Actualmente difundir información en nombre de la denuncia se confunde con ética, pero hacerlo sin evidencias se convierte en responsabilidad. Frente a esto, regular los contenidos que se transmiten virtualmente tendría ventajas similares a las del reglamento de tránsito o el código civil que establecen lineamientos para convivir sin vulnerar los derechos de terceros
El ejercicio de valores como el respeto y la honestidad en el manejo de datos y sus autorías, tanto en su integridad como en su fuente, ha traspasado la barrera del ambiente periodístico para instalarse en el amplio mundo de las plataformas virtuales y medios informativos de internet.
Lo que antes estaba restringido al desempeño de reporteros, editores y redactores, ahora es fundamental para que tanto consumidores de información como creadores de contenido puedan coexistir y desarrollarse en un ambiente sano, transparente, en el que fluya información verificada y útil.
“Se trata de imperativos éticos en el uso y transmisión de información, que cuando se adulteran u omiten, transforman todo en desinformación, de ahí la importancia de delimitarlos, identificarlos y principalmente, de aplicarlos”, indicó el Dr. Daniel Sanabria, Director Estatal de Bibliotecas de CETYS Universidad.
El hecho de expresar o difundir cualquier cosa en nombre de la denuncia o de lo que no se dice en los medios de comunicación dominantes, como sucede con frecuencia a través de los medios electrónicos, no debe confundirse con la ética informativa, pues de hecho, ejercer una libertad de expresión desprovista de referencias o evidencias deja de ser libertad, y se transforma en responsabilidad.
Para lograrlo es importante que desde los órganos legislativos se diseñen regulaciones verdaderamente dirigidas a garantizar el bien común de los usuarios y consumidores de información de los espacios virtuales, buscando consensos y no imposiciones ni para las empresas, ni para la población, “sin invasividad en los negocios y sin querer dirigir las conductas y pensamiento de las personas, vigilada por un un órgano tripartito con representantes de gobierno, empresas y usuarios”.
Implementar una regulación mal diseñada podría generar dos grandes problemáticas. Por una parte, una posible disgregación y casi sectarización de la opinión pública, convirtiendo a las plataformas en guetos que favorecen la polarización y el desprecio de posiciones diferentes, y con ello, da lugar a más intolerancia y a menos democracia.
El segundo gran riesgo es el que representa una regulación rígida o sobrerregulación, la cual promovería aún más el uso del internet profundo o deep web entre los usuarios, quienes hallarían en ese espacio una mayor libertad de comunicación, pero también un espacio opaco para el crecimiento del conspiracionismo.
Es por esto que los legisladores deben prestar especial atención y sumo cuidado al explorar estos terrenos, señaló el Dr. Sanabria.
Finalmente, el especialista resaltó que la migración a los espacios digitales es un tema positivo, precisamente porque ofrece variedad de elección y previene monopolios, a veces, escandalosos, por lo que una vez listos los ordenamientos para el uso de las plataformas virtuales, cada persona podrá optar por estar en ellas o no, y en cuáles hacerlo.
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