuvo, la estrategia de la administración actual no está bien conformada, pues a tres años de gobierno aún no se define con claridad el objetivo de ésta. “Claramente la estrategia planteada no ha dado los resultados que quisiéramos; tenemos que recomponerla para encontrar la pacificación que demanda el país”, aseveró. 

 

La senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, del PRI, afirmó que cada día se vuelve más urgente el pendiente en materia de seguridad, ya que “no es posible afianzar ningún tipo de bienestar ni garantizar el ejercicio pleno de los derechos y las libertades, si no podemos asegurar un piso mínimo para la contención de la delincuencia”. 

 

En su Grupo Parlamentario, expresó, tienen claro que esta Legislatura tiene una enorme responsabilidad frente a la ciudadanía, la de combatir la crisis en materia de seguridad que atraviesa el país. La legisladora enfatizó que este asunto les compete a todas las instituciones del Estado, por lo que deben buscar los consensos mínimos para hacer frente al problema. 

 

Por Movimiento Ciudadano, su coordinador, el senador Clemente Castañeda Hoeflich, aseguró que, a tres años de su implementación, la estrategia de seguridad pública fracasó, y a la Guardia Nacional se le desvirtuó su naturaleza civil y se convirtió en el cuerpo de seguridad que más quejas recibe por violación de derechos humanos. 

 

Además, denunció que la violencia se recrudeció en diversas entidades del país, ya que la tasa nacional de homicidios por cada 100 mil habitantes aumentó un 70 por ciento en los últimos seis años. “Es urgente cambiar el rumbo de la seguridad pública”, enfatizó el legislador.   

 

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, líder del Grupo Parlamentario del PRD, indicó que México atraviesa por un momento complejo, por lo que se debe replantear la estrategia de seguridad del Ejecutivo, ya que los datos duros demuestran que no funciona a cabalidad. 

 

Señaló que 85 por ciento de los delitos que se cometen en este país son del fuero común; sin embargo, sólo se habla de la Guardia Nacional, la cual tiene tareas en materia Federal. Por ello, el legislador urgió a establecer un programa para el fortalecimiento de los cuerpos policiales estatales y municipales. 

 

La senadora Nancy de la Sierra Arámburo, del Grupo Plural, dijo estar desilusionada, ya que se hizo un gran trabajo para crear una Guardia Nacional con estricto carácter civil y ahora ejerce funciones militares que nada tienen que ver con la seguridad pública, lo cual está desapegado al marco constitucional. 

Antes de aprobar cualquier reforma sobre esta institución, agregó, es imprescindible contar con un diagnóstico exhaustivo sobre su desempeño para tomar una ruta adecuada.  

 

“Creemos firmemente en el derecho a la reinserción social, en la justicia transformativa y en una política de seguridad que sirva como un proyecto de Estado y no como un proyecto político que favorezca intereses privados”, asentó la senadora. 

 

Las “Jornadas de Reflexión sobre Seguridad” consta de nueve mesas de trabajo divididas en tres días: hoy, con el tema “Diagnóstico y Desafíos de la Seguridad en México”; el 23 de febrero se abordará la “Situación y el Enfoque de las Políticas Públicas en Materia de Seguridad”; y el 6 de marzo “Modelos Institucionales para la Atención de los Desafíos de Seguridad en México”. 

Senadoras y senadores urgen atender, sin tintes partidistas, la crisis de seguridad.

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A seis días de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México diera a conocer, a través de los medios de comunicación masiva, que abrió una carpeta de investigación en contra de la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc por el delito de privación de la libertad, abuso de autoridad, robo y lo que resulte, se informa que hasta el momento la funcionaria y su abogado no han podido acceder a dicha carpeta de investigación, toda vez que no se le ha hecho formalmente de su conocimiento el contenido de la misma.

A seis días de anunciado el inicio de la investigación, lo único que se conoce es lo publicado en los diversos medios de comunicación masiva tradicionales (prensa, radio y televisión) y alternativos.

 

La existencia de una carpeta de investigación ha sido de dominio público pero a través de conferencias de prensa ofrecidas por Ulises Lara López, Coordinador General de Asesores y Vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; Omar Hamid García Harfuch, Secretario de Seguridad Ciudadana así como de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; además de las entrevistas, de los “denunciantes”, concedidas en medios impresos, radiofónicos y televisivos.

 

Por lo antes citado, se reitera que hasta no informarse de los autos que integran la carpeta de investigación, la titular de la Alcaldía Cuauhtémoc seguirá enfocada en su trabajo de gobierno, hace constancia de que se está violando el debido proceso y exhorta a que se garantice el respeto a la presunción de inocencia.

TITULAR DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC SIN ACCESO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN SU CONTRA.

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jueves, 3 de febrero de 2022

La Alcaldesa Sandra Cuevas dio a conocer que la Alcaldía Cuauhtémoc obtuvo, este 1 de febrero de 2022, la suspensión solicitada contra el acuerdo que obliga a las alcaldías a balizar sus unidades de policía como lo establezca la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México.

Sandra Cuevas aseguró que ahora los vecinos y vecinas de la Cuauhtémoc podrán identificar las unidades de la policía de proximidad pues tendrán identidad institucional, la cual es pagada por el gobierno de la Alcaldía Cuauhtémoc con el objetivo de brindarle seguridad y tranquilidad a los que habitan en esta demarcación.

 

Con esta acción se avanza en el fortalecimiento de la seguridad a favor de los más de 550 mil habitantes y más de 6 millones de visitantes diarios que recibe la demarcación, aseguró la Alcaldesa Sandra Cuevas.

 

Insistió en que está suspensión permite que la Dirección General de Seguridad Ciudadana y la Dirección General de Administración de la Alcaldía Cuauhtémoc, procedan al balizamiento de sus unidades automotores, bajo la identidad institucional de la presente administración.

 

La medida suspensional surtirá efectos de inmediato y sin necesidad de otorgar garantía alguna, sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse derivado de algún hecho superveniente.


Lo anterior consta en el Incidente de Suspensión de la Controversia Constitucional 4/2022, donde se concede la suspensión solicitada por la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, para que no se ejecuten los puntos segundo, quinto al noveno, así como cuarto y quinto transitorios del acuerdo administrativo 64/2021 impugnado, publicado en Gaceta Oficial de la entidad, el dieciocho de noviembre de 2021, conforme a lo señalado en esta resolución hasta en tanto se resuelva el fondo jurídico del asunto.

SANDRA CUEVAS ANUNCIA PATRULLAS CON IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC.

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miércoles, 2 de febrero de 2022

 

Elementos de Policía Auxiliar adscritos a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de la Alcaldía Cuauhtémoc, a cargo del Comandante José Francisco Delgadillo Cadena, colaboraron con la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en la realización de una Diligencia de Cateo, esto en la colonia Morelos por delitos contra la salud en su modalidad de Narcomenudeo.

 

Dicho acto de Investigación tuvo lugar en calle de Mineros número 23 interior 01 colonia Morelos, lado de la Alcaldía Venustiano Carranza, relacionado a la carpeta de investigación CI/FICUH/CUH-I-1 C/D/ 05687/12-2021, carpeta judicial 012/2865/2021-0C por delitos contra la salud en su modalidad de Narcomenudeo.

 

Derivado de lo anterior se aseguraron un aproximado de 60 paquetes con vegetal verde seco con las características de la marihuana y la casa marcada con el número 23 interior 01 de la calle de Mineros, por personal de PDI.

 

El apoyo de la Alcaldía Cuauhtémoc fue otorgado por medio de Policía Auxiliar la cual estuvo cargo del Policía 521772, José Héctor Sánchez Ovando, indicativo Cortes Delta II para el corte de circulación en las calles de la colonia antes mencionada.


Por la Policía de Investigación estuvo a cargo el Comandante Gustavo Luna González, con 20 de personal en 10 unidades; el grupo GERI con el Comandante, José de Jesús Castelán Silva, con 9 de personal, en una unidad.

 

Por parte de Asuntos Internos, como Jefe de Grupo estuvo Juan Carlos Ruiz Tapia, con 5 de personal en 2 unidades; por Sedena, el Teniente de Infantería, Jesús Leonardo Santiago, con 19 de tropa en dos camionetas.

 

Asimismo participó por parte del Ministerio Público, Edgar Camacho Tufiño y Epifanío López Rivera y de la Coordinación CUH 5 estuvieron como peritos en criminalista, Salazar Barrera Martín.

DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA ALCALDÍA CUAUHTÉMOC COLABORA EN CATEO CON LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA FGJCDMX.

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  • El proyecto incluye cursos de sensibilización, dirigidos a servidores públicos, personal administrativo y evitar estereotipos de género en centros educativos 

     

Con 101 votos a favor, el Pleno del Senado de la República aprobó un proyecto para garantizar a niñas, niños y adolescentes servicios educativos en condiciones óptimas y libres de violencia.  

 

Además, propone que se pongan en marcha cursos de sensibilización, dirigidos a servidores públicos, personal administrativo y docentes, sobre igualdad de género, así como para prevenir y atender los diferentes tipos de violencia.  

 

La reforma al artículo 57 y 59 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, también busca evitar la reproducción de “roles estereotipados de género” e impulsar la igualdad sustantiva.   


En el dictamen, que fue enviado al Ejecutivo Federal, las y los senadores destacaron que la educación desempeña un papel decisivo en la emancipación de la mujer, la protección de los niños contra la explotación laboral, para combatir el trabajo peligroso y la explotación sexual, promover los derechos humanos y la democracia, así como para la protección del medio ambiente y el control del crecimiento demográfico. 

 

En México, asentaron, las escuelas con peores condiciones se encuentran en comunidades indígenas, donde los maestros de esos planteles reciben menos apoyo que el resto del magisterio. 

 

La senadora Josefina Vázquez Mota, del PAN, explicó que, durante la pandemia, muchas instalaciones educativas sufrieron destrozos y no tuvieron el adecuado mantenimiento; por ello, llamó a que se restituyan, de la mejor manera, las condiciones óptimas de infraestructura para todo el sistema escolar. 

El Senado también avaló, por unanimidad, la minuta que reforma la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes para que, en la educación de los menores, se inculque la adopción de estilos de vida sustentables y se les concientice sobre las causas-efectos del cambio climático. 

 

La reforma, turnada al Ejecutivo Federal, pretende crear conciencia sobre el problema que representa el cambio climático en las nuevas generaciones.  

 

Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, advirtió que se dio por sentado que los recursos naturales estaban garantizados de por vida, pero hoy debemos ayudar a construir valores para el cuidado y salvaguarda de los ecosistemas. 

 

Actualmente, advirtió, más de dos mil 500 especies se encuentran en riesgo de extinción por la degradación de los ecosistemas, 70 por ciento de bosques están fragmentados y 10 veces más personas migran por desastres naturales que por violencia generada por el crimen organizado, entre otros factores asociados al clima y sus efectos con la población. 

 

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Manuel Añorve Baños, agregó que, de acuerdo con la UNICEF, las y los niños y mujeres representarán el 65 por ciento de las personas que en los próximos años sufrirán las consecuencias de los desastres relacionados con el cambio climático.  

 

La senadora Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano, reconoció que es fundamental involucrar a los menores en torno a la problemática del medio ambiente y hacerlos corresponsables de las soluciones. 

 

Finalmente, la senadora de Acción Nacional, Xóchitl Gálvez Ruiz, calificó como un acierto la reforma, aunque cuestionó cómo se traducirá en políticas públicas pues es necesario precisar los mecanismos con que se contará para su implementación.  

Aprueba Senado reforma que garantiza servicios educativos libres de violencia.

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  • Establece este mecanismo para solucionar conflictos derivados de la convivencia comunitaria.

 

El Pleno del Senado de la República aprobó, por unanimidad, el proyecto de decreto por el que se incluye la mediación en las tareas de proximidad social de las instituciones policiales, como un procedimiento voluntario para solucionar pacíficamente conflictos relacionados con la convivencia comunitaria, que no constituyan delitos. 

 

La reforma a la fracción III del artículo 75 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que fue aprobada con 94 votos en favor, establece como objetivos de la mediación el transmitir confianza, tranquilidad y paz, pues representa una herramienta de prevención que favorece la democracia participativa. 

 

Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Lucía Trasviña Waldenrath, aseveró que la medicación es una herramienta de prevención que permitirá inhibir conductas antisociales. Además, celebró que este proyecto sea congruente con el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

El senador Emilio Álvarez Icaza Longoria aseguró que incluir la mediación como herramienta en la proximidad ciudadana dentro el trabajo policial, es un acierto, pero es importante incluirla en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que los indicadores en materia de seguridad en el país no han tenido una mejora significativa. 

 

La senadora Indira de Jesús Rosales San Román, del PAN, precisó que con estos cambios se fortalece el acceso a la justicia para solucionar pacíficamente conflictos que no constituyen delitos. Al mismo tiempo, señaló que se brinda mayor seguridad jurídica a los ciudadanos y se garantiza una aplicación óptima de justicia en el país. 

 

En tribuna, el senador de Movimiento Ciudadano, Luis David Ortíz Salinas, expresó que la iniciativa establece a la mediación dentro de las tareas de proximidad social, como una herramienta para la trasformación cultural que permita lograr la paz en todos los ámbitos, pero, señaló, esto sólo se establece en un artículo, lo que hace necesario impulsar una agenda que permita establecer las bases legislativas para dicha figura. 

 

El proyecto de decreto fue turnado al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. 

Avalan proyecto para incluir mediación en tareas de proximidad social de la policía.

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  • Sánchez Cordero anunció que presentará una reforma para fortalecer fiscalías y procuradurías estatales 

 

 

En la sesión de este martes, senadoras y senadores de las diferentes fuerzas políticas externaron sus puntos de vista en torno a la conclusión de los trabajos de la Comisión Especial para Determinar la Existencia de Abusos de Autoridad y Violaciones al Estado de Derecho en Veracruz.  

 

En el debate participó la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero, quien adelantó que propondrá una reforma constitucional para fortalecer a las fiscalías y procuradurías del país, ya que existe un reclamo generalizado en todos los estados del país, por la “debilidad y falta de eficacia” de estos órganos. 

 

Sánchez Cordero dijo que el tipo penal de “ultrajes a la autoridad” está en proceso de derogarse en el Congreso de ese estado; en mi opinión, indicó, “es una tipificación que sí es inconstitucional”. 

 

El senador Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, dijo que en Veracruz hay una Fiscalía General subordinada, un Poder Judicial local “con jueces de consiga” y un Poder Legislativo estatal que aprueba delitos, es decir, “se le da un manto de protección a un gobernador que violenta el Estado de Derecho y los derechos humanos”. 

 

Del mismo Grupo Parlamentario, la senadora Verónica Delgadillo García expresó que José Manuel del Río Virgen es víctima y preso político del gobernador de Veracruz, quien, aseguró, hace uso faccioso de las instituciones para someter a todo aquel que piensa diferente. 

 

La senadora de Morena, Martha Lucía Micher Camarena, destacó que la Comisión Especial no tenía legalidad, ya que no había sido aprobada por el Pleno; y respecto a la detención de José Manuel del Río Virgen, asentó que es necesario esperar a que el proceso lleve su cauce con apego a derecho. 

 

De la misma fracción, el senador César Cravioto Romero señaló que Acción Nacional y Movimiento Ciudadano tienen intereses particulares en Veracruz, pero no muestran preocupación por Jalisco, “entidad con indicios de un narco gobierno”, o Guanajuato y Tamaulipas, estados donde gobiernan dichos partidos y en los que se “presumen la violación a los derechos humanos”. 

 

En su oportunidad, el senador del PAN, Julen Rementería del Puerto, advirtió que el gobierno de Veracruz socava los intereses y derechos humanos de las personas de ese estado, por eso, aseveró, la Comisión Especial sólo buscaba averiguar lo que sucede en esa entidad, “pero la lealtad al Presidente atropella los intereses de los veracruzanos y del Estado de Derecho”.  

 

Su compañera de bancada, Indira Rosales San Román, destacó que no se trata de repartir, sino de asumir responsabilidades. La Comisión, dijo, buscaba visibilizar los atropellos que suceden en Veracruz, no sólo los de Del Río Virgen o Tito Delfín, sino de cualquier ciudadano que está en la cárcel por manifestarse o por estar en el lugar equivocado.  

 

Por el Grupo Parlamentario del PRI, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín señaló que al secretario técnico de la Junta de Coordinación Política se le imputan delitos sin pruebas, “y eso es extraordinariamente grave para la política”, y planteó la posibilidad de crear una comisión que este encaminada a atender las quejas de las personas en todos los estados del país. 

 

La senadora Beatriz Paredes Rangel, del mismo Grupo Parlamentario, agregó que el proceso de la Comisión Especial fue legal, pero incompleto, pues, aseguró que se cumplió con lo que señala el Reglamento interno, pero el paso para presentarla ante el Pleno no sucedió, por un hecho político, pero no por uno jurídico, pues el Grupo Parlamentario que tiene la mayoría en el Senado no coincidió en su funcionalidad. 

 

En su oportunidad, el senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD, indicó que la conformación de la Comisión Especial y sus trabajos se realizaron con toda validez. Además, agregó que es necesario hacer una revisión tanto del artículo 331, como del artículo 371 del Código Penal de Veracruz, a efecto de derogar “el delito de ultrajes a la autoridad y las disposiciones espejo” que contiene dicha legislación. 


Del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza Longoria aseguró que en el caso de Del Río Virgen existen elementos de una detención arbitraria y planteó la conformación de una comisión especial para investigar los abusos de poder, no sólo en Veracruz, porque en el Senado “no estamos para ver quien viola más o quien viola menos, se trata de combatir la impunidad y los excesos”. 

Debaten senadores en torno a conclusión de trabajos de la Comisión Especial sobre Veracruz.

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