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viernes, 2 de agosto de 2024

 
  • Alrededor de 3.7 millones de menores se encuentran en esta situación, por lo que senadores del PT promueven punto de acuerdo para combatir la problemática
 
Mediante un punto de acuerdo, senadores que integran el Grupo Parlamentario del PT, buscan combatir el trabajo infantil en México, problemática en la que se encuentran 3.7 millones de menores de entre 5 y 17 años, según los últimos datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
 
En el documento turnado a la Primera Comisión para su análisis, las senadoras Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, Cora Cecilia Pinedo Alonso, Martha Cecilia Márquez Alvarado y el senador Joel Padilla Peña, advierten que las y los menores que se ven obligados a trabajar, dejan atrás su derecho a disfrutar la infancia, además de que afecta su educación, su nutrición y su desarrollo cognitivo.
 
Plantean, en primer término, que la Comisión Permanente exhorte a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), así como a sus homólogas en las entidades de la República, a que redoblen sus acciones para prevenir, detectar y erradicar el trabajo infantil, además de realizar campañas de concientización y sensibilización al respecto.
 
Y es que de los 3.7 millones de menores en esa situación, precisaron, el Inegi detectó que 1.1 millones realizaban actividades que afectaban su salud, como cargar cosas pesadas; unos 437 mil tenían horarios prolongados, 210 mil con jornadas mixtas o nocturnas y 846 mil desarrollaban actividades con exposición a riesgos.
 
Al respecto, las y el senador apuntan: “las consecuencias son devastadoras. En la salud física se pueden presentar lesiones y accidentes laborales, así como enfermedades respiratorias, cutáneas y musculoesqueléticas por exposición a sustancias tóxicas. En la emocional, niveles de estrés, ansiedad y depresión, así como trastornos del sueño y dificultades para relacionarse”.
 
En ese sentido, proponen también solicitar a la STPS y a sus similares en los estados, que evalúen la posibilidad de realizar inspecciones extraordinarias cuando se tenga conocimiento de la existencia del trabajo de menores de edad o se reciban denuncias de vulneración a los derechos de la infancia.
 
Otro exhorto dentro de su proposición con punto de acuerdo plantea que la Secretaría de Educación Pública y sus homólogas en las 32 entidades del país, garanticen el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes, y se refuercen o implementen planes y estrategias para evitar la deserción escolar ocasionada por el trabajo infantil.
 
Los integrantes del PT refieren, al respecto, que las causas del trabajo infantil son múltiples y complejas, pero destacan de entre ellas la pobreza, la falta de oportunidades educativas, las normas sociales, los conflictos armados y hasta los desastres naturales, circunstancias por las que se ven obligados a complementar los ingresos del hogar.
 
Enfatizan la consecuencia de la deserción escolar, pues al privar a los menores de una educación de calidad, advierten, se limita su potencial y se obstaculiza el desarrollo económico de los países, además de que se perpetua la desigualdad y la exclusión social, lo que genera un círculo vicioso de pobreza y marginación.

Proponen reforzar medidas para prevenir y erradicar trabajo infantil en México

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sábado, 12 de agosto de 2023

 

  • Exhorta a los estados para que revisen, analicen y evalúen la estrategia de seguridad implementada y, en su caso, valoren su continuación 

 

 

El pleno de la Comisión Permanente solicitó a los titulares de las instituciones de seguridad pública, de los tres órdenes de gobierno, que fortalezcan la coordinación de sus acciones encaminadas a combatir, prevenir y garantizar la seguridad en todo el territorio nacional. 

 

En la sesión del martes, 8 de agosto, los y las legisladoras también pidieron al Consejo Nacional de Seguridad Pública que, conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, revise, analice y evalúe el cumplimiento de los objetivos y metas en la materia. 

 

Además, demandaron a todas las entidades federativas que las autoridades, en el ámbito de su competencia, revisen, analicen y evalúen la estrategia de seguridad implementada y, en su caso, valoren su continuación.   

 

En las consideraciones del dictamen, senadores y diputados mencionaron que la seguridad es un tema en el que las autoridades de los tres órdenes de gobierno trabajan y redoblan esfuerzos con la finalidad de coadyuvar para mejorar la seguridad en todo el territorio nacional. 

 

En este sentido, destacan los datos del Cuarto Informe Anual de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, de abril 2023, donde resalta la disminución de los delitos de alto impacto: secuestro, homicidio doloso, robo total y robo de vehículos, porque mostraron una clara tendencia a la baja en un 63.2 por ciento. 

 

El Informe señala que la Coordinación Nacional Antisecuestro implementó estrategias de investigación, operación y prevención, encaminadas a combatir este delito, lo que permitió que, del 16 de julio de 2019 al 28 de febrero de 2023, se desarticularan 566 bandas delictivas y se detuvieran a cinco mil 69 implicados en secuestros, mientras que los operativos de inteligencia y rescate permitieron la liberación de dos mil 271 víctimas.  

También hubo una disminución en el número de secuestrados, ya que de diciembre de 2018 a diciembre de 2022, el número de víctimas disminuyó 77.3 por ciento, al pasar de 172 a 39 al mes. 

 

En materia de homicidio doloso, añade el documento, se registra una disminución en el promedio diario de ocurrencia de este ilícito. El promedio diario de víctimas bajó 7 por ciento en 2023 respecto del año pasado; 15 por ciento, en comparación con 2021; 17 por ciento, respecto a 2020; y 18 por ciento comparado con 2018. 

 

En el informe se dio a conocer que como parte del fortalecimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, se implementaron acciones focalizadas en los 50 municipios con mayor incidencia de este delito, lo que permitió disminuir 7.4 por ciento el número de carpetas de investigación por este ilícito. 

 

“Además, 35 de los 50 municipios prioritarios registraron una disminución de 18.5 por ciento, en promedio, en el número de homicidios para el periodo de referencia. 

 

Otro dato que se destaca en el dictamen, es la baja en el delito de feminicidio que disminuyó 22.7 por ciento respecto a diciembre de 2018.  

 

“Si bien se ha logrado contener y revertir la tendencia al alza, se seguirán sumando esfuerzos para que las mujeres y niñas tengan una vida libre de violencia, como en el caso de los trabajos de la Comisión Nacional para la Atención del Delito de Homicidio Doloso y Feminicidio, así como las acciones de coordinación entre autoridades de seguridad pública en entidades federativas y municipios para prevenir, atender y sancionar este delito”.  

 

Los integrantes de la Comisión Permanente coincidieron que los datos anteriores reflejan que, si bien existe una problemática a nivel nacional en materia de seguridad, las autoridades de los tres órdenes de gobierno trabajan de manera conjunta para implementar estrategias encaminadas a combatir este fenómeno, pero reconocieron que se deben redoblar esfuerzos para obtener más y mejores resultados. 

Pide Congreso de la Unión fortalecer coordinación entre tres órdenes de gobierno para combatir inseguridad

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