Pueblos originarios demandan mayor voz y voto en los temas que afecten a sus comunidades

 

• La Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos aterrizará garantías plasmadas en el artículo 2 de la Constitución Política: senadoras

 

Durante las consultas realizadas a las comunidades sobre la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, los pueblos originarios se han pronunciado por tener mayor voz y voto, para que se respeten sus usos y costumbres y puedan ejercer a plenitud sus derechos establecidos en el artículo 2 de la Constitución Política.

 

Así lo dieron a conocer las senadoras Reyna Celeste Ascencio Ortega y Susana Harp Iturribarría, presidentas de las comisiones de Derechos Humanos y de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, respectivamente, quienes destacaron que las demandas de los pueblos originarios, emanadas en las consultas efectuadas en sus comunidades, servirán de base para redactar el nuevo ordenamiento.

 

En la cuarta sesión del comité técnico para la elaboración de la propuesta de iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Celeste Ascencio dio a conocer que entre las demandas más sentidas y representativas de este sector es que ellos puedan analizar si se renuevan o cancelan las concesiones a las empresas en caso de que afecten al medio ambiente.

 

En el tema de seguridad, comentó que es necesario estar atentos, porque durante las consultas se corre el riesgo de que “ciertos poderes fácticos de pronto quieran desviar el sentido de las propuestas, ya sea a través de amenazas o a través de la economía”.

 

Destacó, además, que los pueblos originarios pidieron que se respeten los usos y costumbres de sus comunidades y es fundamental que se les garantice la reparación o indemnización en caso de que haya daño a sus comunidades.

 

 

Agregó que el objetivo de la ley secundaria es que todos los pueblos originarios y afromexicanos sean tomados en cuenta antes de que se genere alguna iniciativa, medida administrativa o alguna otra acción que afecte directa o indirectamente al territorio de sus comunidades.

 

Susana Harp, en tanto, comentó que lo que se pretende es que estas comunidades tengan voz y voto, y que la ley aterrice todos sus derechos.