Enfocándose en determinadas áreas geográficas y sociales de la población, la IP contribuiría a que el gobierno pudiera enfocarse en otras y así completar el proceso de manera más eficiente, explica Experta CETYS
Con el desarrollo y autorización de uso de varias vacunas contra la COVID-19 ha comenzado la mayor campaña de vacunación de la historia. Hasta la tercera semana del 2021, se han administrado más de 68.1 millones de dosis en 56 países, de acuerdo con datos de la prensa internacional. A nivel mundial, la distribución de esta vacuna depende, principalmente, de la disponibilidad del producto.
“Es un contexto de oferta y demanda; por un lado, tenemos a las farmacéuticas y laboratorios produciendo a su máxima capacidad, y por el otro a gobiernos de todo el mundo tratando de comprar las cantidades necesarias para proteger a su población”, señaló la Dra. Bertha Martínez Cisneros, Coordinadora de la Licenciatura en Logística Internacional en CETYS Universidad Campus Mexicali.
Existen ocho empresas que están produciendo la vacuna en el mundo, sin embargo, no todas cuentan con la aprobación de las autoridades de salud de los países que las demandan. “Esto es importante de considerar ya que no todas las vacunas están en la misma etapa de producción masiva y esto afecta el cumplimiento de las entregas de las dosis a los países que ya tienen negociados los contratos”. 
A finales del 2020 la administración federal inició negociaciones para la adquisición de las vacunas más avanzadas en las fases de desarrollo y pruebas: Pfizer-Bio N Tech y Oxford-Astra Zeneca, únicas que cuentan con el visto bueno de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), estableciendo posibles fechas de entrega que no se están cumpliendo, principalmente por retrasos en la producción y entrega de las vacunas.
En este contexto, el Ejecutivo Federal aprobó que la iniciativa privada (IP) y los gobiernos locales puedan adquirir y aplicar la vacuna, sin embargo, “esto se ve complejo debido a la escasez de vacunas que se tiene actualmente, sobre todo en las vacunas aprobadas por la Cofepris”.
Aunque en este momento de la curva epidemiológica todos los esfuerzos para inmunizar a la población son positivos, se debe considerar que no existe precedente de vacunación de tantas personas al mismo tiempo en un lapso tan corto, y ese es uno de los principales retos a enfrentar.
Otro de ellos es que las características de algunas vacunas requieren temperaturas de hasta -70°C para su almacenamiento y conservación, haciendo de la cadena de frío una condición prioritaria para su distribución, y al mismo tiempo enfrentando a algunos países a la realidad de no contar con ella.
“El sector privado se caracteriza por operar de una manera más ágil. Enfocándose en determinadas áreas geográficas y sociales de la población mexicana contribuiría a que el gobierno pudiera enfocarse en otras y poder completar el proceso de manera más eficiente y efectiva”, consideró la académica.
Resaltó que, cuando esto suceda, la coordinación de la IP con las autoridades será fundamental para no duplicar labores, además de contar con protocolos y reglamentos para las empresas que comercialicen la vacuna, preferentemente usando tecnologías de trazabilidad (blockchain) para identificar la procedencia, almacenamiento, distribución y aplicación de los lotes/dosis de vacunas durante toda la cadena de suministro.
Al igual que los gobiernos, el sector privado debe iniciar negociaciones con las farmacéuticas autorizadas para adquirir vacunas, y aunque la capacidad de fabricación está ampliándose, este seguirá siendo un factor limitante para el suministro de la inmunización contra COVID-19, por lo que aún con la reciente autorización para que la IP pueda distribuirla, “no deberíamos esperar que esto ocurra de inmediato”, concluyó la experta.
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