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martes, 12 de septiembre de 2023

 

  • Legisladores pretenden enviar un mensaje claro sobre la postura del Estado mexicano con relación a la violencia contra las mujeres 

     

 

El pleno del Senado aprobó por unanimidad, con 87 votos a favor, un dictamen que tiene por objeto aumentar, hasta en una mitad más, las penas ya establecidas para los delitos de lenocinio, intimidación, abuso sexual, violación, amenazas y lesiones, cuando la víctima esté embarazada al momento de la comisión del ilícito. 

 

El proyecto, que modifica los artículos 206, 219, 260, 265, 282, 291, 292 y 293 del Código Penal Federal, refiere que si bien el castigo por estas transgresiones ya lo estipula la Ley, las penas no contemplan como agravante del delito la condición de embarazo. 

 

Al presentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, explicó que estas reformas obedecen a que “lamentablemente” se ha demostrado que las mujeres durante su embarazo sufren de violencia física, sexual, amenazas de tipo sexual o psicológico/emocional. 

 

Mencionó que estas agresiones pueden generar riesgos tanto para la vida de la madre como para la del no nacido, ya que provocan estrés, ansiedad y depresión que afectan directamente el embarazo y son factores que pueden limitar el desarrollo de las conexiones cerebrales del bebé. 

 

Con las reformas, los y las legisladoras pretenden establecer mejores condiciones de seguridad para las mujeres embarazadas y también enviar un mensaje claro sobre la postura del Estado mexicano con relación a la violencia contra las mujeres y, sobre todo, su obligación de tutelar de manera eficiente y eficaz la protección más amplia a la mujer, la vida, la libertad y la seguridad de las personas. 

 

La protección de la vida debe partir desde la concepción misma hasta el nacimiento, por tanto todas las autoridades tenemos la obligación de cuidar, proteger, asegurar, salvaguardar la integridad y el desarrollo de las mujeres en estado de gravidez, quienes deben ser ajenas a cualquier tipo de violencia por parte de sus parejas, familiares, compañeros de trabajo o de cualquier persona, aseguró la senadora de Morena. 

 

En el dictamen se detalla que conforme los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a julio de 2021, 4.37 por ciento de las llamadas de emergencia reales al 911, fue por violencia familiar, el 1.78 por ciento fue por violencia contra la mujer y el 1.59 por ciento fue por violencia de pareja. 

 

En ese mismo periodo de tiempo, se agrega el documento, hubo más de 63 mil mujeres víctimas de lesiones dolosas, culposas, delitos contra su libertad, extorsión, feminicidio, trata de personas, entre otros delitos, a tal grado que más de 150 mil mexicanas fueron víctimas de violencia familiar. 

Por unanimidad, Senado avala aumentar penas contra quien violente a mujeres embarazadas

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domingo, 11 de septiembre de 2022

 

  • El senador José Erandi Bermúdez presenta iniciativa para incrementar las sanciones para este ilícito y considerar el daño moral que provoca  

     


El senador José Erandi Bermúdez Méndez presentó una iniciativa para incrementar las sanciones para el delito de extorsión, y considerar en el tipo penal si se comete a través de violencia o intimidación, así como el daño moral que se le cause a las víctimas.  

 

Bermúdez Méndez dijo que este ilícito ha persistido en el país desde hace varios años, constituyéndose como un acto en contra de los derechos humanos. 

 

El legislador del PAN explicó que aún no se actualiza el alcance de este delito, por lo que no incluye el prejuicio moral o psicológico que provoca; además, las sanciones de dos a ocho años de prisión y de 40 a 160 días multa que contempla el Código Penal Federal, no han sido suficientes para inhibirlo.  

 

El senador propuso reformar el artículo 390 de dicho ordenamiento para imponer de cuatro a 16 años de prisión y de 200 a 800 días multa, “al que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, obteniendo un lucro para sí o para otro o causando a alguien un perjuicio patrimonial o moral, con violencia o intimidación”. 

 

En la iniciativa, que fue turnada a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, el legislador consideró necesarias sanciones más severas para la extorsión, ya que las víctimas son forzadas a actuar de determinada forma o entregar algún bien, con base en el temor a que les suceda algo a ellas o a su familia. 

 

Lo que afecta, no sólo su patrimonio, sino su tranquilidad y sus relaciones interpersonales, debido a que el miedo generado los obliga a hacer cambios muy drásticos, además que, en muchos casos la psicosis es permanente. 

 

Bermúdez Méndez destacó que con base en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2017, la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional reportó que en México se registraron 6.6 millones de actos de extorsión. 

 

Lo anterior, se traduce en una tasa de siete mil 719 casos por cada 100 mil habitantes; y en 93.2 por ciento de ellos se comete por teléfono.  

 

Por lo que, subrayó, es necesario asegurar una legislación apropiada que no sólo proteja la libertad, la tranquilidad psicoemocional y la dignidad humana, sino también la vida misma y, por ende, la estabilidad de toda una sociedad. 

Piden en el Senado de cuatro a 16 años de prisión para el delito de extorsión

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