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El organismo multilateral consideró que la metodología analítica utilizada en este análisis ex postcontribuye a la técnica para evaluar el impacto de las decisiones de las autoridades de competencia
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Estos trabajos permiten dimensionar el impacto de las resoluciones de las agencias de competencia en la estructura y la dinámica de los mercados intervenidos y los beneficios que obtienen los consumidores por la aplicación de la LFCE
México D.F., a 22 de abril de 2015. – La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) participó hoy en el "Taller de Capacitación sobre Evaluaciones Ex Post de las Decisiones de las Autoridades de Competencia", convocado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El organismo multilateral invitó a la Comisión a exponer el estudio “Evaluación del impacto de una práctica colusiva en el mercado de autotransporte de carga”, al considerar que la metodología analítica utilizada es referencia en cuánto a técnica para evaluar el impacto de las decisiones de las autoridades de competencia en el mundo.
En línea con su compromiso de medir y dar a conocer cómo sus resoluciones tienen impacto sobre la estructura y la dinámica de los mercados intervenidos, así como los beneficios que obtienen los consumidores por la aplicación de la Ley Federal de Competencia Económica, la COFECE realizó el estudio ex post sobre el impacto en precios y en el bienestar de los consumidores mexicanos de una colusión detectada y sancionada en el mercado del autotransporte de carga.
El caso analizado se derivó del acuerdo ilegal de la CANACAR y sus agremiados para transferir directamente a sus clientes los aumentos en el precio del combustible entre 2008 y 2010, a través del llamado “Cargo por Ajuste de Combustible” (CPAC), provocando así un aumento artificial de los precios de los servicios. Esta práctica monopólica absoluta fue sancionada por la extinta Comisión Federal de Competencia en 2010, y confirmada en definitiva por el Poder Judicial de la Federación en 2013.
La COFECE determinó analizar el impacto de este caso debido a la importancia que tiene el autotransporte de carga como enlace entre diferentes sectores y regiones del país, mismo que se dio a conocer en el marco del "Taller de Capacitación sobre Evaluaciones Ex Post de las Decisiones de las Autoridades de Competencia", convocado por la OCDE.
En el estudio, que mide el impacto de la práctica anticompetitiva en el bienestar de los consumidores, se comparó el comportamiento observado en el precio del sector autotransporte durante el periodo de la colusión con la tasa de inflación esperada de no haberse realizado el acuerdo ilegal.
El análisis revela que la inflación observada en el mercado del autotransporte de carga fue mayor en 3.2 puntos porcentuales debido a la existencia de la colusión; sin éste hubiera sido de 4.05%, pero la observada fue de 7.25%. Dado que la inflación es un factor que afecta a la economía y al bienestar de los individuos, esta alza artificial provocó un daño acumulado al mercado, durante los tres años que se realizó la práctica, del orden de 9 mil 400 millones de pesos.
Inflación anual de autotransporte
Observada y contrafactual en la ausencia de colusión
El estudio también analiza, en lo particular, el impacto que generó la conducta anticompetitiva en el mercado de los alimentos, ya que de acuerdo con información del Banco Mundial este sector es sensible a los costos de transporte y es un mercado esencial para el bienestar de los consumidores. Así, estimó que la práctica provocó un incremento de entre 13 y 25% en los precios de los alimentos. Cabe recordar que los hogares mexicanos destinan en promedio 34% de su gasto mensual a la compra de alimentos y en aquellos de ingresos más bajos es de hasta 52%.
El trabajo, que hoy se publica en la página electrónica de la COFECE, fue realizado por el Profesor Asociado en el Departamento de Economía de la Universidad Estatal de Pensilvania, Andrés Aradillas López.
Este estudio fue seleccionado por la OCDE para incorporarlo en una Guía de las mejores prácticas internacionales en cuanto a metodologías para realizar evaluaciones ex post que permita a las agencias de competencia de los países miembros evaluar el impacto que generan sus decisiones en el bienestar de los consumidores.
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