- La aprobación de este ordenamiento responderá a la deuda que tenemos con nuestro país en materia de justicia, subraya Sánchez Cordero
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El proyecto, que fue aprobado en lo general con 101 votos a favor y dos abstenciones, también reforma las leyes orgánicas del Poder Judicial de la Federación y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Cuenta con 144 artículos y 17 transitorios, divididos en nueve capítulos, y deriva de una reforma la Constitución Política de 2017, en la que se mandató al Congreso de la Unión a expedir una ley sobre esta materia, con excepción a la penal.
En el documento se destaca que los mecanismos de solución de controversias son cauces extra jurisdiccionales surgidos al margen del proceso y desarrollados algunas veces por órganos no vinculados al Poder Judicial y otras veces por las mismas instancias de justicia, a través de un conjunto de prácticas y técnicas dirigidas a:
Posibilitar la solución de los conflictos al margen de los tribunales en beneficio de todas las partes implicadas; reducir el costo y la dilación con relación al proceso judicial; y prevenir los conflictos jurídicos que estarían probablemente destinados a ser llevados ante los tribunales, lo que coadyuva en la búsqueda de tutela judicial efectiva.
Al exponer en tribuna el dictamen, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, subrayó que se trata de un “día histórico”, ya que el Poder Legislativo tiene la oportunidad de impulsar un nuevo ordenamiento que, enfatizó, “responderá a la deuda que tenemos con nuestro país en materia de justicia”.
La norma, explicó, está fundamentada en un procedimiento sencillo y se basa en la voluntad, la prontitud, la honestidad, la confidencialidad y en la economía, además de que privilegia la cooperación, la comprensión, la negociación, la tolerancia y el diálogo para resolver conflictos.
Asimismo, tiene por objeto lograr la armonización y la homologación de los procedimientos no jurisdiccionales y de los diferentes mecanismos que en común tienen las partes para gestionar por sí mismas la solución de sus conflictos o con el apoyo de una tercera persona ajena, denominada “facilitadora”.
“Promueve la participación de la ciudadanía en la impartición de la justicia vía extrajudicial, a través de la implementación de soluciones efectivas, confiables y contundentes a sus problemáticas, con lo que se busca que las partes sean quienes solucionen sus conflictos, sin que requieran acudir a instancias jurisdiccionales”, agregó la senadora.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, refirió que esta nueva ley mejorará sustancialmente el modelo de justicia en México y complementará al recién publicado Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, con lo que se busca alcanzar los principios constitucionales en materia de impartición de justicia y se ofrecen a las personas alternativas más allá de la confrontación directa.
Con esta norma, además, “estamos abonando a la cultura de la paz, pues se ofrecen opciones igual de efectivas que en un juicio, pero mucho más expeditas, como la negociación, la mediación, la conciliación o el arbitraje”, abundó, y añadió que con ella se resolverán los conflictos sin que las personas enfrenten los largos procedimientos o juicios que duran meses o años, y que ahuyentan a las partes de los tribunales.
La nueva ley, expone el dictamen enviado para su ratificación a la Cámara de Diputados, plantea las bases y principios comunes en la tramitación de los mecanismos alternativos de solución de controversias, y la obligación de las entidades federativas de expedir y armonizar sus leyes locales en concordancia con lo dispuesto en esta norma general.
Establece la creación de la figura de facilitadores encargados de la conciliación de conflictos, además de los lineamientos para su certificación, evaluación, capacitación a nivel nacional, seguridad y certeza jurídica, y propone que los Tribunales de Justicia Administrativa, Federal y locales, puedan contar con Centros Públicos y mecanismos alternativos de solución de controversias.
Además, crea una Plataforma Nacional de Personas Facilitadoras y un Sistema Nacional de Información de Convenios, los cuales serán administrados por el Consejo de la Judicatura Federal y contendrá la información relativa de las entidades federativas, y la correspondiente del Poder Judicial de la Federación.
En la discusión, el senador José Narro Céspedes, de Morena, consideró que la norma es muy relevante ante la posibilidad de obtener eficiencia y resultados a corto plazo en la impartición de justicia, aunado a que se implementan mecanismos que evitan recurrir a los tribunales y que se incrementen los conflictos.
El senador Damián Zepeda Vidales, de Acción Nacional, dijo que esta reforma es una de las legislaciones más relevantes de la presente Legislatura, ya que apostar por los mecanismos alternativos de solución de controversias, genuinamente ayudaría a resolver de forma “más amigable los conflictos entre las personas, lo que abonará a la paz que tanto necesita México”.
Luis David Ortíz Salinas, senador por Movimiento Ciudadano, precisó que los mecanismos alternativos a la justicia tradicional son propicios para “sanar el tejido social” y construir paz en la comunidad. “No podemos evitar el conflicto, lo que sí podemos hacer es dirimirlo de manera pacífica y satisfactoria para las partes”, agregó.
La senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas consideró que dicha ley contribuirá a fortalecer la convivencia armónica y la justicia social, además de que representa un respiro a los órganos jurisdiccionales “que hoy están desbordados de asuntos”, y en última instancia, a consolidar un México más justo.
Miguel Ángel Mancera Espinosa, del PRD, calificó como una “herramienta útil” la justicia cotidiana, porque beneficiará a quienes no tienen los recursos para sostener un procedimiento legal o pagar un abogado. “Hay alrededor de 400 mil personas, dijo, que enfrentan procesos civiles de justicia familiar y mercantil, que encontrarán con esta ley la mejor opción para alcanzar una justicia pronta y expedita.
Germán Martínez Cázares, senador del Grupo Plural, dijo que no se puede estar en contra de una ley de esta naturaleza, porque los mecanismos alternativos contribuyen a la mediación y agilizan la justicia. Destacó que contiene un capítulo de justicia digital fuerte, y no se rompe el principio de mediación entre las partes, el juez y queda a salvo la jurisdicción en materia mercantil y civil.
El Pleno también aprobó con 101 votos a favor y dos abstenciones modificaciones propuestas por los senadores Nuvia Magdalena Mayorga Delgado y Rafael Espino de la Peña; una para precisar que esta norma también se pueda aplicar para la resolución de conflictos escolares y otra para que los facilitadores tengan por lo menos 60 horas de capacitación en materia de justicia restaurativa, en caso de que tengan que participar en procesos de esta naturaleza.
