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lunes, 7 de noviembre de 2022



Primera parte


Por Héctor Medina Varalta

 

   Guadalajara, Jalisco, noviembre de 2022. La organización mundial de la Salud OMS estima que en el mundo 1 de cada 5 mujeres en algún momento de su vida se ha visto forzada a tener relaciones sexuales contra de su voluntad. La violencia basada en género es un concepto que engloba diversas manifestaciones: incesto, abuso sexual, violación, hostigamiento sexual y prostitución forzada. La violencia contra la mujer está presente en todas las culturas del mundo y en todos los estratos sociales, dado que las mismas pautas y creencias socio-culturales que niegan la igualdad de derechos con el hombre la hacen más vulnerable al maltrato físico, psicológico y a la violencia sexual.

 

Misoginia

   Históricamente la violencia se ha intentado explicar como un problema de naturaleza sexual en el cual el hombre satisfacía impulsos irrefrenables. Recientemente se ha comenzado a analizar como un fenómeno que atenta contra la integridad psicofísica de la mujer, considerándola como la manifestación extrema de la desvalorización y discriminación de las mujeres y de la falta de respeto por sus derechos humanos. En esencia es un acto en el que se impone una relación de poder desigual entre hombre y mujer producto de una socialización diferenciada que considera a la mujer un ser inferior, más débil que el otro. La sociedad aborda los casos con conceptos estereotipados basados en una imagen desvalorizada de lo femenino. Expresiones como ¡seguro que le gustó!, ella lo provocó, es muy coqueta, la carne es débil. Esos patrones socioculturales operan en la lógica de las mujeres quienes intentan justificar culpándose por el hecho ¿cómo no lo vi antes? ¿Por qué no me defendí?, debí tener más cuidado. Esta confusión agrega sentimientos de culpa a lo traumático del hecho, además de vergüenza y autocastigo, el estigma cultural que recae sobre ellas determina que las denuncias sean mínimas. Además de las lesiones físicas que pudiera dejar el hecho, ocasiona múltiples trastornos a nivel psicológico que interfieren en el desarrollo de su vida.

 

Enfrentamiento brutal del duelo

   Son muchos los casos en que la madre o cualquier testigo cercano actúan como si… “aquí no pasó nada” y así transcurren los años en que parece que no pasó nada, esa mentira tan sutilmente tratada se convierte en mecanismo de defensa para no enfrentarse a la realidad tan dolorosa en la que se tienen que hacer cambios que el ego se resiste. En el abuso sexual y en el incesto hay una pérdida de la inocencia y de la credibilidad del niño, por lo que es muy fácil que el pequeño acepte el engaño y queda tan vulnerable de tal manera que en su vida continúen las cadenas de abuso de toda índole. Posteriormente cuando viene la conciencia de la realidad en la adolescencia o la juventud se presenta el enfrentamiento brutal del duelo y entonces el trauma viene aplastando los efectos del consiente, es entonces que se presentan las oportunidades: la más terapéutica y que solo se da con ayuda profesional es: encontrar sentido al dolor, o la más dolorosa quedarse con las heridas abiertas en duelo permanente, envenenándose con el resentimiento y desplazando el coraje en cualquier dirección. En esta confusión no se dan cuenta que en la vida el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional.

 

En cuanto a los cómplices

Pero qué pasa con el cómplice silencioso que está tapando la ofensa sexual de quien actuó con alevosía y ventaja. Con el tiempo la afectada siente más coraje con el cómplice que con el agresor que en muchos casos son los propios padres. La justificación posterior del cómplice es: “que se termina la familia”, “pobrecito, está enfermo”, “es que es hombre”, “es que estaba borracho”, entre otras excusas absurdas que no son concebibles a través de la ética o de la moral más simple; el abuso sexual, la violación o el incesto son una transgresión a la ley, por lo que el abusador y el cómplice son dos personajes en el delito que tienen que ser contemplados.

 

Indiferencia

Queda claro que, cuando alguien permite que algún miembro de la familia agrede a otro, asumiendo una actitud pasiva, está siendo cómplice de un delito, es el caso de cantidad de madres de menores abusados en su propio hogar. En muchos casos las autoridades también resultan cómplices de los agresores sexuales. “En una ocasión-asegura Chávez-tuve la oportunidad de platicar con un Ministerio Público mujer, encargada del área de delitos sexuales y le comenté: “-qué trabajo tan difícil el tuyo”.

- “Para nada”- me respondió. -

-“¿Cómo no?, recibir a las niñas y los niños que llegan con todo el estrés postraumático de la agresión sexual”.

-“Contestó riéndose - ¡Si llegan encantadas, felices! –

-“¿Me estás bromeando? le pregunté.

- “¡No! Fue su respuesta.

“Me dieron ganas de darle un golpe, doble agresión para la victima con estas autoridades tan insensibles y faltos de Ética”.

 

 

 

 

Tiempos modernos

   Los tiempos actuales son postmodernistas y postneolibelares, ni todo lo puede resolver el Estado, ni todo puede quedar en manos de la libre competencia. El Estado asistencial al que los franceses llaman “Estado providencia” no se da abasto, como dijo Margaret Thatcher una de las figuras más conocidas de esta tendencia “jamás he visto una sociedad, lo que he visto son individuos en competencia entre si…Por tanto que cada quién se las arregle como pueda”. Bajo esta perspectiva no había espacio para la cooperación ni la ayuda mutua. Al individuo sólo le quedarían dos entidades; como ciudadano en el ámbito político y como consumidor en el terreno económico. Los tiempos modernos requieren que los ciudadanos nos involucremos, debemos ser más responsables, más proactivos y dejar la pasividad que aprendimos de los regímenes paternalistas

Mujer Rota y Abuso Sexual

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sábado, 30 de mayo de 2015


En el destino de las niñas indígenas de San Luis Potosí, no sólo esta el casi irremediable futuro de pobreza, exclusión, marginación social, aislamiento y vulnerabilidad. Esta además, la violencia sexual que se vuelve invisible, se convierte en normal y se pretende “justificar” bajo la complice sombra de los “usos y costumbres” de la región huasteca.

San Luis Potosí tiene 58 municipios en una extensión que abarca el 3.1 por ciento del territorio nacional, el 52 por ciento de la población son mujeres y según datos del último Plan Estatal de Desarrollo, el Índice de Violencia hacia este grupo de población es de casi el 70 por ciento (69.2), es decir, siete de cada 10 mujeres sufren algún tipo de violencia.

San Luis Potosí destaca porque sus cifras revelan, que sus mujeres padecen más violencia que el promedio de mujeres de otros estados en el país, incluso por encima de la media nacional. De cada 100 mujeres que sufren violencia, 95 viven violencia emocional, 49 económica; 27 física y 23 sexual. Respecto a la geolocalización de esta problemática se identifican variaciones, entre las que destacan los elevados índices de violencia en la microrregión Huasteca Centro, donde 6.2 de cada 10 mujeres refirieron vivir violencia.

Según datos de INEGI, 11 por ciento de la población potosina está constituida por sujetos que hablan lengua indígena (234,815), predominando tres grupos étnicos principales: los tenek o huastecos, los náhuatl y los Xi’Oi o Pames. El reto de evidenciar la violencia sexual en este grupo particular se dificulta porque se vuelve invisible, enmarcada en imaginarios que la “normalizan”, en prácticas sexuales forzadas que se justifican en el contexto matrimonial o en el incesto que intenta justificarse en el marco de los “usos y costumbres”, esta situación termina de volverse más compleja en la ausencia de perspectiva de género que poseen las instituciones encargadas de registrar los incidentes de violencia sexual disgregados por origen étnico.

Investigadoras de El Colegio de San Luis y de otras instituciones, elaboraron el Diagnóstico sobre la violencia sexual contra las mujeres y la trata de personas en el estado de San Luis Potosí (*), en el capítulo siete se aborda en particular la problemática de las mujeres indígenas, elaborado por la investigadora, Yesica Rangel quien comparte algunos de sus principales hallazgos que se basaron en las experiencias de autoridades de instituciones formales que trabajan con mujeres víctimas de violencia.

Señala que los actos de violencia sexual se normalizan en función del desconocimiento que la mayor parte de las mujeres indígenas tienen respecto a los derechos sexuales y reproductivos; a ello se suma la falta de acceso de la educación y capacitación para el trabajo, lo que obliga a algunas mujeres a acceder a encuentros sexuales obligados, desprotegidos y maternidades forzadas por parte de sus parejas.

La asociación que suele establecerse entre matrimonio y “obediencia sexual”, termina por “normalizar” la violación por parte de sus propias parejas. Existe un considerado número de casos en los que la agresión sexual es cometida por familiares directos, incluso padres de las víctimas; situaciones en las que el reconocimiento de la agresión y la decisión por hacer la denuncia se torna compleja, dado que las víctimas suelen tener dificultad para identificar los actos cometidos sobre sus cuerpos como actos de violencia sexual.

Algunas de las mujeres que han sido agredidas no logran auto identificarse como violentadas sexualmente, hasta que una tercera persona, con frecuencia una autoridad educativa, sanitaria o comunitaria, les ayuda a darse cuenta de que la situación que viven es una agresión sexual. El marco legislativo federal y estatal, alienta que la defensa de los agresores busque desvirtuar el delito de violación sexual al de incesto, en una realidad en la que mientras el incesto se constituye en una figura que alcanza fianza, el delito de abuso sexual no.

Durante el tiempo que estas mujeres son violadas dentro del hogar, la propia familia, la comunidad y las instituciones que existen cercanos a sus contextos, parecen ignorar la condición de violencia en que estas mujeres se desarrollan, cuando llega a darse cuenta de dicha condición es una vez que los encuentros sexuales forzados han derivado en el inicio de un embarazo.

Las autoridades entrevistadas por la investigadora, coinciden en señalar que es necesario reconocer que el incesto no es una práctica legítima en las comunidades indígenas, se trata de una problemática social derivada de condiciones adversas para el desarrollo psicosexual como son el hacinamiento y el tabú que históricamente se ha construido en derredor de la sexualidad, es importante poner en la mesa esta consideración porque bajo el discurso que el incesto es parte de “usos y costumbres” el Estado ha limitado su responsabilidad y alcance en la persecución y sanción de los casos.

Es necesario reconocer –considera la investigadora- la omisión que el Estado ha realizado respecto a educar en materia de sexualidad a los grupos indígenas, y la necesidad de reconocer que el desconocimiento de los Derechos Sexuales y Reproductivos representa caldo de cultivo fértil para la violencia sexual. Los Derechos sexuales y reproductivos se deben defender por los sujetos pero también garantizar desde el Estado, buscando en todo momento la congruencia entre el derecho a la diferencia cultural, la autodeterminación y autonomía de los pueblos indígenas; así como a los derechos humanos y sexuales/reproductivos de las mujeres.

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