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lunes, 25 de febrero de 2019


            (CODICS).- Federico Ovalle Vaquera, Secretario General de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, acusó al Gobierno Federal de iniciar una campaña “dolosa” en contra de organizaciones campesinas para desprestigiar su trabajo de tejido social en el medio rural con el pretexto de que “todas” son corruptas por lo que convocó al Presidente, Andrés Manuel López Obrador a conocer mejor a este sector y no dejarse guiar por comentarios sin fundamento sobre la labor de producción  en el agro nacional.

Asimismo consideró que de mantenerse esta política antiorganizaciones campesinas sólo se confrontará a la sociedad rural sin fundamento y se impulsará una política clientelar sobre acusaciones falsas para captar a los productores pequeños y medianos sobre un esquema de programas sociales supuestamente de ingreso directo pero de obvio control político.

Además rechazó la acusación “falsa” de que CIOAC es financiada por partidos políticos. “nunca en la historia de esta organización -56 años- hemos sido parte de ningún partido político por eso también quienes dicen que a nosotros no subsidia el PRI o el PAN o algún otro agrupamientos políticos mienten hemos sido toda la vida una organización independiente de los tres niveles de gobierno. Es independiente de los partidos políticos, independiente de cualquier otro poder y así nos vamos a mantener”, precisó.

En entrevista en la oficina nacional de la CIOAC, Federico Ovalle Vaquera, dejó en claro un discurso de descalificación y de confrontación por parte del gobierno ni ayuda a sanear la vida de las organizaciones ni ayuda a una convivencia armónica ni tampoco le ayuda al gobierno.


Para el dirigente de la CIOAC el gobierno actual ha venido construyendo un discurso para desacreditar el trabajo de las organizaciones sociales campesinas de manera fundamental como se construyen otros discursos para crear símbolos que luego no tienen nada que ver con la realidad.
Me parece, comentó, que hay toda una intención en esta desacreditación a partir de esta descalificación de hacer un ejercicio y una operación de los programas y recursos públicos hacia el futuro con una orientación muy clientelar para fines políticos y he visto muchos programas que tienen ese perfil actualmente.

Aclaró el dirigente de la CIOAC es una decisión que ha tomado el gobierno federal seguramente en el marco de su derecho, pero el derecho que le debe determinar el perfil al uso de los recursos públicos para fines del fortalecimiento de una vertiente política pues no le da derecho a modificar la realidad, la presencia, la actuación de las organizaciones que hemos actuado por muchos años en apoyo a los sectores más desprotegidos y más golpeados por las propias políticas gubernamentales.

Nosotros como integrantes de una organización campesina tenemos opiniones muy coincidentes en muchas de las cosas que se han planteado desde este gobierno como el apoyo a los más pobres, la soberanía alimentaria, el crecimiento de la economía interna a partir de los pequeños y medianos productores, los precios de garantía para los productos más sensibles, en fin hay coincidencias, sin embargo también hay opiniones distintas, diferentes y eso es válido en cualquier democracia.

Hoy, este día, se cumple un mes que yo dije públicamente que yo pedí públicamente que el gobierno pudiera aportar los nombres de las organizaciones que tienen identificadas que se dedican a lucrar y a defraudar a los beneficiarios de los programas federales no lo han hecho yo vuelvo a solicitar que en ese discurso que se ha ido construyendo es mejor decir los nombres de las organizaciones a las cuales se les tiene identificadas porque eso genera otro ambiente político, expuso.

“Yo no dudo y nunca he puesto en duda que haya organizaciones que recibieron apoyos de manera directa de parte de los gobiernos anteriores y particularmente de gobiernos de los estados eso no lo dudo, no lo pongo en duda, pero de ser así como lo es en muchos casos no me corresponde a mí decir cuáles organizaciones ni tampoco investigarlas ni tampoco sancionarlas entonces es preferible que se diga el nombre de las organizaciones y los montos recibidos para que entonces no a todas las organizaciones no se estén calificando del mismo modo”, destacó.

Federico Ovalle se comprometió a hacer llegar al gobierno federal información sobre la asignación de recursos, “porque disponemos de toda la información para demostrar cómo es que los grupos de los productores, los indígenas, las mujeres, los jóvenes que militan en la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos si fueron beneficiados de los programas pero los beneficios llegaron de manera directa no a través de la organización”.


Los grupos que pertenecen a la CIOAC, en 2018, recibieron del INAES un monto total global de 54 millones de pesos a través de proyectos que van desde los 250.000 pesos cada proyecto o hasta los 2 millones igual que los otros casos son los beneficiarios a través de sus técnicos los que elabora el proyecto y nosotros contribuimos a la elaboración técnica a la asesoría como organización pero son ellos los que al final de cuentas tienen que cumplir todos los requisitos legales pues si no los cumplen el proyecto no se autoriza.

Finalmente aseguró Federico Ovalle “no tenemos nada que esconder y estamos abiertos como organización a cualquier tipo de investigación, de auditoría y en su caso sanción, pero no nos vamos a callar ante acusaciones falsas y dolosas que no tienen sustento en la realidad”.

CAMPAÑA DOLOSA Y ACUSACIONES FALSAS CONTRA ORGANIZACIONES CAMPESINAS NO AYUDA A CONVIVENCIA ARMÓNICA NI AL GOBIERNO DE AMLO: CIOAC

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martes, 13 de septiembre de 2016



·        Se analiza el proceso para prevenir y combatir el delito de Prácticas Monopólicas dentro del comercio nacional y transnacional.

·        El propósito es fortalecer capacidades y técnicas de investigación.


Con el propósito de profundizar en las técnicas de investigación y la acreditación criminal del delito de prácticas monopólicas absolutas, el Subprocurador Especializada en Delitos Federales (SEIDF) de la Procuraduría General de la República (PGR), José Guadalupe Medina Romero y la Comisionada Presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), Alejandra Palacios Prieto inauguraron en la sede central de la PGR el curso de Asistencia Técnica sobre Acusaciones y Sanciones Penales en esta materia.

La capacitación está a cargo de la División de Competencia del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos de América.

El taller dará mayores herramientas a los investigadores de la PGR y de la COFECE, respecto de las prácticas monopólicas absolutas desde el ámbito penal, con el fin de fortalecer líneas de investigación para estar en posibilidad de probar o descartar que una persona haya cometido una conducta colusoria.

Además, proporcionará asistencia técnica en materia de detección de cárteles anticompetitivos e imposición de sanciones penales.

Al respecto, el Subprocurador Medina Romero destacó que este foro abre un espacio para la reflexión, donde se tendrá la oportunidad de intercambiar experiencias y conocimientos con los expertos estadounidenses a fin de adquirir los conocimientos necesarios para hacer frente a este delito, que afecta la economía de los mexicanos y sobre todo, de los más vulnerables, quienes recienten el aumento injustificado de precios, el acaparamiento del mercado y la especulación en la venta de diversos productos.

Por su parte, la Comisionada Presidenta de la COFECE, Alejandra Palacios Prieto, destacó que a partir de la creación de esta dependencia, como órgano autónomo Constitucional, se ampliaron sus atribuciones para prevenir, investigar, combatir y castigar las conductas anticompetitivas, mismas que, como hasta ahora ha ocurrido, no dudarán en aplicar para hacer respetar lo establecido en la Ley Federal de Competencia Económica.

“Para verdaderamente disuadir este tipo de conductas, el Código Penal Federal castiga las prácticas monopólicas absolutas con pena privativa de la libertad, desde 5 y hasta 10 años de prisión. Sin duda, esta es una poderosa herramienta para combatir cárteles. No obstante, a pesar de que este tipo penal existe desde 2011, no hay todavía antecedentes sobre su aplicación en México”, agregó.

Al iniciar el foro, Francis Serino y Mark Grudving del Departamento de Justicia norteamericano, expusieron las características de este delito, la forma en que se presenta en su país y los requisitos que investigadores, jueces y fiscales deben de cumplir, para acreditar la presencia del ilícito e iniciar, el proceso judicial para castigar a las empresas infractoras.

Por su alto impacto negativo en la economía y en el bienestar de los consumidores, este tipo de conductas son las más graves y con más altas sanciones (administrativas y penales) en las regulaciones de competencia económica del mundo.

CAPACITA DEPARTAMENTO DE JUSTICIA NORTEAMERICANO A PERSONAL DE PGR y COFECE

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