El senador José Ramón Enríquez Herrera presentó una iniciativa para la regularización jurídica de estos inmuebles
Ante el grave panorama que representan los cinco millones de casas abandonadas en México, que reporta el INEGI, el senador José Ramón Enríquez Herrera presentó una iniciativa para rehabilitar y aprovechar los inmuebles que se encuentran en esa condición.
El legislador del Grupo Parlamentario de Morena propuso que en la Ley de Vivienda se incluyan programas de asesoría y acompañamiento para la regularización jurídica de las casas abandonadas.
Dijo que el desuso y abandono de viviendas de interés social se debe a múltiples causas, como la falta de estrategias adecuadas para el desarrollo urbano ordenado, la carencia de servicios públicos y empleos, o el desinterés de los dueños para habitarlas.
Pero también existen otros factores cuando los beneficiarios no tienen posibilidad de pagar el crédito, la calidad de la casa es inadecuada, se corre un riesgo por desastres naturales o la vivienda se ubica en un entorno de inseguridad.
Se calcula que para 2030, al menos 75 por ciento de nuestra población habitará en ciudades y sus zonas metropolitanas, “por lo que hoy más que nunca se requiere de nuevas viviendas, con suelo apto, infraestructura y servicios básicos para la población”, afirmó Enríquez Herrera.
Además, dada la importancia que ha tomado en los últimos años el abandono, ocupación y desalojo de la vivienda, es necesario brindar herramientas jurídicas y legales que impliquen una mayor participación gubernamental.
Enríquez Herrera consideró que se requieren alternativas de rescate para los derechohabientes que, por algún motivo, tuvieron que abandonar su casa, y buscan un proceso de regularización jurídica para poder recuperarla.
El senador hizo énfasis en que existe una gran inversión en complejos habitacionales que han sido abandonados y que, con la voluntad y estrategias adecuadas, podrían convertirse en el hogar de millones de familias.
Incluso, en el caso de viviendas ocupadas, más allá de enfrentamientos con grupos civiles, son necesarias estrategias que contribuyan a conciliar entre los diferentes actores interesados, posibilitando opciones para cada sector.
La iniciativa, que busca reformar el artículo 6 de la Ley de Vivienda, fue turnada a las comisiones unidas de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda, y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.
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