La detención desaparición de nuestros compañeros Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya hace 11 años como crimen de lesa humanidad no prescribe porque sigue ejecutándose en tanto que no se conoce la verdad, el paradero y su actual circunstancia; en la medida que se mantiene en la impunidad es el tiempo que confirma que los crímenes de lesa humanidad constituyen política de gobierno que trasciende sexenios y origen partidista de las administraciones, porque éstas se rigen indistintamente por las leyes del funcionamiento del Estado burgués.
Gabriel y Edmundo son dos militantes de nuestro Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR) y a la vez dos combatientes del Ejército Popular Revolucionario (EPR); en consecuencia, su desaparición forzada tiene profundas motivaciones políticas, se enmarca en una política de contrainsurgencia que pondera la violencia de clase para castigar a quienes pugnamos por la transformación revolucionaria de la sociedad, sin embargo, a 11 años de este acto deleznable nuestra voluntad de combatir se fortalece.
La desaparición forzada de nuestros compañeros es un crimen de Estado que se ejecuta contra el sujeto revolucionario, ese hecho vuelve al acto más inhumano y cruel, porque su condición de desaparecidos está vinculado al cometido de múltiples violaciones a los derechos humanos que desnudan el carácter profascista y prooligarca del régimen neoliberal.
A la distancia de 11 años del cometido del crimen de Estado, en la humanidad de nuestros compañeros, el fenómeno de la desaparición forzada de personas por motivos políticos y sociales, a diario se ejerce desde las instituciones y sus representantes de manera sistemática y generalizada contra los explotados y oprimidos.
La sistematización y generalización revela que el terrorismo de Estado es una política de gobierno que toma forma en la violencia legalizada que brota de un Estado policíaco militar y que a la fecha, en la suma de tres sexenios, se objetiva en más de un millón de víctimas directas y más de 5 millones de víctimas indirectas, ya que los crímenes de Estado afectan no sólo a la víctima directa sino deja una herida profunda en todo su entorno familiar y social, por eso la aterradora cifra del terrorismo de Estado se acerca a los 10 millones de mexicanos.
Al lado de la desaparición forzada de personas y de la ejecución extrajudicial también existen como parte del fenómeno de la violencia del Estado contra el pueblo el desplazamiento forzado, la tortura, detenciones arbitrarias, encarcelamiento injusto, todo como parte de la política terrorista del gobierno antipopular, por eso en el cometido de una desaparición forzada por lo regular conllevan más de uno de estos crímenes de Estado.
En estos 11 años nuestro pueblo ha confirmado que la política gubernamental consiste en minimizar la magnitud del fenómeno y tratar de eludir la responsabilidad en el cometido de crímenes de lesa humanidad tanto de instituciones y personeros del régimen, al pretender dolosa y perversamente endosar autoría al mítico y nebuloso “crimen organizado”, la realidad es inocultable, los crímenes de lesa humanidad en México son cometidos por el Estado a través de todo el andamiaje institucional.
No es la mítica, omnipotente y omnipresente “delincuencia organizada” la autora material, mucho menos intelectual de los crímenes de lesa humanidad, éstos los comete el Estado mexicano a través del aparato represivo. En los múltiples casos de desaparición forzada no existe solución y la mayoría los ahogan en la tipificación dentro del estado de derecho oligarca que los desnaturaliza de su condición política, la intención es negar la responsabilidad y el carácter represivo del gobierno.
En cada caso de desaparición forzada, sea por motivos políticos o sociales, las víctimas representan al sujeto crítico, en otros al sujeto político, gran parte es víctima por su condición de clase y también es cometido contra el sujeto revolucionario; hecho que denota la magnitud del fenómeno, la violencia de los explotadores y opresores se ejerce con todo el peso del Estado contra el pueblo organizado y no organizado para preservar el régimen oprobioso. Entre las víctimas del terrorismo de Estado no encontramos a ningún burgués, oligarca, a ningún integrante de la cúpula policíaco militar y eclesiástica, a ningún renombrado politicastro u hombre del régimen, lo que demuestra el carácter represivo y de clase de la junta administrativa de los intereses burgueses.
La democracia burguesa descansa sobre millones de víctimas de la violencia institucionalizada, en interminables ríos de sangre, en el abarrotamiento de las cárceles llenas de pueblo trabajador; los políticos de oficio defienden esa democracia bañada en sangre y en el dolor de las víctimas, a la vez que se desgarran las vestiduras por convencer de que debe aceptar dócilmente el terrorismo de Estado como un mal necesario para salvar los intereses de un puñado de oligarcas que se apropian violentamente de la riqueza que genera el pueblo.
En el actual proceso electoral, la actitud de los políticos de oficio va desde una actitud timorata que reconoce la existencia del fenómeno pero que no presenta una propuesta para resolverlo radicalmente; el otro extremo lo conforma el cinismo de politicastros que buscan fortalecer al Estado policíaco militar y el estado de derecho burgués, ambos extremos corresponsables de la violencia que azota al pueblo. El callar sobre la magnitud de la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial y demás violaciones a los derechos humanos nos habla que su principal preocupación es actuar en consecuencia como hombres del régimen neoliberal.
La magnitud del fenómeno de la violencia de clase, en tanto que está exponenciada, nos revela la profundidad de la crisis del régimen, a mayor crisis mayor violencia de Estado contra explotados y oprimidos, por tanto, toda propuesta electoral que diluya la responsabilidad del Estado en una supuesta delincuencia organizada, lo único que hace es empujar hacia una salida fascista.
Señores del gobierno, políticos de oficio, señores hipócritas que hacen negocios con la sangre del pueblo, no sean farsantes, ustedes son los responsables de la infinidad de crímenes de lesa humanidad que se cometen a lo largo y ancho del país. Por más que quieran lavarse las manos de los crímenes de lesa humanidad, en su figura denota la autoría de éstos y cada beneficio que obtienen es a costa de cada víctima del terrorismo de Estado.
Al preguntarnos quién es o son los beneficiarios de la violencia que azota al pueblo, una verdad emerge, lo son un puñado de oligarcas y politicastros agrupados en diferentes organismos empresariales, organismos reaccionarios de la “sociedad civil”, de asociaciones y partidos políticos quienes emergen con capital e inversiones producto del proceso del despojo legalizado y una “exitosa” carrera política o como hombres de grandes “negocios”.
En cada “carrera política exitosa”, en cada “gran hombre de negocios”, en cada “hombre de bien” encontramos una estela de violencia y una historia truculenta, un empedrado de “éxito” sobre las víctimas del terrorismo de Estado.
A nuestros compañeros Gabriel y Edmundo probado está que el responsable intelectual y material es el Estado mexicano; la detención desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los demás crímenes de lesa humanidad cometidos en torno a ellos a pesar de las maniobras gubernamentales, también se comprueba que es el Estado; confirmado está que en cada una de las detenciones y a la vez ejecuciones extrajudiciales siempre encontramos rastros de la autoría gubernamental y, pruebas fehacientes brotan en cada una de las fosas clandestinas donde yacen miles de restos humanos que desnudan el carácter criminal del Estado burgués.
Para la solución al fenómeno de la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial en México no es suficiente en conocer el paradero y condición de las víctimas; resulta ruin fincar la solución en la supuesta reparación del daño que ofrece la institucionalidad burguesa a través de la ley contra la desaparición forzada; la solución pasa por conocer la verdad y reconocer el carácter político del crimen, unido del juicio y castigo a los responsables materiales e intelectuales. En nombre de todas las víctimas del terrorismo de Estado ¡Ni perdón ni olvido, ni reconciliación económica, ante todo juicio y castigo a los criminales de Estado!
Gabriel y Edmundo, dos camaradas, dos revolucionarios con altas cualidades humanas fueron violentamente arrancados de su práctica revolucionaria; sus camaradas no los olvidamos, no los abandonaremos, en la demanda por su presentación con vida nuevas batallas deben librarse, nuevas trincheras de lucha se abren y nuevos revolucionarios se forjan; su desaparición forzada expresa la magnitud de este crimen de Estado como fenómeno recurrente en el país.
La condición que guardan los detenidos desaparecidos y los ejecutados extrajudicialmente, los presos injustamente, en cuanto a justicia se refiere, se estrellan con el muro criminal de la institucionalidad burguesa, con un estado de derecho oligárquico que por su esencia de clase se ceba en todos aquellos que no tienen ni fortuna ni apellido de abolengo que los proteja de la acción criminal del aparato represivo.
Esta realidad demanda nuevas formas de organización y acciones que garanticen justicia a las víctimas. Oprimidos y explotados debemos hacer conciencia que ante el terrorismo de Estado se requieren mecanismos efectivos de autodefensa, lo cual pasa por la comprensión de la necesidad de organizarse y luchar fuera de todo marco coorporativizante y donde la acción política de las masas sea eminentemente combativa, donde no hay lugar para la conciliación entre explotadores y explotados, entre opresores y oprimidos, entre victimarios y víctimas.
Si de parte de la institucionalidad burguesa sólo se obtiene impunidad e inmunidad a los criminales de Estado que convoca al cometido de más crímenes, nadie debe asustarse de la respuesta organizada y combativa del pueblo en búsqueda de justicia fuera de la legalidad burguesa.
Si el terrorismo de Estado desangra al pueblo, la voluntad popular de combatir debe transitar por nuevos senderos porque la visibilización del fenómeno es un hecho inocultable; nuevas formas de organización y de lucha demanda la actual lucha de clases donde cada organización del pueblo debe transformarse en un organismo de combate popular.
De frente a nuestro pueblo sostenemos que los cauces que tome la solución al fenómeno de la desaparición forzada y los demás crímenes de lesa humanidad será el cauce que tome la voluntad popular de combatir, y los únicos responsables son los que promueven el terrorismo de Estado amparados en la democracia burguesa.
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