Llaman desde el Senado a reforzar protección a denunciantes de actos de corrupción

• Se debe dar seguridad contra prácticas de intimidación, acoso, aislamiento y estigmatización en el trabajo, coinciden especialistas y senadoras  
  
   
  
  
  
  La corrupción profundiza las desigualdades sociales y económicas, genera fuga de inversiones, debilita a las instituciones de control reduciendo la transparencia y la rendición de cuentas, al tiempo que agrava la pobreza, perjudica e inhibe el crecimiento económico, aseguró la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero.   
  
  
  En la inauguración del Foro virtual “Protección a denunciantes de actos de corrupción”, la legisladora de Morena reconoció la necesidad de contar en nuestro país con una ley de protección de personas alertadoras o denunciantes de corrupción, con características específicas, a fin de fortalecer el sistema con que cuenta la Secretaría de la Función Pública. 
  
  
  Sánchez Cordero hizo un llamado a sus compañeros senadores para que a la brevedad se procese la iniciativa de la senadora Imelda Castro Castro y diversos legisladores y legisladoras de Morena, que tiene como objetivo crear la Ley de Protección de Personas Alertadoras y Denunciantes de Hechos de Corrupción.  
  
    
  Así como la que presentó el senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, para expedir la Ley General de Protección a Testigos y Personas Denunciantes de actos de corrupción y reformas a los artículos 64 y 91 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 
  
   
  Aceptó que el tema de la lucha contra la corrupción y la protección de quienes denuncian estos actos es un desafío y una prioridad que debe estar regulada, soportada, respaldada, actualizada y fortalecida por las mejores prácticas nacionales e internacionales que permitan al alertador o denunciante, actuar sin miedo a perder su trabajo, a sufrir represalias de todo tipo para él o su familia. 
  
   
  Las senadoras Imelda Castro Castro y Gina Andrea Cruz Blackledge, de Morena y de PAN, respectivamente, coincidieron, en que este tipo de foros resultan indispensables y útiles para los legisladores y legisladoras, porque les permiten conocer de los expertos propuestas que contribuirán a su trabajo para la creación de una legislación óptima que proteja a los denunciantes de actos de corrupción. 
  
   
  Por su parte, la senadora Minerva Hernández Ramos, del PAN, dijo que uno de los aspectos que se deben revisar en México, es si dentro de las medidas que se establecen en nuestro marco jurídico para proteger a los denunciantes de corrupción, están considerados a      adecuada y plenamente las relativas a la confidencialidad, la no represalia, la compensación del apoyo psicológico y emocional. 
  
   
  Jacobo Pastor García Villanueva, especialista en Políticas de Integridad y Compras Públicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, explicó que la protección a denunciantes es aquella que se otorga de manera legal contra acciones discriminatorias o disciplinarias para empleados que denuncian a las autoridades competentes por irregularidades de cualquier tipo en el contexto laboral.  
  
   
  Los funcionarios, dijo, pueden ser los primeros en darse cuenta cuando suceden irregularidades en sus instituciones, pero pueden guardarse esa denuncia por miedo a represalias, por ello, se debe cuidar la seguridad laboral del denunciante para evitar tratos de intimidación, acoso, aislamiento, estigmatización, o que se les incluya en “listas negras” para que después no sea considerados para otros puestos. 
  
   
  
  Agregó que la anonimidad puede motivar denuncias, pero también puede generar que estas no sean efectivas por contar con poca información o dificultar el seguimiento. En países como Australia y Corea, expuso, existen sanciones para quienes transgredan la confidencialidad de los denunciantes. 
  
   
  Por su parte, Alejandra Tadeu, de la división de Anticorrupción de la OCDE, enfatizó que se debe contar con autoridades competentes para recibir las denuncias e investigarlas, que cuenten con el presupuesto y la capacitación adecuada; además de crear conciencia en las instituciones sobre este tipo de acciones, aunado a revisiones periódicas de los marcos legales.