En un nuevo informe especial, la CEPAL recalca que es imprescindible avanzar en la implementación de políticas que contribuyan a una recuperación sostenible con igualdad de género en América Latina y el Caribe.
La crisis generada por la pandemia del COVID-19 impactó negativamente en la ocupación y en las condiciones laborales de las mujeres en América Latina y el Caribe, generando un retroceso de más de una década en los avances logrados en materia de participación laboral, de acuerdo con el Informe Especial COVID-19 N⁰9: La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad dado a conocer hoy por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
La caída del producto interno bruto (PIB) regional (-7,7% en 2020) y el impacto de la crisis en el empleo están afectando negativamente los ingresos de los hogares, plantea el informe presentado en conferencia de prensa por Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL. El organismo regional de las Naciones Unidas estima que alrededor de 118 millones de mujeres latinoamericanas se encontrarían en situación de pobreza, 23 millones más que en 2019.
“Las mujeres de la región son parte crucial de la primera línea de respuesta a la pandemia. Un 73,2% de las personas empleadas en el sector de la salud son mujeres, quienes han tenido que enfrentar una serie de condiciones de trabajo extremas, como extensas jornadas laborales, que se suman al mayor riesgo al que se expone el personal de la salud de contagiarse del virus. Todo esto en un contexto regional en el que persiste la discriminación salarial, pues los ingresos laborales de las mujeres que trabajan en el ámbito de la salud son un 23,7% inferiores a los de los hombres del mismo sector”, señaló Alicia Bárcena.
Por otra parte, el estudio remarca que el trabajo doméstico remunerado, que se caracteriza por una alta precarización y por la imposibilidad de ser realizado de forma remota, ha sido uno de los sectores más golpeados por la crisis. En 2019, previo a la pandemia, alrededor de 13 millones de personas se dedicaban al trabajo doméstico remunerado (de los cuales el 91,5% eran mujeres). En total, este sector empleaba a un 11,1% de las mujeres ocupadas en la región. No obstante, en el segundo trimestre de 2020 los niveles de ocupación en el trabajo doméstico remunerado cayeron -24,7% en Brasil; -46,3% en Chile; -44,4% en Colombia; -45,5% en Costa Rica; -33,2% en México; y -15,5% en Paraguay.
“América Latina y el Caribe debe invertir en la economía del cuidado y reconocerla como un sector dinamizador de la recuperación, con efectos multiplicadores en el bienestar, la redistribución de tiempo e ingresos, la participación laboral, el crecimiento y la recaudación tributaria”, afirmó la máxima autoridad de la CEPAL.
En este marco, Bárcena alentó a los gobiernos a “priorizar en sus estrategias de vacunación al personal de salud -incluidas las personas que prestan servicios asociados de limpieza, transporte y cuidados-, y a quienes se desempeñan en los sistemas educativos y en el trabajo doméstico, en su mayoría mujeres, que son un pilar fundamental para el cuidado y la sostenibilidad de la vida”.
De acuerdo con el estudio, el cierre de fronteras, las restricciones a la movilidad, la caída del comercio internacional y la paralización de la actividad productiva interna han impactado en las trabajadoras y empresarias vinculadas a los sectores del comercio, turismo y manufactura. Por ejemplo, el sector del turismo, altamente feminizado, en el que un 61,5% de los puestos de trabajo están ocupados por mujeres, sufrió una contracción importante, que afectó principalmente a los países del Caribe, donde una de cada 10 mujeres ocupadas se concentra en este sector.
Durante la presentación del informe, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL destacó la urgencia de reforzar las políticas de empleo y asegurar a las mujeres participación en los sectores dinamizadores de la economía en condiciones de trabajo decente. Asimismo, enfatizó la importancia de combinar medidas en apoyo al empleo y la reactivación con medidas de atención inmediata a la pérdida de ingresos.
En este contexto, “urge promover procesos de transformación digital incluyentes que garanticen el acceso de las mujeres a las tecnologías, potencien sus habilidades y reviertan las barreras socioeconómicas que estas enfrentan, de manera de fortalecer su autonomía económica”, subrayó Alicia Bárcena, a la vez que resaltó el reducido esfuerzo fiscal que conlleva la propuesta de canasta básica digital de la CEPAL (1% del PIB regional) y el enorme impacto que tendría al conectar a una de cada cuatro mujeres en América Latina y el Caribe.
“Resulta fundamental avanzar en un nuevo pacto fiscal que promueva la igualdad de género y que evite la profundización de los niveles de pobreza de las mujeres, la sobrecarga de trabajo no remunerado y la reducción del financiamiento de políticas de igualdad”, alertó.
“Además de transversalizar la perspectiva de género en todas las políticas de recuperación, se requieren acciones afirmativas en el ámbito de las políticas fiscales, laborales, productivas, económicas y sociales, que protejan los derechos de las mujeres alcanzados en la última década, que eviten retrocesos y que enfrenten las desigualdades de género en el corto, mediano y largo plazo”, concluyó Bárcena.
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