CNPA MN EXIGE ESCLARECER MUERTE DE LÍDERES SOCIALES QUE SE OPONEN A MEGAPROYECTOS Y CANCELAR EL USO DE FRACKING EN PUEBLA

(CODICS).- La Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional a través de su vocero Jesús Gutiérrez Valencia, exigió el esclarecimiento de la muerte de Manuel Gaspar Rodríguez, defensor de derechos humanos, quien hace dos años fue asesinado de manera cruel y con saña, en el Municipio de Cuetzalan del Progreso, Puebla por oponerse a las concesiones mineras a cielo abierto que el Gobierno Federal autorizó y amplió al “Grupo Minera Autlán” sin importar límites territoriales municipales en el estado de Puebla.

Asimismo, demandó´al gobierno federal cumplir su palabra de cancelar megaproyectos (minería a cielo abierto, hidroeléctricas, uso del Fracking para extracción de hidrocarburos) como sucede en esta entidad.

Debido a que este crimen no ha sido investigado de manera adecuada pues si bien se tiene al presunto autor material, Isau Coyota Hernández, la autoridad correspondiente evita indagar para determinar al autor intelectual del atentado que terminó con la vida de Manuel Gaspar Rodríguez.

Por ello, la CNPA MN reclama de la Fiscalía del gobierno de Puebla, una investigación exhaustiva, tomando en cuenta todos los posibles móviles que derivaron en el asesinato de este luchador social, incluyendo las actividades como defensor de Derechos Humanos a fin de que haya castigo a los autores materiales e intelectuales de este cobarde crimen.

Al Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, le solicitamos, dijo Jesús Gutiérrez Valencia, que exhorte al Fiscal General para que lleve una investigación adecuada que permita sancionar a los responsables del homicidio de quien entregó su vida a la defensa de los recursos naturales para bien de comunidades indígenas y campesinas.

Informó que en la sierra nororiental de Puebla se contabilizaba en el año 2014 que habían sido otorgadas 91 concesiones que abarcan aproximadamente 272,000 hectáreas para explotación minera a cielo abierto; 8 proyectos hidroeléctricos para suministrar energía eléctrica y agua a las empresas mineras.

A todas luces se visualizaba una devastación ecológica y un daño ambiental irreversible al grado de que el actual gobierno ha prometido a las empresas privadas nacionales y extranjeras que “no se cancelarán” las concesiones ya dadas, avalando por la vía de los hechos el despojo y la contaminación al medio ambiente que traerán consigo la imposición de dichas concesiones.

Manuel Gaspar Rodríguez defendió el derecho de las comunidades campesinas e indígenas a guiar el destino de sus tierras, territorio, agua, recursos y bienes naturales ya que le dolía la exclusión y marginación social de las comunidades donde trabajó como instructor de educación básica en diferentes municipios del estado de Puebla desde el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE).

Siempre conoció las injusticias y el abuso de quienes ostentan el poder político y económico y fue así como decidió incorporarse de manera decidida al Movimiento Independiente Obrero Campesino, Urbano y Popular integrante de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional (MIOCUP – CNPA MN) hasta llegar a ser integrante de su coordinación estatal.

Destacó por su oposición al despojo de tierra en agravio de las comunidades, principalmente, indígenas, por lo que se dio a la terea de difundir el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento previo, libre e informado sobre el uso de sus territorios de ahí que promovió en las comunidades la iniciativa de Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas que la CNPA MN ha planteado para legislar en la materia.

Recordó que Manuel Gaspar Rodríguez, en su caminar, condenó las concesiones mineras a cielo abierto que el Gobierno Federal autorizó en Puebla y sumó a las comunidades del municipio de Tlatlauquitepec por ser las directamente afectadas por estas concesiones.

Aunado a lo anterior, desde el año 2015 comunidades y diversos sectores sociales venían demandando al gobierno municipal de Cuetzalan del Progreso, Puebla el cierre del “relleno sanitario” devenido en basurero municipal ubicado en la comunidad de Coahuatichan.

Semanas antes de su artero asesinato ocurrido el 14 de mayo de 2018, Gaspar Rodríguez había impulsado la movilización popular para exigir al ayuntamiento el cierre de dicho basurero.

El entonces presidente municipal Oscar Paula Cruz lo amenazó directamente, así como a otros compañeros integrantes de la organización por la movilización que se realizó el 09 de abril de 2018.

En 2016, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reconoció públicamente que una línea de alta tensión y la construcción de una subestación eléctrica en Cuetzalan del Progreso, Puebla se planificaron para potenciar la actividad minera y de extracción de hidrocarburos mediante el método de fracking en la zona.

La oposición de las comunidades y diversas organizaciones de la región, incluido el MIOCUP – CNPA MN a la construcción de dicha subestación, trajo consigo hostigamiento y persecución judicial contra compañeros de COTIC, MIOCUP y CNPA MN, entre ellos, el defensor de Derechos Humanos Manuel Gaspar Rodríguez ya que la CFE interpuso una demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR), recordó el vocero de la CNPA MN.

Cabe mencionar que como consecuencia del asesinato de  Manuel Gaspar Rodríguez, al presunto autor material Isau Coyota Hernández se le dictó auto de vinculación a proceso  por el delito de homicidio calificado; sin embargo, consideramos que hasta la fecha la Fiscalía de Puebla no ha realizado una investigación exhaustiva y completa que abarque todas las líneas de investigación ya que nunca indagó sobre la autoría intelectual del hecho y tampoco consideró como móvil del delito las actividades de defensa de derechos humanos que realizaba el ex líder social, dijo Jesús Gutiérrez Valencia.

La autoridad olvida que su lucha incluía acciones en contra de los megaproyectos (minería a cielo abierto, hidroeléctricas, uso del Fracking para extracción de hidrocarburos) que afectarían los derechos al medio ambiente sano, la salud, el agua, al territorio, y a la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada de las comunidades indígenas en la sierra nororiental de Puebla, detalló.