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domingo, 21 de abril de 2024

 

 

  • La senadora Sylvana Beltrones presentó un proyecto para garantizar a familiares de víctimas de este delito empleo temporal, medidas de protección y seguro de vida

 

 


La senadora Sylvana Beltrones Sánchez presentó una iniciativa que tiene el propósito de que las madres buscadoras o cualquier otro familiar de las víctimas de desaparición en el país, se integren como auxiliares a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) para que reciban beneficios económicos, medidas de protección, seguro de vida y herramientas para realizar su labor.

 

La legisladora del PRI detalló que su proyecto contempla la creación de programas de trabajo temporal por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda, lo que permitirá un avance en el apoyo económico y en la salvaguarda de la seguridad para los familiares de personas no localizadas.

 

Además, consideró que la inclusión de estas medidas en la legislación reflejará un reconocimiento estatal de la labor crítica que llevan a cabo estos familiares, quienes frecuentemente ponen en riesgo su propia vida e integridad en la búsqueda de seres queridos

desaparecidos.

 

Abundó que su iniciativa propone que la Comisión Nacional de Búsqueda procurará integrar al menos tres familiares por cada persona desaparecida, como auxiliares de búsqueda, entre éstos a la madre de la persona desaparecida.

 

“El establecimiento de Grupos de Búsqueda especializados y la integración de familiares de personas no localizadas como auxiliares, no sólo facilita la colaboración interinstitucional, sino que también proporciona un marco formal para proteger y empoderar a aquellos en la búsqueda”.

 

El proyecto, que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, también propone que la Fiscalía rinda un informe anual al Senado de la República del estado y avances del Banco Nacional de Datos Forenses.

 

Este deberá contener el grado de cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley, así como de la integración e interconectividad de las bases de datos de los registros forenses de la Federación y de las Entidades Federativas, incluidos los de información genética de las personas desaparecidas, así como de sus familiares.

 

Con las modificaciones legales el Sistema Nacional, a través de la Secretaría de Gobernación y con la participación de la Comisión Nacional de Búsqueda, se deberá establecer un Modelo de la Prevención Nacional de las Desapariciones.

 

Con éstas y otras medidas, dijo, se ofrece una respuesta justa y necesaria del Estado mexicano, enfocándose no solo en la reparación del daño, sino también en la prevención de futuros perjuicios a quienes llevan a cabo esta valiosa y ardua tarea.

Detalló que de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en México hay, hasta el 10 abril de 2024, 313 mil 751 registros de personas reportadas como desaparecidas o no localizadas, de las cuales 115 mil 493 personas permanecen como desaparecidas y no localizadas y 198 mil 258 personas han sido localizadas.

 

La propuesta se turnó a las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, para su análisis correspondiente.

Sugieren que madres de personas desaparecidas se integren como auxiliares a Comisión Nacional de Búsqueda

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sábado, 8 de julio de 2023


  • El Congreso avanza para dar certeza jurídica a las familias de las víctimas: Álvarez Icaza  

     


A fin de visibilizar y revindicar el papel que los hombres juegan para erradicar y combatir la desaparición de personas en el país, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria inauguró el foro “Hombres en la búsqueda de sus familiares desaparecidos, verdad y justicia”, donde manifestó el compromiso del Senado para avanzar en acciones que permitan evitarles más sufrimiento. 

 

El legislador del Grupo Plural explicó que este espacio tiene el objeto de dar a conocer las historias, los esfuerzos, los afanes y la dedicación que tienen los varones buscando a sus seres amados, al tiempo que lamentó que este gobierno terminará como el que más personas desaparecidas registre en la historia del país, “porque esta tragedia no para”. 

 

La grande expectativa que se tenía de que esto cesara, agregó, no sólo no se hizo realidad, sino que hay nuevos desafíos, porque la política pública que se creó para apoyar a las víctimas, como la aprobación de la Ley General de Víctimas, los fideicomisos para la protección de las víctimas, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, y la Comisión Nacional de Búsqueda, están muy debilitadas. 

 

“Desaparecieron el fideicomiso, además la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas litiga en contra de las víctimas, la Comisión Nacional de Búsqueda está muy lejos de lo que requiere el país y la Secretaría de Gobernación le cierra la puerta a los afectados”, aseguró el senador.  

 

Sin embargo, el también secretario de la Comisión de Derechos Humanos, aceptó que el Congreso ha tenido avances para dar certeza a las familias, como es el caso de la modificación al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que crea la declaratoria especial de ausencia y que permitirá, añadió, que muchas familias no sean re victimizadas y obligadas a declarar la muerte de sus seres queridos para poder tener certeza y protección jurídica. 

 

“Es un hecho muy importante, porque eso genera, por primera vez, certeza y personalidad jurídica a las personas desaparecidas y a sus familiares, por lo que debemos hacer ejercicios, como este, para que más personas conozcan cómo opera esta figura”, indicó. 

 

Alan García Campos, de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, expresó que el desconocer los derechos humanos ocasiona actos de barbarie, y lo que pasa en México no se puede calificar de manera distinta, es un ultraje a la humanidad, pues hay más de 110 mil personas oficialmente reconocidas como desaparecidas. 

 

Por ello, dijo, se debe visibilizar este problema y tanto Estado como autoridades competentes, deben atender las demandas de los familiares desde un enfoque de respeto a los derechos humanos, y tomar en cuenta las necesidades específicas de las víctimas con un enfoque diferencial. 

 

A nombre de los padres buscadores, Carlos Castro, destacó que al dolor que deja la desaparición de un hijo se suma la frustración, por el nulo apoyo institucional hacia las causas de los buscadores: “no hay políticas públicas reales que nos den certeza, por lo que nos hemos unido para generar herramientas que nos ayuden en nuestra lucha”. 

En el Senado se comprometen a acompañar causas de familiares de personas desaparecidas

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