Evaluar una mayor contribución de la minería a los ingresos públicos, plantea estudio del IBD.

• Ante la necesidad de fortalecer los ingresos públicos, aumentar el pago de derechos de la minería y revisar el régimen fiscal de dicha actividad podrían ser opciones a evaluar para el gobierno. 
• Durante los últimos años, el monto de los ingresos públicos recaudados por la minería ha tenido una tendencia decreciente. 
  
   

Ante el contexto que enfrenta el gobierno de México en el que requiere fortalecer los ingresos públicos sin recurrir a incrementos en tasas impositivas, no se descartaría la posibilidad de que eventualmente se considere el buscar mayores recursos fiscales de la actividad minero-metalúrgica, destaca un estudio de la Dirección General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez (IBD).  

El estudio titulado “Alternativas para impulsar en México una minería responsable alineada con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible” elaborado por Jaime Arturo Del Río Monges y Ligia Aleida Aburto Martínez, revela que, en términos reales, los montos de recursos públicos por derechos de minería en México han mantenido una tendencia predominantemente decreciente, registrando una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) de -1.3% durante el período 2016-2019. 

La investigación considera que aumentar el monto de las contribuciones en derechos de minería podría ser una opción, aunque también podría modificarse el régimen fiscal aplicable a la actividad minero-metalúrgica para reducir los montos máximos de devoluciones fiscales, entre otras medidas que podrían ser evaluadas para ser aplicadas. 

De acuerdo con el documento del IBD, los proyectos mineros pueden convertirse en polos de desarrollo regional que contribuyan en distintas dimensiones de la sustentabilidad y la sostenibilidad, siempre y cuando haya un diseño y una planeación adecuadas. 

En ese sentido, el estudio destaca la pertinencia de contar con mecanismos de prevención y compensación de afectaciones sociales a trabajadores de las minas y/o habitantes de las comunidades locales, impulsar la creación y fortalecimiento de negocios locales y encadenamientos productivos. 

Asimismo, subraya que es necesario consultar previamente a las comunidades locales de las regiones donde se busca implementar proyectos mineros, y adoptar un enfoque participativo con los habitantes de dichas comunidades, a fin de evitar problemas de violaciones a los derechos humanos. 

De igual forma, considera necesario adoptar esquemas de prevención, mitigación y restauración de posibles afectaciones al medio ambiente en los proyectos mineros, incluyendo la posibilidad de que se fijen metas de cero emisiones netas de emisiones de gases de efecto invernadero.