El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se ha topado en Nafin, con ciertos poderes facticos como los que existen en dependencias públicas del país, integrados en redes de funcionarios del gobierno federal neoliberal muy poderosos, los cuales funcionan y se nutren usando el presupuesto público federal para sus negocios como si fuera un negocio personal con toda impunidad, y han proliferado gracias a la complicidad e indiferencia de autoridades federales como lo es la Secretaria de la Función Pública (SFP) través de sus engañosos órganos de supervisión y vigilancia colocados en todas las dependencias públicas federales llamados; Órganos Internos de Control.
Un claro ejemplo de esquemas de corrupción e impunidad ha sido el caso de Nacional Financiera, S.N.C. “quien al parecer por presiones de poderes facticos”, ya se obligó al Presidente López Obrador a cambiar a 3 directores generales en lo que va el gobierno la cuarta transformación desde diciembre del año 2018, y ahora, se puso a cargo al Lic. Juan Pablo de Botton Falcón, al director general más joven de la historia de Nafin, al parecer con menos de 30 años de edad y a quien se le considera un advenedizo sin experiencia política para controlar a los cotos de poder de funcionarios de Nafin que son como tiburones depredadores en un océano gigantesco, ya que por ser un joven técnico, se le trata y considera funcionalmente muy vulnerable ante ciertos cotos de poder de funcionarios de Nafin que no lo aceptaron en Nafin, porque durante muchos años ellos han conformado un sistema de corrupción e impunidad porque se puede realizar con muchos proveedores infinidad de negocios causando daños y perjuicios al presupuesto público federal al aplicar de forma ilegal y/o incorrectamente, de forma encubierta y/o a la vista de todos, el dinero público federal en la contratación de cientos de obras y servicios para su operación y funcionamiento.
Recordemos tan solo el caso del Servicio Médico federal con los negocios multimillonarios del mercado de las medicinas de todo el sector público federal de salud con el IMSS, ISSTE y SSA donde públicamente se ha informado reiteradamente que tan solo del año 2012 al 2018 unos cuantos proveedores controlaban el 80% de las ventas de medicamentos, ¿imagine usted amable lector, si le ponemos un % de comisión que otorgan los proveedores a funcionarios públicos por el famoso diezmo que hoy en día ya es de un 20 o 30%, imagine usted de que tamaño es el negocio, si se afirma en los pasillos del gobierno federal, que las cantidades son del tamaño del presupuesto de la UNAM o de un Estado de la república por 3 o 4 años. En el caso de Nafin por ejemplo se estima que el presupuesto del servicio médico institucional de Nafin es de unos 400 a 500 millones de pesos anuales.
Existen múltiples, diversos y complejos sistemas de corrupción que se realizan con los miles de proveedores del gobierno federal que son difíciles de comprobar, porque además funcionan bajo un estricto cohecho de complicidades interinstitucionales perfectamente sincronizados y organizados, recordemos que los sistemas de corrupción más clásicos, los más visibles y mejor encubiertos, son los que favorecen a la vista de todos a sus proveedores favoritos, que simplemente consiste en darles la exclusividad al quitar o eliminar toda la competencia de los otros proveedores. Es decir, la mayoría o casi todos clientes o de casi toda la población de una dependencia pública federal, pues se otorga y se da para uno o dos proveedores ¿y a cambio de que estimados lectores cree usted que hacen esto, porqué por algún interés económico deben de hacer esto ciertos funcionarios públicos involucrados en el proceso de contrataciones de las diversas compras, ventas y contratación de diversos servicios, operación, mantenimiento, etc.?
Pero recordando al IMSS y al ISSTE en cuestiones de servicios médicos institucionales y medicinas, usando recursos públicos federales también se hacen grandes negocios perfectamente encubiertos, no importa que estén a la luz de todo el mundo , incluso, aunque estén respaldadas a través de licitaciones públicas amañadas con la complicidad de la Secretaria de la Función Pública y del Órgano Interno de Control, pero sobre, esto sucede también con los procedimientos médicos quirúrgicos complejos donde se utilizan prótesis y dispositivos médicos para el cuerpo humano complejos con un alto costo económico que seguido pasan o pasaran desapercibidos por las deficientes auditorias gubernamentales de la SFP, pero aquí estimado lector, considere usted, que el problema no es hagan negocios y ganen millonarias cantidades de dinero usando el presupuesto federal, aquí el problema es que cuando se afecta la salud de los pacientes y se pone en riesgo la vida de personas como fue por ejemplo el sonado caso de los niños con cáncer a los cuales se les inyectaba agua en sus terapias de quimioterapia en Veracruz, pues es y fue un acto criminal que no es ni fue castigado por encubrimiento del Órgano Interno de Control o de la contraloría del Estado.
En este tipo de casos se debería de identificar y denunciar a los funcionarios responsables de actos de corrupción, pero se tiene que entender que cuando se habla de sistemas de corrupción sofisticados y complejos como lo es un servicio médico institucional como el de Nacional Financiera (NAFIN), pues no se puede hablar directamente de personas, pero si intrínsecamente y en automático la Secretaria de la Función Pública y el Órgano Interno de Control de Nafin si pueden o si podrían identificarlos, porque aunque hay y existe una cabeza por ejemplo que es visible al frente de un servicio médico como el de Nafin, existe atrás un poder factico, un coto de poder de funcionarios que participan en el proceso de contratación de servicios, compras, mantenimiento, operación y funcionamiento del servicio médico, etc. Todos escudados y protegidos bajo abismos legales y lagunas jurídicas establecidas intencionalmente para operar y encubrir los complejos procesos de sistemas de corrupción e impunidad que han provocado daños y perjuicios a algunos derechohabientes de la población de Nafin. Por ejemplo, el servicio médico institucional de Nafin ha sido dirigido por un funcionario que tiene alrededor de unos 25 años manteniendo un sistema feudal con un coto de poder y un control casi absoluto para la contratación de servicios, administración total, control, operación y funcionamiento del servicio médico de Nafin con el apoyo discrecional de sus superiores.
Pero veamos un esquema de corrupción e impunidad de denota la compleja red de corrupción e impunidad interinstitucional de Nafin con la Secretaria de la Función Pública (su Órgano Interno de Control en Nafin) , la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (a través del órgano regulador y vigilancia de la Unidad de Banca de Desarrollo) y la Presidencia de la Republica (a través del verificador ciudadano presidencial de atención a los ciudadanos, la Dirección General de Atención Ciudadana).
En mayo del 2018 se insertó quirúrgicamente a los ojos de la paciente de Nafin Dora Alicia Espinosa Alejandres un dispositivo medico para combatir el glaucoma y resulta que inmediatamente 3 meses después, es decir, en agosto del 2018, el laboratorio Alcon de Texas, USA fabricante del dispositivo médico, púes informa que decide retirar del mercado mundial este dispositivo medico por causar una enfermedad con riesgo sanitario a pacientes que lo recibieron quirúrgicamente; porque resulto que este dispositivo causa efectos adversos al paciente, es decir, destruye de forma paulatina y significa las células endoteliales de las corneas de los ojos, y en el caso de la paciente Dora Alicia Espinosa entre septiembre del 2018 y febrero del 2021, los estudios de microscopias oftálmicas informaron de una perdida del 35 %, de las células endoteliales del ojo derecho, sin duda, un porcentaje que pone en riesgo que la paciente pudiera perder la vista, porque de continuar la destrucción de células endoteliales y al llegar la población celular a unas 500 células, pues la córnea de la paciente se descompensaría y se necesitaría de un trasplante corneal, de un procedimiento quirúrgico complejo y nada fácil.
Pero pues resulta que el poder factico integrado por los cotos de poder de funcionarios de la Dirección General Adjunta de Administración Y Finanzas de Nafin deciden encubrir desde septiembre del año 2018 la mala práctica médica que ejecuto un proveedor medico de Nafin, el Dr. Oscar Albis Donado porque curiosamente para combatir el glaucoma este proveedor médico, con la autorización del servicio médico de Nafin decidieron utilizar el dispositivo médico del laboratorio Alcon con más alto costo en el mercado Oftalmológico, en lugar de un dispositivo más económico y con menos riesgo, y ambos actores, es decir, el proveedor médico y el servicio médico de Nafin niegan que tuvieran conocimiento que este dispositivo médico del Laboratorio Alcon tuviera un riesgo sanitario, ¿usted les cree? Recordemos que un laboratorio como Alcon que es de un enorme prestigio mundial en dispositivos médicos oftalmológicos, desde varios meses anteriores empezó a informar a la comunidad médica mundial (colegios, consejos, asociaciones médicas, etc.) sobre la existencia del riesgo sanitario de estos dispositivos médicos, porque “por sentido común médico y empresarial“ no se puede ni se acostumbra nunca (porque es una información médica pública) por norma médica que un laboratorio trasnacional retire un medicamento o un dispositivo médico de forma imprevista, es decir, antes de retirar un medicamento o dispositivo médico siempre realiza un protocolo de retiro del dispositivo médico y/o medicamento usando un método científico médico, donde primero se verifica medicamente los riesgos y los efectos adversos y después se decide tomar la decisión del retiro del mercado mundial cuando se ha comprobado que un medicamento o un dispositivo médico representan un riesgo latente y evidente para la salud de los pacientes.
¿Pero que hizo o que ha hecho hasta la fecha el servicio médico de Nafin con los pacientes afectados o con la paciente detectada con riesgo sanitario, Dora Alicia Espinosa Alejandres? Pues resulta se ha dedicado a encubrir a su proveedor médico que causo el riesgo sanitario a la paciente, a sabotear la atención médica a la paciente para que otros 3 médicos de la red de Nafin no entregaran a la paciente informes médicos, ni tampoco información médica de su enfermedad, es decir, a ocultar a la paciente la enfermedad causada por el dispositivo médico llamada daño endotelial progresivo, y para ello, se utilizó a médicos tratantes y les instruyo para que elaboraran informes médicos sesgados (es decir, que hablaban de todo menos del daño endotelial progresivo), además, pues resulta también que desapareció todas las evidencias documentales (el informe médico y todas las facturas; tanto de la intervención médica quirúrgica, gastos de hospital y del dispositivo medico con riesgo sanitario) para que no les pudieran fincar responsabilidades, todo lo anterior, en un contubernio con el médico tratante y los otros médicos especialistas en trasplante de cornea de la red de médicos de Nafin. Sin embargo, a pesar de que reiteradamente el esposo de la paciente, el sr. Carlos Munguía Rodríguez ha presentado quejas y denuncias ante la la Secretaria de la Función Pública, a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a través de su órgano regulador y vigilancia; la Unidad de Banca de Desarrollo a cargo de la Lic. Sara Sandin Orea, pues lamentablemente han sido omisos, indiferentes, mudos, sordos y ciegos ante este esquema de corrupción e impunidad que causó daños a la salud y victimizo a una paciente de Nafin haciendo un uso indebido e ilegal de recursos públicos federales, porque además, se le causo a la paciente un riesgo sanitario que origina actualmente el dispositivo médico Válvulas Cypass Micro Stent, porque ahora le está causando efectos adversos a la paciente, porque este dispositivo médico está destruyendo las células endoteliales de las corneas de sus ojos y la coloca en un riesgo latente de perder la vista. Incluso, el sr. Carlos Munguía Rodríguez ha presentado quejas, denuncias y solicitado reiteradamente una audiencia al Lic. Juan Pablo de Botton Falcón, Director General de Nafin para solicitar que sea atendida la logística médica integral para la paciente afectada y nada ha ocurrido ni ha sido atendida debidamente la enfermedad con riesgo sanitario de su esposa, incluso, se ha solicitado el apoyo al Presidente Andrés Manuel López Obrador en Presidencia de la Republica, pero sin embargo, como se recibe a través de la Dirección General de Atención Ciudadana a cargo de Leticia Ramírez Amaya que atiende estas quejas y denuncias ciudadanas, pues resulta que funciona de forma muy deficiente y engañosa, porque atención ciudadana de Presidencia de la Republica lo único que hace, es enviar el documento de queja al funcionario (s) denunciado (s) para simular que si atiende las quejas y denuncias al Presidente López Obrador, pero es un engaño a los ciudadanos mexicanos porque únicamente funciona como una simple oficialía de partes burócrata, es decir, solo recibe miles y miles de quejas y denuncias ciudadanas contra esquemas de corrupción e impunidad como el del servicio médico de Nafin que contesten las quejas, denuncias y atiendan el requerimiento ciudadano de atención médica, pero en la Dirección General de Atención Ciudadana no llevan ningún control, tampoco el seguimiento para verificar y comprobar de que si sean atendidos los miles de casos, porque tampoco supervisan de que haya sido resuelto ni atendido un problema médico tan grave, como es el caso de la paciente Dora Alicia Espinosa Alejandres. Pero ¿porque pasa esto estimado lector, porque tanta impunidad, porque los esquemas de impunidad, organizados y tan perfectamente sincronizados con los poderes facticos de otras dependencias públicas federales? En el caso de la Secretaria de la Función Pública, es una información casi publica, y un secreto a voces en los pasillos de la SFP de que tienen pleno conocimiento de que los Órganos Internos de Control están coludidos en los actos de corrupción principalmente por tener conflictos de interés, por lo tanto, nunca han funcionado y son y representan verdaderas incubadoras de corrupción, por ejemplo en el caso de la paciente de Nafin , que es una víctima de la corrupción, se le inserto el dispositivo médico que la afecta con la utilización ilegal de recursos públicos federales, y aquí, el Órgano Interno de Control de Nafin haciéndose de la vista gorda, clasifica este acto de corrupción como un problema entre particulares (para encubrir a funcionarios públicos involucrados), es decir, entre la paciente y médico tratante, esto, aunque la paciente nunca contrato al médico tratante, ni tampoco pago con su dinero propio el procedimiento médico.
En el caso de la Unidad de Banca de Desarrollo de la SHCP a cargo de la Lic. Sara Sandin Orea, señalaron que ellos son un órgano de supervisión y vigilancia del presupuesto público que ejerce Nafin, pero que según el reglamento de la SHCP, resulta según ellos, que su responsabilidad únicamente se limita a revisar y supervisar que no se gasten ni un peso mas de lo que se autoriza a Nafin y según ellos, resulta que dicen que no tienen ninguna atribución ni facultad y/o injerencia de revisión, supervisión y vigilancia de la aplicación y de la operación del gasto, es decir, las áreas operativas de Nacional Financiera, como es el caso del servicio médico de Nafin, púes, pueden gastarse con absoluta discrecionalidad los recursos públicos federales, es decir, sin rendirle cuentas a nadie, y sin tener ninguna responsabilidad por actos de corrupción que afecten y victimicen a pacientes de Nafin usando dinero público federal.
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