· Salazar Fernández destaca preocupación de los trabajadores por los activos vendidos hasta este momento
Salazar Fernández señaló que las y los extrabajadores tienen el derecho a saber qué parte del patrimonio de la empresa se ha vendido, conocer los precios a los que se vendieron, en qué se utilizó ese dinero, así como los avalúos previos para ello.
“Escucho a los extrabajadores que llegan a la Comisión y expresan que se maneja una nómina muy cara, que se están pagando altos sueldos para quienes participan en la quiebra; y nosotros -dicen los extrabajadores-, pensamos, que ese dinero debería ser usado para asegurar nuestro finiquito”, agregó.
Por eso es importante, subrayó el senador, saber si se está operando bajo un principio de austeridad dado que estamos ante una crisis, por esta empresa.
Cuauhtémoc Ochoa Fernández, senador de Morena, señaló que hay preocupación de los trabajadores de que se estén vendiendo activos o partes esenciales de la empresa y de manera especial, aquellas que impedirían la operación de la unidad productiva.
En su participación, Víctor Manuel Aguilera Gómez, síndico del procedimiento concursal, destacó que existe la posibilidad para que la próxima semana pueda ser autorizada la convocatoria para la subasta de la empresa, y que en enero de 2026 se pueda concretar la subasta, toda vez que ya se presentó la calendarización de las actividades que faltan para realizar ese último paso.
Comentó que de acuerdo con el avalúo se determinó un valor de mil 326 millones de dólares para la unidad productiva; se estableció un valor mínimo de referencia equivalente a mil 127 millones de dólares, mientras que el valor final, dijo, lo determinará el mercado; además destacó que ya hay ocho inversionistas interesados, tanto nacionales y extranjeros.
Al presentar el estado que guardan los procedimientos concursales, refirió que la empresa tiene pasivos por más de 61 mil millones de pesos; además el adeudo total es: 22 mil millones de pesos, con acreedores financieros; 17 mil millones de pesos, con instancias gubernamentales; 22 mil millones de pesos, con trabajadores y proveedores.
Aguilera Gómez detalló que hasta este momento se ha realizado la toma de posesión de activos y administración, el inventario físico, el avalúo como unidad productiva, la elaboración de bases para convocatoria de subasta o para asignación directa.
Subrayó que algunos activos no esenciales que se vendieron para poder financiar la operación y mantenimiento de los activos de la empresa, previo a su venta se hicieron dos avalúos.
Patricia Quintero Catalán, subprocuradora General de Atención en las Entidades Federativas de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET), expuso que se realiza un análisis de cada uno de los expedientes de los empleados de esta empresa, con la finalidad de integrar listado de trabajadores de pago preferente.
Agregó que la PROFEDET está abierta para asesorar y dar el acompañamiento necesario a los trabajadores, ante las dudas que puedan presentar en este proceso.
En el apartado de asuntos generales, el senador Luis Fernando Salazar dijo que recibió una solicitud de colaboración por parte del Juzgado Segundo de Distrito en materia de concursos mercantiles, con el objetivo de coadyuvar en la difusión de las versiones simplificadas de los acuerdos relacionados con el procedimiento de quiebra
“Esta solicitud tiene como propósito garantizar la transparencia del proceso, acercar la información a los trabajadores, acreedores, y a la sociedad en general conforme a los principios de acceso a la información y rendición de cuentas que rigen los procedimientos concursales”, finalizó.
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