Piden a Congreso de Nuevo León considerar delito grave uso de programas sociales con fines electorales.

• Comisión Permanente también llama al Poder Legislativo de Baja California a que designe a la o el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
  
  
   

El pleno de la Comisión Permanente aprobó un dictamen por el que solicita al Congreso de Nuevo León que realice, a la brevedad, las adecuaciones normativas correspondientes a su legislación local, a fin de incorporar el uso de programas sociales con fines electorales al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, de conformidad con el artículo 19 de la Constitución.  

 

A favor de la propuesta, el senador de Acción Nacional, Víctor Oswaldo Fuentes Solís, urgió al Congreso nuevoleonense a regular el delito de desvío de recursos públicos con propósitos electorales.  

 

En contra del exhorto, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria pidió a los gobiernos hacer pública la información sobre detenidos bajo esta figura, pues solo 21 de las 32 entidades federativas han presentado datos sobre la prisión preventiva oficiosa.  

 

En este sentido, expuso que son 130 mil personas las detenidas bajo esta figura, pero que desafortunadamente no están sentenciados, por lo que aseguró que se hace uso indebido y excesivo de este instrumento.  

 

Por otra parte, las y los senadores y diputados integrantes de la Comisión Permanente, exhortaron al Poder Legislativo de Baja California para que se realicen las acciones y mecanismos necesarios, con el propósito de designar a la persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en ese estado. 

 

Lo anterior, precisa el resolutivo del dictamen avalado, en atención a lo establecido en el artículo 27 fracción XL VI de la Constitución de dicha entidad. 

 

Al respecto, el diputado Juan Bertín Sandoval, del PT, aseguró que la sociedad está cansada de los malos políticos que se benefician a costa del erario y que usan el poder para representar sus intereses personales, con lo que se aumenta la desigualdad del pueblo de México. Por ello, demandó instituciones fortalecidas en las que el poder sirva para el pueblo y no para servirse de él.  

 

El dictamen, agregó, es un paso importante para garantizar que los servidores públicos se apeguen a los principios de no robar, no mentir y no traicionar, pues para eso las y los ciudadanos les dieron su confianza. 

 

En otro resolutivo, se prevé que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (INPI), revise y adecúe sus portales de consulta “MARCia” y de búsqueda fonética “MARCANET”, con el propósito de que cumplan con las obligaciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados o en cualquier otro ordenamiento en materia de protección de datos personales. 

 

La Comisión Permanente también pidió al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales que garantice que, en los portales antes mencionados, el INPI cumpla con las obligaciones en las leyes correspondientes o en cualquier otro ordenamiento en la materia. 

 

La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos, del PAN, sostuvo que este dictamen defiende los derechos de las personas que ven comprometidos sus datos personales, seguridad y tranquilidad, por personas que engañan, extorsionan y amenazan, a través de llamadas telefónicas.  

 

Señaló que “MARCANET” y “MARCia” son de fácil acceso para suplantadores de identidad, profesionales de la amenaza telefónica, por lo que es urgente limitar la cantidad de datos personales de usuarios de estas plataformas. 

 

Afirmó que el registro de los derechos de la propiedad industrial que es público, no debe ser interpretado como oportunidad para divulgar masivamente información, incurriendo en violaciones graves a las leyes que protegen datos personales o facilitando la extorsión telefónica, delito que ha aumentado en el país.