Senado llama a fortalecer operativos en caminos rurales

 

·        El robo a transportistas presenta cifras preocupantes, de acuerdo con el Secretariado

 

Para prevenir y reducir el delito de robo a transportistas, el Senado de la República exhortó a los titulares del Poder Ejecutivo de las 32 entidades federativas para que, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal y con la Guardia Nacional, fortalezcan la vigilancia y operativos de seguridad en los caminos rurales y vías de transporte de todo el país, con prioridad en las regiones de hay mayor incidencia de casos.

 

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entidades como Nuevo León, Estado de México, Puebla, Michoacán, Morelos, Tlaxcala y Jalisco presentan cifras preocupantemente en cuanto al robo de transportistas entre 2015 y 2024.

 

En el dictamen se agrega que la seguridad en las zonas rurales es un elemento fundamental para el desarrollo económico, social y productivo del país; sin embargo, en los últimos meses, se han reportados diversos incidentes de inseguridad en estas comunidades, lo que ha afectado la producción ganadera y ha generado un clima de incertidumbre en las comunidades afectadas.

 

Además, destaca que la falta de estadísticas confiables sobre los delitos en caminos rurales responde, en gran medida, al miedo e incertidumbre que prevalece en la región, argumentando que los productores agropecuarios y habitantes de estas comunidades se enfrentan a una doble amenaza, “la presencia de grupos delictivos que operan con total impunidad y el temor a represalias en caso de denunciar".

 

El documento refiere que la ausencia de datos oficiales no sólo invisibiliza la crisis de inseguridad, sino también “refleja el abandono gubernamental en materia de protección y justicia para las zonas rurales”.

 

Finalmente, considera inaceptable que no se cuente con información oficial y detallada sobre los delitos que afectan a los caminos rurales, pues estima que este factor evidencia una “falta de compromiso” con la seguridad de las comunidades agrícolas y ganaderas.