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martes, 5 de diciembre de 2023

 

  • Senadores aprueban dictamen en materia de derechos de las tripulaciones de las aeronaves civiles 

 

Las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Segunda aprobaron, con 23 votos a favor y una abstención, un dictamen que establece un plazo de 30 días para que cualquier autoridad tenga la obligación de brindar toda la información que solicite la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), a fin de mejorar la atención de los y las trabajadoras. 

 

Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, explicó que las reformas al artículo 535 de la Ley Federal del Trabajo tienen el objetivo de garantizar, mantener y agilizar los procesos de justicia laboral y, al mismo tiempo, proteger a los trabajadores. 

  

Detalló que hasta junio de este año, la PROFEDET atendió a más de un millón de trabajadores, ofreció 214 mil servicios, brindó 193 mil asesorías y realizó más de 20 mil acompañamientos en audiencias ante los tribunales, lo que significó la recuperación de casi 185 millones de pesos, en favor de los y las trabajadoras. 

 

“Si bien la Procuraduría tiene la facultad de solicitar a las diversas autoridades datos e informes, la Ley no determina un plazo para que se le brinde la información requerida, esto retrasa los procesos, permite prácticas corruptas y va en contra del espíritu de la reforma laboral del 2019, porque entorpece la impartición de justicia ágil y expedita”, explicó. 

 

Abundó que el proyecto establece la figura de la “negativa ficta”, que es una práctica jurídica que constituye una negación de una autoridad administrativa o judicial, a través del silencio o la inacción procesal. 

 

En la reunión de este martes, los y las legisladoras también avalaron, con 23 votos a favor y una abstención, un proyecto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley de Aviación Civil, en materia de derechos de las tripulaciones de las aeronaves civiles. 

 

Napoleón Gómez Urrutia explicó que estas reformas tienen el propósito de incorporar en la Ley Federal del Trabajo elementos que refuercen el criterio de “trabajo decente” para el sector aeronáutico y que permitan prevenir los accidentes derivados de factores humanos, principalmente provocados por la fatiga.  

 

Agregó que es necesario establecer las condiciones para que las aerolíneas nacionales recuperen su sana participación en los mercados aéreos, por lo que es urgente declarar a los servicios de transporte aéreo concesionado como actividad prioritaria, para brindar al Estado mexicano de las herramientas pertinentes para blindar sus concesiones.  

 

“Estas reformas fortalecen el marco de derechos de este sector y robustecen la transformación de nuestra cultura laboral, para que todos los trabajadores gocen de los derechos que merecen”.  

 

Mencionó que frente a la competencia para mantenerse en el mercado en este sector se han adoptado criterios de productividad inadecuados que se han convertido en condiciones desfavorables para los trabajadores.  

 

“Entre las afectaciones a las tripulaciones encontramos el contacto con sustancias tóxicas, trabajos peligrosos por el tipo de maniobras requeridas, la acumulación de fatiga y estrés y la violencia que sufren por parte de los usuarios”, advirtió el senador. 

 

La presidenta de la Comisión de Salud, Margarita Valdez Martínez, mencionó que uno de los objetivos de esta propuesta es proteger la salud de los trabajadores del sector y negó que los legisladores pretendan favorecer el consumo de alcohol en los trabajadores, sino al contrario, “este cambio es benéfico para que se regule este hábito social”.  

 

El capitán Humberto Gual, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, expresó que estas reformas brindan certeza jurídica a los trabajadores del sector, por lo que agradeció a los senadores y senadoras su sensibilidad para escucharlos y atender sus demandas.   

Avalan en comisiones dar plazo de 30 días para que dependencias entreguen información a Profedet

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domingo, 11 de junio de 2023


 

  •          Además, es necesario salvaguardar los derechos de quienes hayan sido acosados, amenazados o despedidos por exigir su pago: legisladores del PT 

     


El trabajo es un factor fundamental para la productividad y el desarrollo económico del país, por ello, resulta inaceptable que se niegue el reparto de utilidades a las que tiene derecho toda persona trabajadora dentro de una empresa, aseguraron senadores del PT. 

 

Por tal motivo, presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, a que apoyen y orienten jurídicamente a las y los trabajadores que, a causa de exigir el pago de utilidades hayan sido acosados, amenazados o en última instancia despedidos injustificadamente de su empleo. 

 

En el documento, las senadoras Geovanna Bañuelos de la Torre, Cora Cecilia Pinedo Alonso y Martha Cecilia Márquez Alvarado, así como el senador Joel Padilla Peña, también plantean hacer un llamado a dicha Secretaría para que incremente la difusión sobre el derecho de las personas trabajadoras a recibir el pago de utilidades y los mecanismos e instancias competentes en caso de que se vulnere este derecho. 

 

Los senadores señalaron que el reparto de utilidades es un derecho constitucional que tienen las personas trabajadoras, de tal forma que puedan recibir una parte de las ganancias que obtiene una empresa o patrón por la actividad productiva o los servicios que ofrece en el mercado. 

 

Pese a lo anterior, advirtieron que existen empresas que se niegan a cumplir con este derecho o lo otorgaron de forma incompleta. 

 

Destacaron casos como el de Grupo Corona, donde 40 trabajadores se fueron a huelga en el estado de Aguascalientes, debido a que sus utilidades se redujeron 50 por ciento respecto a las del año pasado. 

 

Mencionaron que, en la industria hotelera se presentaron casos en los hoteles Thomson, The Fives y Paradisus, ubicados en Playa del Carmen, y en Cancún, así como en el Hotel Moon Palace, en los que sus trabajadores se manifestaron por la misma razón. 

 

Los integrantes del Grupo Parlamentario del PT manifestaron que un hecho aún más preocupante es que existen empresas que despiden injustificadamente a los trabajadores que se manifiestan o entran en huelga para exigir el reparto digno de utilidades. 

 

Refirieron que empleados de Sum Autotapetes señalaron que la empresa ubicada en la comunidad de Santa María Quelites, en Tepeji del Río, Hidalgo, sólo les otorgó un monto de 300 pesos por concepto de pago de utilidades, pero al expresar su descontento mediante una protesta, fueron llamados a la oficina del gerente, quien les informó sobre su despido por la manifestación. 

 

Indicaron que el caso más mediático ha sido el de Cinemex, donde los trabajadores del complejo de Salina Cruz, Oaxaca, hicieron paro de labores y suspendieron los servicios de manera pacífica, ya que desde el año pasado la empresa no ha cumplido con esta prestación que les corresponde, por lo que posteriormente se les notificó a los trabajadores que habían sido despedidos. 

 

Puntualizaron que estos casos son ejemplo de las injusticias laborales que se dan por empresas y patrones que no realizan el reparto de utilidades como lo marca la ley, por lo que es necesario que las autoridades salvaguarden los derechos laborales de todas las personas trabajadoras. 

Secretaría del Trabajo debe apoyar y asesorar a trabajadores que no hayan recibido utilidades, consideran senadores

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