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jueves, 25 de julio de 2024

 

  • Morena, PVEM y PT aseguran que la Constitución es clara respecto a este tema y que la oposición sólo busca confundir a la gente
 
  • PAN, PRI, PRD y MC consideran que no debe haber sobrerrepresentación legislativa, sino que es necesario que haya una integración plural del Congreso
 
 
Como parte de la Agenda Política, en la sesión de este miércoles, las y los legisladores que integran la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, debatieron sobre el tema de la representación legislativa en las Cámaras de Senadores y de Diputados.
 
En tribuna, la senadora de Morena, Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, afirmó que la Constitución Política es clara sobre la representación popular, por lo que no hay lugar para una interpretación. “El pueblo de México nos dio una mayoría calificada a tres partidos y se tiene que hacer valer porque el pueblo así lo decidió”.
 
Del PRI, la senadora Beatriz Paredes Rangel, calificó como “triste” que se debilite la posibilidad de diálogo y se minimice el valor de los consensos, y cuestionó si el Siglo XXI resistirá los tiempos de una nueva hegemonía de partido de Estado y un control vertical con un Congreso acrítico de las decisiones del Poder Ejecutivo.
 
Por Movimiento Ciudadano, la senadora Ruth Alejandra López Hernández detalló que, en las pasadas elecciones, su partido político obtuvo un millón 170 mil votos más que el PVEM, pero a éste le asignarán tres veces más senadores; “no le regateamos ninguna victoria electoral a los partidos que ya la han obtenido”, pero lo que no podemos permitir, es que se pervierta la voluntad política, la voluntad popular, que dé vida artificial a rémoras de la política nacional”.
 
El diputado de Morena, Juan Ramiro Robledo Ruiz consideró que, de interpretarse la Constitución Política respecto de la fórmula para distribuir la representación proporcional en el Congreso de la Unión, se estaría aplicando una regla distinta a la que se ha aplicado en otros años, y por ende se modificarían las reglas del proceso electoral, “lo que viola la Carta Magna de manera explícita”.
 
La diputada del PAN, Noemi Berenice Luna Ayala señaló que, con la sobrerrepresentación en el Congreso, Morena pretende subyugar a la oposición, pues no les bastó con “realizar una elección de Estado con clara inequidad, ahora pretenden quitarnos en la mesa lo que el electorado no les dio con los sufragios”.
 
Cristina Ruiz Sandoval, diputada del PRI, dejó en claro que su partido no quiere politizar la interpretación, ni hacer demagogia entre el pasado y el presente, queremos, dijo, una integración plural de la Cámara de Diputados por derecho y no arrebatar lo que no ganamos en las urnas.
 
El diputado de MC, Carlos Alberto León García, acusó que el asunto de la representación en el Congreso de la Unión se trata de “lo que le conviene a quienes están en el poder”, sin embargo, consideró que, al contrario, debe tratarse de lo que le conviene a la pluralidad; “porque quienes alguna vez defendieron la pluralidad, pretenden atacarla. Quienes se quejaban del pasado, hoy realizan las mismas maniobras fraudulentas para obtener más poder del que ya tienen”, enfatizó.
 
En su oportunidad, el diputado del PVEM, Carlos Alberto Puente Salas, recordó que, desde 1996 se ha aplicado una regla de representación que antes no se “consideraba mala”, pero que ahora “no conviene” a algunos partidos; por lo que pidió a la oposición, que no confunda a la gente al respecto, y respetar la voluntad de las y los mexicanos expresada el pasado 2 de junio.
 
Al hacer uso de la palabra, la diputada Edna Gisel Diaz Acevedo, del PRD, consideró inaceptable que, con una votación de más de 54 por ciento de los votos válidos, se tenga una representación de más del 74 por ciento en el Congreso, porque con ello, una coalición va a poder modificar a su voluntad y de forma unilateral la Constitución.
 
El senador del PT, Ángel Benjamín Robles Montoya, dijo que, tras años de lucha se logró un respaldo popular inédito, por ello, afirmó, “vamos a defender esa mayoría que el pueblo nos otorgó para dar continuidad a la transformación del país, lo haremos con la ley en la mano, y lo que es peor para la oposición, con las mismas reglas que aprobaron”.

Debaten legisladores sobre representación en las Cámaras del Congreso de la Unión

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jueves, 25 de abril de 2024

 

  • Se trata de una reforma a los artículos 28 y 73 de la Constitución Política; el proyecto faculta al Congreso de la Unión para legislar en la materia


 

Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda aprobaron las reformas a los artículos 28 y 73 de la Constitución Política, para que se incluya a las actividades que se realicen en el espacio ultraterrestre, incluso en la Luna y los cuerpos celestes, como áreas prioritarias para el desarrollo nacional.

 

Con 18 votos a favor, cinco en contra y una abstención, los integrantes de los órganos legislativos que presiden los senadores Cristóbal Arias Solís y Rafael Espino de la Peña, dieron su respaldo a la minuta que sobre esta materia envió la Cámara de Diputados.

 

El proyecto también faculta al Congreso de la Unión para legislar sobre las actividades en el espacio ultraterrestre.

 

La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, destacó que el Senado recibió esta minuta desde el año pasado y que para la elaboración del proyecto en la colegisladora se realizaron foros, donde se contó con la participación de científicos y astronautas.

 

Recordó que recientemente, 250 jóvenes estudiantes participaron en el Proyecto Colmena, la primera exploración de México, con tecnología nacional, para explorar el espacio profundo. “Liberamos a nuestro país de la atadura de no permitirnos incorporarnos al mundo de la tecnología y del desarrollo científico, en actividades ultraterrestres”.

 

Ahora, con la reforma constitucional, enfatizó la senadora, se faculta al Congreso para legislar en la materia, para que las actividades ultraterrestres sean consideradas prioritarias para el desarrollo científico y tecnológico de México.

 

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Cristóbal Arias Solís, destacó que, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, las actividades de comunicación satelital, posición, navegación, temporización y observación de la Tierra, exploración espacial, investigación científica y desarrollo tecnológico, minería espacial y defensa nacional, tienen relación con el espacio exterior.

 

Por el PAN, el senador José Alfredo Botello Montes dijo que con las modificaciones a los artículos 28 y 73 de la Constitución, “se puede dar lugar a una inquietud” sobre la forma en que serían compatibles con los principios y disposiciones del Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre.

 

A su vez, la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas consideró que se debe regresar la minuta a la Cámara de Diputados, para que se revise la redacción del documento, ya que hay una deficiencia en la técnica constitucional y legislativa, y como senadora tiene la obligación de advertir cuando se pueden generar efectos negativos a los deseados.

 

Por su parte, la senadora de Movimiento Ciudadano, Laura Iraís Ballesteros Mancilla dijo que en su Grupo Parlamentario están a favor de legislar en materia espacial, pues es un asunto de presente y futuro, pero siempre y cuando sea en concordancia con los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano.

 

A la reunión asistió Benjamín Najar Lomelí, presidente de la Comisión de Espacio de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (FEMIA), quien afirmó que con esta modificación a la Constitución se podrá emplear a más de 60 mil personas y el país podrá generar las bases científicas y tecnológicas para elaborar, consolidar y desarrollar artículos de la industria aeroespacial.

 

Luis Antonio López Velarde Sandoval, experto en derecho aeroespacial de la UNAM, explicó que la reforma es acorde al Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre y lo único que busca este dictamen es generar el sistema jurídico espacial mexicano como ya lo hacen otros países.

 

“Lamentablemente no tenemos en México la base constitucional para poder generar este sistema jurídico, al no hacerlo prácticamente estamos negando el avance tecnológico de nuestro país y vamos a seguir dependiendo tecnológicamente de otras naciones”, expresó.

 

Avalan Comisiones proyecto para que actividades en espacio ultraterrestre se consideren prioritarias

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jueves, 7 de septiembre de 2023


  • Se trata de que ningún gobierno pueda modificar sus funciones y que se pueda universalizar el acceso a la salud 

     

     

Con el objetivo de elevar a rango constitucional al Instituto Mexicano del Seguro Social, el senador Germán Martínez Cázares, del Grupo Plural, presentó un proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 4 de la Constitución Política. 

 

Martínez Cázares precisó que su propuesta es en favor de las y los trabajadores, pues “el Instituto cura el dolor del trabajador y es la más grande institución que se ha hecho el México post revolucionario”. 

 

Propuso que en la Carta Magna se establezca que el Estado cuente con un Instituto Mexicano del Seguro Social, como un organismo público descentralizado no sectorizado, con autonomía técnica, operativa, de decisión u de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, con personalidad jurídica y patrimonio público, cuyo fin sea proporcionar los servicios de salud a toda la población y mejorar la calidad de éstos. 

 

“Quiero constitucionalizar al IMSS pues no lo está, en otras épocas se hicieron órganos autónomos en otras administraciones que ya hasta desaparecieron, pero esta institución requiere que se eleve a rango constitucional, pues es cierto que se enterró al Seguro Popular, al Insabi, y queremos enterrar la ineficacia en salud”. 

 

Germán Martínez subrayó que se deben constitucionalizar las dos vertientes del Instituto, el ordinario, que da una cobertura total de seguridad social para los trabajadores, y al llamado hoy “IMSS bienestar que cura los padecimientos de los más desfavorecidos”, y llevarlo a rango constitucional para que no haya ningún pretexto, para que ningún gobierno pueda modificarlo y para que verdaderamente se universalice el acceso a la salud. 

 

Mediante este proyecto, añadió, hago un homenaje a una institución que, efectivamente, cura el dolor de las mexicanas y mexicanos, hace justicia social y nos recuerda que sólo somos humanos si nos ocupamos del dolor del prójimo, “además, hacemos un homenaje al Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto, así como a las y los doctores, enfermeras, enfermeros, y al personal administrativo”. 

 

El proyecto, que fue turnado a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, refiere, entre otros puntos, que el Instituto debe tener como objetivos prioritarios la prestación eficiente de los servicios de salud de los derechohabientes. 

 

Además de la planeación, administración y prestación de un sistema de salud para el bienestar que garantice la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. 


El IMSS, dijo, debe tener el carácter de organismo fiscal autónomo, independiente en sus decisiones y funcionamiento profesional en su desempeño. 

Proponen en el Senado elevar a rango constitucional al IMSS

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sábado, 24 de junio de 2023

 

 

  • Se busca que nunca más un agresor llegue al poder público: Blanca Piña  

 


La senadora Mónica Fernández Balboa aseguró que es necesario que las reformas a los artículos 38 y 102 de la Constitución Política, sobre suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público, se homologuen con las leyes de todas las entidades federativas del país, a fin de evitar cualquier tipo de impunidad. 

 

“No basta con que se hayan aprobado en los congresos estatales, necesitamos su homologación en todas las leyes”, expresó la legisladora durante el foro “3 de 3 contra la violencia, en el marco de la reforma constitucional”, que se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral. 

 

La presidenta de la Comisión de Gobernación dijo que el INE tiene el gran reto de adecuar sus lineamientos a dicha legislación, para armonizar y conciliar todas las lagunas que pueden darse sobre las reformas. 

 

Señaló que las modificaciones constitucionales también deben incorporarse en los códigos de ética de la Administración Pública Federal, de las administraciones estatales y municipales, y de todas las instancias correspondientes, así como de los estatutos de los partidos políticos. 

 

Las reformas constitucionales tienen el objetivo de lanzar un mensaje muy claro: “cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, las niñas y los niños; cero impunidad para aquellas personas que agredan y que dejen de cumplir con sus obligaciones y que pretendan ocupar un cargo, empleo o puesto en el servicio público”, apuntó. 

 

Se busca, dijo, la protección de los derechos humanos de las mujeres, de las niñas y de los niños, y que las instituciones del Estado mexicano sean las observadoras del cumplimiento de esa protección, a través de la suspensión de los derechos de las personas que incumplan su responsabilidad. 

 

“Queremos mejores gobernantes, mujeres y hombres capaces y preparados al frente de los poderes ejecutivos de todos los niveles, así como mejores legisladoras y legisladores, funcionarios públicos congruentes y con ética”, indicó. 

 

Agregó que, para evitar la impunidad, también es fundamental crear el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias; así como insistir que los tribunales locales y las entidades procuradoras de justicia apliquen las sentencias. 

 

“Necesitamos que estos tribunales alimenten a este padrón que va a construir el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), y tener la información de quiénes son los que están inscritos o los que no cumplirían con este requisito para poder ser elegibles”, puntualizó. 

 

En su oportunidad, la senadora de Morena, Blanca Estela Piña Gudiño, aseguró que la reforma “3 de 3” tiene el claro objetivo de romper el pacto patriarcal, pues con su aprobación se dio un gran paso hacia la construcción de un entramado jurídico que permite erigir una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia para todas y todos. 

 

“Consideramos que estamos estableciendo límites legales para que nunca más un agresor llegue al poder público, anteponiendo la dignidad de la vida, libertad e integridad física, mental, emocional de las personas víctimas de violencia sobre cualquier otro interés”, manifestó. 

 

El poder público, consideró, debe ser un espacio seguro y accesible para las mujeres, por lo que no se debe perder de vista que las decisiones que se toman tienen un impacto directo en la vida de todas las mexicanas, de tal forma que cada persona integrante del servicio público debe de actuar en todos los espacios de su vida de forma íntegra. 

 

Destacó que la entrada en vigor de dicho ordenamiento, coincidirá con el próximo proceso electoral de 2024, por lo que es necesario revisar en qué forma se realizarán las contrataciones, a quiénes se les otorgan las candidaturas y a partir de ello, ver las determinaciones y posturas que toman las personas juzgadoras. 

Necesario, que legislaturas estatales homologuen ya “Ley 3 de 3”, afirma Mónica Fernández

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miércoles, 24 de mayo de 2023

 

  • En la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles se emitirá la declaratoria de constitucionalidad, por lo que en breve entrará en vigor  

 

 


El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, confirmó que la reforma constitucional, popularmente conocida como “Ley 3 de 3” contra la violencia, ya fue aprobada por más de 16 congresos locales, por lo que el miércoles, 24 de mayo, en la Comisión Permanente se emitirá la declaratoria correspondiente.  

 

Lo que significa, destacó el senador, que muy pronto la letra de la reforma a los artículos 38 y 102 de la Constitución Política “será una realidad para proteger los derechos de millones de mujeres y de personas menores de 18 años”.  

 

Monreal recordó que en la última sesión del Periodo Ordinario de Sesiones, la Cámara de Senadores aprobó esta reforma constitucional, para que ninguna persona agresora sexual, deudora de pensión alimenticia o que haya ejercido violencia familiar, pueda tener un empleo en el servicio público, ni pueda ser registrado como candidato o candidata para ocupar un cargo de elección popular 

 

Se trata, enfatizó el legislador, de una enorme deuda con las mujeres y la infancia de este país, uno de los cambios más relevantes para la vida de México, pues envía un mensaje contundente a las personas violentadoras, abusadoras sexuales o deudores alimenticios, para hacerles saber que nunca más el Estado mexicano será cómplice de abusos ni de violencia. 

 

“Por eso es importante reconocer el trabajo de los legisladores, que la aprobamos el día 28 de abril, dos días antes de concluir este Periodo de Sesiones”, expresó.  

 

Con estos cambios se adicionan las causales por las que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden, ya sea por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, y el normal desarrollo psicosexual.  

 

Así como por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos; y por ser declarada persona deudora alimentaria morosa. 

 

La reforma también incluye como requisito, para que una persona pueda ser titular de la Fiscalía General de la República, que se requiere gozar de buena reputación, y no haber sido condenada por la comisión de delito doloso. 

“Ley 3 de 3” fue aprobada por mayoría de congresos estatales, adelanta Ricardo Monreal

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miércoles, 30 de noviembre de 2022

 

  • La jornada comicial se celebrará el domingo 19 de febrero de 2023 

 

 


Con 75 votos a favor, el Pleno del Senado aprobó el proyecto de decreto por el que se convoca a una elección extraordinaria, de una fórmula de senadores de la LXV Legislatura por el principio de mayoría relativa, en el estado de Tamaulipas. 

 

La jornada comicial se celebrará el domingo 19 de febrero de 2023, conforme a lo dispuesto por la Constitución Política; la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos; la Ley General en Materia de Delitos Electorales; y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. 

 

Dicha convocatoria precisa que se elegirá a una o un senador propietario y a una o un senador suplente, quienes deberán reunir los requisitos señalados en los artículos 55 y 58 de la Constitución Política, así como lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

La calificación, cómputo y declaratoria de la elección de senadoras y senadores por Tamaulipas, se realizará de conformidad con las disposiciones federales en materia electoral correspondientes. 

 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral ajustará los plazos previstos por la ley para la realización de la elección extraordinaria convocada por este decreto, para que se efectúe en la fecha indicada, con la finalidad de procurar la austeridad en el empleo de los recursos materiales y humanos correspondientes a este tipo de ejercicios democráticos. 

 

Quien encabece la fórmula y obtenga la constancia correspondiente, una vez concluido el proceso electoral extraordinario, rendirá protesta como senadora o senador de la República ante el Pleno de la Cámara de Senadores.  

 

El documento precisa que las senadoras o senadores, propietario y suplente, que resulten electos conforme al presente proyecto de decreto, concluirán su periodo constitucional al finalizar la LXV Legislatura del Congreso de la Unión. 

 

El pasado 8 de octubre ocurrió el lamentable fallecimiento del senador Faustino López Vargas, quien era suplente de Américo Villareal Anaya y quien optó por el encargo de gobernador de Tamaulipas. 

 

Por la decisión del senador Américo Villarreal Anaya, de optar por el cargo de gobernador y por el fallecimiento de su suplente, se actualizó el supuesto de la ausencia de propietario y suplente de la fórmula correspondiente a qué se refiere el artículo 16 del Reglamento del Senado.  

 

Así, el pasado 15 de noviembre se declaró la existencia de vacante con motivo de la ausencia del propietario y suplente en el cargo de senador de la República, correspondiente a la primera fórmula de mayoría relativa en el estado de Tamaulipas. 

 

La senadora Guadalupe Covarrubias Cervantes, de Morena, dijo que las autoridades electorales deben garantizar una elección democrática, “y que la persona que llegue a representar este escaño por Tamaulipas contribuya dignamente a la transformación de nuestro país”. 

 

También expresó sus condolencias a los familiares del senador Faustino López Vargas, porque “fue un hombre ejemplar y su calidad y calidez humana eran reflejo de sus ideales y principios, siempre al servicio de México”. 

 

Una vez aprobada la convocatoria, se instruyó su comunicación al Instituto Nacional Electoral y se remitió al Diario Oficial de la Federación para su publicación. 

Aprueba Pleno convocatoria para elección extraordinaria de senadores en Tamaulipas

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jueves, 24 de noviembre de 2022


  • En Estados Unidos radican 38 millones de personas de origen mexicano, quienes no cuentan con representación en el Senado, afirma Zamora Guzmán 

 

 


El senador Rogelio Israel Zamora Guzmán, del PVEM, presentó una iniciativa que busca reformar la Constitución Política, a efecto de añadir tres senadurías de representación migratoria, dos electas bajo el principio de mayoría relativa y una bajo el principio de primera minoría, para pasar de 128 a 131 integrantes del Senado.  

 

Con ello, indicó el senador, se busca garantizar la atención y representación de las y los mexicanos en el extranjero, quienes también tienen intereses en el territorio nacional y en la forma de gobierno. 

 

Expresó que la iniciativa, que se envió a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda, no pasa por alto la posibilidad de reducir el número de legisladores federales con la reforma electoral, pues se pretende garantizar la representación de los migrantes en la Cámara Senadores. 

 

Asimismo, agregó, las personas candidatas de representación migratoria podrán hacer uso de las nuevas tecnologías para transmitir sus propuestas electorales o bien mediante las instancias oficiales mexicanas. 

 

Los tiempos y las sociedades cambian, por lo que México debe mantenerse a la vanguardia y fortalecer su democracia y mejorar la representación de todas y todos los mexicanos en el lugar que residan, expresó. 

 

Refirió que tan sólo en Estados Unidos radican 38 millones de hispanos de origen mexicano, quienes en el Senado de la República no cuentan con un solo legislador que los represente. 

 

Dijo que asumir que las y los mexicanos en el extranjero se encuentran bien o que por residir en otro país ya no se encuentran interesados en las entidades de su origen, “es un argumento falaz”, ya que, al igual que el resto de la población, gozan de los mismos derechos que reconoce y garantiza la Carta Magna. 

 

Puntualizó que debe aprovecharse la coyuntura que existe entre las y los connacionales en el exterior y el Senado de la República, para potenciar el intercambio político, socio-cultural y económico entre las naciones de los residentes y México. 

 

Con ello, apuntó, se fortalecería la política nacional desde otro enfoque, en virtud de que viven otra realidad y pueden enriquecer el bienestar común. 

Impulsan reforma para añadir tres senadurías de representación migrante

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lunes, 27 de septiembre de 2021

 


 La aplicación de la Norma provocaría el cierre inmediato de al menos 18 mil escuelas particulares, la pérdida de más de 90 mil empleos y la afectación a los estudios de 540 mil estudiantes


 


Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2021


 Iona Astorga, Presidente de la Alianza de Colegios Multiculturales de México.

El proyecto de la NOM 237 aprobado el pasado viernes en el Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE), violenta al menos 6 de los artículos de la Constitución Política mexicana en el apartado de los Derechos Humanos y sus Garantías, en un proceso viciado de origen donde el órgano que expide la norma es a la vez su generador, impulsor, constructor y quién lo aprueba y sanciona, por lo que las instituciones particulares de educación insisten en que debe cancelarse.

Y en el caso de que la Comisión de Mejora Regulatoria (CONAMER) apruebe su publicación en los siguientes días, los perjuicios inmediatos de la aplicación de la Norma serían el cierre inmediato de al menos 18 mil escuelas particulares, la pérdida de más de 90 mil empleos y la afectación a los estudios de 540 mil estudiantes en escuelas con un promedio de 30 alumnos, porque las escuelas del Estado simplemente no pueden aceptarlos por falta de capacidad en infraestructura y recursos.

La gran mayoría de estas escuelas son instituciones cuyas colegiaturas fluctúan en los mil pesos mensuales, tienen una población de 30 alumnos y difícilmente podrán hacer frente a una evaluación o certificación cuyos costos van de entre 100 a 150 mil pesos y deben contar con personal dedicado a atender únicamente el proceso entre uno y dos años. Y en el caso de esta Norma 237, la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (PROFECO) se le otorgaron las facultades para poder realizar inspecciones aleatorias sobre el cumplimiento de la norma, y no a través de una queja.

A nombre de las organizaciones convocantes, Alejandra Carmona Ortega, dio a conocer en rueda de prensa que “el proceso ha estado plagado de violaciones de las cuales el propio Director General de Normas, Alfonso Guati Rojo Sánchez, quien también es el Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía (CCONNSE), ha provocado un abuso exacerbado de sus facultades y con ello violaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a la Ley Federal de Metrología y Normalización y su Reglamento (que disponen los pasos y requisitos específicos para la creación de una NOM), el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, al Manual de Organización General de la Secretaría de Economía, a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y por supuesto a 6 Artículos Constitucionales”.

En el caso de los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que han sido violentados, apuntó Carmona que son el Primero, donde se establece la igualdad de derechos y prohíbe la discriminación, así como que son las autoridades responsables quienes deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Y del Tercero, donde se reconoce el derecho a la educación y establece que es el Estado quien deberá garantizarla. Es decir, deja manifiesta la rectoría del Estado en la educación, establece quiénes y como se constituye el Sistema Educativo Nacional y reconoce a los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo y su contribución a la trasformación social, por mencionar algunas disposiciones.

Otro de los artículos violentados es el Quinto, que protege la libertad del trabajo y el derecho de dedicarse a la profesión licita, actividad u oficio que se elija, y a recibir por ello la justa retribución, de la cual nunca podrán ser privados; sobre todo que esta libertad solo puede ser restringida mediante una resolución judicial. Y el artículo Sexto, que protege la libertad de expresión y el derecho a la información, los cuales fueron violados durante el proceso.

Asimismo el artículo Séptimo, donde se prohíbe la censura, es decir, protege la libertad de manifestar las ideas y más aún de exteriorizarlas a través de los medios de difusión, ya que considerando que la expresión y difusión del pensamiento son indivisibles, debe destacarse que las restricciones a los medios de difusión lo son también a la libertad de expresión; y el Octavo, que protege el derecho de petición y dispone la obligación del Estado a responder a las solicitudes que le hagan los ciudadanos.

Con la expedición de la NOM 237 que festinó el pasado viernes 24 Alfonso Guati Rojo Sánchez, director General de Normas de la Secretaria de Economía y presidente del CCONNSE; no sólo invade facultades y competencias de la Secretaria de Educación Pública, sino que, además, aumenta un fenómeno ya existente en perjuicio del gremio afectado, la sobre regulación, por la cual se ha vuelto necesario estar acudiendo constantemente ante el Poder Judicial para dirimir controversias.

Al respecto, Itzel Carmona, representante de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP) y Jesús Nájera Martínez, consejero de Alianza de Colegios Multiculturales de México, expresaron que este proceso es un abuso de poder que golpea a los colegios particulares porque con los cobros de las colegiaturas que realizan, muy difícilmente van a poder generar los costosos juicios de amparo que se necesitan para de defenderse de las nuevas imposiciones que tampoco podrán cubrir porque los procesos de acreditación y verificación tienen costos que van de los 100 a los 150 mil pesos.

Nájera Martínez destacó que durante el proceso de creación de la NOM 237, las autoridades de la Secretaría de Economía invitaron a empresas acreditadoras y certificadoras, cuyos representantes aplaudieron durante las reuniones todas las intenciones de la norma que les beneficiará, y por el contrario significará un costo sumamente alto para los normados.

Las instituciones particulares de educación concluyeron que la aprobación de la NOM 237 - “Disposiciones a las que se sujetarán aquellos particulares que presten servicios en la materia” es un golpe artero a la economía de millones de familias mexicanas, es la limitación al derecho a la educación, significa la discriminación de un sector social que lleva a cabo una labor esencial para la Nación, provoca el enfrentamiento de dos secretarias federales y contradice frontalmente la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador en materia educativa, lo que constituye en resumen, un acto de extrema deslealtad a nuestro país y al jefe de Estado.

GRAVES VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS EN PROCEDIMIENTO DE CREACIÓN DE LA NOM 237; SU AUTOR FUE JUEZ Y PARTE

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