En el marco de la XLIV sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, realizada esta mañana en Palacio Nacional, se aprobaron diversos acuerdos orientados a instrumentar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública del Gobierno de México, entre los que destacan el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, el financiamiento a las policías municipales, la actualización del Informe Policial Homologado, la atención al artículo séptimo transitorio del decreto de la Guardia Nacional, los criterios para el ejercicio de recursos para la seguridad pública en los estados.
También la vigencia de las evaluaciones de control de confianza, la promoción de reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal, la homologación de custodios, la alfabetización de personas privadas de la libertad y la entrega formal de las Academias Regionales de Seguridad Pública a las entidades federativas.
Sobre el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, que tiene por objetivo el fortalecimiento de las policías municipales y estatales, así como la articulación efectiva entre dichos cuerpos con la Guardia Nacional y las procuradurías o fiscalías generales, para prevenir el delito. Fortalecer su investigación, disminuir la incidencia delictiva, mejorar la percepción de seguridad, e incrementar la confianza en las instituciones de seguridad pública. Se instruyó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública coordinar su instrumentación dentro del segundo semestre de 2019.
En relación con el financiamiento de las policías municipales, se acordó la revisión del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), y promover las reformas administrativas y legales, a fin de que el porcentaje que hoy contempla para tareas de seguridad se incremente a un mínimo de 50 por ciento para el fortalecimiento de dichos cuerpos policiales.
Como parte del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, el Consejo Nacional también aprobó el nuevo formato del Informe Policial Homologado, a fin de eficientar las puestas a disposición de los detenidos ante la autoridad, garantizar el debido proceso, y fomentar el uso de la información para acciones de inteligencia.
Respecto de la atención al artículo séptimo transitorio del decreto de la Guardia Nacional se instruyó al Secretariado Ejecutivo coadyuvar con las entidades federativas en la integración de sus diagnósticos y programas para el fortalecimiento del estado de fuerza y capacidades institucionales de los cuerpos policiales estatales y municipales.
Por otra parte, el CNSP decidió prorrogar a 18 meses el plazo de vigencia de las evaluaciones de control de confianza, a fin de que las instituciones de seguridad pública cumplan los requisitos para la expedición del Certificado Único Policial a todos sus integrantes.
En relación con los centros penitenciarios, se acordó promover un conjunto de reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal y demás ordenamientos aplicables, que permitan mejorar su operación y la reinserción social de las personas privadas de su libertad. También se aprobó incentivar la percepción salarial del personal capacitado en los centros penitenciarios. Ello, como parte del modelo homologado y actualizado del perfil del personal de Seguridad y Custodia Penitenciaria, alineado al Programa Rector de Profesionalización. Así como adoptar las acciones necesarias para erradicar el analfabetismo en todos los centros penitenciarios del país.
Por último, el Consejo Nacional de Seguridad Pública instruyó al Órgano Administrativo Desconcentrado de la Policía Federal efectuar los trámites conducentes para la entrega formal de las Academias Regionales de Seguridad Pública a las entidades federativas, y que a través de éstas se lleve a cabo su administración y operación. Finalmente se acordó considerar y trabajar de la mano de los gobiernos de los estados, para conocer los modelos, capacidades e instituciones que puedan abonar y fortalecer el proyecto de la puesta en marcha de la Universidad de Seguridad Pública.
También la vigencia de las evaluaciones de control de confianza, la promoción de reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal, la homologación de custodios, la alfabetización de personas privadas de la libertad y la entrega formal de las Academias Regionales de Seguridad Pública a las entidades federativas.
Sobre el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, que tiene por objetivo el fortalecimiento de las policías municipales y estatales, así como la articulación efectiva entre dichos cuerpos con la Guardia Nacional y las procuradurías o fiscalías generales, para prevenir el delito. Fortalecer su investigación, disminuir la incidencia delictiva, mejorar la percepción de seguridad, e incrementar la confianza en las instituciones de seguridad pública. Se instruyó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública coordinar su instrumentación dentro del segundo semestre de 2019.
En relación con el financiamiento de las policías municipales, se acordó la revisión del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), y promover las reformas administrativas y legales, a fin de que el porcentaje que hoy contempla para tareas de seguridad se incremente a un mínimo de 50 por ciento para el fortalecimiento de dichos cuerpos policiales.
Como parte del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, el Consejo Nacional también aprobó el nuevo formato del Informe Policial Homologado, a fin de eficientar las puestas a disposición de los detenidos ante la autoridad, garantizar el debido proceso, y fomentar el uso de la información para acciones de inteligencia.
Respecto de la atención al artículo séptimo transitorio del decreto de la Guardia Nacional se instruyó al Secretariado Ejecutivo coadyuvar con las entidades federativas en la integración de sus diagnósticos y programas para el fortalecimiento del estado de fuerza y capacidades institucionales de los cuerpos policiales estatales y municipales.
Por otra parte, el CNSP decidió prorrogar a 18 meses el plazo de vigencia de las evaluaciones de control de confianza, a fin de que las instituciones de seguridad pública cumplan los requisitos para la expedición del Certificado Único Policial a todos sus integrantes.
En relación con los centros penitenciarios, se acordó promover un conjunto de reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal y demás ordenamientos aplicables, que permitan mejorar su operación y la reinserción social de las personas privadas de su libertad. También se aprobó incentivar la percepción salarial del personal capacitado en los centros penitenciarios. Ello, como parte del modelo homologado y actualizado del perfil del personal de Seguridad y Custodia Penitenciaria, alineado al Programa Rector de Profesionalización. Así como adoptar las acciones necesarias para erradicar el analfabetismo en todos los centros penitenciarios del país.
Por último, el Consejo Nacional de Seguridad Pública instruyó al Órgano Administrativo Desconcentrado de la Policía Federal efectuar los trámites conducentes para la entrega formal de las Academias Regionales de Seguridad Pública a las entidades federativas, y que a través de éstas se lleve a cabo su administración y operación. Finalmente se acordó considerar y trabajar de la mano de los gobiernos de los estados, para conocer los modelos, capacidades e instituciones que puedan abonar y fortalecer el proyecto de la puesta en marcha de la Universidad de Seguridad Pública.
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