- El senador Cristóbal Arias Solís consideró que frente a este delito, la búsqueda debe ser parte de una política pública integral en materia de desapariciones
domingo, 18 de agosto de 2024
jueves, 21 de septiembre de 2023
- Senadores dialogan sobre la minuta en materia de desaparición forzada que remitió la Cámara de Diputados al Senado
La presidenta de la Comisión de Justicia, Olga Sánchez Cordero, advirtió que la impunidad es el principal problema que afecta a la resolución de los casos de desaparición forzada, cuya cifra en el país asciende a más de 111 mil, según datos del Registro Nacional en esa materia que implementa la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación.
Por tanto, informó a asociaciones civiles y familiares de víctimas de desaparición, que en la minuta enviada por la Cámara de Diputados al Senado de la República, para su aval, se hacen precisiones para que la desaparición forzada no quede exenta de castigo.
Al presidir el Primer Encuentro Relativo a la Minuta en Materia de Desaparición Forzada, Sánchez Cordero coincidió con los asistentes en que este delito es humanamente desgarrador, ya que repercute emocionalmente en los familiares de las víctimas y trastoca la vida institucional del país.
Consideró que a pesar de que ya existen instrumentos para combatir la desaparición forzada, éstos “no son suficientes, adecuados, eficientes y eficaces”, para que el Estado mexicano dé respuesta adecuada a las víctimas y a sus familiares, por ello la necesidad de actualizar la norma para que se responda a la población y se garantice que quienes incurran en estas conductas no queden impunes
Asimismo, aseguró a las asociaciones civiles y familiares de víctimas de desaparición forzada, que el Senado de la República trabajará para facilitar los procedimientos relacionados con la protección y la salvaguarda de los derechos civiles y humanos.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, Rafael Espino de la Peña, aseguró que desde el Poder Legislativo se tiene la intención de modificar diversas disposiciones, y avanzar en el desarrollo de un marco regulatorio efectivo para combatir los altos índices de impunidad y corrupción que rodean el fenómeno de la desaparición forzada en México.
Se trata, dijo, de una “práctica despreciable” que se ha incrementado en los últimos años, gracias a la corrupción y la impunidad, “por lo que esta experiencia de participación plural, servirá para alinear los siguientes pasos que permitan consolidar la implementación de ordenamientos que blinden nuestro Estado de Derecho y fomenten entornos de paz”.
El senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza Longoria, expresó que para las y los senadores estos diálogos son fundamentales, porque una legislación de esta naturaleza no puede hacerse sin escuchar las observaciones, comentarios y preocupaciones de los especialistas.
“Buscaremos que esto esté resuelto en este Periodo de Sesiones, porque nuestra pretensión es sacarlo lo más pronto posible”, manifestó.
domingo, 27 de agosto de 2023
- Muchas veces se tienen elementos para presumir que en esos delitos participa la delincuencia organizada, advierte
La senadora Claudia Ruiz Massieu lamentó que haya decenas de miles de familias que no pueden conocer la verdad sobre el paradero de un ser querido, de quien se tienen elementos para presumir que fue víctima de desaparición forzada por parte de miembros de la delincuencia organizada, como el reciente caso de los cinco jóvenes privados de la libertad en Lagos de Moreno, Jalisco.
Esta situación, advirtió, se debe a la alta impunidad del delito y la falta de empatía del Estado mexicano para resolver las denuncias, lo que ha provocado que se formen colectivos de personas que buscan a sus seres queridos en fosas, terrenos y parajes donde presumiblemente se depositan cadáveres de forma clandestina.
“Son familias que han tenido que reivindicar el derecho a buscar a sus seres queridos y a recibir y difundir información sobre los hechos y su presunto paradero. Son familias que viven el dolor, la injusticia y la ausencia de la reparación del daño y del compromiso de que cesen conductas como las que les agravian”, subrayó la legisladora.
Ante tal situación, Ruiz Massieu promueve un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Gobernación (Segob) y a la Fiscalía General de la República (FGR) que rindan al Congreso de la Unión un informe sobre la ejecución y el cumplimiento de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
La senadora calificó la desaparición de personas como una grave crisis en el país, pues datos oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas apuntan a que en lo que va del sexenio, se reportaron más de 110 mil casos, de los cuales aún se desconoce el paradero de casi 44 mil de las personas en esa situación.
Por otra parte, estudios elaborados en 2021 subrayan que sólo a entre el dos y el seis por ciento de las denuncias de desaparición se les abre una carpeta de investigación.
Además, en ese mismo año el gobierno reportó 52 mil personas fallecidas no identificadas o reclamadas, de las cuales 71.73 por ciento se localizaron en fosas comunes y fosas clandestinas de Baja California, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León y la Ciudad de México.
Ruiz Massieu enfatizó que la desaparición de personas se vincula específicamente con el enfrentamiento violento entre grupos delincuenciales, por el control de rutas de trasiego y de lugares de elaboración y almacenamiento de drogas.
Acusó que adicionalmente a ello, la menor presencia de las instituciones de seguridad pública, para combatir la producción y el tráfico de estupefacientes, es otro de los factores para el incremento de la comisión de ese delito.
“Es triste que el Estado mexicano no de muestras de empatía y cabal solidaridad con quienes, en medio del dolor, han asumido las tareas de búsqueda, particularmente por el incumplimiento de los deberes públicos de búsqueda y de investigación para la judicialización de los hechos, a fin de que se sancione a las personas responsables, no impere la impunidad y se repare el daño causado”, concluyó.
En el punto de acuerdo, la senadora también pide que la Segob y la FGR proporcionen detalles sobre los recursos humanos, materiales, financieros, técnicos y periciales con los que cuentan para cumplir adecuadamente sus funciones y cumplir con las disposiciones de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y la implementación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
sábado, 8 de julio de 2023
- El Congreso avanza para dar certeza jurídica a las familias de las víctimas: Álvarez Icaza
A fin de visibilizar y revindicar el papel que los hombres juegan para erradicar y combatir la desaparición de personas en el país, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria inauguró el foro “Hombres en la búsqueda de sus familiares desaparecidos, verdad y justicia”, donde manifestó el compromiso del Senado para avanzar en acciones que permitan evitarles más sufrimiento.
El legislador del Grupo Plural explicó que este espacio tiene el objeto de dar a conocer las historias, los esfuerzos, los afanes y la dedicación que tienen los varones buscando a sus seres amados, al tiempo que lamentó que este gobierno terminará como el que más personas desaparecidas registre en la historia del país, “porque esta tragedia no para”.
La grande expectativa que se tenía de que esto cesara, agregó, no sólo no se hizo realidad, sino que hay nuevos desafíos, porque la política pública que se creó para apoyar a las víctimas, como la aprobación de la Ley General de Víctimas, los fideicomisos para la protección de las víctimas, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, y la Comisión Nacional de Búsqueda, están muy debilitadas.
“Desaparecieron el fideicomiso, además la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas litiga en contra de las víctimas, la Comisión Nacional de Búsqueda está muy lejos de lo que requiere el país y la Secretaría de Gobernación le cierra la puerta a los afectados”, aseguró el senador.
Sin embargo, el también secretario de la Comisión de Derechos Humanos, aceptó que el Congreso ha tenido avances para dar certeza a las familias, como es el caso de la modificación al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que crea la declaratoria especial de ausencia y que permitirá, añadió, que muchas familias no sean re victimizadas y obligadas a declarar la muerte de sus seres queridos para poder tener certeza y protección jurídica.
“Es un hecho muy importante, porque eso genera, por primera vez, certeza y personalidad jurídica a las personas desaparecidas y a sus familiares, por lo que debemos hacer ejercicios, como este, para que más personas conozcan cómo opera esta figura”, indicó.
Alan García Campos, de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, expresó que el desconocer los derechos humanos ocasiona actos de barbarie, y lo que pasa en México no se puede calificar de manera distinta, es un ultraje a la humanidad, pues hay más de 110 mil personas oficialmente reconocidas como desaparecidas.
Por ello, dijo, se debe visibilizar este problema y tanto Estado como autoridades competentes, deben atender las demandas de los familiares desde un enfoque de respeto a los derechos humanos, y tomar en cuenta las necesidades específicas de las víctimas con un enfoque diferencial.
A nombre de los padres buscadores, Carlos Castro, destacó que al dolor que deja la desaparición de un hijo se suma la frustración, por el nulo apoyo institucional hacia las causas de los buscadores: “no hay políticas públicas reales que nos den certeza, por lo que nos hemos unido para generar herramientas que nos ayuden en nuestra lucha”.