Repudiamos y condenamos el uso de las policías estatal
y municipal para la fabricación de delitos en evidente prejuicio de las
personas, como lo confirma, una vez más, la privación ilegal de la libertad y
la vulneración a la persona y propiedad sufrida por la licenciada Gabriela
Mejía Valencia, coordinadora de Administración y Finanzas de esta casa de
estudios, el pasado viernes 15 de julio.
Nuestra compañera circulaba en la carretera
Pachuca-Tulancingo y al transitar por Mineral de la Reforma fue detenida en un
retén de revisión y se le acusó sin mediar razón legal alguna que lo
justificara, con el pretexto burdo de que conducía un automóvil “robado”.
Cuando presentaba los documentos, la unidad fue
impactada por una camioneta con placas de circulación MTW-69-95 del estado de
México, lo cual originó que los policías procedieran a llevarse las dos
unidades al corralón bajo el argumento de que las partes no llegaron a un
acuerdo.
Aunque la universitaria demostró la propiedad del
vehículo, fue sometida con abuso de fuerza y un despliegue desmedido de
patrullas y personal de los cuerpos policiacos de Mineral dela Reforma y del
gobierno estatal. Fue remitida a las oficinas de seguridad estatal y de ahí se
le llevó, esposada y vigilada por numerosos policías, a la Procuraduría General
de Justicia del Estado. En todo caso, los hechos generarían solo una infracción
administrativa de tránsito, por lo que no se justifica la violencia policial
ejercida. Del causante del accidente se desconoce si fue retenido en igualdad
de condiciones.
Durante los sucesos varios compañeros universitarios
intentaron defender del empleo desmedido
de la fuerza a la licenciada Mejía y fueron reprimidos y dispersados con
violencia usando gases lacrimógenos.
La sucesión de hechos de esta naturaleza hacen patente
la escalada de violencia que se ha ejercido, desde el inicio de la actual
administración estatal, contra la máxima casa de estudios de la entidad y su
comunidad. Como ciudadanía, observamos que se ha perdido el respeto a la persona
y patrimonio; las autoridades estatales olvidan que el individuo, sus
propiedades y posesiones son inviolables y actúan arbitrariamente al margen de
la legalidad.
En tal sentido, destacamos la retención de recursos
federales, el corte arbitrario del suministro del agua, los ataques ilegales a
la autonomía, la agresión al presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela
Superior de Huejutla, las acusaciones dolosas de una supuesta simulación de
huelga, la detención “fabricada” de Alberto Isaac García, hijo de la licenciada
Lidia García Anaya, la agresión contra ciudadanos por parte de grupo de choque
tolerados por las autoridades, los ataques al candidato Julio Menchaca y ahora
la ilegal actuación contra las universitarias Gabriela Mejía, Elsa Ángeles y
Leyla Chávez.
Condenamos el creciente clima de terror que hoy
caracteriza a la entidad hidalguense. Exigimos que el gobierno estatal asuma su
responsabilidad de garantizar el Estado de Derecho, justicia y seguridad para
sus gobernados, y que respete su legítima voluntad para participar en un
proceso electoral limpio y seguro.
Denunciamos la violencia con la que ha actuado la
policía estatal en perjuicio de los universitarios, particularmente contra las mujeres, quienes han sido agredidas en
forma machista, sexista y misógina, haciendo uso faccioso de las instituciones
encargadas de salvaguardar la seguridad de la población.
Demandamos el cese de la escalada de violencia contra
los ciudadanos y, particularmente, la dirigida a la comunidad universitaria.
Conminamos a las autoridades a conducirse en el marco de la legalidad en la
actual coyuntura electoral que se vive en el país y en el estado de Hidalgo.
Los universitarios también somos ciudadanos. Nos
preparamos para general cambios trascendentes, y lo haremos con el pleno
derecho a participar libremente en el ámbito de nuestra elección y con los
ciudadanos a este proyecto nacional.
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