- Mesa abierta para escuchar a los permisionarios, siempre respetando el derecho de libre tránsito de los ciudadanos y prestadores de servicios
- Se analizan los vehículos federales que intervinieron en los bloqueos para aplicar las sanciones correspondientes, advirtió el funcionario
- Siete años de prisión y hasta 500 salarios mínimos de multa por obstrucción de la vía federal, si se denuncia ante la Procuraduría General de la República
El secretario de Comunicaciones y Transportes advirtió que se continúan las pláticas con todas las organizaciones de autotransporte, en una mesa abierta de forma permanente con los funcionarios de la SCT para escuchar sus peticiones y buscar alternativas, siempre sin afectar los derechos de terceros.
El funcionario señaló que se identifican placas y vehículos que hayan participado en bloqueos carreteros, para determinar la aplicación de la sanción. Una vez reconocida la unidad, se notificará a la empresa, para darles derecho de audiencia y presentar pruebas ante el Ministerio Público Federal, y posteriormente ante el juez correspondiente.
Reiteró que la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal (LCPAF), marca que se penalizará con el retiro del permiso correspondiente para operar como transportador de mercancía, bienes o pasajeros, si se impide la actuación de otros prestadores de servicios.
Además, enfatizó que si se presenta la denuncia ante la Procuraduría General de la República por la obstrucción de vías federales, es un delito que se sanciona con hasta siete años de prisión y 500 salarios mínimos de multa.
Por otra parte, comentó que se dio la instrucción a todos los Centros de la SCT en el país para que se inicien los procedimientos de revocación de permisos si se viola la Ley, notificar al permisionario y esperar como lo marca la LCPAF el plazo de defensa y alegatos.
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