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· Este jueves se llevará a cabo el tercer conversatorio sobre el proyecto
Este jueves, 15 de mayo, se llevará a cabo el tercer conversatorio sobre la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, un proyecto que tiene el objetivo de aumentar la conectividad en el país, así como asegurar el acceso a Internet como un derecho humano fundamental, sobre todo, para el 15 por ciento de la población que tiene los ingresos más bajos en México.
Durante una entrevista realizada este miércoles, el senador Javier Corral Jurado, quien es moderador de los conversatorios, destacó que el proyecto también busca recuperar los derechos de las audiencias que estaban previstos en la ley de 2014.
Además de generar nuevas formas de acceder al espectro radioeléctrico y que, por primera vez, “ofrece descuentos por el despliegue de infraestructura en zonas marginadas o que no tienen cobertura”.
Corral Jurado advirtió que el 15 por ciento de la población con los ingresos más bajos “no tienen ni para una recarga”, ya que a veces hay una visión totalmente economicista y mercantilista en materia de telecomunicaciones e incluso de la radiodifusión.
El legislador reconoció que no sólo se trata de “negocios”, sino de servicios públicos que el Estado concesiona a los particulares para que los brinden con eficacia, calidad y asequibilidad.
La regulación, enfatizó, “no es censura, sino soberanía”, pues, así como otros países protegen sus contenidos frente a injerencias extranjeras, México también debe cuidar su dignidad comunicativa. De eso se trata la legislación, de un avance democrático, no un retroceso autoritario, ya que se fortalece el derecho a la información y no se restringe, precisó.
El senador subrayó que fruto de estos conversatorios que se han realizado en el Senado de la República, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ha decantado por la creación de un órgano desconcentrado, con autonomía técnica y especializado, que sea quien regule a los sectores, y que esté adscrito a la Agencia de Transformación Digital.
Al haberse eliminado el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ahora lo que se debe hacer es una redistribución de estas atribuciones, no sólo entre la Agencia de Transformación Digital, sino fundamentalmente con un órgano regulador que hay que crear.
Porque al final del día, apuntó el legislador, no puede haber una discrecionalidad política de ese tamaño en una materia que es tan relevante, no sólo para la economía, para los mercados, sino fundamentalmente para la democracia y la libertad de expresión.
Javier Corral destacó que el Estado puede y debe cumplir con estos objetivos, porque los grandes operadores de telecomunicaciones han incumplido a lo largo de 30 años las metas de cobertura social y sólo se han dedicado a “descremar mercados”, pues no han garantizado tarifas asequibles ni siquiera a las poblaciones urbanas.
Destacó que el Estado tiene derecho a brindar este servicio, pero lo que se tiene que asegurar es que efectivamente lo haga en igualdad de condiciones con las empresas privadas, que participe en las licitaciones de bandas de espectro, con pago de derechos en el otorgamiento de la concesión y por el uso del espectro.
“A mí me parece que, ajustando estos temas, la iniciativa puede quedar muy bien y entonces vamos a poder, ahora sí, como se dice, quitar la “cizaña del trigo”, aseveró.
Para este jueves, 15 de mayo, representantes de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, así como los integrantes de las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía; Comunicaciones y Transportes; y de Estudios Legislativos abordarán temas relacionados con los servicios digitales, contenidos, publicidad extranjera, infraestructura y streaming.
Ante la Comisión Permanente, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López Hernández, planteó la conformación de un grupo plural de senadoras y senadores de la república para que asistan ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos, a fin de fijar la posición del Congreso mexicano frente a la propuesta de imponer un impuesto de cinco por ciento a las remesas que envían las y los migrantes mexicanos.
La propuesta fue respaldada por la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, que preside el senador Gerardo Fernández Noroña. En este sentido, el senador López Hernández también reconoció y agradeció el respaldo unánime de los coordinadores parlamentarios del PAN, Ricardo Anaya Cortés; del PRI, Manuel Añorve Baños; de MC, Clemente Castañeda Hoeflich; del PVEM, Manuel Velasco Coello; y del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, por sumarse a este planteamiento.
Dijo que se tomó la decisión de invitar a los coordinadores de los Grupos Parlamentarios para ir en una posición conjunta en favor de México, pero, sobre todo, por los más de 30 millones de migrantes y sus familias que serían afectados por esta medida.
“Sería verdaderamente lamentable que se impusiera este impuesto o este gravamen a las remesas que los mexicanos envían a su país”, pero también se trata de una propuesta que viola los derechos humanos. “Primero, porque es injusto que un ciudadano cualquiera pague una doble tributación”, porque cuando reciben el salario que es fruto de su trabajo ya les descuentan un porcentaje por impuestos.
Refirió que hay interés de una parte de los congresistas norteamericanos para que este asunto pueda ser votado antes del 23 de mayo, por lo que “tenemos que ir a esa tribuna”, respetuosos del derecho que tienen el pueblo, los legisladores y las autoridades americanas, “pero que se escuche la voz de nuestro país y nuestro país está en posición de hablar, no nada más por nuestros migrantes, sino por todos los migrantes del mundo”.
López Hernández también dijo que es necesario hacer llegar ante la comisión correspondiente del Gobierno de los Estados Unidos un documento técnico y político, “en el que se fije nuestra posición” de rechazo a esta iniciativa.
Indicó que en el mundo los migrantes de diversas nacionalidades que radican en Estados Unidos de América transfieren aproximadamente 650 mil millones de dólares, de los cuales México recibe remesas por el orden de más de 65 mil millones de pesos.
Es necesario que como Senado de la República alcemos la voz en contra de la injusticia, porque si algo tenemos los mexicanos es que, seamos de la afiliación política o la religión que seamos, coincidimos que este no debe ser el mundo de las injusticias, puntualizó.
Previamente, el Pleno de la Comisión Permanente respaldó los pronunciamientos que hicieron las Juntas de Coordinación Política del Senado de la República y de la Cámara deDiputados, para hacer un llamado al Congresoestadounidense para que reconsidere la medida de imponer un impuesto de cinco por ciento sobre el monto de las remesas que envían las y los migrantes, por considerarla arbitraria, injusta y porque dañaría la economía de ambas naciones.
Las y los legisladores precisan en el documento que la iniciativa promovida por el republicano Jason Smith, en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, es contraria al espíritu de libertad económica que dice defender el gobierno de ese país, y que permea en los acuerdos sobre libre comercio de América del Norte.
También apuntan que en ese país todos los trabajadores, más allá de su estatus migratorio, pagan de manera cotidiana sus impuestos, por lo que esta medida supondría una injusta doble tributación sobre ese 20 por ciento del ingreso laboral de los trabajadores migrantes que, reiteramos, ya tributado, abandona el país.
Estos impuestos, destacan, no se traducen en un gasto social para el grupo poblacional que los genera, en muchos casos imposibilitado para acceder a las políticas sociales. El 80 por ciento restante, es decir, la mayoría de sus ingresos se queda en la economía estadounidense, mejorando el bienestar de sus habitantes.
Por ello, hicieron un llamado a la mesura ante esta propuesta, ya que proyecciones técnicas realizadas demuestran que la imposición de un impuesto o arancel a las remesas solo desincentivaría el uso de las vías regulares y formales, orillando a muchos migrantes a buscar alternativas fuera del sistema financiero para enviar dinero a sus familias.
Al abordar este tema, como parte de la agenda política de la Comisión Permanente, la senadora Andrea Chávez Treviño, de Morena, advirtió que el gravamen es una medida fallida, pues las modificaciones administrativas necesarias para recaudar el impuesto requerirían una inversión enorme por parte del gobierno de Estados Unidos que tardaría varios años en amortizarse; “el único incentivo de los republicanos para ponerla encima de la mesa es una supuesta rentabilidad política”, subrayó.
Su correligionario de la Cámara de Diputados, Ricardo Crespo Arroyo, coincidió en que el impuesto a las remesas es una medida política que no beneficiará a la Unión Americana, además de acusar que las imposiciones arancelarias de los últimos meses no han traído beneficios para ningún país; “están viendo qué se les ocurre para recabar impuestos”, opinó.
Del PAN, el senador Miguel Márquez Márquez consideró que la posible imposición de gravámenes a las remesas es un castigo a la solidaridad y sacrificio de los migrantes que trabajan para apoyar a sus familias; “enviar dinero a casa en sí mismo es un gesto de amor y responsabilidad. Imponer un impuesto del cinco por ciento es un castigo fiscal, ofensivo y discriminatorio”, subrayó.
También de Acción Nacional, el diputado José Mario Íñiguez Franco advirtió que la medida dañaría la economía de México y es injusta para los migrantes que trabajan para hacer crecer a Estados Unidos; la imposición de gravámenes -añadió-, sólo provocará que los paisanos busquen otras vías para enviar recursos a comunidades que los necesitan y sobreviven con ellos.
El coordinador del PRI, Manuel Añorve Baños, manifestó que las remesas de los migrantes mexicanos no son transferencias financieras, sino resultado del sacrificio y trabajo honesto; debido a que ya pagan impuestos, no se puede permitir una doble tributación. Destacó que “el Senado ha hablado como una sola voz para apoyar a los migrantes”.
Waldo Fernández González, senador del PVEM, consideró que gravar las remesas puede deteriorar las relaciones diplomáticas y de cooperación entre ambas naciones y se trata de una propuesta que atenta contra
Reginaldo Sandoval Flores, diputado del PT, refirió que Estados Unidos quiere ponerle un impuesto los mexicanos que trabajan con mucho esfuerzo en esa nación para que aporten otro porcentaje, y detalló que en 2024 los connacionales que radican en la Unión Americana contribuyeron con 121 mil millones de dólares, equivalente a ocho por ciento de su PIB, por lo que consideró que ese impuesto a las remesas sería “incorrecto, injusto y una violación a sus derechos humanos”.
La senadora Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, advirtió que gravar las remesas de migrantes en Estados Unidos es un despropósito por parte del gobierno de ese país, que afectará la economía de México, así como la dignidad y el sustento de los connacionales. Ellos, dijo, sí pagan impuestos, la diferencia es que no reciben apoyo del gobierno por lo que solo dependen de su ingreso para sobrevivir.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que conduce Jesús Antonio Esteva Medina, inició la construcción y modernización de ocho obras carreteras en seis estados, de los cuales cuatro son Ejes Prioritarios, un distribuidor vial y tres puentes.
Los Ejes Prioritarios se interconectarán con la red troncal principal del país de casi 19 mil kilómetros (km) y de la que se construirán en el actual sexenio 2 mil 200 km.
Las ocho obras son parte del Programa Nacional de Infraestructura Carretera que el Gobierno de México desarrollará en esta administración, y que será superior a los 942 km, con inversión de más de 48 mil 565 mdp.
Se trata de la Cuautla-Tlapa de 385 km, entre Morelos y Guerrero, con inversión de 13 mil 652 millones de pesos (mdp).
En Hidalgo arranca la carretera Tamazunchale-Huejutla, de 95 km, y en la que se invertirán 6 mil 674 mdp.
En Morelos, ya está en curso el Circuito Tierra y Libertad, en el que se contempla una inversión de 124 mdp para 7 km; ya se demolió el Puente Jojutla, el cual se modernizará con la construcción de un nuevo paso vehicular.
Asimismo, esta semana arranca el tramo Huatulco-Pochutla, el cual es parte de la carretera Salina Cruz-Zihuatanejo, entre Oaxaca y Guerrero, que contempla 453 km y se invertirán 27 mil 665 mdp.
Otro de los trabajos que inicia obra tras licitación es el distribuidor vial de la Glorieta Fonatur en Baja California Sur, mismo que tiene dos kilómetros de longitud y en el que se invertirán 450 millones de pesos.
En Colima, se reconstruirán los puentes La Presa Trancas (0.15 km), El Chical (0.27 km) y Las Tunas (0.2 km), y aunque los trabajos inician a finales de junio, ya están en proceso de licitación.