La Marina involucrada en el caso Ayotiznapa, GEI.

Por Carlos de Balzac.

De acuerdo al reciente informe de expertos adheridos al grupo GEI, nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), elementos de la Marina estuvieron involucrados en el caso Ayotzinapa, como es la  manipulación y ocultamiento de pruebas en la investigación posterior a la desaparición de los 43 normalistas de la escuela de Iguala ,  Guerrero , así como en la construcción de la "verdad histórica" del pasado sexenio encabezado por Enrique Peña Nieto la cual obviamente  resultó ser falsa, este lunes.

Vale detallar que según su versión que se basa en documentos y vídeos de militares y de inteligencia que estuvieron " olvidados " durante los seis anos anteriores, aunque el  acceso a algunos registros fue bloqueado en ocasiones, finalmente fueron proporcionados gracias a la intervención directa del mandatario Manuel López Obrador, como una exigencia dentro de sus 100 compromisos al asumir el poder. Vale precisar que los marinos operaron el basurero donde el anterior gobierno federal, señalo que los estudiantes habían sido incinerados horas antes de que el lugar fuera acordonado y sin que esas actividades quedaran registradas en el expediente del caso. A la par dicen, se suman algunas investigaciones que el propio ejercito nacional llevo a cabo y no compartió. Por lo que al momentos de los hechos registrados en la masacre de Iguala, conoció mensajes de la delincuencia organizada sobre el destino de los 43 jóvenes estudiantes que afirman pudieron ser importantes para dar con su paradero. 

Sin embargo, el informe no aclara el paradero de los estudiantes ni el móvil del brutal ataque. Sólo tres de los 43 alumnos han sido identificados a partir de huesos calcinados hallados en distintos lugares. Así las cosas, vale recordar que el pasado 26 de  septiembre de 2014 policías de Iguala, en el estado de Guerrero, capturaron a un grupo de estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa con la participación de otras corporaciones de seguridad y delincuentes. Pero que según la versión de la PGR, los jóvenes fueron entregados al crimen organizado, que los asesinó, incineró los 43 cuerpos en un basurero de un municipio vecino -Cocula- y tiró los restos a un río cercano. Los dos primeros informes del grupo de expertos y la actual fiscalía ya habían dicho que la versión de una gran cremación en el basurero no era real y que hubo un montaje en el hallazgo en el río en 2014 del hueso de uno de los jóvenes. 

Ahora el nuevo informe señala que hubo dos investigaciones paralelas, la oficial y otra de un grupo de crisis que no compartían datos, y que la llamada “verdad histórica” del gobierno de Peña Nieto fue una gran operación dirigida por una “autoridad superior” —que no se detalla— en la que participaron “múltiples actores”, desde la policía de Guerrero, a la federal, el Ejército, la Marina, los servicios de inteligencia y diversas agencias de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Uno de los escenarios clave fue el basurero de Cocula donde el 27 de octubre de 2014 la PGR anunció que fueron quemados los 43 alumnos en una gran hoguera.

Los expertos mostraron vídeos de un dron entregados por la Secretaría de Marina donde la mañana del día del anuncio y casi seis horas antes de que se resguardara el lugar, marinos sacaron tres bultos de un vehículo —cuyo contenido se desconoce— e hicieron un fuego que pronto quedó apagado. Luego se ve a personas agarrar y tirar cosas en la parte más profunda de la hondonada. La Marina no explicó a los expertos el objetivo de esta actividad.  Las imágenes aéreas fueron cotejadas con documentos militares por lo que el grupo de la CIDH aseguró hay certeza de que quienes estaban allí eran miembros de la Marina y de la PGR. En el vídeo también se ve un helicóptero que sobrevuela a baja altura y levanta una gran polvareda sobre donde teóricamente estaban todas las pruebas. Luego llegó el entonces procurador Jesús Murillo Karam y horas más tarde el equipo de peritos argentinos que representa a los padres de los estudiantes. Fue entonces cuando se acordonó la zona. Dos semanas antes el ejército había dicho que en ese lugar no había nada. El informe presenta también nuevas evidencias de vacíos de información en momentos clave aunque había un seguimiento de años de los alumnos de Ayotzinapa y de los delincuentes de la zona. 

Confirma que se crearon documentos falsos para “legalizar” irregularidades y detalla, por ejemplo, que la llamada anónima que llevó a la captura de quienes después confesaron haber asesinado y cremado a los jóvenes nunca existió. La existencia de tortura, corroborada por la CIDH y la ONU, llevó a la justicia mexicana a anular muchas pruebas. Ahora el grupo tuvo acceso a 60 vídeos de interrogatorios a 50 detenidos realizados no sólo en instalaciones de la PGR sino también de la Marina, que confirman que fue una práctica sistemática.