· Se trata de 881 cargos: ministras y ministros, magistradas y magistrados, juezas y jueces que fueron electos el pasado 1 de junio
El pasado 1 de junio, las y los ciudadanos eligieron por voto universal, directo y secreto a la totalidad de las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); las magistraturas vacantes de la Sala Superior y la totalidad de las magistradas y magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); así como a los integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).
Además, se votó por la mitad de los cargos de magistradas y magistrados de Circuito, y juezas y jueces de Distrito, por lo que la otra mitad de los cargos correspondientes a cada circuito judicial se renovará en 2027.
Se trata de un nuevo esquema para la elección de las y los integrantes del Poder Judicial de la Federación, que responde a una demanda de la población para otorgar mayor legitimidad a los órganos jurisdiccionales y democratizar la selección de las personas juzgadoras, pues consideraban que el mecanismo anterior para su designación favorecía a intereses políticos y restaba independencia a jueces, ministros y magistrados.
El 5 de febrero de 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador presentó a la Cámara de Diputados, durante la pasada LXV Legislatura, la iniciativa para modificar diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de reformar de manera integral a este Poder de la Unión.
Para analizar el proyecto, el Congreso de la Unión organizó Diálogos Nacionales que se llevaron a cabo del 27 de junio al 8 de agosto de 2024 en la Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Chiapas, Veracruz, Puebla, Coahuila y Sinaloa.
En estos foros participaron las y los ministros de la SCJN, los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) y legisladoras y legisladores, así como académicos, especialistas, servidores públicos y representantes de la sociedad civil.
Durante estos Diálogos Nacionales, los ponentes externaron sus puntos de vista sobre la conformación y reorganización del Poder Judicial; la nueva integración del pleno de la SCJN; la duración del cargo de ministros, jueces y magistrados; el régimen de responsabilidades; austeridad, fideicomisos y derecho laboral de los trabajadores; división de poderes; impartición, procuración de justicia y seguridad pública, entre otros temas.
Para la construcción y aprobación del dictamen, también se revisaron ocho iniciativas que sobre el tema habían presentado diputados de diferentes Grupos Parlamentarios. La reforma constitucional fue aprobada por los diputados y senadores de la LXVI Legislatura, en las sesiones del 3 y 10 de septiembre de 2024, respectivamente.
Una vez que se reunió el votó aprobatorio de la mayoría de los congresos estatales, los legisladores emitieron la declaratoria de constitucionalidad para su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación y entrada en vigor. El Congreso también aprobó la legislación secundaria para la implementación de esta reforma.
Posteriormente, el 15 de octubre de 2024, el Senado de la República convocó a los Poderes de la Unión para que integraran e instalaran sus respectivos comités de evaluación, incluso realizó la insaculación pública para determinar los cargos de magistradas y magistrados de circuito, así como de juezas y jueces de distrito que se eligieron el primer domingo de junio de 2025 y los que se elegirán en la elección federal de 2027.
La Cámara de Senadores también organizó el procedimiento de insaculación pública para definir las candidaturas que correspondían al Poder Judicial de la Federación, luego de que este Poder tomó la decisión de suspender el proceso.
No obstante, conforme a la Constitución Política, los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no los partidos políticos, fueron los encargados de presentar las candidaturas que correspondieron a cada cargo.
Para la evaluación de las postulaciones, cada Poder integró un Comité de Evaluación que acreditó los requisitos legales de las personas que se registraron, e identificaron a quienes contaron con los conocimientos técnicos para el desempeño del cargo y se distinguieron por su honestidad, buena fama pública y competencia.
Del 4 de noviembre de 2024 al 8 de febrero de 2025, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal realizó un proceso, que incluyó la emisión de la convocatoria para participar en el proceso electoral, la inscripción de los aspirantes, verificación de requisitos legales de elegibilidad, calificación de la idoneidad de las y los candidatos.
Las etapas de preparación, jornada electoral y computo de resultados correspondió al Instituto Nacional Electoral.
En este contexto, las y los ciudadanos acudieron a las urnas el pasado 1 de junio, para elegir a cinco ministras y cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); tres magistradas y dos magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ); una magistrada y un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Además de 10 magistradas y cinco magistrados de las salas regionales del TEPJF, con sede en Guadalajara, Monterrey, Xalapa, Ciudad de México y Toluca; 464 magistrados de Circuito y 386 juezas y jueces de Distrito.
Se trata de 881 personas juzgadoras que rendirán protesta el 1 de septiembre para asumir el cargo conforme lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ceremonia que se llevará a cabo por bloques en el salón de sesiones del Senado de la República.
Entre otros cambios, con la reforma al Poder Judicial de la Federación se reducen de 11 a nueve los ministros que integrarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como su duración en el cargo, que se reduce de 15 a 12 años.
En tanto, el Tribunal de Disciplina Judicial sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal, para investigar y sancionar las faltas en las que pudiesen incurrir las y los integrantes del Poder Judicial de la Federación.
Además, la reforma establece que las magistradas y magistrados, juezas y jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser mayor a la establecida para la persona titular de la Presidencia de la República; y que no podrán crearse ni mantenerse en operación fondos, fideicomisos, mandatos o contratos análogos que no estén previstos en la ley.
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