Por Carlos García de Balzac
A pesar de que algunas organizaciones del Congreso Agrario Permanente ( CAP ) han convocado como invitado especial al titular de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural Víctor Villalobos, en varias ocasiones, lo cierto, es que el nuevo gobierno de la Republica “ni los ve ni los oye”, por lo que anunciaron protestas el próximo martes en Palacio Nacional al conmemorar el primer centenario luctuoso del llamado Caudillo del Sur Emiliano Zapata a decir de los representantes del CAP este 10 de abril.
En rueda de medios accidentada, el vetusto dirigente de clara filiación tricolor José. Aguilera detallo “ es urgente atender las demandas de los productores del sector rural y señaló que a cuatro meses con 10 días de la actual administración hay omisiones y discriminaciones en los programas sociales. A la par indico que las pocas organizaciones que representa trabajan en la creación del Observatorio de Política Pública Social para dar seguimiento a los programas instrumentados en el medio rural y a las iniciativas de ley que pretenden reformar el marco legal agrario. A la par adelanto que dicho Observatorio de Política Pública Social, se formalizará en los próximos meses y secundo el organismo está abierto a las organizaciones sociales que deseen adherirse, pues el único objetivo será evaluar el desempeño de la política agraria-agropecuaria del país y detectar incongruencias, posibles actos de corrupción gubernamental y supervisar la correcta aplicación de los recursos federales para cerrarle el paso a la manipulación político-electoral. En relación a los cambios de nombre de algunos programas gubernamentales con el debido respaldo económico, el siempre protagonista dirigente Raúl Pérez Bedolla, secretario técnico del CAP, enfatizo : El gobierno le puede poner el nombre que desee “precios de buena onda, de buena fe o precios de dádiva, no nos pelearemos por el nombre, sino porque se les pague a los campesinos”. Asi mismo confió que ayer se realizó la negociación entre productores de maíz blanco de Sinaloa y autoridades de la Sader pues los primeros exigían 4 mil 500 pesos por tonelada de este grano. Sin embargo, el titular de la Sader, Víctor Villalobos, les ofreció “pasar de 3 mil 960 a 4 mil 150 pesos por tonelada, así como ampliar la superficie productiva con lo cual se beneficiaron prácticamente la totalidad de maiceros de esa entidad”. Por ende expuso que el incremento obtenido si bien no satisface, sí se demostró que el gobierno puede y debe negociar con las organizaciones de productores. Acotó que entre hoy y mañana se negociará con la Sader el precio objetivo del trigo en la zona productora del noroeste de Sonora. A la par exigió la reinstalación de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados pues no se tomó en cuenta la existencia de más de 32 mil ejidos y comunidades existentes en el país, espacio donde habitan más de 5.6 millones de ejidatarios, comuneros y posesionarios ni las distintas formas de la propiedad agraria que abarcan 198.5 millones de hectáreas. Al final ambos dirigentes solicitaron la reintegración de la subsecretaría de Desarrollo Agrario a la estructura de la Sedatu y que esta dependencia recupere su vocación agraria y concentre el desarrollo agrario y el ordenamiento. Así las cosas, continúan los dimes y diretes con estas seudo-organizaciones del agro nacional que nunca llevan a cabo asambleas ni informan del número exacto de sus miembros, por lo que el nuevo gobierno de la Republica insiste en decir No a los millonarios apoyos presupuestales para “ intermediarios “ como pudiera ser el caso a decir de otras organizaciones agropecuarias fines a Morena.
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