- Los representantes de estos pueblos originarios piden preservar la historia y cultura de estas comunidades
Aunque los proyectos de infraestructura en México son considerados como el “motor” del crecimiento, desarrollo y bienestar del país, no se puede pasar por alto a la gente cuyo entorno se ve afectado por estas obras, particularmente a las comunidades indígenas y afrodescendientes, sostuvo el senador Raúl Bolaños-Cacho Cué.
El legislador del PVEM afirmó que, si bien se han implementado en los últimos años consultas públicas, previas al desarrollo de proyectos, para conocer todas las voces de la sociedad, éstas no son obligatorias y en algunos ejercicios de transparencia se “obvian” a estos sectores, que reiteradamente han expresado su deseo de opinar respecto a los planes que se vayan a implementar en sus territorios.
Ante este vacío legal, Bolaños-Cacho presentó en la Comisión Permanente una iniciativa para reformar la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a fin de incluir, en el artículo 34, la obligación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de implementar una consulta pública a comunidades, pueblos indígenas y afrodescendientes, previo a que se implementen proyectos de infraestructura en las áreas y lugares donde habitan.
Destacó que en México habitan más de 23 millones de personas que se identifican como indígenas o afrodescendientes, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía; de esa cantidad, más de 50 por ciento coincide en que la discriminación que padecen debe ser reconocida como un problema social y que merece una respuesta puntual.
La iniciativa, turnada para su análisis a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, busca garantizar y promover el respeto a los derechos de estos grupos sociales, como el derecho a la no discriminación, a la cultura, a la historia y, no menos importante, a la libre determinación.
Así, por ejemplo, los grupos indígenas y afrodescendientes podrán conocer los efectos laterales de un proyecto de infraestructura, como el impacto ambiental, desequilibrio ecológico o daño a la salud pública, además de información y aspectos técnicos que les sean relevantes para tomar una decisión.
El senador también precisó que con su propuesta se fortalece el cumplimiento de los acuerdos internacionales que México ha adoptado, entre ellos el objetivo número 10 de la Agenda 2030, relativo a la disminución de la desigualdad.
“En el Partido Verde reconocemos que las consultas son un acto de justicia, un paso crucial para el desarrollo de la democracia y la inclusión, por lo que al integrar la perspectiva de estas comunidades se promueve una visión integral que contribuye al respeto de los pueblos originarios”, concluyó Bolaños-Cacho.
El Gobierno de Jalisco a través de la Comisión Estatal Indígena del Estado y en coordinación con la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH) y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), llevaron a cabo la presentación de la “Relatoría del taller herramientas para combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género con perspectiva intercultural”, un trabajo realizado por las instancias ante smencionadas, con el objetivo visibilizar el papel y el compromiso político de las mujeres lideresas como defensoras de sus orígenes identitarios en los distintos ámbitos.
Este evento, se realizó en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, el cual, fue proclamado por la ONU el día 21 de marzo.
La presentación de los resultados del ejercicio de participación conjunta, estuvo a cargo de Isaura García Hernández, Directora General de la Comisión Estatal Indígena, Paola Lazo Corvera, Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Paula Ramírez Höhne, Consejera Presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco y Fabiola Loya Hernández, Subsecretaria de Derechos Humanos.
La Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Paola Lazo Corvera, destacó que es en la diversidad e interseccionalidad que caracteriza a las mujeres, la forma en la que se pueden construir acciones enfocadas a contrarrestar las violencias por razón de género.
Por su parte, Paula Ramírez Höhne, Consejera Presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco resaltó que las últimas reformas electorales representan una regresión que afecta a las mujeres en la toma de decisiones de las mujeres y los grupos históricamente vulnerados; sin embargo, añadió que las acciones presentadas en el Taller con mujeres lideresas refuerzan la participación política de las mujeres.
A su vez, Fabiola Loya Hernández, Subsecretaria de Derechos Humanos, reconoció el trabajo que desde la Comisión Estatal Indígena se ha llevado a cabo para revitalizar la política indígena con una perspectiva de género. Como prueba de ello, está el Programa Becas por la Interculturalidad, el cual apoya a estudiantes indígenas para que continúen sus estudios, enfatizando que más del 50% de las personas beneficiarias son mujeres indígenas.
Además, se tuvo la participación de mujeres lideresas de los pueblos originarios: María Concepción Bautista, Presidenta de Bienes Comunales de la Comunidad Wixarika de Santa Catarina, Paulita Carrillo Carrillo Tesorera de la Comisaría de Bienes Comunales de San Andrés Cohamiata, Bianca América Enríquez López, Abogada intercultural, Marissa Velázquez Ramírez, Mujer Mazahua y Sitlali Chino Carrillo, Presidenta de Concertación Agraria de San Sebastián Teponahuaxtlan y Tuxpan de Bolaños. Estas lideresas, además de presentar sus testimonios, reconocieron que los trabajos realizados ayudan a sensibilizar a la población y es una apuesta por la inclusión de mujeres en la política.
Con estas acciones, desde el Gobierno de Jalisco se sigue impulsando una agenda integral para la promoción y protección de los derechos humanos de los grupos prioritarios.
El Pleno del Senado de la República aprobó un dictamen para que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas fomente y se coordine con las autoridades correspondientes para difundir y transmitir, con pertinencia cultural, lingüística y de género, la información sobre las medidas que emitan en caso de una emergencia sanitaria.
Así como las medidas y acciones de prevención, contención y atención que sean eficaces para garantizar el ejercicio de los derechos y comunidades indígenas y afromexicanas, especialmente su derecho a la salud.
Se trata de un proyecto impulsado por el senador Ricardo Monreal Ávila, que también establece la obligación de la Federación y las entidades para difundir y tener disponibles -a través de textos, medios audiovisuales e informáticos-, las leyes, reglamentos, así como decretos, acuerdos, lineamientos, directrices y materiales informativos que se emitan, en caso de una emergencia sanitaria.
El coordinador parlamentario de Morena presentó su postura por escrito en torno a este dictamen, que reforma el artículo 4 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el artículo 7 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
En ese documento, Monreal Ávila destacó que es obligación de los gobiernos adoptar medidas acordes para dar a conocer derechos y obligaciones en cuestiones de salud, así como recurrir, si es necesario, a traducciones escritas y a la utilización de los medios de comunicación de masas en lenguas de dichos pueblos.
Por lo que, con la aprobación de los cambios, se da un paso más en el avance responsable del Estado mexicano en materia de protección de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, para garantizar su acceso a la información, especialmente en lo relacionado a la garantía, protección y promoción de la salud.
Desde la tribuna, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, expuso que, de acuerdo con la Constitución Política y diversos tratados Internacionales, el Estado tiene la obligación de asegurar la protección de los derechos de los pueblos indígenas y garantizar su acceso a la información pública a través de la traducción de documentos en sus respectivas lenguas y su difusión en medios adecuados.
Señaló que durante la pandemia de Covid-19 se demostró que, en situaciones de emergencia sanitaria, la disponibilidad de información fue un factor que contribuyó a enfrentar de mejor manera los efectos negativos del virus y que, cuando la información no estuvo al alcance de la población, fue más complicado evitar los efectos de la enfermedad.
Aseguró que con esta reforma, la Federación y las entidades federativas deberán tener disponibles reglamentos, leyes, programas, obras y servicios dirigidos a los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas traducidos en sus lenguas, que se hablen en sus áreas de influencia, y deberán difundirlos a través de medios audiovisuales e informativos.
A su vez, el senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, destacó que asegurar y difundir temas de relevancia, es un derecho de todos los ciudadanos; la información deber ser clara y con la garantía de que llegue a los lugares más recónditos a todos los grupos poblacionales, sobre todo a los más vulnerables, como son los grupos indígenas y afromexicanos.
“Nuestra legislación dispone que la información emitida por autoridades federales, estatales y municipales, relacionada con alguna epidemia, deberá ser transmitida y difundida con pertinencia cultural y lingüística”, destacó.
El senador Adolfo Gómez Hernández, de Morena, dijo que con este dictamen se garantizará el cumplimiento de lo establecido en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y en la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, ya que los tres órdenes de gobiernos aplicarán medidas necesarias para su acatamiento.
El senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del PVEM, expuso que con las reformas a dichas leyes se avalará el acceso a la información oportuna y completa a través de las lenguas indígenas, ya que este importante sector de la población es fundamental para el destino de la sociedad general del país.
El dictamen fue aprobado, en lo general y particular, con 88 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, y se remitió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.