- Deben atenderse los vacíos legales que hay en esa materia, considera el senador Gustavo Madero
En la celebración de la mesa de trabajo “Legislación de Primer Empleo en el Contexto Mexicano, Retos y Oportunidades”, el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, subrayó la importancia de obtener mayores propuestas y datos de expertos para lograr productos legislativos que den relevancia en la agenda pública al primer empleo para las y los jóvenes del país.
En el encuentro de senadores con representantes de organizaciones defensoras de los derechos de la juventud, el también secretario de la Comisión de Derechos Humanos lamentó que la figura del primer empleo no haya sido una prioridad en la agenda legislativa, a pesar de que su población objetivo, los jóvenes, tiene mucha relevancia en términos políticos y electorales.
Por otra parte, opinó que los programas federales de apoyo a los jóvenes no han sido óptimos, pues, por ejemplo, durante la pandemia de Covid-19, que desaceleró la economía del país, este sector fue el que más se vio afectado por el desempleo, a pesar de las políticas públicas, de las que, además, no hay certeza de si cambiarán o continuarán en el próximo sexenio.
En ese sentido, propuso ante las organizaciones no gubernamentales avanzar en una norma para el primer empleo, pero al comienzo de la próxima Legislatura, pues, explicó, al inicio de los sexenios hay mayor facilidad para llegar a acuerdos que al final, cuando es más difícil que prosperen los cabildeos.
El senador del Grupo Plural, Gustavo Madero Muñoz, dijo que aún no se ha logrado generar un impacto contundente para apoyar a los jóvenes con necesidades de empleabilidad, ingreso y desarrollo, pues se dejan llevar por “los baches y las puertas falsas” que les brinda la delincuencia, el narcotráfico o las adicciones.
Por ello, planteó llevar a cabo una focalización del sujeto, las regiones y los sectores económicos en los que se requiere mano de obra, “porque no es lo mismo hablar sobre esos aspectos en Chihuahua, Oaxaca o Guerrero”.
Señaló que en México no hay una legislación específica sobre la figura del “aprendiz”, por lo que existe un vacío legal en esta materia que debe ser atendido.
“Es necesario crear una certificación de las habilidades que desarrolla una persona durante su estancia en un empleo, a fin de tener una base que le permita generar mejores condiciones de empleabilidad en el futuro”, expresó.
Representantes de organizaciones como Save the Children, IDEA, Forge y YouthBuild, expusieron ante los senadores que, en Latinoamérica, han identificado cuatro tipos de iniciativas que México podría tomar como ejemplo para avanzar en materia de primer empleo para la juventud.
Detallaron que el primero de estos programas, que se implementa en Brasil y Chile, es el de Contratos de aprendizaje, que son los que promueven y facilitan la formación dual, donde el tema técnico es muy importante, y tiene un componente relevante respecto a la formación en Institutos, centros de capacitación o incluso en las mismas empresas.
Otro ejemplo, son las capacitaciones laborales juveniles, vinculadas a la capacitación técnica. Esta política pública toma las características de la población objetivo, que en este caso, se enfoca en jóvenes en situación de vulnerabilidad y se aplica en Chile y Argentina.
Otro programa es el de subsidio al empleo que se aplica en Colombia y Panamá. Se trata de aplicar un subsidio al contratar jóvenes sin experiencia profesional y en Panamá es un apoyo económico al contratar a pasantes.
En el caso de Paraguay y Costa Rica, en sus legislaciones se contemplan leyes para promover el empleo para jóvenes, como la Ley de Inserción juvenil y la Ley del salario mínimo diferenciado.
Independientemente de las políticas que se adopten, los representantes de las organizaciones subrayaron que éstas deben tener una población objetivo, contar con análisis de costo y beneficio, evaluaciones de resultados y considerar en sus ejes el desarrollo de habilidades socioemocionales.
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