Nunca le importaron un carajo.
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En el último sexenio la protección a los derechos humanos y a periodistas nunca fue su prioridad. Con oficinas insuficientes, con presupuestos absurdos, con una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión que fue incapaz de proteger e investigar el asesinato de tantos comunicadores, el gobierno de Enrique Peña Nieto será recordado como una época oscura para las libertades, ese último priista en el poder se ubicará en la historia como un presidente al que le incomodaron la prensa y los defensores de derechos humanos hasta el desprecio.
¿De qué otra forma iba a cerrar este sexenio sino dejándolos en el olvido? Sin darles un peso para su protección, quedan dos meses, “ya para qué”, debieron pensar.
Ayer, lo que debió ser una nota de portada en todos los medios, apareció perdida en las páginas interiores del diario Reforma: “Suspenden recursos a defensores de derechos humanos”.
La nota, firmada por el periodista César Martínez, es contundente: “El Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se quedó sin recursos, por lo que desde este mes no se podrán cubrir los gastos de las medidas de protección a 727 beneficiarios, informó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El organismo recordó que el pasado 19 de septiembre, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rafael Avante Juárez, y el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, Miguel Ruiz Cabañas, se comprometieron a que el gobierno federal depositaría, antes de finalizar el mes de septiembre, 75 millones de pesos al fideicomiso del Mecanismo (…) sin embargo, no se ha recibido ningún recurso en el fideicomiso”.
Un mecanismo que ha resultado insuficiente, investigaciones cojas sobre los homicidios de decenas de colegas sólo en este gobierno, el miedo constante a las condiciones terribles de seguridad en estados del país que han sido silenciados porque el crimen –desde el gobierno y fuera de él– ha tenido un sistemático ataque a quienes quieren ser la voz de los que no pueden hablar por sí mismos. Tamaulipas, uno de los casos más emblemáticos.
Si habiendo recursos que ejercer, periodistas que habían alertado amenazas en su contra han sido amenazados aun cuando gozaban de una supuesta protección, imaginen ahora, sin un peso de recursos, en uno de los sexenios más violentos y con una transición gubernamental que por sí misma puede resultar en un reacomodo del crimen organizado que ponga a defensores y periodistas en la mira. ¿En serio no se ha vuelto aún un foco rojo para el gobierno?
Hace unos días, el corresponsal chiapaneco Sergio Martínez González se convirtió en el séptimo periodista asesinado de 2018, el 46 del gobierno peñista. Con un 98 por ciento de impunidad. Con condiciones paupérrimas de trabajo para los periodistas en casi todos los estados. ¿Prensa libre y segura? No en este México.
Esta noticia se convierte al mismo tiempo en una oportunidad real para el nuevo gobierno que dice tener la intención de generar una mejor relación con la prensa, de proteger a los colegas amenazados y desplazados y garantizar una real libertad de expresión.
Quitando todo el presupuesto a la de por si poca protección. Así es como la administración del presidente Enrique Peña Nieto hace la burla final: confirma una simulación que trató de esconder pero que en los discursos y en la práctica se veía evidente, dentro de las prioridades de su gobierno la carrocería de las “grandes reformas” de este país eran más importantes que la dignidad y la lucha por una verdadera democracia, porque no puedes hablar de un Estado libre y con derechos cuando siempre hay un pretexto para violentar la palabra y la vida misma.
Nota tomada del Financiero Mexico.
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