- El Pleno determinó que tres empresas y una persona física realizaron prácticas monopólicas absolutas al manipular procedimientos de contratación de servicios de monitoreo de medios de diversas autoridades públicas; adicionalmente, fincó responsabilidad a cuatro personas físicas que actuaron en representación de las empresas infractoras. Las multas suman más de 7 millones de pesos.
- Los agentes económicos acordaron manipular los precios ofertados en las investigaciones de mercado y/o en las propuestas económicas conducidas por las convocantes; asimismo, coordinaron posturas y/o su abstención en procesos de contratación pública de invitación a cuando menos tres personas.
- La Comisión observó elementos que podrían hacer suponer la existencia de malas prácticas administrativas, por lo que remitió la versión pública de la resolución a la Secretaría de la Función Pública y a los titulares de las dependencias afectadas.
El Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE o
Comisión) determinó que las empresas Delfos Comunicación, Mercado y
Prospectiva, S.C. (Delfos); Especialistas en Medios, S.A. de C.V.
(Especialistas en Medios) y SVS Internacional de México,
S.A. de C.V (SVS), así como Emilio Otero Cruz, y otras cuatro personas físicas que participaron
en representación de algunas de estas empresas, cometieron prácticas monopólicas absolutas en el
mercado de los servicios de seguimiento y/o monitoreo tematizado de
información difundida en medios de comunicación y de servicios derivados
como recopilación, organización, sistematización, análisis, reporte y
difusión, contratados por autoridades públicas.
El
Pleno acreditó, bajo el expediente IO-006-2015, que Especialistas en
Medios, Delfos, SVS, Emilio Otero, así como las personas físicas que
actuaron
en representación de dichas empresas, manipularon los precios de las
propuestas económicas y las cotizaciones en investigaciones de mercado
llevadas a cabo por diversas dependencias públicas. Aunado a ello,
los mismos agentes económicos coordinaron posturas y/o la abstención de
propuestas técnicas y/o económicas en procedimientos de invitación a
cuando menos tres personas.
Las
prácticas referidas, que ocurrieron entre 2012 y 2016, tenían como
propósito que Especialistas en Medios resultara favorecido con
la adjudicación de los contratos de servicios de monitoreo. En este
sentido, se acreditó que esta empresa, así como las personas que
actuaron en su representación, coordinaban las propuestas técnicas y/o
económicas, así como las cotizaciones que sus competidores
debían firmar y presentar a las autoridades convocantes. El beneficio
para los agentes que ayudaban a Especialistas era que los subcontrataba o
les asignaba un servicio relacionado.
Lo
anterior implicó arreglos anticompetitivos en al menos 24
procedimientos de contratación realizados por las siguientes
autoridades:
Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Instituto Nacional de Antropología e Historia,
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas,
Comisión Federal de Electricidad, Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes, Secretaría de Cultura, el entonces Instituto Federal de Acceso a
la Información, Secretaría de Educación Pública,
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, Secretaría de Economía, Presidencia de la
República, Auditoría Superior de la Federación, Procuraduría Federal del
Consumidor y Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario,
Rural, Forestal y Pesquero.
Las
conductas fueron graves, pues impidieron que las autoridades
convocantes obtuvieran las mejores condiciones de contratación en cuanto
a precio y calidad. Se estima que el precio adjudicado a Especialistas
en Medios tuvo, por consecuencia de la colusión, un 14.5% de sobreprecio
en promedio, lo cual causó un daño estimado en 3 millones 144 mil 865
pesos, recursos
públicos que pudieron haberse asignado a cubrir otras necesidades.
Por
lo anterior, el Pleno de la Comisión sancionó a los participantes de la
colusión – tres empresas y 5 personas físicas – con multas
que en conjunto ascienden a 7 millones 255 mil 121 pesos. Además,
ordenó entregar la versión pública de la resolución a la Secretaría de
la
Función Pública y a los titulares de las dependencias públicas que
resultaron afectadas por las prácticas, para los efectos legales a que
haya lugar.
Una
vez que se ha notificado a las partes, la Ley otorga el derecho a los
agentes económicos sancionados de acudir al Poder Judicial
de la Federación para que sea revisada la legalidad de la actuación de
la COFECE.
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