by Ernesto Piedras
En la Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones de 2013 fue reconocido el acceso a las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) como un derecho de todos los mexicanos, por sus implicaciones sobre el desarrollo económico y la equidad social.
Es decir, avanzar a que el ciudadano pase a ser un e-ciudadano.
A casi seis años de esta apoteosis normativa, los resultados encontrados en la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2017, elaborada por el INEGI, proveen un diagnóstico de los avances alcanzados en esta materia, así como, dan luz para el camino a seguir para la consecución efectiva de la conectividad de todos los mexicanos.
Conforme a las métricas de la ENDUTIH 2017, 17.4 millones de hogares en el país (50.9% del total) disponen de una conexión a Internet y la contabilidad de usuarios de internet asciende a 71.3 millones, esto es, 63.9 de cada 100 mexicanos de seis años o más y 55.0% más que en 2013.
Sin embargo, persiste una varianza significativa en el acceso a conectividad entre entidades federativas y destacan los contrastes en entornos urbanos y rurales.
Esta diferenciación irremediablemente evoca a los dos Méxicos en conectividad y los dos tipos de mexicanos: conectados y desconectados.
En el extremo más desfavorecido Chiapas y Tlaxcala registran la menor proporción de hogares con conexión a Internet con un coeficiente de 16.5% y 27.6%, ninguna novedad. Sabemos que la brecha de conectividad no se cierra en tanto no sea igualmente cerrada la brecha de desarrollo integral (poder adquisitivo, acceso a servicios de educación, cultura, salud, entre otros). En franco contraste, Baja California Sur y Sonora se aproximan una razón de 8de cada 10 hogares, con 77.8% y 83.1%, respectivamente.
A pesar de que se ha registrado un avance marcado en el acceso a internet en México, se registra una pronunciada desproporción en entornos rurales y urbanos, tal que el número de conexiones en zonas rurales apenas alcanzan 14.0% del total, mientras que en aquellas urbanas el 86.0% restante. En otras palabras, 39.2 de cada 100 habitantes en entornos rurales es internauta, mientras que 71.2 de cada 100 en zonas urbanas.
En el comparativo entre entidades federativas, se identifica también una manifiesta desconexión y consecuente brecha de conectividad en los entornos rurales con respecto a aquellos urbanos. De esta manera, Chiapas (24.1%), Guerrero (26.9%) y Veracruz (33.0%) son los estados en los que se encuentra el menor porcentaje de habitantes con acceso a Internet en zonas rurales. Por el contrario, Baja California (67.5%), la Ciudad de México (62.4%) y Aguascalientes (55.6%) son los que registran un mayor acceso a internet en estas áreas y a su vez, una menor varianza con respecto a entornos urbanos.
Una característica identificable en las zonas rurales es la escasa disponibilidad y despliegue de infraestructura de conectividad que impide el acceso y aprovechamiento de la conectividad como vía para el desarrollo económico y la equidad social.
Es precisamente en estas áreas donde se requiere encauzar los esfuerzos de política pública de conectividad que reconozca y resuelva con eficacia las persistentes brechas de conectividad.
Una vez reconocido el derecho el acceso a las TIC y consecuentemente a internet, lo subsecuente debe consistir en la implementación de mecanismos efectivos para garantizar su consecución no sólo en la primera mitad de los hogares, si no en todos y cada uno de ellos.
A casi seis años de la Reforma y final del sexenio se han dado pasos importantes en la ruta hacia la conectividad universal, pero el camino por recorrer aún apremia.
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