- El proyecto fue aprobado por unanimidad y se remitió a la Cámara de Diputados
Así como las medidas y acciones de prevención, contención y atención que sean eficaces para garantizar el ejercicio de los derechos y comunidades indígenas y afromexicanas, especialmente su derecho a la salud.
Se trata de un proyecto impulsado por el senador Ricardo Monreal Ávila, que también establece la obligación de la Federación y las entidades para difundir y tener disponibles -a través de textos, medios audiovisuales e informáticos-, las leyes, reglamentos, así como decretos, acuerdos, lineamientos, directrices y materiales informativos que se emitan, en caso de una emergencia sanitaria.
El coordinador parlamentario de Morena presentó su postura por escrito en torno a este dictamen, que reforma el artículo 4 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el artículo 7 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas.
En ese documento, Monreal Ávila destacó que es obligación de los gobiernos adoptar medidas acordes para dar a conocer derechos y obligaciones en cuestiones de salud, así como recurrir, si es necesario, a traducciones escritas y a la utilización de los medios de comunicación de masas en lenguas de dichos pueblos.
Por lo que, con la aprobación de los cambios, se da un paso más en el avance responsable del Estado mexicano en materia de protección de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, para garantizar su acceso a la información, especialmente en lo relacionado a la garantía, protección y promoción de la salud.
Desde la tribuna, la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, expuso que, de acuerdo con la Constitución Política y diversos tratados Internacionales, el Estado tiene la obligación de asegurar la protección de los derechos de los pueblos indígenas y garantizar su acceso a la información pública a través de la traducción de documentos en sus respectivas lenguas y su difusión en medios adecuados.
Señaló que durante la pandemia de Covid-19 se demostró que, en situaciones de emergencia sanitaria, la disponibilidad de información fue un factor que contribuyó a enfrentar de mejor manera los efectos negativos del virus y que, cuando la información no estuvo al alcance de la población, fue más complicado evitar los efectos de la enfermedad.
Aseguró que con esta reforma, la Federación y las entidades federativas deberán tener disponibles reglamentos, leyes, programas, obras y servicios dirigidos a los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas traducidos en sus lenguas, que se hablen en sus áreas de influencia, y deberán difundirlos a través de medios audiovisuales e informativos.
A su vez, el senador Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, destacó que asegurar y difundir temas de relevancia, es un derecho de todos los ciudadanos; la información deber ser clara y con la garantía de que llegue a los lugares más recónditos a todos los grupos poblacionales, sobre todo a los más vulnerables, como son los grupos indígenas y afromexicanos.
“Nuestra legislación dispone que la información emitida por autoridades federales, estatales y municipales, relacionada con alguna epidemia, deberá ser transmitida y difundida con pertinencia cultural y lingüística”, destacó.
El senador Adolfo Gómez Hernández, de Morena, dijo que con este dictamen se garantizará el cumplimiento de lo establecido en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y en la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, ya que los tres órdenes de gobiernos aplicarán medidas necesarias para su acatamiento.
El senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del PVEM, expuso que con las reformas a dichas leyes se avalará el acceso a la información oportuna y completa a través de las lenguas indígenas, ya que este importante sector de la población es fundamental para el destino de la sociedad general del país.
El dictamen fue aprobado, en lo general y particular, con 88 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, y se remitió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
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