El perdón de EPN, estrategia de comunicación política

By  Ernesto Villanueva

El “perdón” del presidente Enrique Peña Nieto por la forma de obtener la “Casa Blanca” de uno de los contratistas afines al propio presidente, lo que fue un hecho ilícito- no sólo inmoral, sino ilegal- puesto al descubierto por Carmen Aristegui, Rafael Cabrera, Daniel Lizárraga, Irving Huerta y Sebastián Barragán es, como diría Pepe Carreño Carlón, una frase “apantallapendejos”.

Se trata, en efecto, de una tomadura de pelo ofensiva a la inteligencia de la sociedad mexicana.  Es increíble hasta dónde llega el discurso presidencial por razones claras de ventaja política. La casa blanca ha marcado al gobierno de EPN como ejemplo de lo que no debe existir en una democracia. Con EPN el desprecio ya no se diga a respetar la ley, sino, al menos, a guardar las formas mínimas, goza de cabal salud.

EPN pide “perdón” por la “percepción” social del hecho, pero se niega a reconocer que fue un acto ilegal, toda vez que la exculpación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) interpretó restrictivamente la ley e incluso afirmó que la primera dama a quien se le atribuyó la compra de la casa “no es servidora pública”. Esa afirmación de la SFP tuvo lugar por interpretar de manera restrictiva y sólo a la luz del derecho legislado la “compra” en cuestión.

Convenientemente la SFP “olvidó” que de acuerdo al artículo 1º de la Constitución Federal las convenciones y tratados firmados por México con arreglo al artículo del 133 constitucional forman parte no sólo de la Constitución mexicana, sino tienen además preferencia tratándose de derechos humanos, en este caso, el derecho a la información veraz. La primera dama sí es servidora pública de acuerdo a lo previsto por el artículo 2 a) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (surgida paradójicamente en Mérida, México, a instancias del entonces Secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, en el 2003) que a la letra dice: “ A los efectos de la presente Convención: a) Por “funcionario público” se entenderá: i) toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado Parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo”.

El “perdón” de EPN es una estrategia de comunicación política para atenuar sus negativos en aumento apelando a las fibras emotivas de la sociedad. Nada dijo, empero, de cómo el “conflicto de interés” en las declaraciones patrimoniales ha venido violando de manera sistemática la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. También se quedó callado sobre el contenido de su declaración patrimonial que viola la ley sin pudor alguno al mentir año con año desde el 2013 hasta el presente como aquí se ha demostrado, tan sólo por citar algunos casos relacionados con la corrupción ejercida por el propio EPN.

Este discurso escenográfico del “perdón” presidencial es una puesta en escena desesperada para intentar atenuar la caída libre de este gobierno. Unas palabras de botepronto no pueden modificar un ápice lo que se percibe y lo que es: un gobierno de simulación, impunidad y corrupción, sello distintivo de la casa, tal y como lo muestra el sondeo de Aristegui Noticias sobre el tema.