Con la finalidad de conocer las buenas prácticas instrumentadas en los modelos de seguridad de distintos estados y municipios del país para contribuir con aportaciones al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica e identificar áreas de oportunidad que lo fortalezcan, el día de hoy sostuvieron una mesa de trabajo autoridades de seguridad de los estados de Querétaro, Nuevo León, Chihuahua, Yucatán, Estado de México y Ciudad de México, así como autoridades municipales, federales y representantes de organizaciones de la sociedad civil.
En el evento celebrado en las instalaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y en seguimiento al Acuerdo aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) en su Tercera Reunión Extraordinaria, mediante el cual instruye al SESNSP para que desarrolle una propuesta de Modelo Nacional de Policía que considere y articule los esfuerzos y aportaciones de los tres órdenes de gobierno, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Franco Fabbri Vázquez, aseguró que el Modelo Nacional de Policía se ha venido construyendo con la participación de todos y que éste será presentado para su aprobación en Sesión del CNSP, el próximo 8 de julio en Palacio Nacional.
La Mesa estuvo dirigida por Luis García López Guerrero, Titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana (CNPDyPC) del SESNSP, quien señaló que el Modelo antes mencionado es producto de la experiencia, así como de la sistematización y articulación de un conjunto de buenas prácticas en materia policial y de la identificación de las áreas de oportunidad en esta materia.
Bernardo León Olea, asesor del Secretario Ejecutivo del SNSP, expuso los avances que se tienen en la construcción y diseño del Modelo Nacional de Policía, a la vez que subrayó que en materia de seguridad son las policías municipales las que tienen la mayor importancia en el país, debido a la cercanía con la ciudadanía.
En su oportunidad la presidenta de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal y del Gobierno Municipal de General Escobedo, Nuevo León, Clara Luz Flores Canales, destacó la imperiosa necesidad de que los recursos canalizados por la Federación para la seguridad pública municipal, a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), se aumenten, del 20% al 50%, respecto del total destinado a los mismos y se utilicen específicamente para fortalecer las capacidades de los policías del país.
Arturo Jaimes Núñez, Coordinador de Asesores del Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, propuso la creación del Centro Nacional de Profesionalización, que dependa del SESNSP, y que esté a cargo de validar los cursos de capacitación policial que se impartan en todas las corporaciones de seguridad, de los tres órdenes de gobierno.
Asimismo, por parte de la autoridad federal, Bertha Alcalde Luján, Directora General de Apoyo Jurídico de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló que la Justicia Cívica es una herramienta fundamental para la prevención del delito, por lo que fortalecer este aspecto del Modelo, permitirá aumentar la confianza de la ciudadanía en las instancias de seguridad y justicia y cuidar con mayor detalle la actuación policial.
Francesco Pipitone de la Roche, Titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, fue enfático al señalar que es fundamental permitir la participación social en las unidades de Asuntos internos y Consejos de Honor y Justicia de las corporaciones policiacas, para dar mayor certidumbre y transparencia a la actuación de los elementos que integran las instituciones de seguridad.
Po su parte el Secretario General de Gobierno del estado de Querétaro, Juan Martín Granados Torres y el Director General de México S.O.S., Orlando Camacho Nacenta, coincidieron en felicitar la iniciativa de trabajar con casos de éxito en la construcción de un Modelo Nacional de Policía, ya que de esta manera es posible construir objetivos comunes que en materia de seguridad que tienen las autoridades estatales y municipales.
En la Mesa también tuvieron participación, Luis Bernardo Nava Guerrero, presidente municipal de Querétaro; Georgina Minerva González Moreno, Fiscal Especializada en Control, Análisis y Evaluación de Chihuahua; José Jorge Amador Amador, Director General de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl; Aldo Fasci Zuazua, Secretario de Seguridad Pública de Nuevo León; Carlos Martín Pacheco Medina, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Yucatán y Jorge Contreras Fornelli, Presidente de la organización civil Seguridad y Justicia.
El Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica se plantea como una política pública cuyo objetivo es fortalecer a las policías estatales y municipales, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2019-2024 desarrollada en colaboración entre el Gobierno Federal, las entidades federativas y municipios.
Una vez aprobado el Modelo por el citado Consejo Nacional, su implementación requerirá la elaboración de normas, protocolos, guías, iniciativas de ley y de presupuesto que le den viabilidad. Para ello se propone trabajar en comisiones articuladas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el fin de desarrollar las iniciativas y los proyectos que serían aprobados por ese órgano colegiado en su Segunda Sesión ordinaria en diciembre de 2019.
Para la implementación del Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica se organizaron los siguientes grupos de trabajo: la Comisión de Medición; la Comisión de Sostenibilidad Financiera del Modelo; la Comisión de Justicia Cívica y la Justicia Restaurativa; la Comisión de Investigación Policial No-Ministerial y Relación con el Ministerio Público; la Comisión de Coordinación Metropolitana; la Comisión de Funciones de Policía Estatal y Municipal; la Comisión de Carrera Policial, Profesionalización y Fortalecimiento de Capacidades; la Comisión de Participación Ciudadana, Anticorrupción y Asuntos Internos; la Comisión de Articulación entre Policías Estatales y Municipales, Guardia Nacional y el Secretariado Ejecutivo, y la Comisión de Implementación en 130 ciudades de más de 100 mil habitantes.
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