· El dictamen fue aprobado por unanimidad, con 48 votos, en las Comisiones de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y de Trabajo y Previsión Social
A través de un artículo transitorio, el documento precisa que la entrada en vigor de esta disposición será paulatina, de manera que la jornada laboral irá disminuyendo. En 2026 se establecen 48 horas; para 2027, la jornada laboral será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029 la jornada laboral será de 42 horas y llegará a las 40 en 2030.
Las comisiones, que presiden los senadores Óscar Cantón Zetina, Enrique Inzunza Cázarez y Geovanna Bañuelos de la Torre también aprobaron precisar en el texto que, por cada seis días de trabajo, las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro.
Con otra adición al artículo 123 de la Constitución Política, se establece que, cuando por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas de la jornada laboral, se abonará como salario por este tiempo un cien por ciento más de lo fijado para las horas ordinarias.
Sobre el trabajo extraordinario, las Comisiones Unidas aprobaron que éste no excederá de 12 horas en una semana, las cuales podrán distribuirse en hasta cuatro horas diarias, en un máximo de cuatro días en ese periodo, y cuando se supere ese tiempo laboral, la persona empleadora estará obligada a pagar al trabajador 200 por ciento más del salario correspondiente a las horas del salario de jornadas ordinarias.
Asimismo, las comisiones avalaron una modificación planteada por la senadora Martha Lucía Micher Camarena, de Morena, con el propósito de plasmar lenguaje inclusivo en el proyecto de reforma, con lo cual se ajusta una disposición para que las personas menores de 18 años no puedan laborar tiempo extraordinario, cuya redacción en el proyecto original sólo mencionaba a “los menores de edad”.
Previo a comenzar la discusión del dictamen, las y los senadores se reunieron con el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, quien sostuvo que esta iniciativa remitida por el Ejecutivo Federal al Senado responde a las “décadas de adeudos que se tenían con los trabajadores del país”.
“Lo que tienen ustedes en su haber legislativo es una medida de afirmación de los derechos; les pido que no perdamos la oportunidad de abonar al beneficio de millones de personas trabajadoras que están esperando con esta medida, y, también, que se mejoren sus condiciones laborales y su bienestar familiar”, agregó.
Bolaños López enfatizó que la reforma constitucional en materia de reducción de la jornada laboral devolverá el tiempo a las y los trabajadores para que puedan aprovecharlo como mejor les convenga, entre otros beneficios.
La presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Geovanna Bañuelos de la Torre, reconoció que la reforma es trascendental para la clase trabajadora del país, pues nunca se había avanzado en su beneficio sin afectar sus prestaciones ni el salario que perciben.
“No perjudicará a la clase trabajadora; muy por el contrario, habrá algunos sectores de la clase trabajadora que se verán beneficiados, incluso con montos superiores al 30 por ciento del salario que hoy perciben. Hemos llegado a esta revolución laboral en la que se han reconocido, por fin, derechos tan importantes como la reducción de la jornada”, subrayó.
De Morena, Simey Olvera Bautista, consideró a la reforma como un gran avance en materia laboral, pues “durante muchos años hubo buenas intenciones, pero ninguna realidad” en favor de los trabajadores. Defendió, además, que los cambios tienen disposiciones pertinentes para evitar “cambios drásticos” en el sector empresarial, particularmente la disminución paulatina de la jornada de trabajo.
Marko Cortés Mendoza, del PAN, se pronunció a favor de la reforma, pero señaló que “llega tarde”, pues organismos como la Organización Internacional del Trabajo había recomendado desde hace 40 años medidas como la reducción de la jornada laboral; por otra parte, sostuvo que hay puntos de mejora, como acelerar la disminución de las horas de trabajo o implementar apoyos fiscales para micro, pequeñas y medianas empresas, que pueden sufrir efectos negativos.
Del PRI, la senadora Claudia Edith Anaya Mota advirtió que, sin una disposición transitoria para también hacer paulatinos los ajustes a las horas extras de trabajo o adecuaciones inmediatas a leyes como la del IMSS o la del ISR, los trabajadores pueden tener un impacto negativo en sus ingresos, pues se les gravarían impuestos por horas extras laboradas.
Juanita Guerra Mena, senadora del PVEM, celebró que la reforma en materia laboral no implique disminución de salarios, prestaciones ni derechos adquiridos de los trabajadores, sino que fortalece sus ingresos con menor carga laborar, lo que enfatiza el principio de trabajo digno y corrige una “deuda histórica” con millones de trabajadoras y trabajadores en México.
En representación del PT, Alejandro González Yáñez sostuvo que en el país se debe cambiar el concepto de “vivir para trabajar” por el de “trabajar para vivir”, además de que a las personas no se les puede ver como “recursos” sino como personas trabajadoras y sujetos de derechos, cambio de paradigma que, abundó. se busca con esta reforma para pasar de la “esclavitud laboral” al bienestar en el trabajo.
Alejandra Barrales Magdaleno, senadora de MC, reconoció que la reducción de la jornada de trabajo a 40 horas semanales ayudará al descanso y esparcimiento de los trabajadores; sin embargo, criticó que esta modificación “llega tarde” pues en otras naciones ya existe una disposición similar, además de que deja fuera al trabajo informal y solo establece un día de descanso, en lugar de dos.
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