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martes, 5 de mayo de 2020



            (CODICS).- Organizaciones campesinas agrupadas en El Campo es de Todos y sindicatos de trabajadores de la UNT, trabajan la Alianza Contra el Aumento a la Canasta Básica bajo el pretexto del COVID-19 pues la afectación en la cadena de abasto se nota de origen, desde los campesinos y productores hasta el consumidor final.

Con ello organizaciones de agricultores, sindicales y sociedad civil evitarán que se rompa la cadena de producción, distribución y comercialización de alimentos con el cierre de mercados públicos, Central de Abasto y sí frenarán el apoderamiento de la venta de alimentos frescos por parte de los súper mercados anunció Isidro Pedraza Chávez, Presidente de la UFIC e integrante de está cúpula de productores agropecuarios.

En el Foro virtual de análisis: “La crisis sanitaria por el Covi-19 y la económica” en el que participaron dirigentes sindicales de la Unión Nacional de Trabajadores y de El Campo es de Todos, el dirigente de la UFIC consideró urgente generar un espacio político para dialogar las formas de operación de esta Alianza.

Y que, dijo, se necesita construir un nuevo modelo de desarrollo económico con justicia, inclusión social, equidad, democracia y prosperidad para nuestros pueblos y comunidades con base en una nueva relación entre el Estado, los mercados, la sociedad y la naturaleza.

Esta alianza, aseguró, reclama un Programa Emergente para la Transformación de la economía y el campo, construida con la participación de los sujetos colectivos, sociales y privados que actúan en el campo, dado que la problemática de la sociedad rural es compleja y demanda la participación directa y permanente de todos en estos momentos donde se suma otra problemática llamada COVID-19.

Lo más de urgente, insistió, es impedir que se rompa la cadena de producción, distribución y comercialización de alimentos frescos provenientes del campo pues actualmente, tan sólo en la Ciudad de México, entre 15 y 20 mercados públicos están cerrados total o parcialmente al igual que diversas bodegas en la Central de Abasto derivado de la pandemia que padece México.




En la Alcaldía Venustiano Carranza se han cerrado los mercados Sonora, Sonora Anexo, Merced Flores, Merced Dulces, Merced Anexo, Merced Paso a Desnivel, Central de Calzado, Nuevo San Lázaro y Emilio Carranza, que no venden productos esenciales, además del mercado Jamaica, este temporalmente.

En la Central de Abasto en unas semanas la afluencia bajó entre 60 y 70 por ciento y, con ello, la caída en la distribución de alimentos básicos podría afectarse gravemente pues hay una afluencia diaria de 590 mil personas y si la emergencia sanitaria se prolonga se rompería la cadena de distribución de alimentos frescos.

Además, denunció que intermediarios se han apoderado del mercado imponiendo alza en precios de alimentos lo que ha “golpeado” la economía del consumidor.

Por ello, insistió Isidro Pedraza Chávez, se hace necesaria la creación del Consejo Nacional Alimentario como organismo de opinión e interlocución de organizaciones de productores del sector social, privado y público para diseñar políticas públicas que garanticen la soberanía y autosuficiencia alimentaria.

En la última semana de abril el comportamiento de precios en alimentos ha sido al alza. El huevo en granja, que es una alternativa a otras proteínas, presenta un incremento acelerado y se ubica en el mejor de los casos en $40.00 el kilo el blanco y el rojo a 45 pesos.

Asimismo, otro producto que ha presentado un incremento acelerado en las últimas semanas es el frijol negro 40 pesos el kilogramo debido a una cosecha escasa y a la alta demanda.

Igualmente el kilogramo de jitomate se ubica en 50 pesos el kilo, el limón entre 35 y 40 pesos el kilogramo, el ajo a 40 pesos, cebolla a 35 pesos, tomate verde 30 pesos.

Por ello buscamos crear condiciones para definir transformaciones en el campo donde no solamente la producción y el abasto interno sean un propósito, sino también exista la posibilidad de obtener alimentos nutritivos y baratos, oportunos y de calidad vinculada a la industrialización y comercialización de excedentes vía T-MEC.

Se requiere demandar de la Cámara de Diputados, la creación de un presupuesto multianual, donde se establezcan objetivos y programas para el desarrollo integral del sector agropecuario.

La creación de un Fondo de Recapitalización Productiva que establezca nuevos lineamientos con tasas de interés más accesibles de un dígito y con requerimientos que otorguen garantías tanto para el gobierno en la recuperación del crédito, y a los productores en dar certeza en la propiedad de la tierra y sus garantías.



Dentro de un programa, establecer la entrega inmediata de beneficios y un programa de estímulos a granos básicos, aunque para obtener los recursos se posterguen la realización de las obras del Tren Maya, la Refinería 2 Bocas y se suspenda la compra de estadios.

NECESARIA LA ALIANZA ENTRE ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES, SINDICALES Y SOCIEDAD CIVIL PARA FRENAR ALZAS EN PRECIOS DE ALIMENTOS ANTE PANDEMIA COVID-19

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miércoles, 10 de abril de 2019


Por Carlos García de Balzac
A pesar de que algunas  organizaciones del Congreso Agrario Permanente ( CAP ) han convocado como invitado especial al titular de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural  Víctor Villalobos, en varias ocasiones, lo cierto,  es que el nuevo gobierno de la Republica “ni los ve ni los oye”, por lo que anunciaron protestas el próximo martes en Palacio Nacional al conmemorar el primer centenario luctuoso del llamado Caudillo del Sur Emiliano Zapata  a decir de los representantes del CAP este 10 de abril.

En rueda de medios accidentada,  el vetusto dirigente de clara filiación tricolor José. Aguilera detallo “  es urgente atender las demandas de los productores del sector rural y señaló que a cuatro meses con 10 días de la actual administración hay omisiones y discriminaciones en los programas sociales. A la par indico que las pocas organizaciones que representa trabajan en la creación del Observatorio de Política Pública Social para dar seguimiento a los programas instrumentados en el medio rural y a las iniciativas de ley que pretenden reformar el marco legal agrario. A la par adelanto  que  dicho  Observatorio de Política Pública Social,  se formalizará en los próximos meses y secundo  el organismo está abierto a las organizaciones sociales que deseen adherirse, pues el único objetivo será evaluar el desempeño de la política agraria-agropecuaria del país y detectar incongruencias, posibles actos de corrupción gubernamental y supervisar la correcta aplicación de los recursos federales para cerrarle el paso a la manipulación político-electoral. En relación a los cambios de nombre de algunos programas gubernamentales con el debido respaldo económico, el siempre protagonista dirigente  Raúl Pérez Bedolla, secretario técnico del CAP, enfatizo : El  gobierno le puede poner el nombre que desee “precios de buena onda, de buena fe o precios de dádiva, no nos pelearemos por el nombre, sino porque se les pague a los campesinos”. Asi mismo confió que ayer se realizó la negociación entre productores de maíz blanco de Sinaloa y autoridades de la Sader pues los primeros exigían 4 mil 500 pesos por tonelada de este grano. Sin embargo, el titular de la Sader, Víctor Villalobos, les ofreció “pasar de 3 mil 960 a 4 mil 150 pesos por tonelada, así como ampliar la superficie productiva con lo cual se beneficiaron prácticamente la totalidad de maiceros de esa entidad”. Por ende  expuso que el incremento obtenido si bien no satisface, sí se demostró que el gobierno puede y debe negociar con las organizaciones de productores. Acotó que entre hoy y mañana se negociará con la Sader el precio objetivo del trigo en la zona productora del noroeste de Sonora. A la par  exigió la reinstalación de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados pues no se tomó en cuenta la existencia de más de 32 mil ejidos y comunidades existentes en el país, espacio donde habitan más de 5.6 millones de ejidatarios, comuneros y posesionarios ni las distintas formas de la propiedad agraria que abarcan 198.5 millones de hectáreas. Al final ambos dirigentes  solicitaron la reintegración de la subsecretaría de Desarrollo Agrario a la estructura de la Sedatu y que esta dependencia recupere su vocación agraria y concentre el desarrollo agrario y el ordenamiento. Así las cosas, continúan los dimes y diretes con estas seudo-organizaciones del agro nacional que nunca llevan a cabo asambleas ni informan del número exacto de sus miembros, por lo que el nuevo gobierno de la Republica insiste en decir No a los millonarios apoyos presupuestales para “ intermediarios “ como pudiera ser el caso a decir de otras organizaciones agropecuarias fines a Morena.



Campesinos anuncian protestas en Palacio Nacional , CAP ¡

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martes, 23 de octubre de 2018


    • Un marco legal  incluyente en el que participen todos los mexicanos.
En nombre del Grupo Parlamentario de Morena, el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa que contempla la expedición de la Ley para el Desarrollo Agrario que reconoce al ejido y la comunidad como las organizaciones más representativas de la sociedad rural y su aporte al desarrollo nacional y deroga la actual legislación en la materia.

En su propuesta, el senador Monreal Ávila destacó la necesidad que desde el marco legal agrario se construya un andamiaje incluyente, que nadie se quede fuera. Que respete la dignidad humana y en el que participemos todos los mexicanos: la población indígena, las personas jóvenes, las mujeres, los hombres y la niñez.

La iniciativa, explicó desde la Tribuna del Senado de la República, consta de once títulos, diez de ellos vinculados al derecho agrario sustantivo, y el título 11, relativo a justicia agraria ante órganos jurisdiccionales.

El primero define el marco de aplicación de la ley —a partir de la jurisdicción federal de la regulación de los derechos de propiedad ejidal y comunal—, en la que se propone reconocer al ejido y la comunidad como la organización social y económica, propietaria de tierras, más representativa en la sociedad rural.

Para su desarrollo, y a fin de superar la falta de capitalización, propone crear el Fondo para el Desarrollo Agrario, por disposición legal y con el propósito de financiar actividades productivas en las tierras de uso común de los ejidos y comunidades. Su operación estaría a cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, detalló.

Abundó que en este título se regula el vínculo entre los derechos de propiedad ejidal y comunal con el cuidado al medio ambiente, para lo cual se propone la elaboración de una política agrario-ambiental, a efecto de lograr el equilibrio entre conservación y aprovechamiento sustentable.

En el título segundo, dijo, sobre la personalidad jurídica y patrimonio de ejidos y comunidades, se enuncian los documentos que acreditan tal personalidad, con el propósito de derribar obstáculos para que ejidos y comunidades sean sujetos de entrega de subsidios y de crédito, sin tener que constituirse en una nueva figura asociativa que excluye a ejidatarios o comuneros, y limita el marco de aplicación de proyectos a superficies de determinados integrantes, en vez de aprovechar el potencial de las tierras de uso común.

“Este capítulo está encaminado a agrupar toda la regulación sobre la acreditación de la personalidad jurídica de ejidos y comunidades, los procedimientos para la terminación del régimen ejidal, la constitución un nuevo ejido a partir de la aportación de tierras sujetas al régimen de propiedad privada, así como el procedimiento para el reconocimiento como comunidad, señalando incluso la importancia de aportar a los Tribunales Agrarios los trabajos técnicos topográficos, el padrón de beneficiarios conformado a partir del reconocimiento de la igualdad de hombres y mujeres ante la ley, así como pruebas periciales en antropología e historia para acreditar el estado comunal y de ser necesario el informe de expertos”, indicó.

Monreal Ávila explicó que por ello se incluye un apartado para regular el reconocimiento o restitución de las tierras de las comunidades que forman parte de un pueblo indígena, y en otros capítulos en los que resulta aplicable se establece la protección de sus derechos humanos para quienes se auto adscriben como personas indígenas.

En el título tercero, continuó, se regula lo relativo a los sujetos de derecho agrario, ejidatarios, comuneros y avecindados. Una de las propuestas más relevantes de esta iniciativa consiste en incluir al posesionario como sujeto con los mismos derechos que tiene el ejidatario sobre su parcela, con la finalidad de dar certidumbre jurídica a casi setecientas mil de personas de acuerdo a datos del Registro Agrario Nacional.

Uno de los puntos de partida para la legalidad de las asambleas de ejidatarios y comuneros es el padrón de ejidatarios. Por primera vez se define legalmente la manera como se debe integrar, y se otorga la responsabilidad a la Procuraduría Agraria y al Registro Agrario Nacional, en el ámbito de sus atribuciones —en colaboración con quienes integran el Comisariado Ejidal— de mantenerlo actualizado de forma permanente, y evitar que se incrementen los juicios de nulidad de acuerdos de Asamblea por diferencias en los padrones de sujetos de derecho, destacó.

El senador zacatecano expresó que el título quinto regula la integración y los derechos en general sobre las tierras de uso común, las tierras parceladas y las de asentamiento humano.  En las tierras parceladas, considerando el alto número de migración, se regula la prescripción entre consortes por ausencia del cónyuge del titular del derecho parcelario.

Mencionó que en el título sexto de la Ley se regula el ejercicio de los derechos de los ejidatarios, comuneros y posesionarios. El primero de ellos es la designación del sucesor de sus derechos agrarios.

También se regula un nuevo capítulo en la historia de las legislaciones agrarias en México, y es el relativo a las inversiones en ejidos y comunidades para el desarrollo nacional, a fin de promover una mayor participación y asociación de ejidos, y sus integrantes en proyectos de desarrollo, estableciendo como obligatorio realizar con la debida diligencia el análisis de los derechos de propiedad en el área a desarrollar, así como los estudios de impacto social y ambiental y los avalúos a valor comercial de las contraprestaciones a ejidos y comunidades, incluyendo la tierra, los bienes distintos a ésta, y la previsión de daños que garanticen la sostenibilidad del proyecto a largo plazo, concluyó.

Cabe destacar que a esta iniciativa se sumaron los Grupos Parlamentarios del PRI, PRD, PAN y los senadores Mónica Fernández, Casimiro Méndez, Susana Harp, Cruz Pérez, Nestora Salgado, Blanca Estela Piña, Eunice Renata, Marcela Mora, Verónica Camino, Mauricio Kuri, Ismael García, Guadalupe Murguía, Primo Dote, Angélica García, Víctor Cosío, Alejandro Armenta, Griselda Valencia, Salomón Jara,  Eduardo Ramírez, Américo Villareal, Antonio Cruz, Guadalupe Covarrubias, Lucía Meza, Lili Téllez, Margarita Valdez, Imelda Castro Nubia Mayorga y Cristóbal Arias.

La propuesta se turnó a las Comisiones de Reforma Agraria, Agricultura, Ganadería Pesca y Desarrollo Rural para su estudio y análisis correspondiente.

Crear la nueva Ley para el Desarrollo Agrario plantea Morena

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